Opinión
Tropas Élites-USA en Haití; Abinader, Henry y la manipulación de la Caricom
Por Narciso Isa Conde
“La creada situación que sufre la sociedad haitiana, demanda un respaldo a las fuerzas políticas y sociales que en Haití reclaman:”
Estados Unidos decidió desplegar en Haití un contingente-elite de seguridad de su cuerpo de Marina, argumentando la “necesidad de protección a su embajada” y el “deterioro de seguridad en Haití”. La información fue dada a conocer en su portal digital MARINE TIME.
En el caso haitiano se trata de una especie de “cabeza de playa” y “plataforma de inteligencia militar” que, al esgrimir como pretextos la “protección de su embajada” y “la inseguridad provocada por las bandas parapoliciales y terroristas, raya en el colmo de la simulación y el cinismo.
Esto me recuerda el pretexto empleado para invadirnos el 28 de abril, con el disfraz de Fuerza Interamericana de Paz (FID).
Es imposible obviar que las bandas terroristas para-policiales fueron creadas por la CÍA y los “paracos” colombianos, y armadas desde EEUU.
El contingente de marines que llegó a Haití es una cabeza de playa y la plataforma de inteligencia militar de una intervención mayor, y más que una decisión de Biden (que por demás “chocea”), es una determinación del “gobierno profundo” estadounidense; implementada por el PENTÁGONO y la CIA, que previamente usaron a GUY PHILIPPE y activaron bandas terroristas bajo su control, para sembrar más caos y crear una situación que facilitara desplazar a Henry, crear (con el respaldo de un CARICOM sensiblemente doblegado) el gobierno colegiado de transición y justificar la intervención en mayor escala.
Todo indica que EEUU se ve obligado a hacerlo con un primer paquete de tropas élites propias, por las dificultades no superadas del proyecto intervencionista con la policía de Kenia, acompañada de otros países africanos y caribeños.
EEUU, manipulando el CARICOM y la ONU, con el concurso de Canadá, Francia y Brasil, se decidió a escoger un Consejo de Gobierno Presidencial para la Transición.
Cual sea la reconfiguración de la Administración Biden ante la crisis que el poder imperialista occidental ha creado en Haití, lo que siempre determina sus decisiones fundamentales es la «mano invisible» del gobierno profundo en función del escenario político-militar.
Con todo, y a pesar de todo: en escenarios de ese tipo es recurrente la tesis ya clásica del filólogo y filósofo anti-imperialista Noam Chomsky, la cual reza así: “ellos (los jorocones del Imperio) crean el problema y crean la solución”; y yo agrego: ¡siempre a tono con sus espurios intereses!
En ese contexto es muy importante que la coalición SOLIDARIDAD DOMINICANA CON HAITÍ, en la rueda de prensa del pasado viernes 8 de marzo, se haya pronunciado de esta manera:
“La creada situación que sufre la sociedad haitiana, demanda un respaldo a las fuerzas políticas y sociales que en Haití reclaman:”
· “… destitución del gobierno de facto del PHTK, representado por el primer ministro Ariel Henry, nombrado mediante un tweet por EEUU y la ONU, que además apoyó la Federación de las Pandillas; gobierno mafioso que el pueblo haitiano movilizado ha rechazado desde el primer momento.”
· “… cese del terror de las bandas paramilitares creadas y armadas por EEUU, que atacan a las barriadas pobres y jamás a los ricos, ni a sus propiedades, el rechazo de cualquier fórmula de intervención militar fraguada por EEUU y el Core Group.”
· …un gobierno de ruptura y transición que reorganice el Estado y llame a elecciones democráticas; y que, además, con ayuda de países amigos, reestructure las instituciones dedicadas a combatir la violencia, contrarresten el tráfico de armas y municiones desde puertos de EEUU hacia Haití,”
· “,.. rechazo categórico a las manipulaciones de la Casa Blanca, y CARICOM para imponer otro títere que sustituya a Ariel Henry, y facilite la intervención militar en preparación, “
· “,enérgica condena a las pretensiones de mafiosos como Guy Phillipe y a las manipulaciones de connotados jefes de bandas paramilitares como Jimmy Chirizier (Barbecue), que procuran hacerse del gobierno. ¡ALGO ABSOLUTAMENTE INACEPTABLE!”
