Internacionales
Trump crea grupo especial contra ‘izquierda radical’ y dice ‘derecha puede reaccionar’ violentamente
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado este jueves a la «izquierda radical» de estar detrás del tiroteo mortal contra un centro de migrantes en Dallas el día anterior y ha sugerido que la derecha podría reaccionar de manera violenta. «Más vale que no les provoquen», ha dicho.
«La izquierda radical está causando este problema, no la derecha, y va a empeorar y, al final, se les volverá en contra», ha dicho Trump cuando se le ha preguntado por el tiroteo de este miércoles en un centro de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que ha dejado al menos un muerto.
«Pasan cosas malas cuando se juega estos juegos» y «la derecha es mucho más dura que la izquierda», ha afirmado Trump, quien ha asegurado que son «personas con muy bajo coeficiente intelectual» y que están «fuera de control».
«La derecha no está haciendo esto, no lo están haciendo», ha insistido Trump desde el Despacho Oval, donde ha recibido al presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, de paso por Washington tras ser uno de los primeros líderes mundiales en tomar la palabra el lunes en la nueva sesión de la Asamblea General de la ONU.
«Más vale que no les provoque porque no será bueno para la izquierda (…) Llegará un punto en que la gente no lo soportará más y eso no será bueno para la izquierda radical», ha vaticinado Trump, no sin antes mencionar que no quiere que nada ocurra. «Soy el presidente de todo el país», ha apuntado.
Un día antes de estas declaraciones, al menos una persona murió y otras dos resultaron heridas en un tiroteo contra un edificio del ICE en Dallas. Las autoridades confirmaron el fallecimiento del tirador que se habría suicidado antes de ser interceptado por los agentes de las fuerzas de seguridad.
Trump crea grupo operativo antiterrorista para perseguir a la “izquierda radical”
Este mismo jueves, Trump creó un nuevo grupo operativo «contra el terrorismo doméstico» y la «violencia organizada», con el objetivo de perseguir a lo que calificó como grupos criminales de «izquierda radical».
Trump firmó un memorando presidencial en la Oficina Oval que permite crear un grupo de trabajo que integra diferentes agencias federales para hacer frente a estos grupos, entre los que incluye a Antifa, al que declaró como grupo terrorista doméstico esta semana, pese a no ser una organización formal y estructurada, según expertos.
El texto firmado asegura que la actual «violencia política no consiste en una serie de incidentes aislados ni surge de forma espontánea. Más bien, es el resultado de campañas sofisticadas y organizadas de intimidación selectiva, radicalización, amenazas y violencia, cuyo objetivo es silenciar voces disidentes, limitar la actividad política, influir en las decisiones políticas y obstaculizar el funcionamiento de una sociedad democrática».
Durante la firma, el republicano fue respaldado por la fiscal general, Pam Bondi, quien elogió al presidente por «quitarle las esposas» a las fuerzas del orden y agregó que el objetivo es perseguir a «cualquier grupo organizado», sin definirlo claramente.
El mandatario firmó el memorando poco después de que The New York Times informara que el Departamento de Justicia ordenó a varias fiscalías de Estados Unidos abrir investigaciones sobre Open Society Foundations, una red de subvenciones progresistas fundada por el megadonante demócrata George Soros.
Trump ha atribuido la oleada de violencia política que sacude al país e incluye el asesinato del activisita ultraconservador Charlie Kirk o un reciente tiroteo contra una instalación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a la «izquierda radical».
El memorando instruye a los Grupos Conjuntos de Terrorismo (JTTF) y a agencias federales como el Departamento de Justicia o el Departamento del Tesoro a desmantelar redes de financiamiento que apoyen a estos grupos.
Persecución: Fiscalía de Trump demanda a demócratas por padrones electorales
El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ) ha escalado este jueves su pelea por obtener información de las listas electorales al demandar a seis estados, todos dirigidos por demócratas, para que le entreguen los datos a la Casa Blanca.
La División de Derechos Civiles del DOJ anunció demandas federales contra California, Michigan, Minnesota, Nueva York, Nuevo Hampshire y Pensilvania argumentando que no presentaron las listas estatales de votantes cuando se les solicitó.La semana pasada el DOJ presentó una demanda similar contra los estados de Maine y Oregon, también dominados por los demócratas.
Las querellas legales pretenden obligar a los funcionarios electorales de cada estado a proporcionar toda la información de los votantes contenida en sus listas de votantes, incluyendo nombres, fechas de nacimiento, números de licencia de conducir y números parciales de Seguro Social.
La fiscal de EE.UU., Pam Bondi, alega que la falta de esa información le impide determinar si los estados cumplen con los requisitos de mantenimiento de listas establecidos en la ley federal conocida como la Ley de Ayuda a Estados Unidos a Votar.
«Las listas de votantes limpias son la base de unas elecciones libres y justas», dijo Bondi en un comunicado este jueves.
Advirtió que todos los estados tienen la responsabilidad de garantizar que los registros de votantes sean precisos, accesibles y seguros; y que aquellos que no cumplan con el requerimiento serán llevados a los tribunales.
