Nacionales
Furgones de Santo Domingo Este son reemplazados por Tribunales inteligentes.
Santo Domingo, R.D.-Este 27 de octubre se iniciará la primera Ciudad Judicial de Santo Domingo Este con la prestación de servicios a usuarios y abogados mediante orientación personalizada, fortaleciendo la operatividad del sistema judicial.
Con su apertura, cambia la cara de la justicia en esa jurisdicción, que pasa de funcionar en un furgón a operar en tribunales inteligentes y espacios dignos.
Además, contará con áreas de conexión para audiencias virtuales, un salón de capacitación y una zona de autogestión.
El proceso completo de habilitación por fases culminará el 13 de febrero de 2026, dentro del eje estratégico “100% Acceso”.
Molina destacó que la entrada en operación de esta moderna edificación, que albergará oficinas y tribunales de esa jurisdicción, representa una etapa crucial en la transformación del Poder Judicial, impulsada durante los últimos seis años con planificación, propósito y una profunda vocación de servicio.
El presidente del Poder Judicial resaltó que la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este es el resultado tangible de una visión institucional que concibe la justicia como un bien público esencial, construida para servir mejor, ofrecer respuestas más ágiles y fortalecer la confianza ciudadana, garantizando que cada usuario sienta que la justicia le pertenece.
Fases del traslado y habilitación
27 de octubre de 2025: Apertura de la fase cero o de preparación, con la habilitación del Espacio de Formación y Asistencia Digital y el Centro de Citaciones y Notificaciones.
17 de noviembre de 2025: Inicio de las operaciones de la jurisdicción Civil y Comercial, y ampliación del servicio secretarial y los salones de audiencia.
28 de noviembre de 2025: Incorporación de la jurisdicción Laboral, ampliando los servicios disponibles.
8 de diciembre de 2025: Integración de los servicios de mediación y del Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción.
19 de enero de 2026: Habilitación de las oficinas y tribunales de la jurisdicción Penal, al igual que el Centro de Entrevistas.
13 de febrero de 2026: Activación de los servicios integrales para Niños, Niñas y Adolescentes, en las áreas Civil y Penal, completando así la puesta en marcha total de la Ciudad Judicial.
La institución invirtió más de un millón de pesos en la formación del personal, incluyendo secretarios, abogados ayudantes y jueces, como parte del proceso de transformación del sistema de justicia en esa jurisdicción. Esta obra es considerada un símbolo del progreso institucional y del compromiso con una justicia moderna, accesible y al día, que también se extenderá hacia Santo Domingo Oeste y Norte.
Justicia eficiente y moderna
El magistrado Molina enfatizó que “la justicia eficiente no se define solo por la rapidez de las decisiones, sino por su capacidad de generar certeza, confianza y bienestar social”.
Cada proceso, dijo, debe tramitarse con orden y cada expediente resolverse a tiempo, fortaleciendo la legitimidad democrática del Estado y reafirmando el valor del trabajo judicial.
“El recorrido que hoy realizamos nos permite apreciar cómo la justicia dominicana avanza hacia un modelo integral y contemporáneo. Aquí confluyen las jurisdicciones civil, penal, laboral, comercial y de familia, junto con los servicios de atención ciudadana y gestión digital. Todo converge en una misma visión: ofrecer un servicio articulado, transparente y eficaz”.
El presidente del Consejo del Poder Judicial (CPJ) indicó además que el país cuenta actualmente con más del 80% de los tribunales al día, y una Suprema Corte de Justicia que mantiene todos sus expedientes dentro de los plazos procesales razonables, logros alcanzados gracias a un esfuerzo institucional colectivo con el propósito de garantizar una justicia que inspire confianza.
Durante el recorrido por las instalaciones, Molina estuvo acompañado por jueces de la Suprema Corte de Justicia y periodistas de la fuente judicial.
Situación del Ministerio Público y la Defensoría Pública
Mientras tanto, los espacios asignados al Ministerio Público y a la Dirección Nacional de la Defensoría Pública aún no están equipados ni cuentan con inmuebles habilitados.
El director nacional de la Defensoría Pública, Rodolfo Valentín, informó recientemente que se trabaja en el proceso de licitación para equipar las áreas correspondientes y se preparan concursos para integrar nuevos defensores en esa jurisdicción.
En cuanto al Ministerio Público, aún se desconoce el cronograma para equipar sus espacios en la nueva Ciudad Judicial.
Nacionales
Reunion bilateral se produce entre Abinader y la mandataria electa de Costa Rica, Laura Fernández
Santo Domingo, R.D.-El presidente Luis Abinader sostuvo una reunión bilateral en el Museo de Arte Costarricense con la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, en la que abordaron diversos temas de interés común orientados a continuar fortaleciendo los lazos fraternales, comerciales y diplomáticos entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambos líderes intercambiaron muestras de afecto y reafirmaron la cercanía histórica entre la República Dominicana y Costa Rica; además, abordaron la importancia de mantener un diálogo permanente y de continuar trabajando de manera conjunta en iniciativas que contribuyan al desarrollo, la integración regional y el fortalecimiento de las relaciones entre ambos pueblos.