· “…exigirle a la comunidad internacional colonialista que le pague al pueblo haitiano la INMENSA DEUDA SOCIAL Y ECONÓMICA, respete su autodeterminación y cese el cruel coloniaje racista que lo oprime y discrimina.”
EEUU INSTÓ A ABINADER A NO RECIBIR A HENRY.
Abinader dijo recientemente que Henry “no es grato en RD” y lo dice ahora, no por decisión propia, sino porque el Departamento de Estado se lo solicitó; instancia imperial que antes de su actual decisión de sacarlo de la presidencia de facto, lo nombró vía twitter y lo protegió. Actitud a la que el presidente dominicano se sumó, al extremo de constituirse junto Ariel Henry en los principales portavoces de la intervención militar.
Miren cómo sucedieron las cosas:
Diplomáticos de nuestro país, por mandato del Canciller dominicano y del presidente Luis Abinader, después de constatar la imposibilidad de la entrada de Henry por el aeropuerto de Puerto Príncipe, se prestaron a acordar su venida a nuestro país para ser trasladado a Haití en un helicóptero de alta seguridad.
Sobre esa base, el avión presidencial tomó la ruta a Santo Domingo, pero antes de arribar se violó ese acuerdo y se le impidió aterrizar.
La orden emana de la Casa Blanca y fue entonces cuando desviaron el vuelo hacia PUERTO RICO, donde lo recibió el FBI y autoridades federales.
No se trató de una iniciativa de Abinader, cuya supuesta solidaridad hacia Haití es similar a la del gran verdugo de ese pueblo: EEUU; asumiendo nueva vez el rol de un gobernador de colonia en esta parte de la isla
Sencillamente a la Casa Blanca no le convenía, no se ajustaba a su agenda insular del momento, el retorno de Henry a Haití a través de República Dominicana, mientras no estuviera definida la fórmula de transición y confirmada su dimisión
TRANSICIÓN MADE USA CON APOYO DE LA CARICOM
La reciente reunión del CARICOM en Jamaica contó con la relevante presencia de EEUU, CANADÁ y BRASIL, países con antecedentes de intervención militar en Haití y actualmente involucrados en el nuevo proyecto intervencionista.
El Secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinker, habló cínicamente de una “solución haitiana a la crisis haitiana”, pero previamente el Comando Sur del PENTÁGONO instrumentó el despliegue de sus marines que desembarcaron en Puerto Príncipe.
La mayoría de los países del CARICOM pasaron en corto plazo de reprobar una nueva intervención militar en Haití, a respaldar la determinación del PENTÁGONO de orquestar una fuerza militar-policial multinacional bajo su control.
El CARICOM apoyó la resolución 2699 de la ONU que aprobó esa determinación con la modalidad del aporte de la policía de Kenia y de algunos países africanos y del Caribe anglófono.
El acuerdo de Jamaica, contenido en la declaración final de los “SOCIOS DE LA CARICOM Y PARTES INTERESADAS HAITIANAS”, excluye expresamente de la composición del nuevo CONSEJO PRESIDENCIAL DE TRANSICIÓN a “cualquiera que se oponga a la Resolución 2699 del Consejo de Seguridad de la ONU”. La resolución 2699 es la que aprobó el Consejo de Seguridad para la conformación de la fuerza multinacional interventora.
Al excluir a quienes se oponen a la intervención militar, el texto del acuerdo está confesando que excluyó un vasto y diverso abanico de movimientos sociales, organizaciones populares, intelectuales, fuerzas de izquierda y líderes político-sociales, que encabezaron en Haití movilizaciones, huelgas y protestas multitudinarias; exigiendo la destitución de Jovenel Moises, primero, y la de Ariel Henry, después. y oponiéndose al mismo tiempo a toda intervención extranjera.
