Opinión
Tropas Élites-USA en Haití; Abinader, Henry y la manipulación de la Caricom
Por Narciso Isa Conde
“La creada situación que sufre la sociedad haitiana, demanda un respaldo a las fuerzas políticas y sociales que en Haití reclaman:”
Estados Unidos decidió desplegar en Haití un contingente-elite de seguridad de su cuerpo de Marina, argumentando la “necesidad de protección a su embajada” y el “deterioro de seguridad en Haití”. La información fue dada a conocer en su portal digital MARINE TIME.
En el caso haitiano se trata de una especie de “cabeza de playa” y “plataforma de inteligencia militar” que, al esgrimir como pretextos la “protección de su embajada” y “la inseguridad provocada por las bandas parapoliciales y terroristas, raya en el colmo de la simulación y el cinismo.
Esto me recuerda el pretexto empleado para invadirnos el 28 de abril, con el disfraz de Fuerza Interamericana de Paz (FID).
Es imposible obviar que las bandas terroristas para-policiales fueron creadas por la CÍA y los “paracos” colombianos, y armadas desde EEUU.
El contingente de marines que llegó a Haití es una cabeza de playa y la plataforma de inteligencia militar de una intervención mayor, y más que una decisión de Biden (que por demás “chocea”), es una determinación del “gobierno profundo” estadounidense; implementada por el PENTÁGONO y la CIA, que previamente usaron a GUY PHILIPPE y activaron bandas terroristas bajo su control, para sembrar más caos y crear una situación que facilitara desplazar a Henry, crear (con el respaldo de un CARICOM sensiblemente doblegado) el gobierno colegiado de transición y justificar la intervención en mayor escala.
Todo indica que EEUU se ve obligado a hacerlo con un primer paquete de tropas élites propias, por las dificultades no superadas del proyecto intervencionista con la policía de Kenia, acompañada de otros países africanos y caribeños.
EEUU, manipulando el CARICOM y la ONU, con el concurso de Canadá, Francia y Brasil, se decidió a escoger un Consejo de Gobierno Presidencial para la Transición.
Cual sea la reconfiguración de la Administración Biden ante la crisis que el poder imperialista occidental ha creado en Haití, lo que siempre determina sus decisiones fundamentales es la «mano invisible» del gobierno profundo en función del escenario político-militar.
Con todo, y a pesar de todo: en escenarios de ese tipo es recurrente la tesis ya clásica del filólogo y filósofo anti-imperialista Noam Chomsky, la cual reza así: “ellos (los jorocones del Imperio) crean el problema y crean la solución”; y yo agrego: ¡siempre a tono con sus espurios intereses!
En ese contexto es muy importante que la coalición SOLIDARIDAD DOMINICANA CON HAITÍ, en la rueda de prensa del pasado viernes 8 de marzo, se haya pronunciado de esta manera:
“La creada situación que sufre la sociedad haitiana, demanda un respaldo a las fuerzas políticas y sociales que en Haití reclaman:”
· “… destitución del gobierno de facto del PHTK, representado por el primer ministro Ariel Henry, nombrado mediante un tweet por EEUU y la ONU, que además apoyó la Federación de las Pandillas; gobierno mafioso que el pueblo haitiano movilizado ha rechazado desde el primer momento.”
· “… cese del terror de las bandas paramilitares creadas y armadas por EEUU, que atacan a las barriadas pobres y jamás a los ricos, ni a sus propiedades, el rechazo de cualquier fórmula de intervención militar fraguada por EEUU y el Core Group.”
· …un gobierno de ruptura y transición que reorganice el Estado y llame a elecciones democráticas; y que, además, con ayuda de países amigos, reestructure las instituciones dedicadas a combatir la violencia, contrarresten el tráfico de armas y municiones desde puertos de EEUU hacia Haití,”
· “,.. rechazo categórico a las manipulaciones de la Casa Blanca, y CARICOM para imponer otro títere que sustituya a Ariel Henry, y facilite la intervención militar en preparación, “
· “,enérgica condena a las pretensiones de mafiosos como Guy Phillipe y a las manipulaciones de connotados jefes de bandas paramilitares como Jimmy Chirizier (Barbecue), que procuran hacerse del gobierno. ¡ALGO ABSOLUTAMENTE INACEPTABLE!”
· “…exigirle a la comunidad internacional colonialista que le pague al pueblo haitiano la INMENSA DEUDA SOCIAL Y ECONÓMICA, respete su autodeterminación y cese el cruel coloniaje racista que lo oprime y discrimina.”
EEUU INSTÓ A ABINADER A NO RECIBIR A HENRY.
Abinader dijo recientemente que Henry “no es grato en RD” y lo dice ahora, no por decisión propia, sino porque el Departamento de Estado se lo solicitó; instancia imperial que antes de su actual decisión de sacarlo de la presidencia de facto, lo nombró vía twitter y lo protegió. Actitud a la que el presidente dominicano se sumó, al extremo de constituirse junto Ariel Henry en los principales portavoces de la intervención militar.
Miren cómo sucedieron las cosas:
Diplomáticos de nuestro país, por mandato del Canciller dominicano y del presidente Luis Abinader, después de constatar la imposibilidad de la entrada de Henry por el aeropuerto de Puerto Príncipe, se prestaron a acordar su venida a nuestro país para ser trasladado a Haití en un helicóptero de alta seguridad.
