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Trotsky es un león

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Es un león y se llama León. Y sigue siéndolo.

NARCISO-ISA-CONDE111111213Sus ideas tienen ahora más fuerza que antes, no solo por sus agudas y previsoras críticas al rumbo burocrático de la primera revolución obrera y popular victoriosa del siglo XX, (la revolución rusa, rápidamente convertida en revolución soviética), sino por los criterios que sustentó alrededor del estrecho vínculo entre la tareas democráticas, agrarias y anti-oligárquicas, y la transición al socialismo en países de capitalismo atrasado, tardío, subdesarrollado…; países colonizados y recolonizados.

Hoy más que nunca contrasta lo moderno y ultramoderno del capitalismo con la presencia en su seno de las “formas económicas más primitivas”

Y hoy, tal como lo evidencia el proceso hacia la revolución en Venezuela, y como apuntan los procesos de reformas anti-neoliberales en otros países, la lucha consecuente contra los modelos neoliberales exige de cambios permanentes, ascendentes, ininterrumpidos, potenciados en el sentido anti-capitalista por fuerzas creadoras de conciencia socialista.

Allí las consignas movilizadoras, sentidas y anheladas por los (as) de abajo, e impulsadas por el bloque social transformador, se expresan-o deben expresarse- dentro de una vía de aproximación a cambios estructurales capaces de eliminar las causas profundas de su negación a base de conciencia, lucha y organización. Y si no el proceso se estanca y retrocede.

Porque ciertamente hay reformas y reformas: unas funcionales, asimilables o potables al orden dominante en crisis y otras generadoras de dinámicas revolucionarias.

Y estas últimas, bien asumidas- como lo está haciendo Chávez en Venezuela- no tardan en poner a la orden del día la necesidad de una transición al socialismo adecuada a la condición de país recolonizado a lo neoliberal y con estructuras capitalistas dependientes combinadas con variados niveles de atraso y pre-capitalismo. Y esto a su vez genera más contrarrevolución, como también acontece ahora en Venezuela.

Esa curiosa dialéctica entre las tareas pre-socialistas y socialistas de la revolución en países de la periferia del capitalismo central, fue magistralmente expuesta por León Trosky hace ya casi un siglo. Veamos:

“Los países coloniales y semi-coloniales son por su misma naturaleza países atrasados. Pero estos países atrasados viven en las condiciones de la dominación mundial del imperialismo. Es por eso que su desarrollo tiene un carácter combinado: reúnen al mismo tiempo las formas económicas más primitivas y la última palabra de la técnica y de la civilización capitalista. Esto es lo que determina la política del proletariado de los países atrasados: está obligado a combinar la lucha por las tareas más elementales de la independencia nacional y la democracia burguesa con la lucha socialista contra el imperialismo mundial. Las reivindicaciones democráticas, las reivindicaciones transitorias y las tareas de la revolución socialista no están separadas en la lucha por etapas históricas sino que surgen inmediatamente las unas de las otras. Habiendo apenas comenzado a edificar sindicatos el proletariado chino se vio ya obligado a pensar en los soviets. En este sentido, el presente programa es plenamente aplicable a los países coloniales y semi-coloniales, al menos en aquellos que el proletariado es ya capaz de tener una política independiente.”

“Los problemas centrales de los países coloniales y semi-coloniales son: la revolución agraria, es decir, la liquidación de la herencia feudal y la independencia nacional, es decir, el sacudimiento del yugo imperialista. Estas dos tareas están estrechamente ligadas la una a la otra.”

“Es imposible rechazar pura y simplemente el programa democrático; es necesario que las masas por sí mismo sobrepasen este programa en la lucha. La consigna de la Asamblea Nacional (o Constituyente) conserva todo su valor en países como la China o la India. Es necesario ante todo armar a los obreros de este programa democrático. Sólo ellos pueden levantar y unir a los campesinos. Sobre la base del programa democrático revolucionario es necesario oponer los obreros a la burguesía “nacional”. A una cierta etapa de la movilización de las masas bajo las consignas de la democracia revolucionaria, los soviets pueden y deben surgir. Su rol histórico en cada período dado, en particular su relación con la Asamblea Nacional, está determinado por el nivel político del proletariado, por la ligazón entre éste y la clase campesina, por el carácter de la política del proletariado. Tarde o temprano los soviets deben derribar a la democracia burguesa. Sólo ellos son capaces de llevar hasta el final la revolución democrática y abrir así la etapa de la revolución socialista.”

