Economía
Trinidad y Tobago se convierte en el último paraíso fiscal en la lista negra
Otros centros extraterritoriales ceden ante la presión para cumplir los estándares internacionales.
Los últimos paraísos fiscales en resistirse a la campaña mundial en contra de la evasión han cedido ante las crecientes presiones políticas que han surgido debido a la filtración de los Papeles de Panamá, dijeron expertos el miércoles.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) con sede en París dijo que se habían logrado “enormes progresos” durante el pasado año, pues reveló que no habría importantes centros extraterritoriales en la lista negra de “paraísos fiscales no cooperativos” que había preparado para el grupo G20 de grandes países.
Informó de que sólo un país — Trinidad y Tobago — había dejado de cumplir con los estándares internacionales de transparencia. La OCDE dijo que no contaba con un gran sector financiero y no se consideraba un riesgo significativo.
También dijo que las amnistías fiscales durante los últimos ocho años habían recaudado cerca de €85 mil millones en impuesto extra, pues más de 500,000 contribuyentes habían divulgado activos extraterritoriales. En Indonesia, por ejemplo, se han declarado US$336 mil millones en activos ocultos.
Las medidas hacia una mayor transparencia son resultado de la intensificación de la presión sobre los paraísos fiscales que se inició durante la crisis financiera mundial, pero recibió un nuevo impulso el año pasado con la publicación de los Papeles de Panamá. Estos documentos filtrados desde un bufete de abogados panameño mostraron el uso de empresas extraterritoriales fantasmas, lo cual provocó una protesta internacional.
Los últimos compromisos han reducido el riesgo de que paraísos fiscales como Panamá, EAU y Bahamas atraigan dinero de otros centros que habían adoptado normas más estrictas.
A raíz de las revelaciones de los Papeles de Panamá, el G20 le pidió a la OCDE que elaborara una lista de paraísos fiscales recalcitrantes de cara a la cumbre de líderes del G20 en julio de 2017.
La lista negra incluiría países que no cumplen al menos dos de los tres criterios: ser al menos “ampliamente cumplidores” en cuanto al intercambio de información fiscal a petición; un compromiso de intercambio automático de información; y el compromiso de intercambiar información de manera suficientemente amplia o “multilateral”.
La OCDE dijo que todos los países importantes y centros financieros habían acordado el intercambio automático de información y habían firmado, o pedido firmar, el tratado multilateral para aplicarlo.
Cuatro de cinco países ya habían puesto en práctica las leyes necesarias para cumplir con sus compromisos, que resultará en la entrega de los detalles de saldos de cuentas bancarias, intereses, dividendos e ingresos procedentes de productos de aseguramiento a las autoridades fiscales extranjeras a partir de septiembre.
Alex Cobham, jefe ejecutivo de Tax Justice Network, un grupo de campaña, dijo que los criterios no son lo suficientemente amplios, pues algunos países como Suiza y muchos países de la OCDE estaban planeando extender la transparencia más allá de lo absolutamente necesario, excluyendo a muchos países de bajos ingresos.
Dijo: “Durante los últimos años, la OCDE ha hecho grandes progresos en algunos ámbitos de la transparencia fiscal. . . Es desalentador ver a la OCDE volver a caer en el viejo patrón de creación de “listas negras” de paraísos fiscales sobre la base de criterios que son tan débiles que carecen prácticamente de sentido y, luego, declarar el éxito cuando la lista está vacía”.
Añadió que EEUU era “el elefante en la habitación”. “Si se fuera a hacer una lista negra de paraísos fiscales con un solo miembro, no sería una pequeña isla del Caribe; sería el paraíso fiscal de EEUU”.
La OCDE dijo que EEUU no había acordado comprometerse a unirse a las “normas comunes en materia de presentación de información”, como es conocida la iniciativa de intercambio automático. Pero dijo que EEUU intercambiaba automáticamente cierta información bajo sus propias reglas de intercambio automático, conocida como la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras.
Por Vanessa Houlder (c) 2017 The Financial Times Ltd. All rights reserved
Santo Domingo, R.D.-El economista Haivanjoe Ng Cortiñas afirmó que la decisión del Gobierno de mantener congelados durante 90 días los precios de las gasolinas, obligará a los consumidores dominicanos a realizar un gasto adicional que estima en RD$6,323 millones, al no trasladarse al mercado interno la recuperación observada en las principales variables internacionales que determinan el costo de importación de esos recursos energéticos.
Explicó que existen tres indicadores objetivos que muestran una evolución más favorable respecto al período de mayor tensión provocado por el conflicto entre Estados Unidos, Israel e Irán.
El segundo corresponde a la gasolina refinada de referencia para las importaciones de la República Dominicana, cuya cotización pasó de aproximadamente US$2.87 por galón durante la primera semana de marzo a un máximo cercano a US$3.49 por galón en mayo, un incremento de US$0.62, equivalente a 21.7%.
El tercer indicador es la tasa de cambio, señalando que durante la primera semana de marzo el dólar utilizado en la fórmula oficial del Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) se cotizaba alrededor de RD$60.02, mientras que para la tercera semana de junio descendió a RD$58.90, reflejando una apreciación del peso dominicano de 1.87%, factor que reduce el costo en pesos de las importaciones.
El economista recordó que durante la semana comprendida entre el 28 de febrero y el 6 de marzo de 2026 la gasolina premium se vendía a RD$290.10 por galón y la gasolina regular a RD$272.50. En cambio, la resolución No. 145-2026 del Ministerio de Industria, Comercio y Pipymes (MICM) mantiene actualmente esos combustibles en RD$341.10 y RD$310.50, respectivamente.
