Opinión
Trotsky es un león
Es un león y se llama León. Y sigue siéndolo.
Sus ideas tienen ahora más fuerza que antes, no solo por sus agudas y previsoras críticas al rumbo burocrático de la primera revolución obrera y popular victoriosa del siglo XX, (la revolución rusa, rápidamente convertida en revolución soviética), sino por los criterios que sustentó alrededor del estrecho vínculo entre la tareas democráticas, agrarias y anti-oligárquicas, y la transición al socialismo en países de capitalismo atrasado, tardío, subdesarrollado…; países colonizados y recolonizados.
Hoy más que nunca contrasta lo moderno y ultramoderno del capitalismo con la presencia en su seno de las “formas económicas más primitivas”
Y hoy, tal como lo evidencia el proceso hacia la revolución en Venezuela, y como apuntan los procesos de reformas anti-neoliberales en otros países, la lucha consecuente contra los modelos neoliberales exige de cambios permanentes, ascendentes, ininterrumpidos, potenciados en el sentido anti-capitalista por fuerzas creadoras de conciencia socialista.
Allí las consignas movilizadoras, sentidas y anheladas por los (as) de abajo, e impulsadas por el bloque social transformador, se expresan-o deben expresarse- dentro de una vía de aproximación a cambios estructurales capaces de eliminar las causas profundas de su negación a base de conciencia, lucha y organización. Y si no el proceso se estanca y retrocede.
Porque ciertamente hay reformas y reformas: unas funcionales, asimilables o potables al orden dominante en crisis y otras generadoras de dinámicas revolucionarias.
Y estas últimas, bien asumidas- como lo está haciendo Chávez en Venezuela- no tardan en poner a la orden del día la necesidad de una transición al socialismo adecuada a la condición de país recolonizado a lo neoliberal y con estructuras capitalistas dependientes combinadas con variados niveles de atraso y pre-capitalismo. Y esto a su vez genera más contrarrevolución, como también acontece ahora en Venezuela.
Esa curiosa dialéctica entre las tareas pre-socialistas y socialistas de la revolución en países de la periferia del capitalismo central, fue magistralmente expuesta por León Trosky hace ya casi un siglo. Veamos:
“Los países coloniales y semi-coloniales son por su misma naturaleza países atrasados. Pero estos países atrasados viven en las condiciones de la dominación mundial del imperialismo. Es por eso que su desarrollo tiene un carácter combinado: reúnen al mismo tiempo las formas económicas más primitivas y la última palabra de la técnica y de la civilización capitalista. Esto es lo que determina la política del proletariado de los países atrasados: está obligado a combinar la lucha por las tareas más elementales de la independencia nacional y la democracia burguesa con la lucha socialista contra el imperialismo mundial. Las reivindicaciones democráticas, las reivindicaciones transitorias y las tareas de la revolución socialista no están separadas en la lucha por etapas históricas sino que surgen inmediatamente las unas de las otras. Habiendo apenas comenzado a edificar sindicatos el proletariado chino se vio ya obligado a pensar en los soviets. En este sentido, el presente programa es plenamente aplicable a los países coloniales y semi-coloniales, al menos en aquellos que el proletariado es ya capaz de tener una política independiente.”
“Los problemas centrales de los países coloniales y semi-coloniales son: la revolución agraria, es decir, la liquidación de la herencia feudal y la independencia nacional, es decir, el sacudimiento del yugo imperialista. Estas dos tareas están estrechamente ligadas la una a la otra.”
“Es imposible rechazar pura y simplemente el programa democrático; es necesario que las masas por sí mismo sobrepasen este programa en la lucha. La consigna de la Asamblea Nacional (o Constituyente) conserva todo su valor en países como la China o la India. Es necesario ante todo armar a los obreros de este programa democrático. Sólo ellos pueden levantar y unir a los campesinos. Sobre la base del programa democrático revolucionario es necesario oponer los obreros a la burguesía “nacional”. A una cierta etapa de la movilización de las masas bajo las consignas de la democracia revolucionaria, los soviets pueden y deben surgir. Su rol histórico en cada período dado, en particular su relación con la Asamblea Nacional, está determinado por el nivel político del proletariado, por la ligazón entre éste y la clase campesina, por el carácter de la política del proletariado. Tarde o temprano los soviets deben derribar a la democracia burguesa. Sólo ellos son capaces de llevar hasta el final la revolución democrática y abrir así la etapa de la revolución socialista.”