“El peso específico de las diversas reivindicaciones democráticas y transitorias en la lucha del proletariado, su ligazón recíproca, su orden de sucesión, está determinado por las particularidades y condiciones propias de cada país atrasado, en una parte considerable, por su grado de atraso. No obstante la dirección general del desarrollo revolucionario puede ser determinada por la fórmula de la revolución permanente en el sentido que definitivamente han dado a esta fórmula las tres revoluciones de Rusia (1905, febrero de 1917 y octubre de 1917).” (León Trotsky.- Fragmentos del “Programa de Transición”.- Tomado del libro Introducción al Pensamiento Socialista de Néstor Kohan, Págs. 123 y 124. Editora Ocean Sur, 2007)

Nueva vez, la propuesta de asamblea constituyente, junto al programa alternativo al modelo neoliberal de capitalismo, cuando son asumidas por el nuevo proletariado y la gran pobresía (de la que éste es parte inseparable), se convierten en bandera de la transición revolucionaria al socialismo; ahora hacia un socialismo renovado, recreado, enriquecido a luz de las valiosas experiencias y lecciones acaecidas en el Siglo XX.

Nueva vez se confirma el certero análisis de Trosky en esa vertiente de un debate todavía actual

Y no solo se trató del valor de sus reflexiones respecto a tan importante problema de la revolución en países de capitalismo atrasado, sino tambien en lo concerniente al valor de sus críticas en todo lo relacionado con el curso y el destino de la revolución soviética.

Por eso no es nada caprichoso ni accidental que en aquel momento un pensador tan herético y creador como José Carlos Mariategui, sin dejar de reconocer toda la validez práctica de la conducción de Stalin en ese momento, como dirigente profundamente vinculado al sentido ruso de la naciente revolución, hablara en los siguientes términos de aquella ruptura política que condujera al exilio de Trotsky:

“Trotsky, desterrado de la Rusia de los Soviets: he aquí un acontecimiento al que fácilmente no puede acostumbrarse la opinión revolucionaria del mundo. Nunca admitió el optimismo revolucionario la posibilidad de que esta revolución concluyera, como la francesa, condenando a sus héroes. Pero, sensatamente, lo que no debió jamás esperarse es que la empresa de organizar el primer gran Estado socialista fuese cumplida por un partido de más de un millón de militantes apasionados, con el acuerdo de la unanimidad más uno, sin debates ni conflictos violentos.”

“La opinión trotskista tiene una función útil en la política soviética. Representa, si se quiere definirla en dos palabras, la ortodoxia marxista, frente a la fluencia desbordada e indócil de la realidad rusa. Traduce el sentido obrero, urbano, industrial de la revolución socialista. La revolución rusa debe su valor internacional ecuménico, su carácter de fenómeno precursor del surgimiento de una nueva civilización, al pensamiento que trotsky y sus compañeros reivindican en todo su vigor y consecuencias. Sin una crítica vigilante, que es la mejor prueba de la vitalidad del partido bolchevique, el gobierno soviético correría probablemente el riesgo de caer en un burocratismo formalista, mecánico. Pero, hasta este momento, los hechos no dan la razón al trotskismo desde el punto de vital de su aptitud para reemplazar a stalin en el poder con mayor capacidad objetiva de realización del programa marxista.” (José C. Mariategui.-El exilio de Trosky, La imaginación subversiva, Pág. 73, Colección Pensamiento Latinoamericano, Editorial Quipo).

Y todo esto nos remite al inmenso valor de la diversidad revolucionaria y al daño estratégico implícito en las respuestas despóticas a las divergencias dentro del campo revolucionario.

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Opinión

Tres mitos de la Suprema: consenso, apoliticidad e imparcialidad

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La selección de la Suprema Corte refleja acuerdos políticos más que imparcialidad, cuestionando el mito de apoliticidad y consenso democrático.

  • El texto sostiene que la unanimidad en el CNM responde a pactos políticos, no convicciones coincidentes.
  • Se menciona a Justiniano Montero Montero como juez de carrera con posibles lealtades tácitas.
  • La SCJ y el Tribunal Constitucional son descritos como claves para proteger élites políticas.

Por Narciso Isa Conde

Escuchando tantos elogios al consenso unánime, a la apoliticidad e imparcialidad en el proceso de la selección y conformación de la nueva Suprema Corte de Justicia (SCJ), les plantee a algunos amigos expertos en el tema que me parecía que ese consenso tiene mucho de pacto entre dos fuerzas políticas: una con mayoría precaria y la otra con una cuota significativa.