Con ese tipo de exclusión han vetado precisamente a quienes en Haití demandaron y demandan “UNA TRANSICIÓN SOBERANA A LA DEMOCRACIA, sin intervención imperialista-
La transición impuesta, por tanto, no es haitiana; como no lo es la matriz de una crisis creada por una cruel opresión del imperialismo occidental (encabezado por EEUU), que no logra esconder sus raíces racistas.
Ese acuerdo ha sido fraguado precisamente por quienes crearon y armaron las bandas paramilitares, que actualmente utilizan para atacar la sede del gobierno, ampliar el caos y procurar “justificar” los nuevos desembarcos militares.
La intervención militar es un hecho incontrovertible a la luz del primer desembarco de marines ya ejecutado, mientras la transición hacia nuevos fraudes electorales pasa a ser dirigida por un gobierno colegiado pro-invasión militar extranjera. A Henry, vuelto bagazo, lo obligaron a dimitir para abrirle paso a esta nueva fórmula imperial.
Entre los adherentes de Haití y del exterior a ese acuerdo intervencionista hay actores impenitentes y hay casos que podrían ser producto de desconocimientos de las raíces del problema.
Posiblemente entre los integrantes de la CARICOM no todos tengan la misma culpa.
Es sí muy lamentable, que un gobierno tan digno como el mexicano, no haya rechazado la resolución de la ONU ni objetado ese acuerdo bochornoso. Debería reflexionar y corregir ese grave error.
Brasil, nueva vez, con Lula al frente de su gobierno, decidió actuar contra la autodeterminación de Haití, a pesar del desastre provocado por la MINUSTAH.
Su posición respecto a Haití contrasta con su firme condena del holocausto palestino, a pesar de ambos pueblos están entre los que más han sufrido la crueldad de una opresión y una discriminación realmente implacables.
LAVALAS, liderada por Jean Beltrand Arístides, hace tiempo claudicó frente a EEUU.
EL ACUERDO MONTANA, que tanta esperanza generó con su actitud independiente, se dividió y una parte de sus organizaciones usurparon su nombre para plasmar su firma de rendición.
Guy Phillips no puede ir al Consejo por la narco-condena que carga en su mochila, pero está la PETITE DESALINEE, que es la organización que lo respaldó.
Del imperio, de sus hermanos y sobrinos carnales, no podía esperarse otra cosa, mientras lo peor de su agresiva y cruel decadencia sigue pendiente; al tiempo que, paso a paso, y dolor a dolor, sigue gestándose la insurgencia global y la descomposición en sus entrañas, que lo va a derrotar.
Es cuestión de acumulación, tiempo y desgarraduras sucesivas.
La contrapartida sigue creciendo.
(I)
Por Oscar López Reyes
Desde 1950, tres años a posteriori de su creación -1947- la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos comenzó a instrumentalizar a periodistas para manipular y moldear a la opinión pública mundial, en una abominable labor de zapa, en el cenit geopolítico de la Guerra Fría entre dos superpotencias imperiales. Su proyecto primigenio, y el más escalofriante, ha sido la encubierta Operación Mockingbird, mediante la cual se ocultaron y tergiversaron informaciones para influir a favor de los designios norteamericanos, y desde 2019 ejecuta a gran escala una campaña de reclutamiento para difundir noticias y entretenimiento en redes sociales y plataformas streaming.
En estos 78 años, la CIA ha invertido miles de millones de dólares en el enlistamiento de periodistas anti-éticos y anti-democráticos y en infiltración en medios de comunicación para divulgar programas propagandísticos, engendrando el descrédito y la desconfianza ciudadana, así como la animadversión de adversarios en guerras.