Pero los secretarios de estado estatales han expresado preocupación sobre el uso que se dará a esta información.
Por ejemplo, la secretaria de Estado de California, Shirley N. Weber, planteó dudas sobre la protección de la privacidad de los votantes.
Por su parte, el secretario de Oregón, el demócrata Tobias Read, dijo en un comunicado que si el presidente Donald Trump quiere usar al DOJ “para perseguir a sus oponentes políticos y socavar nuestras elecciones”, lo verá en los tribunales.
Internacionales
Dominicano enfrenta cargos en Estados Unidos por presunto fraude de más de US$166 mil en ayudas sociales
Rodolfo Armando Fernández Guzmán es señalado de utilizar la identidad de un ciudadano estadounidense para acceder a programas de alimentación, servicios médicos y asistencia de vivienda en Massachusetts.
MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS. – Las autoridades federales estadounidenses presentaron cargos contra el dominicano Rodolfo Armando Fernández Guzmán, acusado de apropiarse de la identidad de un ciudadano norteamericano para obtener presuntamente beneficios gubernamentales valorados en US$166,479.25.
De acuerdo con los documentos judiciales divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el acusado habría utilizado información personal ajena para acceder a distintos programas de asistencia social destinados a familias y personas que cumplen determinados requisitos económicos.
Las investigaciones señalan que Fernández Guzmán obtuvo presuntamente beneficios de alimentación, cobertura médica y subsidios de vivienda mediante el uso fraudulento de una identidad estadounidense.
Más de 166 mil dólares en beneficios bajo investigación
Según la acusación federal, los recursos supuestamente obtenidos por el dominicano corresponden a tres programas de asistencia pública:
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US$22,402 del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), destinado a facilitar la adquisición de alimentos.
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US$98,481.25 en beneficios de MassHealth, el sistema de cobertura médica de Massachusetts.
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US$45,596 mediante el programa de asistencia habitacional conocido como Sección 8, que ayuda a familias de bajos ingresos con el pago de alquileres.
El monto total de los beneficios cuestionados asciende a US$166,479.25, según las cantidades detalladas por las autoridades federales.
También habría conseguido documentos oficiales con identidad ajena
La investigación establece que Fernández Guzmán presuntamente empleó los datos personales de la víctima para tramitar documentos de identificación en dos estados norteamericanos.
Entre los documentos mencionados figuran dos tarjetas estatales de identificación, un permiso provisional para conducir y tres licencias de conducir emitidas en Massachusetts y Arizona.
Las autoridades consideran que estas actuaciones formarían parte de un esquema de suplantación de identidad que permitió al acusado realizar diversos trámites utilizando información personal que no le pertenecía.
El expediente también recoge que Fernández Guzmán habría sido condenado anteriormente por dos delitos graves en Arizona y que las sentencias de prisión fueron registradas bajo la identidad del ciudadano afectado.
Este último señalamiento también forma parte de las alegaciones presentadas por las autoridades y deberá ser valorado conforme a las pruebas correspondientes.
Caso forma parte de ofensiva federal contra fraudes sociales
El proceso contra el dominicano está incluido en una operación de alcance nacional desarrollada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Agricultura (USDA) y su Oficina del Inspector General.
La iniciativa busca identificar y perseguir presuntos esquemas de fraude relacionados con programas de asistencia económica financiados con fondos públicos.
Según las informaciones oficiales, las actuaciones iniciadas desde septiembre involucran a más de 40 acusados y abarcan posibles pérdidas cercanas a los US$45 millones.
De esa cantidad, aproximadamente US$42 millones corresponden a presuntas irregularidades vinculadas con el programa de asistencia alimentaria SNAP.
Las investigaciones han identificado diferentes modalidades delictivas, entre ellas la utilización de identidades sustraídas, dispositivos destinados a obtener información de tarjetas electrónicas y establecimientos comerciales presuntamente utilizados para desviar fondos públicos.
Autoridades intensifican investigaciones
En el operativo participan distintas dependencias federales encargadas de investigar delitos económicos y proteger los recursos destinados a programas de asistencia social.
Las actuaciones incluyen la colaboración de 13 fiscalías federales y otras autoridades estadounidenses.
El expediente contra Fernández Guzmán se tramita en el Distrito de Massachusetts, donde las autoridades deberán presentar los elementos probatorios que sustenten las imputaciones.
El caso pone de relieve la preocupación de las instituciones estadounidenses por los mecanismos de fraude que pueden afectar programas creados para atender necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda.
Acusado conserva presunción de inocencia
Aunque las autoridades federales han presentado señalamientos sobre el supuesto uso de documentos ajenos y la obtención irregular de beneficios públicos, estas imputaciones todavía deben ser demostradas en el proceso judicial.
La presentación de cargos no constituye una declaración de culpabilidad.
Fernández Guzmán mantiene su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial que establezca su responsabilidad penal.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos y Diario Libre USA, 26 de octubre de 2026.
Washington, Estados Unidos. – La ejecución de Nidal Hasan, condenado a muerte por la masacre ocurrida en la base militar de Fort Hood en 2009, será transmitida en vivo y tendrá carácter público, según informó este jueves un funcionario del Pentágono a la agencia AFP.
