Nacionales
Furgones de Santo Domingo Este son reemplazados por Tribunales inteligentes.
Santo Domingo, R.D.-Este 27 de octubre se iniciará la primera Ciudad Judicial de Santo Domingo Este con la prestación de servicios a usuarios y abogados mediante orientación personalizada, fortaleciendo la operatividad del sistema judicial.
Con su apertura, cambia la cara de la justicia en esa jurisdicción, que pasa de funcionar en un furgón a operar en tribunales inteligentes y espacios dignos.
Además, contará con áreas de conexión para audiencias virtuales, un salón de capacitación y una zona de autogestión.
El proceso completo de habilitación por fases culminará el 13 de febrero de 2026, dentro del eje estratégico “100% Acceso”.
Molina destacó que la entrada en operación de esta moderna edificación, que albergará oficinas y tribunales de esa jurisdicción, representa una etapa crucial en la transformación del Poder Judicial, impulsada durante los últimos seis años con planificación, propósito y una profunda vocación de servicio.
El presidente del Poder Judicial resaltó que la Ciudad Judicial de Santo Domingo Este es el resultado tangible de una visión institucional que concibe la justicia como un bien público esencial, construida para servir mejor, ofrecer respuestas más ágiles y fortalecer la confianza ciudadana, garantizando que cada usuario sienta que la justicia le pertenece.
Fases del traslado y habilitación
27 de octubre de 2025: Apertura de la fase cero o de preparación, con la habilitación del Espacio de Formación y Asistencia Digital y el Centro de Citaciones y Notificaciones.
17 de noviembre de 2025: Inicio de las operaciones de la jurisdicción Civil y Comercial, y ampliación del servicio secretarial y los salones de audiencia.
28 de noviembre de 2025: Incorporación de la jurisdicción Laboral, ampliando los servicios disponibles.
8 de diciembre de 2025: Integración de los servicios de mediación y del Juzgado de Paz de la Segunda Circunscripción.
19 de enero de 2026: Habilitación de las oficinas y tribunales de la jurisdicción Penal, al igual que el Centro de Entrevistas.
13 de febrero de 2026: Activación de los servicios integrales para Niños, Niñas y Adolescentes, en las áreas Civil y Penal, completando así la puesta en marcha total de la Ciudad Judicial.
La institución invirtió más de un millón de pesos en la formación del personal, incluyendo secretarios, abogados ayudantes y jueces, como parte del proceso de transformación del sistema de justicia en esa jurisdicción. Esta obra es considerada un símbolo del progreso institucional y del compromiso con una justicia moderna, accesible y al día, que también se extenderá hacia Santo Domingo Oeste y Norte.
Justicia eficiente y moderna
El magistrado Molina enfatizó que “la justicia eficiente no se define solo por la rapidez de las decisiones, sino por su capacidad de generar certeza, confianza y bienestar social”.
Cada proceso, dijo, debe tramitarse con orden y cada expediente resolverse a tiempo, fortaleciendo la legitimidad democrática del Estado y reafirmando el valor del trabajo judicial.
“El recorrido que hoy realizamos nos permite apreciar cómo la justicia dominicana avanza hacia un modelo integral y contemporáneo. Aquí confluyen las jurisdicciones civil, penal, laboral, comercial y de familia, junto con los servicios de atención ciudadana y gestión digital. Todo converge en una misma visión: ofrecer un servicio articulado, transparente y eficaz”.
El presidente del Consejo del Poder Judicial (CPJ) indicó además que el país cuenta actualmente con más del 80% de los tribunales al día, y una Suprema Corte de Justicia que mantiene todos sus expedientes dentro de los plazos procesales razonables, logros alcanzados gracias a un esfuerzo institucional colectivo con el propósito de garantizar una justicia que inspire confianza.
Durante el recorrido por las instalaciones, Molina estuvo acompañado por jueces de la Suprema Corte de Justicia y periodistas de la fuente judicial.
Situación del Ministerio Público y la Defensoría Pública
Mientras tanto, los espacios asignados al Ministerio Público y a la Dirección Nacional de la Defensoría Pública aún no están equipados ni cuentan con inmuebles habilitados.
El director nacional de la Defensoría Pública, Rodolfo Valentín, informó recientemente que se trabaja en el proceso de licitación para equipar las áreas correspondientes y se preparan concursos para integrar nuevos defensores en esa jurisdicción.
En cuanto al Ministerio Público, aún se desconoce el cronograma para equipar sus espacios en la nueva Ciudad Judicial.
Nacionales
Fiscal acusado de sobornar testigo del caso Senasa recibe rechazo de solicitud de variación de prisión preventiva.
Santo Domingo, R.D.-La solicitud del fiscal Aurelio Valdez Alcántara, a quien el Ministerio Público señala de exigir y recibir soborno a un testigo del fraude en el Seguro Nacional de Senasa, de variar la prisión que se le impuso por una medida de coerción menos grave, fue rechazada este miércoles por una jueza de la corte del Distrito Nacional.
La magistrada Nancy Joaquín Guzmán, de la Tercera Sala de la Corte Penal del Distrito Nacional, ratificó los tres meses de cárcel en Najayo Hombres que se le impuso al miembro del Ministerio Público en mayo y que luego le confirmó en junio la Suprema Corte de Justicia.