Les señalé que ser juez de carrera no es necesariamente ser apolítico o apartidista, y que no es verdad que esta ocasión este gobierno no trataría de asegurar su impunidad, para lo cual la SCJ es una entidad judicial clave.

 Dicho esto, les sugerí ir a más profundidad en estas valoraciones, sobre todo después de lo acontecido con los cambios realizados en otras de las altas cortes.

 El disco duro de la sociología política dominicana nos habla del mito de la neutralidad técnica frente a la cruda política del poder y la búsqueda de impunidad, y posibilita llegar a estas consideraciones:

·         La carrera judicial no es un búnker como para afirmar que, porque el magistrado Justiniano Montero Montero provenga de la base de la judicatura, eso lo despoja de vínculos, simpatías, lealtades tácitas o de la prudencia necesaria para sobrevivir décadas dentro del sistema. Más cuando es tradición que para ascender en la escalera judicial dominicana se requiere navegar aguas donde la denominadas clase política y la oligarquía capitalista siempre tiene antenas y capacidad de veto.

·          Cuando fuerzas mayoritarias con cuentas de corrupción pendientes (como las del PRM y sus empresarios) y minorías con peso institucional (como la representación de FP desde una impunidad protegida) llegan a un voto unánime en el CNM, no se debe a una voluntad democrática colectiva o a un consenso por convicciones coincidentes. Ni en ese caso, ni en casos parecidos.

·         Por lo general, ese resultado responde a un pacto de coexistencia pacífica: se reparten espacios o se validan perfiles donde los actores políticos principales aseguran que no habrá sorpresas radicales ni persecuciones judiciales desbocadas contra los círculos de poder salientes o vigentes.

·         En la República Dominicana, el control o la influencia sobre las altas cortes cumple una función sistémica histórica de protección a los integrantes del poder constituido y a las elites capitalistas.

·         Ningún liderazgo político con fuerza real entrega el poder o diseña transiciones obviando el control de la Suprema Corte de Justicia (máxima instancia de apelación penal y casación) y del Tribunal Constitucional.

·         La experiencia con los cambios en otras altas cortes del país ha demostrado que los repartos de cuotas, presentados como consensos, terminan funcionando como un engranaje de equilibrio de determinadas debilidades: «tú no me tocas los flancos vulnerables de mi gestión, yo no dinamito los tuyos».

·         El sistema judicial se convierte así en un fiel de la balanza que modera los conflictos entre élites partidarias y empresariales, pero que no rompe el statu quo estructural de la llamada clase política tradicional y de toda la clase dominante-gobernante.

Entonces, surgió la necesidad de responder a esta pregunta fuñona:

¿Acaso tiene Abinader el control absoluto de la SCJ?

 Lo cierto es que más que un control absoluto de “títeres” o «marionetas» (que afectaría la imagen benévola de supuesta independencia institucional y la fantasía de la separación de poderes, tan cara para los organismos multilaterales, instancias internacionales, la diplomacia simuladora y las apariencias), lo que se construyó fue un control por entendimientos mutuamente convenientes, con un diseño de perfiles moderados:

Se evitan así perfiles y situaciones confrontativas o disidencias y disidentes reales que puedan activar investigaciones incómodas.

En su lugar se colocan figuras que garantizan una «paz social y corporativa» adecuada al sistema de dominación, administrando la justicia con un mando conservador que frene o disuelva cualquier intento de depuración profunda o propósito de romper con la inercia de impunidad sistémica.

La verdad es que detrás del ropaje técnico y la unanimidad formal se esconde una arquitectura de negociación política donde las cúpulas partidarias y empresariales aseguran su retaguardia institucional.

Nada de consenso democrático, apoliticismo o imparcialidad.

Acuerdos por conveniencia de las partes, casi nunca con equilibrio absoluto o paridad en el poder de decisión.

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Opinión

Descalifican libros y ganadores con IA (6 de 10)

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Por Oscar López Reyes

Sin equidad en la osadía ni encogimiento de hombros, magnates de la inteligencia artificial (IA) se atribuyen la potestad de apoderarse de textos (plagio) de libros, revistas y periódicos, y academias y editoras despojan de premios a obras escritas por máquinas, en virtud de la usencia de sensibilidad creativa, autenticidad y mérito, que implica un engaño a jurados y lectores. Procuran así preservar la reputación de los galardones.