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que el procedimiento será difundido en directo y señaló que se ofrecerán más detalles posteriormente. De concretarse, sería el primer fusilamiento ejecutado por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961.
Horas antes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había anunciado que la ejecución se realizaría mediante un pelotón de fusilamiento y que el público tendría la posibilidad de presenciarla.
“Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público”, expresó Hegseth durante una conversación con el influencer y activista conservador Jack Posobiec.
Las declaraciones fueron difundidas en un video compartido en la red social X por varias cuentas oficiales del Departamento de Defensa.
La masacre de Fort Hood
Nidal Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatra del Ejército estadounidense, fue condenado a muerte por el ataque perpetrado en noviembre de 2009 en la instalación militar de Fort Hood, en Texas.
El tiroteo dejó 13 personas muertas y 30 heridas. Doce de las víctimas mortales y 30 de los heridos pertenecían a las Fuerzas Armadas.
Durante el ataque, Hasan fue alcanzado por disparos de una agente de la Policía civil, lo que le provocó una parálisis parcial.
El caso se convirtió en uno de los episodios de violencia más graves registrados en una instalación militar estadounidense y dio lugar a un proceso judicial que culminó con su condena a muerte.
El anuncio sobre la modalidad de ejecución ha generado atención por el carácter público que las autoridades pretenden darle y por el uso de un método que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no emplean para ejecutar a un condenado desde hace más de seis décadas.
Agencia AP
Washington, Estados Unidos.-El presidente Donald Trump afirmó el jueves que no ordenará la reanudación de los ataques militares contra Irán antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.
Trump, mientras hacía campaña por los republicanos esta semana, insinuó que confiaba en que el desenlace de la guerra podría llegar en los días previos o posteriores a las elecciones, y también dejó entrever que seguía abierto a reanudar operaciones militares a gran escala contra Irán.
Durante semanas, Trump ha estado amenazando con que una escalada posterior a las elecciones en la guerra de siete meses de antigüedad sigue siendo una opción viable, pese a sus promesas iniciales a los estadounidenses de una campaña militar que duraría solo unas semanas.
Trump añadió que su equipo ha estado “manteniendo conversaciones productivas con la República Islámica de Irán”.
Estados Unidos e Irán firmaron en junio un acuerdo interino de corta duración, destinado a establecer un alto el fuego de 60 días y un marco para un acuerdo de paz permanente.
Las negociaciones parecían estar estancadas desde que Trump, a finales del mes pasado, rechazó públicamente la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos cumplía ciertas condiciones.
Irán, sin embargo, indicó la semana pasada que había recibido una contrapropuesta de Estados Unidos. Y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, manifestó el jueves queprobablemente habrá una respuesta formal en cuestión de días.
Pero al mismo tiempo, Trump sugirió que tenía sentimientos encontrados sobre poner fin a la guerra en este momento.
“Creo que el acuerdo no es realmente algo que yo quiera hacer, pero ellos están dispuestos a ofrecernos cualquier cosa para que pare”, aseveró el mandatario.
pérdida de los flujos de petróleo
Irán ha perdido su casi control asfixiante sobre los flujos de petróleo a través de la vital vía marítima, con el Comando Central de Estados Unidos escoltando a los petroleros a través del estrecho por la noche con sus sistemas de localización apagados.
Eso, con la ayuda de oleoductos que evitan el estrecho, ha permitido a los países del Golfo Pérsico exportar petróleo a niveles casi anteriores a la guerra.
Pero Irán ha intensificado los ataques contra petroleros que pasan por el estrecho en los últimos días. Y en general, el tráfico marítimo sigue muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra, al igual que los envíos de gas natural licuado y productos combustibles.
Los operadores de petroleros dispuestos a arriesgarse a pasar por el peligroso trayecto bajo la protección del Comando Central están en algunos casos cobrando tarifas de 1 millón de dólares al día o más, según analistas del transporte marítimo.
La situación se ha complicado aún más, ya que Arabia Saudí y el gobierno de Yemen han lanzado una campaña militar destinada a expulsar del estrecho de Bab el-Mandeb, otra ruta comercial crítica de Oriente Medio para el petróleo y otros bienes, a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Los hutíes, a su vez, están atacando aeropuertos saudíes e infraestructura clave en el reino con ataques de drones y misiles.
La publicación de Trump se produce mientras el ejército ha enviado más recursos a la región. Funcionarios de Estados Unidos han dicho que el portaaviones USS Theodore Roosevelt y sus buques escolta podrían llegar tan pronto como a finales de octubre.
El anuncio de Trump se hizo el mismo día en que el USS Abraham Lincoln debía llegar a su puerto base en San Diego tras un despliegue de duración récord en apoyo de la guerra contra Irán. Ha habido reportes de estrés entre la tripulación y de mala salud mental, así como de escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene.
El USS George Washington, que normalmente tiene su base en Asia, relevó al Lincoln en agosto. El otro portaaviones en Oriente Medio, el USS George H.W. Bush, ha estado desplegado durante unos seis meses, pero hizo escala en Phuket, Tailandia, para una visita al puerto hace varios días.