- El Ministerio Público, representado por el titular de Persecución, Wilson Camacho, junto al procurador de corte Eduardo Velázquez Muñoz y Andrés Mena, logró que el tribunal acogiera su petición de mantener la prisión al imputado.
- Según Velázquez Muñoz, los presupuestos presentados por la defensa del imputado fueron insuficientes en base al peligro de fuga y la gravedad de los hechos que se le atribuyen.
A Valdez Alcántara se le señala por exigir y recibir un soborno de 10,000 dólares por parte de Roberto Canaán Acta, exgerente de Atención al Usuario del Seguro Nacional de Salud (Senasa).
Por el caso de corrupción en el Senasa, este jueves el juez Deiby Timoteo Peguero, del Séptimo Juzgado de Instrucción, revisará también la prisión preventiva que se le impuso al exdirector de la ARS, Santiago Hazim y los otros cinco imputados que permanecen en la cárcel de Las Parras, en el municipio San Antonio de Guerra.
Asimismo, Rafael Luis Martínez Hazim y Ramón Alan Speakler Mateo.
Ada Ledesma Ubiera, está última quien estaba recluida en Najayo Mujeres, fue favorecida recientemente con una garantía económica y arresto domiciliario.
Los otros tres procesados por el presunto fraude son el empresario Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidy Mariela Medina, quienes tienen arresto domiciliario desde el pasado mes de diciembre.
Nacionales
Fiscales piden a tribunal rechazar solicitud de extinción de la acción penal a Jean Alain
Santo Domingo, R.D.-Las juezas del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional recibió el pedido del Ministerio Público solicitó a las juezas del Segundo Tribunal para que rechace la petición de extinción de la acción penal presentada por la defensa del exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, principal acusado en un expediente por presunta corrupción administrativa.
Durante la audiencia, la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, sostuvo que la extinción procesal constituye una sanción ante la inactividad o la conducta defectuosa de las partes. En ese sentido, argumentó que la dilatación en el tiempo del presente caso no es atribuible a faltas del órgano acusador, sino a la propia naturaleza y complejidad del expediente.
Ortiz afirmó que el artículo 146 del Código Procesal Penal, reformado por la Ley 97-25, establece los parámetros objetivos para determinar la razonabilidad de los plazos procesales, y destacó que el proceso maneja una cantidad de elementos probatorios sustancialmente superior a los 4,000 analizados en otros expedientes de corrupción.
«La extinción es una sanción procesal. ¿A quién se castiga? A la parte que ha actuado de manera contraria a las normas. El Ministerio Público no ha incurrido en negligencia ni en inactividad defectuosa que amerite la ‘muerte procesal’ de esta causa», aseveró la magistrada.
Para sustentar la postura del órgano persecutor, Ortiz citó la resolución jurisprudencial dictada por el mismo tribunal el 17 de marzo de 2025 en el expediente seguido contra Juan Alexis Medina Sánchez, a quien también se le rechazó una solicitud de extinción de la acción penal.
Por su parte, el fiscal Emmanuel Ramírez, de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, sostuvo que el alegado retardo del juicio responde a una deliberada estrategia dilatoria implementada por las defensas de los procesados a lo largo de la investigación y del proceso judicial.
Para fundamentar su postura, Ramírez detalló que solo una de las defensas presentó cinco recusaciones consecutivas contra los fiscales del caso con el objetivo de paralizar las investigaciones. El representante del Ministerio Público señaló que todas y cada una de esas recusaciones fueron rechazadas por los tribunales por carecer de fundamento jurídico, demostrando que su único propósito fue ralentizar el curso normal de la justicia.
El magistrado también abordó la magnitud del expediente para contextualizar la administración de los tiempos procesales, recordando que se trata de uno de los casos de corrupción administrativa más voluminosos en la historia judicial dominicana:
El Ministerio Público depositó en estrados las pruebas físicas relativas a las recusaciones rechazadas para que consten en el récord del tribunal al momento de decidir sobre la petición de la defensa.
Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, afirmó que crear o publicar una caricatura, un meme, una parodia, una sátira, un video o una imagen con fines periodísticos, artísticos, humorísticos o como vehículo de crítica social no constituye un delito, debido a que ni el Código Penal aprobado ni su reforma lo tipifican o sancionan con penas de prisión o multa.
La procuradora sostuvo que el artículo 169 de la Constitución dominicana establece que el Ministerio Público es el órgano encargado de formular e implementar la política de persecución penal contra la criminalidad, dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad.
En ese sentido, la procuradora consideró pertinente esclarecer el tema que, según señaló, ha recibido una interpretación errónea por parte de algunos sectores que inciden en la opinión pública.
Asimismo, recordó que el derecho penal solo sanciona acciones u omisiones dolosas o culposas, y que el principio de legalidad penal exige que toda conducta sancionable esté descrita de manera expresa, precisa e inequívoca en la ley.
La titular del Ministerio Público advirtió además que es un error realizar interpretaciones extensivas o recurrir a la analogía en contra de una persona, ya que el derecho penal lo prohíbe de forma estricta, salvo que dicha interpretación favorezca al procesado.
Precisó que la alteración de videos o audios con fines ilícitos para perjudicar a un tercero no extiende sus efectos a la elaboración de memes, caricaturas o parodias desarrolladas dentro del ejercicio de la libre expresión y la creación artística, actividades que subrayó se encuentran plenamente protegidas por la Constitución.