Opinión
Tropas Élites-USA en Haití; Abinader, Henry y la manipulación de la Caricom
Por Narciso Isa Conde
“La creada situación que sufre la sociedad haitiana, demanda un respaldo a las fuerzas políticas y sociales que en Haití reclaman:”
Estados Unidos decidió desplegar en Haití un contingente-elite de seguridad de su cuerpo de Marina, argumentando la “necesidad de protección a su embajada” y el “deterioro de seguridad en Haití”. La información fue dada a conocer en su portal digital MARINE TIME.
En el caso haitiano se trata de una especie de “cabeza de playa” y “plataforma de inteligencia militar” que, al esgrimir como pretextos la “protección de su embajada” y “la inseguridad provocada por las bandas parapoliciales y terroristas, raya en el colmo de la simulación y el cinismo.
Esto me recuerda el pretexto empleado para invadirnos el 28 de abril, con el disfraz de Fuerza Interamericana de Paz (FID).
Es imposible obviar que las bandas terroristas para-policiales fueron creadas por la CÍA y los “paracos” colombianos, y armadas desde EEUU.
El contingente de marines que llegó a Haití es una cabeza de playa y la plataforma de inteligencia militar de una intervención mayor, y más que una decisión de Biden (que por demás “chocea”), es una determinación del “gobierno profundo” estadounidense; implementada por el PENTÁGONO y la CIA, que previamente usaron a GUY PHILIPPE y activaron bandas terroristas bajo su control, para sembrar más caos y crear una situación que facilitara desplazar a Henry, crear (con el respaldo de un CARICOM sensiblemente doblegado) el gobierno colegiado de transición y justificar la intervención en mayor escala.
Todo indica que EEUU se ve obligado a hacerlo con un primer paquete de tropas élites propias, por las dificultades no superadas del proyecto intervencionista con la policía de Kenia, acompañada de otros países africanos y caribeños.
EEUU, manipulando el CARICOM y la ONU, con el concurso de Canadá, Francia y Brasil, se decidió a escoger un Consejo de Gobierno Presidencial para la Transición.
Cual sea la reconfiguración de la Administración Biden ante la crisis que el poder imperialista occidental ha creado en Haití, lo que siempre determina sus decisiones fundamentales es la «mano invisible» del gobierno profundo en función del escenario político-militar.
Con todo, y a pesar de todo: en escenarios de ese tipo es recurrente la tesis ya clásica del filólogo y filósofo anti-imperialista Noam Chomsky, la cual reza así: “ellos (los jorocones del Imperio) crean el problema y crean la solución”; y yo agrego: ¡siempre a tono con sus espurios intereses!
En ese contexto es muy importante que la coalición SOLIDARIDAD DOMINICANA CON HAITÍ, en la rueda de prensa del pasado viernes 8 de marzo, se haya pronunciado de esta manera:
“La creada situación que sufre la sociedad haitiana, demanda un respaldo a las fuerzas políticas y sociales que en Haití reclaman:”
· “… destitución del gobierno de facto del PHTK, representado por el primer ministro Ariel Henry, nombrado mediante un tweet por EEUU y la ONU, que además apoyó la Federación de las Pandillas; gobierno mafioso que el pueblo haitiano movilizado ha rechazado desde el primer momento.”
· “… cese del terror de las bandas paramilitares creadas y armadas por EEUU, que atacan a las barriadas pobres y jamás a los ricos, ni a sus propiedades, el rechazo de cualquier fórmula de intervención militar fraguada por EEUU y el Core Group.”
· …un gobierno de ruptura y transición que reorganice el Estado y llame a elecciones democráticas; y que, además, con ayuda de países amigos, reestructure las instituciones dedicadas a combatir la violencia, contrarresten el tráfico de armas y municiones desde puertos de EEUU hacia Haití,”
· “,.. rechazo categórico a las manipulaciones de la Casa Blanca, y CARICOM para imponer otro títere que sustituya a Ariel Henry, y facilite la intervención militar en preparación, “
· “,enérgica condena a las pretensiones de mafiosos como Guy Phillipe y a las manipulaciones de connotados jefes de bandas paramilitares como Jimmy Chirizier (Barbecue), que procuran hacerse del gobierno. ¡ALGO ABSOLUTAMENTE INACEPTABLE!”
· “…exigirle a la comunidad internacional colonialista que le pague al pueblo haitiano la INMENSA DEUDA SOCIAL Y ECONÓMICA, respete su autodeterminación y cese el cruel coloniaje racista que lo oprime y discrimina.”
EEUU INSTÓ A ABINADER A NO RECIBIR A HENRY.
Abinader dijo recientemente que Henry “no es grato en RD” y lo dice ahora, no por decisión propia, sino porque el Departamento de Estado se lo solicitó; instancia imperial que antes de su actual decisión de sacarlo de la presidencia de facto, lo nombró vía twitter y lo protegió. Actitud a la que el presidente dominicano se sumó, al extremo de constituirse junto Ariel Henry en los principales portavoces de la intervención militar.
Miren cómo sucedieron las cosas:
Diplomáticos de nuestro país, por mandato del Canciller dominicano y del presidente Luis Abinader, después de constatar la imposibilidad de la entrada de Henry por el aeropuerto de Puerto Príncipe, se prestaron a acordar su venida a nuestro país para ser trasladado a Haití en un helicóptero de alta seguridad.