La operación Mockingbird, que inicialmente consistió en escuchas telefónicas periodísticas sin orden judicial, fue llevada a cabo por la CIA para identificar fuentes de filtraciones de datos de alta inteligencia. Principió grabando conversaciones privadas de Hanson Baldwin, reportero de seguridad nacional del New York Times, entre el 12 de marzo y el 15 de junio de 1963, desde el Despacho Oval de la Casa Blanca.
Las grabaciones fueron por iniciativa del presidente de Estados Unidos, Jhon F. Kennedy, luego que se incomodara por un reportaje de primera plana publicado por Baldwin (ganador del Premio Pulitzer en 1943 por su cobertura de la Segunda Guerra Mundial) en la edición del 26 de julio de 1962 del New York Times en el que, amparado en una información clasificada, revelaba el número de misiles nucleares en el arsenal estadounidense. A su vez, comparaba esos depósitos atómicos de Estados Unidos con los de la Unión Soviética, y el afán de esta última superpotencia por resguardar sus emplazamientos de misiles balísticos intercontinentales.
A seguidas, la CIA también intervino los teléfonos residenciales de los columnistas Robert S. Allen y Paul Scott (The Allen-Scott Report, publicada en unos 300 periódicos), tras estos dar a conocer secretos clasificados de Estados Unidos. Más adelante, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) se incorporó a las averiguaciones y vigilancia para detectar quienes desde los organismos de inteligencia estaban infiltrando informaciones a la prensa. También produjo la intercepción telefónica a la periodista de Newsweek, Lloyd Nornam, y el secretario de Estado Dean Rusk presionó para que CBS News no difundiera un reportaje del periodista Daniel Schorr sobre el espectacular escape de ciudadanos de Alemania Oriental a través de un túnel bajo el Muro de Berlín.
Por intermedio del proyecto Mockingbird -según variadas fuentes- para divulgar propaganda proestadounidense y truquear a la opinión pública contra la influencia comunista, aceptaron ser asalariados de la CIA cientos de periodistas de The New York Times, The Washington Post, Newsweek, ABC, CBS, NBC, la revista Time, Louisville Courier Jounal, Copley News Service, la agencia internacional Reuters y otros medios de América Latina, Europa y otras regiones.
Los objetivos bien definidos de la contratación a sueldo de la red de periodistas, publicaciones, televisoras y emisoras tengo que segmentarlos en siete:
1.- Difundir relatos preescritos por la CIA, para tratar de cambiar la percepción global sobre situaciones y personas, siempre favorables a Estados Unidos.
2.- Controlar la política editorial de medios comunicativos, a través de altos ejecutivos y editores, en una novedosa interacción subrepticia gobierno-prensa.
3.- Ocultar informaciones perjudiciales o desfavorables a Estados Unidos, en una intromisión estatal sin precedentes.
4.- Inclinar la balanza para conveniencia estratégica de Estados Unidos en coberturas informativas, artículos de opinión, editoriales y otros géneros periodísticos.
5.- Contrarrestar la propaganda e influencia de la Unión Soviética, con mecanismos sofisticados de persuasión pública.
6.- Suministrar datos de inteligencia, en una típica tarea de espionaje.
7.- Detectar a agentes o empleados de organismos de inteligencia que confidencialmente suministraban informaciones a periodistas.
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El autor: Redactor principal del Código de Ética del Periodista Dominicano y autor exclusivo del libro “La Ética en el Periodismo. Los cinco factores que interactúan en la deontología profesional”.
Por Isaías Ramos
En el artículo anterior, “Cuando trabajar no alcanza”, mostramos lo esencial: en nuestro país hay trabajadores a tiempo completo que, aun cumpliendo con todo, no alcanzan el costo de la canasta básica. Hoy toca cerrar el círculo con una pregunta inevitable: si el Estado asegura que no tiene margen para indexar el ISR ni para acercar los salarios a la canasta, ¿cómo sí lo tiene para blindar exenciones y subsidios que ya rondan el medio billón de pesos al año?