“El peso específico de las diversas reivindicaciones democráticas y transitorias en la lucha del proletariado, su ligazón recíproca, su orden de sucesión, está determinado por las particularidades y condiciones propias de cada país atrasado, en una parte considerable, por su grado de atraso. No obstante la dirección general del desarrollo revolucionario puede ser determinada por la fórmula de la revolución permanente en el sentido que definitivamente han dado a esta fórmula las tres revoluciones de Rusia (1905, febrero de 1917 y octubre de 1917).” (León Trotsky.- Fragmentos del “Programa de Transición”.- Tomado del libro Introducción al Pensamiento Socialista de Néstor Kohan, Págs. 123 y 124. Editora Ocean Sur, 2007)
Nueva vez, la propuesta de asamblea constituyente, junto al programa alternativo al modelo neoliberal de capitalismo, cuando son asumidas por el nuevo proletariado y la gran pobresía (de la que éste es parte inseparable), se convierten en bandera de la transición revolucionaria al socialismo; ahora hacia un socialismo renovado, recreado, enriquecido a luz de las valiosas experiencias y lecciones acaecidas en el Siglo XX.
Nueva vez se confirma el certero análisis de Trosky en esa vertiente de un debate todavía actual
Y no solo se trató del valor de sus reflexiones respecto a tan importante problema de la revolución en países de capitalismo atrasado, sino tambien en lo concerniente al valor de sus críticas en todo lo relacionado con el curso y el destino de la revolución soviética.
Por eso no es nada caprichoso ni accidental que en aquel momento un pensador tan herético y creador como José Carlos Mariategui, sin dejar de reconocer toda la validez práctica de la conducción de Stalin en ese momento, como dirigente profundamente vinculado al sentido ruso de la naciente revolución, hablara en los siguientes términos de aquella ruptura política que condujera al exilio de Trotsky:
“Trotsky, desterrado de la Rusia de los Soviets: he aquí un acontecimiento al que fácilmente no puede acostumbrarse la opinión revolucionaria del mundo. Nunca admitió el optimismo revolucionario la posibilidad de que esta revolución concluyera, como la francesa, condenando a sus héroes. Pero, sensatamente, lo que no debió jamás esperarse es que la empresa de organizar el primer gran Estado socialista fuese cumplida por un partido de más de un millón de militantes apasionados, con el acuerdo de la unanimidad más uno, sin debates ni conflictos violentos.”
“La opinión trotskista tiene una función útil en la política soviética. Representa, si se quiere definirla en dos palabras, la ortodoxia marxista, frente a la fluencia desbordada e indócil de la realidad rusa. Traduce el sentido obrero, urbano, industrial de la revolución socialista. La revolución rusa debe su valor internacional ecuménico, su carácter de fenómeno precursor del surgimiento de una nueva civilización, al pensamiento que trotsky y sus compañeros reivindican en todo su vigor y consecuencias. Sin una crítica vigilante, que es la mejor prueba de la vitalidad del partido bolchevique, el gobierno soviético correría probablemente el riesgo de caer en un burocratismo formalista, mecánico. Pero, hasta este momento, los hechos no dan la razón al trotskismo desde el punto de vital de su aptitud para reemplazar a stalin en el poder con mayor capacidad objetiva de realización del programa marxista.” (José C. Mariategui.-El exilio de Trosky, La imaginación subversiva, Pág. 73, Colección Pensamiento Latinoamericano, Editorial Quipo).
Y todo esto nos remite al inmenso valor de la diversidad revolucionaria y al daño estratégico implícito en las respuestas despóticas a las divergencias dentro del campo revolucionario.
