Internacionales
Trump recurrirá a estado de emergencia y al ejército para deportar migrantes
Washington, Estados Unidos.-Donald Trump prevé declarar el estado de emergencia nacional y recurrir al ejército para llevar a cabo una deportación masiva de migrantes cuando asuma la presidencia de Estados Unidos en enero, una de las principales promesas de su campaña.
El magnate republicano de 78 años califica de «invasión» la entrada de migrantes sin visa por la frontera con México.
Los acusaciones de envenenar «la sangre» e «infectar» Estados Unidos, de comer mascotas, de ser «asesinos» y «salvajes», entre otros calificativos despectivos extremos.
«Buenas noticias: según algunos informes, la próxima administración de Donald Trump está preparada para declarar el estado de emergencia nacional y utilizar recursos militares para luchar contra la invasión (permitida por el presidente Joe) Biden a través de un programa de expulsiones masivas», escribió Tom Fitton, director de la organización conservadora Judicial Watch, en la plataforma Truth Social del republicano.
El magnate respondió al mensaje con un «¡Es verdad!».
La guardia nacional es un cuerpo militar bajo el mando del gobernador de cada estado que puede ser convocado para la protección del país en caso de conflicto o desastre.
En abril Trump declaró que esta fuerza «debería ser capaz» de hacerse cargo de las deportaciones.
«Si no es así, utilizaría el ejército», es decir, las tropas federales, declaró a Time.
La deportación de migrantes no es nada nuevo en Estados Unidos.
Según un informe del Instituto de Políticas Migratorias (MPI), con sede en Washington, la administración de Biden llevó a cabo más expulsiones de migrantes en situación irregular que la de Trump en el primer mandato.
«Combinando deportaciones con expulsiones y otras acciones para bloquear la entrada de migrantes sin permiso a Estados Unidos, las casi 4,4 millones de repatriaciones del gobierno de Biden son ya más que cualquier mandato presidencial desde el gobierno de (el republicano) George W. Bush», que alcanzó los 5 millones en su segundo mandato, señaló a finales de junio ese instituto.
El republicano tiene previsto llegar mucho más lejos y, aunque se desconocen los detalles de sus planos, ha dado pinceladas.
Mano dura
Promete invocar la ley de enemigos extranjeros de 1798, sellar la frontera con México, retomar la construcción del muro fronterizo y contratar 10.000 agentes.
Intentará resucitar el programa Quédate en México, para que los migrantes esperen el desenlace del proceso migratorio del otro lado de la frontera, prohibir las ciudades santuario, que los protegidos de la expulsión, y suprimirles «todos los beneficios federales y de asistencia social».
Además quiere poner fin o limitar otras vías legales de entrada como un amparo migratorio que les otorga permiso de residencia y trabajo (Estatus de Protección Temporal, TPS) o la posibilidad de solicitar cita a través de una aplicación de teléfono móvil o mediante trámites en los países por los que pasan.
Como consecuencia las asociaciones de defensa de los derechos humanos están preocupadas por la suerte que pueden correr los más de 11 millones de migrantes en situación irregular en Estados Unidos.
Muchos economistas también han advertido del costo exorbitante de una deportación masiva y su impacto en la economía estadounidense, que ya sufre una escasez de mano de obra.
Un estudio publicado en octubre por la oenegé American Immigration Council evalúa el costo global en 88.000 millones de dólares por año, es decir, 967.900 millones en más de una década.
Tres halcones
Desde su victoria contundente en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, Trump ha dado pasos encaminados a cumplir sus promesas sobre migración.
Se apresuró a nombrar a Tom Homan como «zar de la frontera». No detalló en qué consistirá el trabajo de este antiguo director de la agencia encargada del control de la inmigración (ICE) pero el nombre del cargo habla por sí solo.
Homan es partidario de mano dura en materia migratoria y supervisado durante el primer mandato de Trump una política que trataba como delincuentes a los migrantes que intentaban entrar ilegalmente en territorio estadounidense, con lo que perdían la custodia de sus hijos.
El presidente electo nombró a otros dos halcones: Kristi Noem a la cabeza del departamento de Seguridad Interior, encargada de la protección de aduanas y fronteras y de la gestión de la migración, y Mike Waltz como asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Pero los aviones de Trump podrían tropezar con los tribunales.
No sería la primera vez. Durante su primer mandato quiso poner fin al programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege a los migrantes que llegaron de niños a Estados Unidos. Los tribunales se lo impidieron.
Internacionales
Dominicano enfrenta cargos en Estados Unidos por presunto fraude de más de US$166 mil en ayudas sociales
Rodolfo Armando Fernández Guzmán es señalado de utilizar la identidad de un ciudadano estadounidense para acceder a programas de alimentación, servicios médicos y asistencia de vivienda en Massachusetts.
MASSACHUSETTS, ESTADOS UNIDOS. – Las autoridades federales estadounidenses presentaron cargos contra el dominicano Rodolfo Armando Fernández Guzmán, acusado de apropiarse de la identidad de un ciudadano norteamericano para obtener presuntamente beneficios gubernamentales valorados en US$166,479.25.
