Internacionales
Trump se asoma a segundo «impeachment», un mes después de asalto al Capitolio
Washington, Estados Unidos.-Cuando se cumple un mes del asalto al Capitolio de EE.UU. por parte de una turba de seguidores del ahora expresidente Donald Trump, el país se prepara para el inicio la próxima semana del segundo juicio político al exmandatario, acusado de «incitar a la insurrección» y que podría acabar inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos.Solo han pasado 30 días y el escenario político en EE.UU. no es el mismo que el de aquella fatídica jornada, en la que cinco personas murieron en el asalto a la sede del Congreso federal, entre ellas un policía.
Trump está ya fuera de la Casa Blanca, recluido en su club de golf de Mar-a-Lago (Florida) y aislado para comunicarse con el gran público por el veto que le impusieron las principales redes sociales tras esos sucesos.
WASHINGTON, UN REMANSO DE PAZ SIN TRUMP
La mansión presidencial está ahora ocupada por un demócrata, Joe Biden, quien a golpe de orden ejecutiva ha revocado este mes muchas de las medidas adoptadas por su antecesor, desde la retirada de EE.UU. de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Acuerdo Climático de París, hasta la suspensión de la construcción del muro con México o la paralización del apoyo de Washington a la ofensiva en Yemen, entre otros.
Y las dos cámaras del Congreso están ahora en manos de los demócratas, al perder los republicanos el control del Senado.
Tras la crispación de los últimos días de Trump en el poder, cuyo punto culminante fue el asalto al Capitolio mientras los legisladores estaban reunidos para refrendar la victoria de Biden en las elecciones de noviembre pasado, Washington parece actualmente un remanso de paz.
Lejos queda el discurso de Trump del 6 de enero, cuando instó a sus partidarios a que marcharan hacia el Capitolio, conforme reiteraba sus acusaciones sin pruebas de que hubo fraude electoral en los comicios presidenciales, y pedía infructuosamente a su vicepresidente, Mike Pence, quien dirigía la sesión en el Congreso para certificar el triunfo de Biden, que interviniera para rechazar los resultados de la votación.
Poco después, cientos de sus seguidores irrumpían por la fuerza en el recinto legislativo hasta que fueron repelidos por las fuerzas de seguridad.
UN DISCURSO, COMO BASE PARA LA ACUSACIÓN
En su escrito de acusación para el juicio político, los legisladores demócratas sostienen que «Trump hizo declaraciones voluntariamente que alentaron y previsiblemente resultaron en acciones ilegales en el Capitolio, como ‘si no luchan como si no les fuera la vida, no van a tener un país por más».
Trump ha negado que sus palabras fueran inapropiadas y ha calificado los esfuerzos de los progresistas para llevarlo a un «impeachment», como se llama en inglés al proceso de destitución, de «caza de brujas».
El comienzo del juicio en el Senado se aproxima, pero poco se sabe de cómo transcurrirá, aunque si hay algo que se sabe a ciencia a cierta es que Trump no quiere testificar, como así desean los «fiscales» del proceso, que serán nueve legisladores demócratas de la Cámara Baja, encabezados por el congresista Jamie Raskin.
Ya lo anunció hace dos días el portavoz del exmandatario, Jason Miller, en una declaración difundida por el diario The Washington Post: «El presidente no testificará en un procedimiento inconstitucional», afirmó Miller.
De esta manera respondió a la petición hecha por Raskin en una carta enviada a los abogados de Trump, en la que solicitaba que el exmandatario ofreciera su testimonio bajo juramento antes o durante el juicio político, debido al desacuerdo de su defensa con las alegaciones expuestas por los demócratas en el caso.
Este será el segundo «impeachment» contra Trump, el primer presidente del país en ser sometido a dos procesos de este tipo y quien salió airoso del primero a comienzos de 2020 por sus presiones a Ucrania para que investigara a Hunter Biden, hijo de Biden, por supuesta corrupción.
MÁS DE 200 DETENIDOS Y 400 INVESTIGACIONES EN MARCHA
En paralelo a los preparativos para el juicio político, las investigaciones por parte de las autoridades judiciales sobre los sucesos en el Capitolio prosiguen y dejan ya más de dos centenares de arrestos.