Por ROMMEL SANTOS DIAZ
Cuando se haya remitido a la CPI una situación en virtud del artículo 13 y el Fiscal haya determinado que existen fundamentos razonables para comenzar una investigación, o el Fiscal inicie una investigación en virtud de los artículos 13 y 15, éste lo notificará a todos los Estados Partes y a aquellos Estados que, teniendo en cuenta la información disponible, ejercerán normalmente la jurisdicción sobre los crímenes de que se trate. El Fiscal podrá hacer la notificación a esos Estados con carácter confidencial y, cuando lo considere necesario a fin de proteger personas , impedir la destrucción de pruebas o impedir la fuga de personas,, podrá limitar el alcance de la información proporcionada a los Estados.
Dentro del mes siguiente a la recepción de dicha notificación, el Estado podrá informar a la CPI que esta llevando a cabo o ha llevado a cabo una investigación en relación con sus nacionales u otras personas bajo su jurisdicción respecto de actos criminales que puedan constituir crímenes contemplados en el artículo 5 del Estatuto de Roma y a los que se refiera la información proporcionada en la notificación a los Estados.
A petición de dicho Estado, el Fiscal se inhibirá de su competencia a favor del Estado en relación con la investigación sobre las personas antes mencionadas, a menos que la Sala de Cuestiones Preliminares decida, a petición del Fiscal, autorizar la investigación.
El Fiscal podrá volver a examinar la cuestión de la inhibición de su competencia al cabo de seis meses a partir de la fecha de la inhibición o cuando se haya producido un cambio significativo de circunstancias en vista de que el Estado no está dispuesto a llevar a cabo la investigación o no puede realmente hacerlo.
El Estado de que se trate o el Fiscal podrán apelar ante la Sala de Apelaciones de la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares, de conformidad con el artículo 82. La apelación podrá sustanciarse en forma sumaria.
Cuando el Fiscal se haya inhibido de su competencia en relación con la investigación con arreglo a lo dispuesto en el párrafo 2, podrá pedir al Estado de que se trate que le informe periódicamente de la marcha de sus investigaciones y del juicio ulterior. Los Estados Partes responderán a esas peticiones sin dilaciones indebidas.
El Fiscal podrá, hasta que la Sala de Cuestiones Preliminares haya emitido su decisión, o en cualquier momento si se hubiere inhibido de su competencia en virtud de este artículo, pedir a la Sala de Cuestiones Preliminares, con carácter excepcional, que le autorice a llevar adelante las indagaciones que estime necesarias cuando exista una oportunidad única de obtener pruebas importantes o exista un riesgo significativo de que esas pruebas no estén disponibles ulteriormente.
Finalmente, el Estado que haya apelado una decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares en virtud del artículo 18 podrá impugnar la admisibilidad de un asunto en virtud del artículo 19, haciendo valer hechos nuevos importantes o un cambio significativo de las circunstancias.
Por Isaías Ramos
Un país no fracasa porque le falten recursos. Fracasa cuando sus instituciones dejan de servir al ciudadano y comienzan a servir a los privilegios. Fracasa cuando la Constitución promete dignidad, bienestar y justicia social, pero la práctica política reparte exenciones, contratos, subsidios mal diseñados, deuda y cargas tributarias sobre los mismos hombros de siempre.
La República Dominicana no necesita escoger entre Estado y mercado. Nuestra Constitución consagra un Estado Social y Democrático de Derecho, fundado en la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación de poderes. También garantiza la libre empresa y la propiedad privada; pero ordena proteger la competencia libre y leal, evitar los efectos nocivos y restrictivos del monopolio y del abuso de posición dominante, y reconoce que la propiedad tiene una función social. Mercado, sí; empresa, sí; propiedad, sí; pero nunca por encima de la dignidad del ciudadano.
Los países que se desarrollan no subsidian la ineficiencia: financian productividad. Usan crédito, incentivos y subsidios para crear empleo formal, innovación, exportaciones, infraestructura, energía eficiente y salarios dignos. Los países capturados hacen lo contrario: convierten el subsidio en dependencia, la exención en renta privada, el contrato en premio político y la deuda en hipoteca contra el pueblo.
La deuda pública consolidada ya no permite eufemismos. A abril de 2026, alcanzó US$82,790.8 millones, equivalente al 61.4 % del PIB: US$66,408.5 millones del Sector Público No Financiero y US$16,382.2 millones del Banco Central. Esa cifra compromete ingresos futuros y estrecha el margen para salud, educación, seguridad, vivienda, agua, transporte y energía.