De acuerdo con los documentos judiciales divulgados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el acusado habría utilizado información personal ajena para acceder a distintos programas de asistencia social destinados a familias y personas que cumplen determinados requisitos económicos.
Las investigaciones señalan que Fernández Guzmán obtuvo presuntamente beneficios de alimentación, cobertura médica y subsidios de vivienda mediante el uso fraudulento de una identidad estadounidense.
Más de 166 mil dólares en beneficios bajo investigación
Según la acusación federal, los recursos supuestamente obtenidos por el dominicano corresponden a tres programas de asistencia pública:
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US$22,402 del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), destinado a facilitar la adquisición de alimentos.
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US$98,481.25 en beneficios de MassHealth, el sistema de cobertura médica de Massachusetts.
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US$45,596 mediante el programa de asistencia habitacional conocido como Sección 8, que ayuda a familias de bajos ingresos con el pago de alquileres.
El monto total de los beneficios cuestionados asciende a US$166,479.25, según las cantidades detalladas por las autoridades federales.
También habría conseguido documentos oficiales con identidad ajena
La investigación establece que Fernández Guzmán presuntamente empleó los datos personales de la víctima para tramitar documentos de identificación en dos estados norteamericanos.
Entre los documentos mencionados figuran dos tarjetas estatales de identificación, un permiso provisional para conducir y tres licencias de conducir emitidas en Massachusetts y Arizona.
Las autoridades consideran que estas actuaciones formarían parte de un esquema de suplantación de identidad que permitió al acusado realizar diversos trámites utilizando información personal que no le pertenecía.
El expediente también recoge que Fernández Guzmán habría sido condenado anteriormente por dos delitos graves en Arizona y que las sentencias de prisión fueron registradas bajo la identidad del ciudadano afectado.
Este último señalamiento también forma parte de las alegaciones presentadas por las autoridades y deberá ser valorado conforme a las pruebas correspondientes.
Caso forma parte de ofensiva federal contra fraudes sociales
El proceso contra el dominicano está incluido en una operación de alcance nacional desarrollada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Agricultura (USDA) y su Oficina del Inspector General.
La iniciativa busca identificar y perseguir presuntos esquemas de fraude relacionados con programas de asistencia económica financiados con fondos públicos.
Según las informaciones oficiales, las actuaciones iniciadas desde septiembre involucran a más de 40 acusados y abarcan posibles pérdidas cercanas a los US$45 millones.
De esa cantidad, aproximadamente US$42 millones corresponden a presuntas irregularidades vinculadas con el programa de asistencia alimentaria SNAP.
Las investigaciones han identificado diferentes modalidades delictivas, entre ellas la utilización de identidades sustraídas, dispositivos destinados a obtener información de tarjetas electrónicas y establecimientos comerciales presuntamente utilizados para desviar fondos públicos.
Autoridades intensifican investigaciones
En el operativo participan distintas dependencias federales encargadas de investigar delitos económicos y proteger los recursos destinados a programas de asistencia social.
Las actuaciones incluyen la colaboración de 13 fiscalías federales y otras autoridades estadounidenses.
El expediente contra Fernández Guzmán se tramita en el Distrito de Massachusetts, donde las autoridades deberán presentar los elementos probatorios que sustenten las imputaciones.
El caso pone de relieve la preocupación de las instituciones estadounidenses por los mecanismos de fraude que pueden afectar programas creados para atender necesidades básicas de alimentación, salud y vivienda.
Acusado conserva presunción de inocencia
Aunque las autoridades federales han presentado señalamientos sobre el supuesto uso de documentos ajenos y la obtención irregular de beneficios públicos, estas imputaciones todavía deben ser demostradas en el proceso judicial.
La presentación de cargos no constituye una declaración de culpabilidad.
Fernández Guzmán mantiene su derecho a la defensa y a la presunción de inocencia mientras no exista una decisión judicial que establezca su responsabilidad penal.
Fuente: Departamento de Justicia de Estados Unidos y Diario Libre USA, 26 de octubre de 2026.
Washington, Estados Unidos. – La ejecución de Nidal Hasan, condenado a muerte por la masacre ocurrida en la base militar de Fort Hood en 2009, será transmitida en vivo y tendrá carácter público, según informó este jueves un funcionario del Pentágono a la agencia AFP.
El funcionario, que habló bajo condición de anonimato, confirmó que el procedimiento será difundido en directo y señaló que se ofrecerán más detalles posteriormente. De concretarse, sería el primer fusilamiento ejecutado por las Fuerzas Armadas estadounidenses desde 1961.
Horas antes, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, había anunciado que la ejecución se realizaría mediante un pelotón de fusilamiento y que el público tendría la posibilidad de presenciarla.
“Será ejecutado por un pelotón de fusilamiento, como debe ser, y nos aseguraremos de que la gente pueda presenciarlo, que sea público”, expresó Hegseth durante una conversación con el influencer y activista conservador Jack Posobiec.