«Si se toma como referencia la estructura de precios vigente antes del conflicto, los consumidores dominicanos pagarán aproximadamente RD$6,323 millones adicionales durante los próximos 90 días como consecuencia de que los precios internos de las gasolinas no retornaron a los niveles observados antes de la escalada internacional», sostuvo.
Asimismo, señaló que las propias resoluciones del MICM muestran que el impuesto ad-valorem aumentó de RD$23.57 a RD$30.91 por galón en la gasolina premium y de RD$22.32 a RD$27.80 en la gasolina regular.
Con base en los niveles de consumo nacional, Haivanjoe Ng Cortiñas estimó que esa diferencia permitiría al Estado recaudar aproximadamente RD$911 millones adicionales por concepto de impuesto ad-valorem durante los próximos tres meses respecto a la estructura tributaria.
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolinas (Anadegas), Juan Elías Pérez, advirtió que retirarían todas las terminales de pago electrónico de sus estaciones de combustibles al denunciar lo que entienden son cobros de comisiones excesivos de la banca dominicana.
“La banca se lleva prácticamente 27 % de la utilidad bruta que nosotros recibimos. Por cada galón de combustible nos cobran siete pesos. Es insoportable, ya que también cobran una comisión por uso de la tarjeta”, se quejó.
Anadegas dijo que, adicional al 27 %, la banca nacional les cobra 7 pesos en cada ocasión que se utiliza una tarjeta de crédito en sus instalaciones.
“Es una decisión ya pensada, razonada y que en otros países están también llevando a cabo” respaldó.
Elías Pérez explicó que la medida sirve a modo de paro nacional, considerando que el precio de la comisión que se cobra en las tarjetas en relación a las ventas es bastante alto, calificándolo de abusivo al considerar que las estaciones de combustibles solo reciben 25 pesos por cada galón que venden y de ahí le pagan 7 pesos más por el uso de las tarjetas.
“No hicieron caso, no nos han llamado, no han vuelto a hablar con nosotros”, reveló.
Santo Domingo. La trampa de ingreso medio, la concentración territorial de la producción y las brechas en el capital humano figuran entre los principales desafíos que enfrenta República Dominicana para alcanzar una nueva etapa de desarrollo económico sostenible.
Así lo expresó Nathalie Alvarado, representante del Grupo Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el país, durante el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana.
La ejecutiva destacó que el país ha logrado construir una sólida base de crecimiento durante la última década, pero señaló que el reto actual consiste en transformar ese avance en mayores niveles de productividad para mantener la competitividad en un entorno internacional cada vez más exigente.
Tres retos que condicionan el desarrollo
Alvarado explicó que uno de los principales obstáculos es la denominada trampa del ingreso medio, una situación que afecta a países que logran crecer de manera sostenida, pero encuentran dificultades para convertirse en economías de altos ingresos sin fortalecer la innovación. También la productividad y el capital humano.
Otro desafío identificado es la concentración territorial de la actividad económica. Según indicó, más del 50 % de la producción nacional se genera en apenas el 11 % del territorio, una realidad que impulsa el crecimiento en determinadas zonas. También provoca congestión urbana, presión sobre la infraestructura y desigualdades regionales.
En cuanto al capital humano, destacó que aunque el 33 % de la población dominicana tiene entre 15 y 34 años, lo que representa una importante ventaja demográfica, el 54 % de los empleadores reporta dificultades para encontrar personal calificado. Además, cerca del 25 % de los jóvenes no estudia ni trabaja.
“Detrás de ese 25 % hay una generación que espera herramientas para competir y oportunidades para integrarse plenamente a la economía”, señaló.
Crecimiento económico con nuevos desafíos
La representante del BID resaltó que República Dominicana ha sido una de las economías más dinámicas de América Latina y el Caribe, registrando un crecimiento promedio de 4.3 % durante la última década, una cifra que supera ampliamente el promedio regional.
No obstante, advirtió que la nueva etapa del desarrollo requiere mejorar la calidad del crecimiento económico, apostando por mayores niveles de productividad y competitividad.
Nearshoring y transformción tecnológica
Alvarado afirmó que los cambios en la economía global representan oportunidades para el país. Explicó que la reorganización de las cadenas de suministro internacionales podría favorecer a economías competitivas como la dominicana.
En ese sentido, estimó que el fenómeno del nearshoring podría generar hasta 78 mil millones de dólares adicionales en exportaciones para la región, siempre que los países fortalezcan aspectos clave como la logística, la infraestructura y la sofisticación productiva.
Asimismo, mencionó otros desafíos relacionados con la dependencia energética, ya que el 83 % de la generación eléctrica proviene de combustibles fósiles. Además de la vulnerabilidad climática, cuyas pérdidas representan aproximadamente el 0.7 % del Producto Interno Bruto (PIB) cada año.
Inversiones del BID en República Dominicana
La representante del organismo informó que el Grupo BID mantiene actualmente una cartera activa de 23 proyectos en República Dominicana. El mismo con una inversión aproximada de 2,900 millones de dólares.
A esto se suman operaciones de BID Invest que han alcanzado los 3,305 millones de dólares en los últimos tres años. Los mismos están destinados a sectores estratégicos como energía, infraestructura, inclusión financiera y desarrollo productivo.
Finalmente, Alvarado consideró que iniciativas como Meta RD 2036 representan una oportunidad para coordinar esfuerzos de largo plazo. También fortalecer los pilares que permitan elevar la productividad nacional.
“La próxima etapa del desarrollo dominicano requerirá fortalecer lo que ya funciona y, al mismo tiempo, construir nuevos motores de crecimiento basados en innovación, talento y productividad”, concluyó.