De acuerdo a datos de la cadena de televisión CBS, los fiscales federales han presentado cargos contra al menos 205 personas -24 mujeres y el resto hombres- por su supuesto papel en esos disturbios y han abierto unas 400 investigaciones por posibles delitos.
En enero, el fiscal general saliente del país, Michael Sherwin, aseguró que el alcance y la escala de las pesquisas en esos casos «no tienen realmente precedentes, no solo en la historia del FBI, sino probablemente en la historia del Departamento de Justicia».
Según la CBS, que citó a fuentes del FBI, de esos arrestados, al menos 40 fueron detenidos por agredir a efectivos de seguridad y podrían enfrentarse a penas de uno a veinte años de prisión.
Los sospechosos provenían de 40 estados del país, como Texas, Nueva York, Florida, Pensilvania, California, Nueva Jersey y Virginia.
Asimismo, entre los detenidos hay 16 militares veteranos y 2 soldados reservistas, así como 4 agentes de los cuerpos de seguridad, que han salido de sus puestos de trabajo desde el asalto al Capitolio.
Las autoridades han detectado que al menos 25 sospechosos tienen vínculos con grupos extremistas de extrema derecha, como los Proud Boys, Oath Keepers, Three Percenters y Texas Freedom Force, y con la organización conspiratoria QAnon.
Por EFE
WASHINGTON.- Los indultos al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y al congresista Henry Cuéllar son los dos últimos añadidos a la larga lista de polémicos indultos presidenciales de Donald Trump en el último año y que han puesto en tela de juicio el uso de esos perdones por razones de afinidad política o por la falta de coherencia en su campaña contra las drogas.
Según un análisis publicado este lunes por el Washington Post, el mandatario ha concedido clemencia a al menos 10 personas por delitos relacionados con las drogas desde el inicio de su segundo mandato, como al líder de una pandilla de Chicago Larry Hoover y al capo de la droga de Baltimore Garnett Smith.
Juan Orlando Hernández
El caso más reciente es el indulto total al expresidente hondureño, condenado a 45 años de cárcel por cargos de narcotráfico, con el argumento de que su procesamiento había sido una «trampa» de la administración del expresidente Joe Biden.
Críticos han cargado contra Trump por considerar «hipócrita» la liberación de una persona acusada de narcotráfico mientras eleva la presión en Latinoamérica con sus acciones contra las supuestas narcolanchas vinculadas al Tren de Aragua o al Cartel de los Soles.
Ross Ulbricht
El creador del mercado web ilegal Silk Road, Ross Ulbricht, había sido condenado a cadena perpetua en 2015 con cargos de narcotráfico, conspiración y fraude informático. A su regreso a la Casa Blanca, el republicano le concedió el indulto.
Liz Oyer, abogada de indultos bajo la Administración de Trump antes de que él la despidiera, aseguró al Washington Post que estos dos casos son una muestra de «la erosión de un sistema donde cada vez pesan más el dinero y la influencia política».
Pero en esta lista de nombres no solo se encuentran condenados por tráfico de drogas.
Henry Cuéllar
La supuesta persecución política de Biden también fue el motivo que el mandatario alegó para indultar la pasada semana al congresista demócrata de Texas Henry Cuéllar, acusado en mayo de 2024 de aceptar 600,000 dólares en sobornos de un banco mexicano.
Cuéllar, miembro del Congreso por el partido demócrata desde 2005, cargó abiertamente contra la política migratoria de Biden y se alineó con posturas más cercanas a las que ahora defiende Trump.
George Santos
En octubre pasado, el presidente conmutó la sentencia del excongresista republicano de Nueva York George Santos, condenado a más de siete años de prisión por fraude y robo de identidad agravado por el mal uso de fondos de campaña para disfrute personal.
Trump describió a Santos como alguien que suele ser «un poco pícaro» pero dijo que hay muchos pícaros en el país y que no por ello están obligados a pasar siete años en la cárcel. Santos es conocido por sus comentarios polémicos sobre corrupción y migración y acumula diversas denuncias en su carrera.