Adicionalmente, la IA empequeñece la pluralidad y la investigación periodística. El aprovechamiento por las oligopólicas corporativas de obras registradas legalmente para entrenar sus modelos de lenguaje (LLM) algorítmicos, sin la aceptación de sus autores (plagio automatizado), cuyos nombres eliminan, gestó una usurpación jurídica y otro ético (expoliación de propiedad intelectual), porque el software comercializa un saber sistematizado, en desconocimiento del esfuerzo y sacrificio del progenitor original o primario.

La aplicación de la IA también procrea una crisis en la esfera editorial (entre editores y lectores), por la publicación de libros cimentados en algoritmo, y por la mezcla de la creación humana y esta nueva tecnología. El plagio no sólo infringe los derechos de autor, sino que arruina la calidad intelectual periodística.

¿Cómo lidiar con esta asunción ilegítima de autoría?

Asociaciones de escritores y medios de comunicación, como The New York Times, han demandado judicialmente a OpenAl y a otras de la competencia imperfecta, por difundir libros y trabajos periodísticos como suyos. Asimismo, como garantía de sinceridad y certeza, Authors Guild en Estados Unidos e iniciativas en Europa han presentado certificaciones con las etiquetas de “literatura orgánica” o “escrito por un humano”.

También, las nominaciones de acreditados premios, como el Goncourt, han sido retiradas a los escritores de novelas Thélyson Orélien (canadiense, “Fue eso o morir o Era eso o morir”), Mia Ballard (estadounidense, “Chica Tímida”) y a David Silva (peruano, “Donde el agua trabaja”) y, por igual, se ha producido la cancelación de la venta de sus obras literarias por sospechas o admisiones de plagio conectados con recursos cibernéticos.

Carencia de pluralidad y entorno humano. Socava la pluralidad y la disparidad de abordajes delegar la selección de información, la redacción y verificación a la IA, sin la sensibilidad, creatividad, el criterio ético, la profundidad y la depuración objetiva de un periodista comprometido con la verdad. Los prototipos generativos instructivos con documentos preexistentes en internet plasman y postean deformaciones geográficas, históricas, estereotipos y discriminaciones.

El algoritmo deshumanizante de los procesos productivos acarrea la ruptura con principios éticos y la iniciación de un duelo entre el talento humano y las máquinas: un minúsculo grupo de corporaciones privadas y estados nacionales estructuran, explícitas o implícitamente, fórmulas y directrices que normatizan infraestructuras cibernéticas globales.

La contrastación presencial y el discurso mediático se torna ineludible para averiguar y fiscalizar poderes, con estricto nivel profesional, para ganar la confianza de las audiencias.

¿Cuáles son las respuestas?

Para contrapesar, en la competencia profesional contra el algoritmo y por el predominio de la pluralidad, la sensibilidad, se impone reconstruir la conversación colectiva y ampliar la presencia del periodista en los foros abiertos: amplificar la agenda comunitaria, diversificar las fuentes, consultar a expertos, contar historias, dando cabida a las voces más disidentes.

Como valores consustanciales y diferenciales del reporterismo se exige más entrevistas, más crónicas, más reportajes, más descripciones y narraciones, y más análisis cubiertos de originalidad y exclusividad, identificándose con las agrupaciones, asociaciones, congregaciones, equipos, brigadas, corros y peñas locales.

Reducción en labor investigativa. La IA atenta con las opiniones divergentes. El recorte de planillas de redactores, correctores y editores, para aminorar gastos de producción, mengua la competencia metodológica mediática, porque margina la reflexión y el análisis. Lo anterior quiere decir que la automatización excesiva arrebata a la contraargumentación democrática y a la información su rigor y la fiscalización humana, porque descansa en motores de probabilidad estadística.

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Referencias bibliográficas:

1.- Artículo académico (PMC / Frontiers in Artificial Intelligence). Romanishyn, A., Malytska, O., y Goncharuk, V. (2025, 31 de julio). AI-driven disinformation: policy recommendations for democratic resilience. Frontiers in Artificial Intelligence, 8, 1569115.,. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12351547/

2.- Atlas de IA: Poder, política y costes planetarios de la inteligencia artificial, Kate Crawford, Ediciones, Barcelona, España, 2023.

3.- Ciberseguridad paso a paso: Diseña tu estrategia, María Ángeles Caballero Velasco, Laura Baus Lerma y Diego Cilleros Serrano, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.

4.- Lánzate a la IA. Despierta tus superpoderes, Arturo Fuentes Calle, Editorial Marcombo, Barcelona, España, 2026.

5.- Algoritmos para la vida cotidiana: La ciencia de la informática aplicada a las decisiones humanas, Brian Christian y Tom Griffiths, Teell Editorial, Madrid, España, España, 2017.

