Internacionales
Trump crea grupo especial contra ‘izquierda radical’ y dice ‘derecha puede reaccionar’ violentamente
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este jueves a la «izquierda radical» de estar detrás del tiroteo mortal contra un centro de migrantes en Dallas el día anterior y ha sugerido que la derecha podría reaccionar de manera violenta. «Más vale que no les provoquen», ha dicho.
«La izquierda radical está causando este problema, no la derecha, y va a empeorar y, al final, se les volverá en contra», ha dicho Trump cuando se le ha preguntado por el tiroteo de este miércoles en un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que ha dejado al menos un muerto.
«Pasan cosas malas cuando se juega estos juegos» y «la derecha es mucho más dura que la izquierda», ha afirmado Trump, quien ha asegurado que son «personas con muy bajo coeficiente intelectual» y que están «fuera de control».
«La derecha no está haciendo esto, no lo están haciendo», ha insistido Trump desde el Despacho Oval, donde ha recibido al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, de paso por Washington tras ser uno de los primeros líderes mundiales en tomar la palabra el lunes en la nueva sesión de la Asamblea General de la ONU.
«Más vale que no les provoque porque no será bueno para la izquierda (…) Llegará un punto en que la gente no lo soportará más y eso no será bueno para la izquierda radical», ha vaticinado Trump, no sin antes mencionar que no quiere que nada ocurra. «Soy el presidente de todo el país», ha apuntado.
Un día antes de estas declaraciones, al menos una persona murió y otras dos resultaron heridas en un tiroteo contra un edificio del ICE en Dallas. Las autoridades confirmaron el fallecimiento del tirador que se habría suicidado antes de ser interceptado por los agentes de las fuerzas de seguridad.
Trump crea grupo operativo antiterrorista para perseguir a la “izquierda radical”
Este mismo jueves, Trump creó un nuevo grupo operativo «contra el terrorismo doméstico» y la «violencia organizada», con el objetivo de perseguir a lo que calificó como grupos criminales de «izquierda radical».
Trump firmó un memorando presidencial en la Oficina Oval que permite crear un grupo de trabajo que integra diferentes agencias federales para hacer frente a estos grupos, entre los que incluye a Antifa, al que declaró como grupo terrorista doméstico esta semana, pese a no ser una organización formal y estructurada, según expertos.
El texto firmado asegura que la actual «violencia política no consiste en una serie de incidentes aislados ni surge de forma espontánea. Más bien, es el resultado de campañas sofisticadas y organizadas de intimidación selectiva, radicalización, amenazas y violencia, cuyo objetivo es silenciar voces disidentes, limitar la actividad política, influir en las decisiones políticas y obstaculizar el funcionamiento de una sociedad democrática».
Durante la firma, el republicano fue respaldado por la fiscal general, Pam Bondi, quien elogió al presidente por «quitarle las esposas» a las fuerzas del orden y agregó que el objetivo es perseguir a «cualquier grupo organizado», sin definirlo claramente.
El mandatario firmó el memorando poco después de que The New York Times informara que el Departamento de Justicia ordenó a varias fiscalías de Estados Unidos abrir investigaciones sobre Open Society Foundations, una red de subvenciones progresistas fundada por el megadonante demócrata George Soros.
Trump ha atribuido la oleada de violencia política que sacude al país e incluye el asesinato del activisita ultraconservador Charlie Kirk o un reciente tiroteo contra una instalación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a la «izquierda radical».
El memorando instruye a los Grupos Conjuntos de Terrorismo (JTTF) y a agencias federales como el Departamento de Justicia o el Departamento del Tesoro a desmantelar redes de financiamiento que apoyen a estos grupos.
Persecución: Fiscalía de Trump demanda a demócratas por padrones electorales
El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) ha escalado este jueves su pelea por obtener información de las listas electorales al demandar a seis estados, todos dirigidos por demócratas, para que le entreguen los datos a la Casa Blanca.
La División de Derechos Civiles del DOJ anunció demandas federales contra California, Michigan, Minnesota, Nueva York, Nuevo Hampshire y Pensilvania argumentando que no presentaron las listas estatales de votantes cuando se les solicitó.La semana pasada el DOJ presentó una demanda similar contra los estados de Maine y Oregon, también dominados por los demócratas.
Las querellas legales pretenden obligar a los funcionarios electorales de cada estado a proporcionar toda la información de los votantes contenida en sus listas de votantes, incluyendo nombres, fechas de nacimiento, números de licencia de conducir y números parciales de Seguro Social.
La fiscal de EE.UU., Pam Bondi, alega que la falta de esa información le impide determinar si los estados cumplen con los requisitos de mantenimiento de listas establecidos en la ley federal conocida como la Ley de Ayuda a Estados Unidos a Votar.
«Las listas de votantes limpias son la base de unas elecciones libres y justas», dijo Bondi en un comunicado este jueves.
Advirtió que todos los estados tienen la responsabilidad de garantizar que los registros de votantes sean precisos, accesibles y seguros; y que aquellos que no cumplan con el requerimiento serán llevados a los tribunales.
Pero los secretarios de estado estatales han expresado preocupación sobre el uso que se dará a esta información.