Las declaraciones fueron difundidas en un video compartido en la red social X por varias cuentas oficiales del Departamento de Defensa.
La masacre de Fort Hood
Nidal Hasan, quien se desempeñaba como psiquiatra del Ejército estadounidense, fue condenado a muerte por el ataque perpetrado en noviembre de 2009 en la instalación militar de Fort Hood, en Texas.
El tiroteo dejó 13 personas muertas y 30 heridas. Doce de las víctimas mortales y 30 de los heridos pertenecían a las Fuerzas Armadas.
Durante el ataque, Hasan fue alcanzado por disparos de una agente de la Policía civil, lo que le provocó una parálisis parcial.
El caso se convirtió en uno de los episodios de violencia más graves registrados en una instalación militar estadounidense y dio lugar a un proceso judicial que culminó con su condena a muerte.
El anuncio sobre la modalidad de ejecución ha generado atención por el carácter público que las autoridades pretenden darle y por el uso de un método que las Fuerzas Armadas de Estados Unidos no emplean para ejecutar a un condenado desde hace más de seis décadas.
Agencia AP
Washington, Estados Unidos.-El presidente Donald Trump afirmó el jueves que no ordenará la reanudación de los ataques militares contra Irán antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato del 3 de noviembre en Estados Unidos.
Trump, mientras hacía campaña por los republicanos esta semana, insinuó que confiaba en que el desenlace de la guerra podría llegar en los días previos o posteriores a las elecciones, y también dejó entrever que seguía abierto a reanudar operaciones militares a gran escala contra Irán.
Durante semanas, Trump ha estado amenazando con que una escalada posterior a las elecciones en la guerra de siete meses de antigüedad sigue siendo una opción viable, pese a sus promesas iniciales a los estadounidenses de una campaña militar que duraría solo unas semanas.
Trump añadió que su equipo ha estado “manteniendo conversaciones productivas con la República Islámica de Irán”.
Estados Unidos e Irán firmaron en junio un acuerdo interino de corta duración, destinado a establecer un alto el fuego de 60 días y un marco para un acuerdo de paz permanente.
Las negociaciones parecían estar estancadas desde que Trump, a finales del mes pasado, rechazó públicamente la propuesta de Irán de reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días si Estados Unidos cumplía ciertas condiciones.
Irán, sin embargo, indicó la semana pasada que había recibido una contrapropuesta de Estados Unidos. Y el ministro de Exteriores, Abbas Araghchi, manifestó el jueves queprobablemente habrá una respuesta formal en cuestión de días.
Pero al mismo tiempo, Trump sugirió que tenía sentimientos encontrados sobre poner fin a la guerra en este momento.
“Creo que el acuerdo no es realmente algo que yo quiera hacer, pero ellos están dispuestos a ofrecernos cualquier cosa para que pare”, aseveró el mandatario.
pérdida de los flujos de petróleo
Irán ha perdido su casi control asfixiante sobre los flujos de petróleo a través de la vital vía marítima, con el Comando Central de Estados Unidos escoltando a los petroleros a través del estrecho por la noche con sus sistemas de localización apagados.
Eso, con la ayuda de oleoductos que evitan el estrecho, ha permitido a los países del Golfo Pérsico exportar petróleo a niveles casi anteriores a la guerra.
Pero Irán ha intensificado los ataques contra petroleros que pasan por el estrecho en los últimos días. Y en general, el tráfico marítimo sigue muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra, al igual que los envíos de gas natural licuado y productos combustibles.
Los operadores de petroleros dispuestos a arriesgarse a pasar por el peligroso trayecto bajo la protección del Comando Central están en algunos casos cobrando tarifas de 1 millón de dólares al día o más, según analistas del transporte marítimo.
La situación se ha complicado aún más, ya que Arabia Saudí y el gobierno de Yemen han lanzado una campaña militar destinada a expulsar del estrecho de Bab el-Mandeb, otra ruta comercial crítica de Oriente Medio para el petróleo y otros bienes, a los rebeldes hutíes respaldados por Irán. Los hutíes, a su vez, están atacando aeropuertos saudíes e infraestructura clave en el reino con ataques de drones y misiles.
La publicación de Trump se produce mientras el ejército ha enviado más recursos a la región. Funcionarios de Estados Unidos han dicho que el portaaviones USS Theodore Roosevelt y sus buques escolta podrían llegar tan pronto como a finales de octubre.
El anuncio de Trump se hizo el mismo día en que el USS Abraham Lincoln debía llegar a su puerto base en San Diego tras un despliegue de duración récord en apoyo de la guerra contra Irán. Ha habido reportes de estrés entre la tripulación y de mala salud mental, así como de escasez de suministros, incluidos alimentos y productos de higiene.
El USS George Washington, que normalmente tiene su base en Asia, relevó al Lincoln en agosto. El otro portaaviones en Oriente Medio, el USS George H.W. Bush, ha estado desplegado durante unos seis meses, pero hizo escala en Phuket, Tailandia, para una visita al puerto hace varios días.