6.- Inteligencia artificial generativa con modelos de ChatGPT y OpenAI, Valent0ina Alto, Editora Anaya Multimedia, Madrid, España, 2023.

7.- Domina la inteligencia artificial antes de que ella te domine a ti: IA101 estrategias para impulsar tu carrera y mejorar tu vida, Lasse Rouhiainen, Alienta Editorial. Ciudad, Barcelona, España, 2026.

8.- Generación IA: guía para un uso responsable, creativo y seguro de la inteligencia artificial, María Lázaro Ávila, Ediciones Anaya Multimedia, Madrid, España, 2026.
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático y escritor.

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Opinión

La Constitución como medida del poder

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Por Isaías Ramos

 Cuando una autoridad jura cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ciudadanía tiene derecho a creerle. Ese compromiso pone en juego algo más que la reputación del funcionario: la confianza de las personas en que sus derechos estarán protegidos, incluso frente al propio gobierno.

El pasado viernes 6 de noviembre conmemoramos 182 años de la primera Constitución dominicana. Honrarla exige examinar qué ocurre con lo jurado una vez comienza el ejercicio del poder.

El artículo 127 obliga al presidente y vicepresidente a prestar ese juramento antes de entrar en funciones. Incluye respetar los derechos y libertades ciudadanos y cumplir fielmente los deberes del cargo. Cada decisión posterior debe poder sostenerse frente a ese compromiso.

Mateo 23:2-3 ilumina esta exigencia. Jesús denuncia la contradicción entre enseñanza y conducta en los dirigentes religiosos a quienes se dirige: «ellos dicen, pero no hacen». Su aplicación política invita a examinar si las autoridades ejercen sus funciones conforme a los principios que proclaman.

La Constitución proporciona una medida común para hacerlo, independientemente de las creencias particulares o las preferencias políticas. Su artículo 6 somete a los poderes públicos a la norma suprema. Una mayoría electoral gobierna dentro de esos límites.

Las candidaturas independientes permiten comprobar qué significa respetarlos.

En la sentencia TC/0788/24, el Tribunal Constitucional consideró desproporcionados los requisitos impugnados y estableció una regulación sustitutiva. Afirmó que los partidos no tienen el monopolio constitucional de todas las candidaturas a puestos de elección nacional y reconoció al Congreso competencia para regularlas de manera compatible con lo decidido.

El Congreso aprobó después la Ley 13-26 y el Ejecutivo la promulgó, suprimiendo esas candidaturas. Sus fundamentos invocan una reserva de postulaciones a las organizaciones políticas y dificultades de organización institucional.

El Tribunal dispuso corregir la regulación; la respuesta legislativa y ejecutiva fue suprimir la figura. Esa es la contradicción constitucional que denunciamos. Las dificultades alegadas debían resolverse respetando el fallo y el carácter vinculante que el artículo 184 reconoce a las decisiones del Tribunal Constitucional.

Si el órgano obligado pudiera escoger qué sentencia cumple, ¿qué seguridad tendría una persona que acude a la justicia para defender sus derechos? La respuesta importa también a quien nunca aspirará a un cargo. Una sentencia constitucional vinculante debe cumplirse, aunque incomode a la autoridad obligada a ejecutarla.

Hemos presentado dos recursos: uno contra la Ley 13-26 y otro frente a lo que denunciamos como la negativa de la Junta Central Electoral a cumplir el mandato de la sentencia. Cada procedimiento requiere una decisión de la instancia competente. La impugnación de la ley no la anula por sí sola.

Acudimos a las vías institucionales para defender la participación y exigir que las autoridades respondan por sus decisiones.

El artículo 75 también compromete a la ciudadanía. Su numeral 1 exige acatar y cumplir la Constitución y las leyes, y respetar y obedecer a las autoridades establecidas por ellas. El numeral 12 obliga a velar por la calidad democrática, el patrimonio público y la transparencia de la función pública.

Cumplamos esos deberes exigiendo respuestas documentadas: qué se ha hecho para cumplir la sentencia y cuál es el fundamento jurídico de cada actuación.

Asumamos el cumplimiento constitucional como una obligación permanente, tanto al exigir responsabilidades como al ejercer autoridad.

En 2044 celebraremos dos La Constitución como medida del poder

siglos de independencia y de nuestra primera Constitución. Trabajemos para llegar a ese aniversario con derechos que las personas puedan exigir y autoridades que respondan por su cumplimiento.

El juramento compromete a quien gobierna. Hacerlo exigible protege a toda la nación.

¡El 2044 comienza hoy!

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