Sobre esa base, el avión presidencial tomó la ruta a Santo Domingo, pero antes de arribar se violó ese acuerdo y se le impidió aterrizar.
La orden emana de la Casa Blanca y fue entonces cuando desviaron el vuelo hacia PUERTO RICO, donde lo recibió el FBI y autoridades federales.
No se trató de una iniciativa de Abinader, cuya supuesta solidaridad hacia Haití es similar a la del gran verdugo de ese pueblo: EEUU; asumiendo nueva vez el rol de un gobernador de colonia en esta parte de la isla
Sencillamente a la Casa Blanca no le convenía, no se ajustaba a su agenda insular del momento, el retorno de Henry a Haití a través de República Dominicana, mientras no estuviera definida la fórmula de transición y confirmada su dimisión
TRANSICIÓN MADE USA CON APOYO DE LA CARICOM
La reciente reunión del CARICOM en Jamaica contó con la relevante presencia de EEUU, CANADÁ y BRASIL, países con antecedentes de intervención militar en Haití y actualmente involucrados en el nuevo proyecto intervencionista.
El Secretario de Estado de EEUU, Anthony Blinker, habló cínicamente de una “solución haitiana a la crisis haitiana”, pero previamente el Comando Sur del PENTÁGONO instrumentó el despliegue de sus marines que desembarcaron en Puerto Príncipe.
La mayoría de los países del CARICOM pasaron en corto plazo de reprobar una nueva intervención militar en Haití, a respaldar la determinación del PENTÁGONO de orquestar una fuerza militar-policial multinacional bajo su control.
El CARICOM apoyó la resolución 2699 de la ONU que aprobó esa determinación con la modalidad del aporte de la policía de Kenia y de algunos países africanos y del Caribe anglófono.
El acuerdo de Jamaica, contenido en la declaración final de los “SOCIOS DE LA CARICOM Y PARTES INTERESADAS HAITIANAS”, excluye expresamente de la composición del nuevo CONSEJO PRESIDENCIAL DE TRANSICIÓN a “cualquiera que se oponga a la Resolución 2699 del Consejo de Seguridad de la ONU”. La resolución 2699 es la que aprobó el Consejo de Seguridad para la conformación de la fuerza multinacional interventora.
Al excluir a quienes se oponen a la intervención militar, el texto del acuerdo está confesando que excluyó un vasto y diverso abanico de movimientos sociales, organizaciones populares, intelectuales, fuerzas de izquierda y líderes político-sociales, que encabezaron en Haití movilizaciones, huelgas y protestas multitudinarias; exigiendo la destitución de Jovenel Moises, primero, y la de Ariel Henry, después. y oponiéndose al mismo tiempo a toda intervención extranjera.
Con ese tipo de exclusión han vetado precisamente a quienes en Haití demandaron y demandan “UNA TRANSICIÓN SOBERANA A LA DEMOCRACIA, sin intervención imperialista-
La transición impuesta, por tanto, no es haitiana; como no lo es la matriz de una crisis creada por una cruel opresión del imperialismo occidental (encabezado por EEUU), que no logra esconder sus raíces racistas.
Ese acuerdo ha sido fraguado precisamente por quienes crearon y armaron las bandas paramilitares, que actualmente utilizan para atacar la sede del gobierno, ampliar el caos y procurar “justificar” los nuevos desembarcos militares.
La intervención militar es un hecho incontrovertible a la luz del primer desembarco de marines ya ejecutado, mientras la transición hacia nuevos fraudes electorales pasa a ser dirigida por un gobierno colegiado pro-invasión militar extranjera. A Henry, vuelto bagazo, lo obligaron a dimitir para abrirle paso a esta nueva fórmula imperial.
Entre los adherentes de Haití y del exterior a ese acuerdo intervencionista hay actores impenitentes y hay casos que podrían ser producto de desconocimientos de las raíces del problema.
Posiblemente entre los integrantes de la CARICOM no todos tengan la misma culpa.
Es sí muy lamentable, que un gobierno tan digno como el mexicano, no haya rechazado la resolución de la ONU ni objetado ese acuerdo bochornoso. Debería reflexionar y corregir ese grave error.
Brasil, nueva vez, con Lula al frente de su gobierno, decidió actuar contra la autodeterminación de Haití, a pesar del desastre provocado por la MINUSTAH.
Su posición respecto a Haití contrasta con su firme condena del holocausto palestino, a pesar de ambos pueblos están entre los que más han sufrido la crueldad de una opresión y una discriminación realmente implacables.
LAVALAS, liderada por Jean Beltrand Arístides, hace tiempo claudicó frente a EEUU.
EL ACUERDO MONTANA, que tanta esperanza generó con su actitud independiente, se dividió y una parte de sus organizaciones usurparon su nombre para plasmar su firma de rendición.
Guy Phillips no puede ir al Consejo por la narco-condena que carga en su mochila, pero está la PETITE DESALINEE, que es la organización que lo respaldó.
Del imperio, de sus hermanos y sobrinos carnales, no podía esperarse otra cosa, mientras lo peor de su agresiva y cruel decadencia sigue pendiente; al tiempo que, paso a paso, y dolor a dolor, sigue gestándose la insurgencia global y la descomposición en sus entrañas, que lo va a derrotar.
Es cuestión de acumulación, tiempo y desgarraduras sucesivas.
La contrapartida sigue creciendo.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!