Y aun así, el problema puede ser mayor. RDVial muestra la zona gris. En 2024, el fideicomiso registró recaudación de peajes por RD$9,065.7 millones, pagó intereses por RD$5,332.6 millones y cerró con RD$67,076.5 millones en deuda a largo plazo y bonos por pagar. Dicho sin maquillaje: un monto equivalente a casi el 59 % de lo recaudado en peajes terminó destinado al pago de intereses. Cuando los peajes del ciudadano financian principalmente el costo financiero de la deuda, ya no hablamos solo de infraestructura: hablamos de ingresos públicos futuros comprometidos para pagar obligaciones presentes.
La discusión constitucional es inevitable: si un fideicomiso administra patrimonio público, derechos de cobro públicos o flujos pagados por ciudadanos, su deuda y sus riesgos fiscales deben transparentarse. No basta decir que no está en el presupuesto ordinario. Si el pueblo paga, el pueblo tiene derecho a saber. En RDVial, los estados financieros identifican como activos intangibles los derechos recibidos del Estado dominicano sobre ingresos por cobro y recaudación de peajes.
Ahora se presenta la Ley 30-26 bajo el discurso de crecimiento, sostenibilidad fiscal y protección social. El Gobierno afirma que busca captar entre RD$40,000 y RD$50,000 millones adicionales, sin modificar la tasa ni la base del ITBIS. Pero incluye el aumento del impuesto a cheques y transferencias electrónicas de 0.15 % a 0.2 % y diez dólares adicionales al impuesto sobre pasajes aéreos.
La pregunta no es solo quién firma el impuesto; es quién termina pagándolo. En mayo de 2026, la inflación interanual fue 5.35 %, con alimentos y bebidas no alcohólicas en 6.56 % y transporte en 7.47 %. En ese contexto, elevar costos financieros, operativos y de transporte puede trasladarse a precios, servicios y consumo. Tal vez no se llame impuesto a la canasta básica, pero cuando sube el costo de mover dinero, transportar personas y operar negocios, el consumidor termina pagando.
La contradicción se agrava al mirar las exenciones. Para 2026, el gasto tributario estimado asciende a RD$393,541.54 millones, equivalente al 4.54 % del PIB: casi ocho veces la meta máxima de la reforma. No todo gasto tributario es privilegio; algunas exenciones protegen bienes y servicios esenciales. Pero cuando una exención no demuestra retorno social, empleo digno, productividad, innovación, competencia o reducción de precios, deja de ser incentivo y se convierte en privilegio. Y cuando ese privilegio se financia con deuda e impuestos al pueblo, se vuelve ilegítimo, injusto e inmoral.
También se castiga a la diáspora. El aumento de diez dólares al pasaje aéreo golpea al dominicano ausente que viene a ver a su madre, invertir sus ahorros, enterrar a un familiar o traer a sus hijos para que no pierdan la patria. Esa misma diáspora envió US$5,170.1 millones en remesas entre enero y mayo de 2026. No es una caja registradora: es parte viva de la nación. No se puede celebrarla cuando envía remesas y castigarla cuando regresa.
En el Frente Cívico y Social entendemos que la República Dominicana necesita una reforma, sí; pero una reforma que empiece por el poder, no por el bolsillo del pueblo. Una reforma que audite exenciones, condicione incentivos, transparente fideicomisos, revise subsidios, reduzca deuda improductiva, transparente gastos e inversiones públicas y proteja a quienes sostienen la economía real: la clase media, los trabajadores, los productores, los emprendedores y la diáspora dominicana. Una reforma para que el crecimiento deje de ser estadística y se convierta en dignidad cotidiana. No estamos contra la empresa. Estamos contra el abuso. No estamos contra la riqueza. Estamos contra un Estado corporativo, clientelar y de privilegios.
Ya basta. Es tiempo de gobernar. Es tiempo de activar el orden constitucional.
Por Rosario Espinal
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población.
La reciente posibilidad de una candidatura presidencial de Santiago Matías (Alofoke) ha generado debates, entusiasmo y preocupación en diversos sectores de la sociedad dominicana. Más allá de las simpatías o rechazos que pueda despertar su figura, el fenómeno merece un análisis más profundo, pues no se trata únicamente de una persona, sino de un síntoma de una transformación política que se viene gestando desde hace años.