La comparación es contundente: alrededor de RD$19 mil millones para cumplir la indexación —lo mínimo para que la inflación no se coma el salario por la vía del impuesto— frente a más de RD$500 mil millones en gasto tributario y subsidios no focalizados. Esa diferencia no es técnica; es moral. Es un impuesto silencioso al trabajo para sostener privilegios que casi nunca rinden cuentas.
No hablamos de milagros, sino de coherencia constitucional.
Primero derechos; después privilegios.
La indexación es justicia básica; que el salario cubra la canasta es dignidad mínima. Cuando eso no ocurre, todo lo demás se convierte en una transferencia regresiva: recursos públicos arriba y salarios de subsistencia abajo.
Lo vemos en historias como la de Marta, cajera en una tienda que abre seis días a la semana. Gana el salario mínimo del tramo superior y aun así no le alcanza para transporte, alimentos y educación básica de sus hijos. Todos conocemos una Marta. Su caso no es la excepción; es el reflejo de un modelo.
Reconocemos, sin ambigüedades, que ciertos sectores han traído inversión y empleo. Pero en un Estado Social y Democrático de Derecho, la prioridad no se discute: derechos primero, incentivos después. Si un sector recibe exenciones millonarias durante décadas, la contrapartida mínima es un salario mediano por encima de la canasta y una reducción verificable de la informalidad. Y si los beneficios se justifican por su aporte, ese aporte debe comprobarse con datos públicos.
Las preguntas son simples, y las respuestas deberían serlo también:
- ¿Cuál es su salario mediano y qué parte de la canasta cubre?
- ¿Cuál es su aporte fiscal neto, descontadas exenciones y transferencias?
- ¿Qué metas salariales y de formalización han cumplido —auditadas y con plazos—?
Si esas respuestas no existen, la falla no está en quien critica, sino en un modelo que evita mirarse al espejo.
Cuando miramos la región, el panorama se vuelve más claro y más crudo. Llevamos décadas creciendo alrededor de 5 % anual, más del doble del promedio latinoamericano. Sin embargo, datos del Banco Mundial muestran que menos de 2 % de los dominicanos ascendió de grupo de ingreso en una década, frente a un 41 % regional. Es una de las movilidades más bajas de América Latina: un motor económico de alta potencia montado sobre una carrocería social demasiado frágil.
A eso se suma un mercado laboral con alrededor de 55 % de informalidad, superando un promedio regional que ya bordea la mitad. Millones de personas trabajan sin contrato, sin protección y sin capacidad de negociación. Mientras tanto, el salario mínimo formal del sector privado no sectorizado —según el tamaño de la empresa— oscila hoy entre unos RD$16,000 en las microempresas y cerca de RD$28,000 en las grandes, y ni siquiera en su tramo superior alcanza el costo de la canasta familiar nacional, que ronda los RD$47,500, ni la canasta del quintil 1, situada en torno a RD$28,400. La mayoría de los trabajadores informales ni siquiera se acerca a esos montos.
Ahí está el nudo del modelo: un PIB que corre por delante del promedio regional, con salarios más bajos, más informalidad y menor movilidad que casi todos. Ahí es donde la retórica del “milagro” deja de coincidir con lo que millones viven cada día: jornadas largas, ingresos insuficientes y un crecimiento que no se traduce en dignidad.
Y, mientras tanto, la indexación —que solo evita que el impuesto castigue el salario— se presenta como inalcanzable. No lo es. Lo inalcanzable es pretender estabilidad congelando la protección del trabajador mientras se blindan privilegios que nadie revisa con lupa desde hace décadas. Eso no es estabilidad; es un subsidio a la precariedad.
La discusión no es “si hay dinero”, sino de dónde es justo que salga.
¿De quienes ya no pueden más, o de exenciones que llevan medio siglo sin evaluación seria?
¿De la nómina de la clase trabajadora, o de regímenes especiales convertidos en vacas sagradas?