Por ejemplo, la secretaria de Estado de California, Shirley N. Weber, planteó dudas sobre la protección de la privacidad de los votantes.
Por su parte, el secretario de Oregón, el demócrata Tobias Read, dijo en un comunicado que si el presidente Donald Trump quiere usar al DOJ “para perseguir a sus oponentes políticos y socavar nuestras elecciones”, lo verá en los tribunales.
Internacionales
Las muertes por ahogamiento en Francia aumentaron un 14 % durante las tres olas de calor
Agencia EFE
PARÍS.- Un total de 925 personas sufrieron un episodio de ahogamiento en Francia entre el 1 de mayo y el 15 de julio de 2026, de las que 274 fallecieron, un aumento del 14 % respecto al mismo periodo del año anterior, informó este viernes Salud Pública Francia (SpF).
La mayoría de los ahogamientos, mortales o no, se registraron coincidiendo con las tres olas de calor que han afectado al país hasta la fecha.
Los adultos representaron la mayor parte de las víctimas mortales, con 237 fallecidos, mientras que 37 menores perdieron la vida, una cifra, en este último caso, similar a la registrada en el mismo periodo de 2025.
Entre los menores, la mayoría de los ahogamientos mortales se produjeron en ríos y lagos, especialmente en zonas de baño no habilitadas, durante los episodios de calor extremo.
Las regiones del sur y las zonas costeras concentraron el mayor número de ahogamientos, aunque Salud Pública Francia destacó un fuerte incremento de las muertes en regiones del interior, especialmente en Auvernia-Ródano-Alpes, Borgoña-Franco Condado e Isla de Francia (donde está París).
Los fallecimientos en piscinas y otras zonas de baño artificial casi se duplicaron al pasar de 31 a 60.
PEKIN.- Las Fuerzas Armadas de China han iniciado este jueves una serie de maniobras militares con fuego real en el estrecho de Taiwán poco después de que las autoridades del gigante asiático tildaran de «temerario» el discurso dado recientemente por el presidente taiwanés, Lai Ching Te, que ha afirmado que la isla «no va a actuar como una subordinada» de Pekín.
Está previsto que estas maniobras se lleven a cabo hasta las 18.00 horas (hora local) de este jueves, antes de reanudarse este viernes frente a las costas de Zhangzou, en la provincia de Fujian, en el este del país, según ha informado el Ejército.
En este sentido, ha confirmado que las áreas afectadas permanecerán cerradas de forma temporal a la navegación hasta que finalicen las actividades, aunque no han ofrecido más detalles sobre el asunto.
Los comentarios de Lai, a los que se han sumado declaraciones de representantes del gubernamental Partido Democrático Progresista (PDP), que han dicho que jamás permitirán un «retroceso» hacia un «Taiwán chino», han suscitado críticas en Pekín.
Las relaciones entre Pekín y Taipéi quedaron suspendidas en 1949, después de que las fuerzas del partido nacionalista chino Kuomintang, encabezado por Chiang Kai Shek, sufrieran una derrota en la guerra civil contra el Partido Comunista de China y se trasladaran a la isla de Taiwán.
Miami, Florida, Estados Unidos.- Una jueza federal sentenció este jueves a 20 años de cárcel a un financiero de Florida por armar un fraude en el que obtuvo fondos federales durante la pandemia de la covid-19 para financiar el magnicidio del presidente haitiano Jovenel Moïse en 2021, informó la Fiscalía de Estados Unidos.
La Corte del Distrito Sur de Florida condenó a Keegan Harricharan, de 42 años y quien se había declarado culpable de conspiración para cometer lavado de dinero con préstamos emitidos durante la pandemia bajo la Ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica por el Coronavirus (CARES, en inglés).
Harricharan, residente en Florida, y sus cómplices «obtuvieron de manera fraudulenta» más de 840,000 dólares en préstamos del Programa de Protección de Nómina (PPP), para «promover, financiar y apoyar la conspiración» destinada a derrocar al Gobierno de Haití, en la que fue asesinado el presidente, según el Departamento de Justicia (DOJ).
El caso «es un recordatorio» de que los delitos financieros suelen ser «el motor detrás de conductas mucho más peligrosas», declaró Jason A. Reding Quiñones, fiscal de EE.UU. para el Distrito Sur de Florida.
explotó programas de ayuda
«Este acusado no se limitó a cometer fraude. Explotó programas de ayuda por la pandemia destinados a mantener con vida a las pequeñas empresas durante una crisis nacional y lavó esos fondos robados a los contribuyentes para ayudar a promover una conspiración que culminó en el magnicidio del presidente haitiano», apuntó.
Con ello, suman nueve implicados condenados en Estados Unidos por el asesinato, a manos de un grupo de mercenarios, entre ellos 17 exmilitares colombianos, además de más de 50 personas acusadas en Haití por el magnicidio, incluyendo la viuda de Moïse, aunque el proceso judicial en ese país permanece estancado por la crisis.
El asesinato del mandatario desató una crisis en Haití, lo que ha impulsado una ola migratoria hacia Estados Unidos, donde unos 350.000 haitianos dependen del Estatus de Protección Temporal (TPS) para evitar la deportación, aunque el gobierno del presidente Donald Trump revocó esa medida, que expira la próxima semana.