Sobre esa base, el avión presidencial tomó la ruta a Santo Domingo, pero antes de arribar se violó ese acuerdo y se le impidió aterrizar.
La orden emana de la Casa Blanca y fue entonces cuando desviaron el vuelo hacia PUERTO RICO, donde lo recibió el FBI y autoridades federales.
No se trató de una iniciativa de Abinader, cuya supuesta solidaridad hacia Haití es similar a la del gran verdugo de ese pueblo: EEUU; asumiendo nueva vez el rol de un gobernador de colonia en esta parte de la isla
Sencillamente a la Casa Blanca no le convenía, no se ajustaba a su agenda insular del momento, el retorno de Henry a Haití a través de República Dominicana, mientras no estuviera definida la fórmula de transición y confirmada su dimisión
TRANSICIÓN MADE USA CON APOYO DE LA CARICOM
La reciente reunión del CARICOM en Jamaica contó con la relevante presencia de EEUU, CANADÁ y BRASIL, países con antecedentes de intervención militar en Haití y actualmente involucrados en el nuevo proyecto intervencionista.
El Secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinker, habló cínicamente de una “solución haitiana a la crisis haitiana”, pero previamente el Comando Sur del PENTÁGONO instrumentó el despliegue de sus marines que desembarcaron en Puerto Príncipe.
La mayoría de los países del CARICOM pasaron en corto plazo de reprobar una nueva intervención militar en Haití, a respaldar la determinación del PENTÁGONO de orquestar una fuerza militar-policial multinacional bajo su control.
El CARICOM apoyó la resolución 2699 de la ONU que aprobó esa determinación con la modalidad del aporte de la policía de Kenia y de algunos países africanos y del Caribe anglófono.
El acuerdo de Jamaica, contenido en la declaración final de los “SOCIOS DE LA CARICOM Y PARTES INTERESADAS HAITIANAS”, excluye expresamente de la composición del nuevo CONSEJO PRESIDENCIAL DE TRANSICIÓN a “cualquiera que se oponga a la Resolución 2699 del Consejo de Seguridad de la ONU”. La resolución 2699 es la que aprobó el Consejo de Seguridad para la conformación de la fuerza multinacional interventora.
Al excluir a quienes se oponen a la intervención militar, el texto del acuerdo está confesando que excluyó un vasto y diverso abanico de movimientos sociales, organizaciones populares, intelectuales, fuerzas de izquierda y líderes político-sociales, que encabezaron en Haití movilizaciones, huelgas y protestas multitudinarias; exigiendo la destitución de Jovenel Moises, primero, y la de Ariel Henry, después. y oponiéndose al mismo tiempo a toda intervención extranjera.
Con ese tipo de exclusión han vetado precisamente a quienes en Haití demandaron y demandan “UNA TRANSICIÓN SOBERANA A LA DEMOCRACIA, sin intervención imperialista-
La transición impuesta, por tanto, no es haitiana; como no lo es la matriz de una crisis creada por una cruel opresión del imperialismo occidental (encabezado por EEUU), que no logra esconder sus raíces racistas.
Ese acuerdo ha sido fraguado precisamente por quienes crearon y armaron las bandas paramilitares, que actualmente utilizan para atacar la sede del gobierno, ampliar el caos y procurar “justificar” los nuevos desembarcos militares.
La intervención militar es un hecho incontrovertible a la luz del primer desembarco de marines ya ejecutado, mientras la transición hacia nuevos fraudes electorales pasa a ser dirigida por un gobierno colegiado pro-invasión militar extranjera. A Henry, vuelto bagazo, lo obligaron a dimitir para abrirle paso a esta nueva fórmula imperial.
Entre los adherentes de Haití y del exterior a ese acuerdo intervencionista hay actores impenitentes y hay casos que podrían ser producto de desconocimientos de las raíces del problema.
Posiblemente entre los integrantes de la CARICOM no todos tengan la misma culpa.
Es sí muy lamentable, que un gobierno tan digno como el mexicano, no haya rechazado la resolución de la ONU ni objetado ese acuerdo bochornoso. Debería reflexionar y corregir ese grave error.
Brasil, nueva vez, con Lula al frente de su gobierno, decidió actuar contra la autodeterminación de Haití, a pesar del desastre provocado por la MINUSTAH.
Su posición respecto a Haití contrasta con su firme condena del holocausto palestino, a pesar de ambos pueblos están entre los que más han sufrido la crueldad de una opresión y una discriminación realmente implacables.
LAVALAS, liderada por Jean Beltrand Arístides, hace tiempo claudicó frente a EEUU.
EL ACUERDO MONTANA, que tanta esperanza generó con su actitud independiente, se dividió y una parte de sus organizaciones usurparon su nombre para plasmar su firma de rendición.
Guy Phillips no puede ir al Consejo por la narco-condena que carga en su mochila, pero está la PETITE DESALINEE, que es la organización que lo respaldó.
Del imperio, de sus hermanos y sobrinos carnales, no podía esperarse otra cosa, mientras lo peor de su agresiva y cruel decadencia sigue pendiente; al tiempo que, paso a paso, y dolor a dolor, sigue gestándose la insurgencia global y la descomposición en sus entrañas, que lo va a derrotar.
Es cuestión de acumulación, tiempo y desgarraduras sucesivas.
La contrapartida sigue creciendo.
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.