En el Frente Cívico y Social entendemos que la guía es simple y está escrita en la Constitución. El artículo 62 establece, entre otras cosas, que es finalidad esencial del Estado fomentar el empleo digno y remunerado y, en su numeral 9, consagra el derecho a un salario justo y suficiente para vivir con dignidad. No es poesía; es mandato. Si el salario mediano de un sector no cubre la canasta, ese sector no cumple con la dignidad mínima. Y si además recibe exenciones, la obligación de rendir cuentas es aún mayor.
Y porque no hay dignidad sin desarrollo, no olvidemos lo esencial: salario digno es demanda interna, productividad futura y estabilidad social. Con sueldos de miseria no se construye un mercado interno robusto, no se fortalece el capital humano, no hay escalera de movilidad. Lo que se “ahorra” hoy en salarios bajos se paga mañana en menor crecimiento y mayor conflictividad.
En una frase: un país que se respeta no pone el privilegio por encima del salario, ni el incentivo por encima de la dignidad. Cuando la política honra esa jerarquía, la estadística deja de ser consuelo y se convierte en vida vivible.
Despierta RD
Por Rommel Santos Díaz
A diferencia de la Corte Penal Internacional, cuyo estatuto es el resultado de varios años de debates y de la Conferencia de Plenipotenciarios, los tribunales Ad –Hoc para la Ex Yugoslavia y Ruanda son la expresión de una respuesta a dos situaciones específicas caracterizadas por la comisión de atrocidades en el territorio de estos países.
Fue precisamente la gravedad de las circunstancias lo que obligó al Consejo de Seguridad a ejercer las atribuciones que le confiere el Capítulo VII de la Carta de las Naciones Unidas para crear las jurisdicciones penales Ad – Hoc para la Ex Yugoslavia ( Resolución 827 de 1993) y para Ruanda (Resolución 955 de 1994)
En estos casos, ambos tribunales tienen virtualmente estatutos idénticos y también compartieron algunas instituciones comunes, como por ejemplo el Fiscal, dado que a partir del 15 de septiembre del 2003, el Consejo de Seguridad designo a Hassan Bubacar Jallow como Fiscal del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.
La Fiscal Carla Del Ponte ejerce su competencia exclusivamente en relación al Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia. Las características comunes entre ambos tribunales han tenido como consecuencia, al menos en el ámbito teórico, la economía y uniformidad en el ámbito fiscal hasta el año 2003 así como en el desarrollo de una línea jurisprudencial sólida y constante en el análisis de sus respectivos casos.
De esta forma la creación de dichos tribunales Ad-Hoc constituye un desarrollo sin precedentes a favor de la implementación de las normas sobre derechos humanos que a su vez ha favorecido una dinámica positiva en el proceso de creación de un sistema de justicia penal internacional que se concreta casi una década después con el inicio de las funciones de la Corte Penal Internacional.
Por su lado el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda fueron creados por resoluciones del Consejo de Seguridad en virtud de las cuales son considerados como órganos judiciales subsidiarios del mismo.
Se ha establecido que aun cuando fueron creados por el Consejo de Seguridad, el cual no es un órgano judicial, esto no afecta la validez del acto jurídico de creación puesto que ambos son el reflejo del ejercicio del mandato del principal órgano de las Naciones Unidas para mantener la seguridad y la paz internacional.
Esta línea de razonamiento concuerda con la establecida por la Corte Internacional de Justicia en su Opinión Consultiva sobre los efectos de las compensaciones concedidas por el tribunal administrativo de las Naciones Unidas de 1954.
Por tanto, mientras la Corte Penal Internacional es un tribunal internacional independiente, el Tribunal Penal Internacional para la Ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda son órganos judiciales subsidiarios del Consejo de Seguridad Conforme al Artículo 2 del Estatuto de Roma, la Corte Penal Internacional mantiene relaciones de cooperación con el sistema de de las Naciones Unidas, pero ello no afecta su independencia con respecto a dicha organización internacional.