La presidenta electa expresó su interés en continuar consolidando los lazos fraternales entre ambos países, promoviendo mayores oportunidades de intercambio comercial y fortaleciendo la cooperación en áreas estratégicas para el desarrollo de ambas naciones.
De igual forma, reafirmó el compromiso de Costa Rica con la Alianza para el Desarrollo en Democracia (ADD), destacando que su gobierno continuará formando parte activa de este mecanismo regional de cooperación.
De su lado, el presidente Abinader reiteró la disposición del Gobierno dominicano de continuar afianzando las relaciones de amistad, cooperación y entendimiento mutuo con Costa Rica. Asimismo, destacó la importancia de mantener una agenda conjunta orientada al crecimiento económico, la defensa de la democracia y el fortalecimiento de los vínculos regionales entre ambas naciones.
Santo Domingo, R.D.-Un cargamento de 1,295 paquetes de presunta cocaina y marihuana fueron confiscados por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) durante dos operaciones simultáneas ejecutadas en las costas de Pedernales.
En la intervención fueron arrestados tres dominicanos y un venezolano.
El vocero del organismo antinarcóticos, Carlos Devers, identificó a los detenidos como Walkin Marino Montás Tapia, Luis Alberto Figueroa Ariza, Manolo Resello Amador y Luis Alberto Acosta Santana.
Señaló que los 1,295 paquetes fueron enviados al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), bajo estrictos protocolos de cadena de custodia, para determinar el tipo y peso exacto de la sustancia.
Devers explicó que las operaciones fueron realizadas por efectivos de la Armada de República Dominicana (ARD), la Fuerza Aérea (FARD) y organismos de inteligencia del Estado, con el apoyo de la Fuerza de Tarea Interagencial Sur (JIATFS) y la DEA de los Estados Unidos.
Indicó que la primera lancha era una embarcación de 24 pies con motores de 100 HP. Allí se arrestó a Resello Amador y Acosta Santana, incautando 16 pacas que contenían 314 paquetes de cocaína y 89 de marihuana (403 en total).
Mientras que, en la segunda lancha, fue neutralizada tras una intensa persecución en coordenadas cercanas. En esta se ocuparon 836 paquetes de marihuana y 56 de cocaína (892 en total). Fueron arrestados Montas Tapias y Figueroa Ariza.
El vocero reafirmó que se continuarán fortaleciendo las operaciones de interdicción como parte de la política de seguridad del Gobierno dominicano para garantizar la soberanía y la paz nacional.
Santo Domingo, R.D.-Por sospecha legitima el Pleno de la Suprema Corte de Justicia desestimó la demanda en declinatoria por causa interpuesta por Donni Mayobanex Santana Cuevas, exembajador del Consejo Nacional de Frontera.
Este hombre, que cumple una condena de 20 años de prisión por la violación sexual de su hijastra menor de edad, buscaba que su proceso judicial fuera transferido fuera de la jurisdicción de San Cristóbal.
Santana Cuevas, quien se encuentra en libertad tras un permiso laboral, presentó el recurso contra la Cámara Penal de la Corte de Apelación de San Cristóbal.
El Pleno de la Suprema Corte, encabezado por su presidente Luis Henry Molina Peña, determinó que la defensa de Santana no logró probar hechos graves o concordantes que permitieran inferir una falta de imparcialidad u objetividad por parte de los magistrados de San Cristóbal.
En su resolución, la Suprema fue enfática al aclarar que “la simple discrepancia con decisiones judiciales desfavorables no constituye un fundamento válido para alegar sospecha de parcialidad”.
Asimismo, la Suprema ratificó como correcta la actuación de la Corte de Apelación al fallar sobre recusaciones previas con sus propios integrantes, siempre que se cumpla con el cuórum legal requerido.
La solicitud de declinatoria, depositada el pasado 9 de diciembre de 2025, argumentaba que existía un «ambiente hostil» debido a la presión mediática y un supuesto comportamiento prejuiciado de los jueces.
Pese a la decisión mayoritaria, el fallo contó con el voto disidente de los magistrados Fran Soto, María Garabito Ramírez, Rafael Vásquez Goico y Yorlin Vásquez Castro.
Los jueces disidentes argumentaron que la figura de la «declinatoria por sospecha legítima» no está contemplada de forma expresa en la normativa procesal penal vigente, lo cual ha provocado decisiones contradictorias dentro del mismo órgano judicial en ocasiones anteriores.
Sostienen que el ejercicio de un poder público debe realizarse acorde a la ley vigente y su jurisdicción; por tanto, el examen de la cuestión planteada por ante esta Alzada lesiona el principio de legalidad, como se ha indicado precedentemente.
En ese orden, alegan que su posición radica en establecer que en todos los casos de solicitud de declinatoria por seguridad pública o sospecha legítima, lo que procede es declarar la inadmisibilidad de la misma, por carecer de base legal, como ocurre en otras materias y se ha expuesto en el cuerpo del presente voto.
Con esta resolución, el expediente de Donni Santana permanecerá en San Cristóbal, donde se decidirá finalmente la validez de los beneficios carcelarios que reclama el condenado.