David Gentile
David Gentile, director ejecutivo de una empresa de capital privado condenado a siete años de cárcel por fraude de valores, acababa de entrar en prisión cuando también recibió la clemencia de la Casa Blanca.
El expropietario de GPB Capital Holdings fue sentenciado por estafar alrededor de 1,600 millones de dólares a más de 10,000 inversores.
Changpeng Zhao
Trump indultó el pasado 23 de octubre al cofundador de la plataforma de criptomonedas Binance Changpeng Zhao, condenado por blanqueo de dinero.
El caso tuvo especial relevancia ya que, desde el regreso del neoyorquino a la Casa Blanca, Binance se ha convertido en un importante apoyo para la empresa de criptomonedas World Liberty Financial, fundada por la familia de Trump.
Participantes en el ataque al Capitolio de 2021
El primer día de su segundo mandato, el 20 de enero de 2025, Trump indultó a todos los condenados o pendientes de sentencia por el asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, incluidos aquellos acusados de sedición.
A estos polémicos indultos se suman casos como el de Joseph Shwartz, un magnate estadounidense condenado por fraude que, según informó el Washington Post, llegaría a pagar cerca de 1 millón de dólares a un lobby con la esperanza de obtener clemencia. La Casa Blanca le concedió el indulto, pero negó lazos con estos grupos de interés.
En manos del presidente, los perdones presidenciales, alrededor de 1,600 en 2025, se han convertido en una especie de termómetro del poder y, para muchos críticos, una práctica de «pago por clemencia» que sigue sumando nombres a la lista.
Londres (EFE).- América Latina tenderá a reforzar sus vínculos con China, ya consolidada como principal inversor de Sudamérica, si el Gobierno estadounidense de Donald Trump insiste en una política «punitiva» y sin incentivos para la región, declaró este martes a EFE Daniel Linsker, directivo de la consultora Control Risks.
Linsker evaluó el impacto del «meteorito Trump» en la presentación en Londres del informe ‘LatAm Outlook 2026’ del centro de estudios británico Canning House, que analiza los desafíos y oportunidades para el subcontinente.
El analista explicó que la nueva Estrategia de Seguridad Nacional de Washington vuelve a colocar al «hemisferio oeste», o América, en el centro, pero no desde la cooperación sino desde la presión: sanciones, designación de carteles como terroristas y la exigencia de definir una política sobre China.
«Si EE.UU. no ofrece algo positivo, la región simplemente seguirá donde ya está: con China», afirmó.
El ‘shock’ de un ataque a Venezuela
El experto advirtió además de que un eventual uso de ataques aéreos selectivos contra Venezuela para desestabilizar el régimen de Nicolás Maduro tendría un impacto psicológico y político «muy fuerte» en toda América Latina.
El informe subraya que el regreso de Trump a la Casa Blanca en enero de 2025 marcó «un cambio significativo» en la política estadounidense hacia América Latina, con un enfoque «más asertivo».
Según el estudio, los líderes latinoamericanos respondieron de distintas maneras, dado que las divisiones internas impidieron una postura unificada.
Oportunidad en la diversificación
Ante las presiones de Trump y la creciente influencia de China, muchas naciones latinoamericanas buscan ahora «diversificar sus relaciones internacionales», con la mira en países del Golfo, India y el sudeste asiático, aunque el potencial para el intercambio comercial, por el tipo de productos, es limitado, indica el documento.
Al mismo tiempo, América Latina, rica en recursos alimentarios y energéticos, atrae inversión de otros países en vías de desarrollo, como Vietnam, lo que «refleja un cambio en la dinámica económica mundial».
Los autores subrayan que la región tiene «potencial para revitalizar su economía», impulsada por la demanda de alimentos y minerales estratégicos, así como por oportunidades vinculadas a la transición energética.
No obstante, el estudio alerta sobre la persistencia de riesgos de seguridad, con violencia organizada y grupos criminales en países como México, Colombia, El Salvador o Ecuador, lo cual, dicen, «dificulta la gobernabilidad y afecta la inversión».
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