El historiador británico Eric Hobsbawm, en el capítulo «La caída del liberalismo» de su obra Historia del siglo XX (1998), explicó cómo los períodos de crisis de representación y pérdida de confianza en las instituciones tradicionales crean espacios para el surgimiento de nuevos liderazgos capaces de canalizar el descontento social. Aunque la República Dominicana actual está muy lejos de las dramáticas circunstancias de la Europa de entreguerras, existen elementos que invitan a la reflexión.
Los partidos políticos dominicanos continúan siendo las principales estructuras de acceso al poder, pero enfrentan un progresivo deterioro de su capacidad para representar las aspiraciones de la ciudadanía. Como señala el sociólogo Bernardo Matías, la principal característica de la crisis política dominicana es la creciente desconexión entre los partidos y la sociedad. La militancia ideológica ha sido sustituida por el pragmatismo electoral, el clientelismo y la búsqueda de beneficios individuales.
Esta realidad ha provocado que amplios sectores de la población, especialmente los jóvenes, perciban a los partidos tradicionales como organizaciones alejadas de sus preocupaciones cotidianas. El aumento de la abstención electoral y la disminución de la identificación partidaria son señales evidentes de este fenómeno.
Es precisamente en ese escenario donde emerge la figura de Alofoke. Su fortaleza no proviene de una estructura política tradicional ni de una larga trayectoria partidaria. Su principal capital es una comunidad digital construida durante años a través de las redes sociales y los medios de comunicación alternativos. En una época en que la comunicación política se desarrolla cada vez más en plataformas digitales, su capacidad de influencia constituye una ventaja que pocos actores políticos poseen.
La eventual candidatura de Santiago Matías representa, en gran medida, una expresión del desencanto ciudadano con las estructuras políticas existentes. No es casual que su discurso encuentre receptividad entre sectores que consideran que los partidos tradicionales han dejado de escuchar a la población. Tampoco es casual que su propuesta surja en un contexto donde más de la mitad de los ciudadanos no manifiestan simpatía por ninguna organización política.
Sin embargo, la historia demuestra que la popularidad mediática por sí sola no garantiza el éxito político. Gobernar un país requiere mucho más que influencia comunicacional. Exige propuestas concretas, equipos técnicos, capacidad institucional y una visión clara sobre los desafíos nacionales. La verdadera prueba para cualquier outsider político consiste en transformar el apoyo emocional de sus seguidores en un proyecto de gobierno viable.
De cara a las elecciones de 2028, la República Dominicana podría enfrentar uno de los procesos electorales más interesantes de las últimas décadas. Si los partidos tradicionales no logran renovar sus liderazgos, fortalecer sus vínculos con la sociedad y ofrecer respuestas efectivas a las demandas ciudadanas, es probable que continúen surgiendo figuras ajenas al sistema político convencional.
La lección que ofrece Hobsbawm es clara: cuando las instituciones dejan de representar eficazmente a la sociedad, aparecen nuevos actores dispuestos a ocupar ese espacio. La pregunta no es si Alofoke puede convertirse en presidente, sino qué condiciones sociales y políticas han hecho posible que una candidatura como la suya sea considerada seriamente por una parte importante de la población.
El desafío para la democracia dominicana no consiste en impedir la aparición de nuevos liderazgos, sino en fortalecer las instituciones para que la competencia política se base en propuestas, programas y soluciones reales a los problemas nacionales. De lo contrario, la crisis de representación seguirá profundizándose y los ciudadanos continuarán buscando alternativas fuera de los canales tradicionales de la política.
Bibliografía
Hobsbawm, E. J. (1998). Historia del siglo XX (J. Faci, J. Ainaud y C. Castells, trads.). Buenos Aires, Argentina: Crítica.
Matías, B. (2020, 23 de junio). La crisis de los partidos en República Dominicana. Acento. La crisis de los partidos en República Dominicana
Jovine Rijo, F. A. (2026, 22 de junio). ¿Alofoke, presidente? Listín Diario. ¿Alofoke, presidente?