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TSA ordena no gravar compras
Sentencia. La pasada semana el tribunal de Jurisdicción Nacional, adoptó esa misma posición, pero de manera provisional.
Los jueces de la Segunda Sala del Tribunal Superior Administrativo (TSA) ordenaron ayer al director general de Aduanas abstenerse de aplicar el cobro de un impuesto a las compras por internet por debajo de los 200 dólares.
El tribunal, presidido por Federico Fernández e integrado por Rafael Ciprián y Mildred Hernández, adoptó la decisión tras acoger un recurso de amparo preventivo presentado por la Fundación Justicia y Transparencia, Alianza Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios, la Cámara Dominicana de Comercio Electrónico y la Asociación Dominicana de Empresas Courrier (ASODEC).
La pasada semana, el tribunal de Jurisdicción Nacional, adoptó esa misma posición, pero de manera provisional hasta tanto se conociera el recurso de amparo preventivo presentado por estas organizaciones que buscaban la anulación de la resolución que ordena el pago de derechos e impuestos aduaneros de mercancías importadas menores de US$200.
En el dispositivo de la sentencia, dada por leída y entregada a las partes envueltas en el proceso por la secretaría del tribunal, también se rechazó la solicitud del pago de un astreinte a favor de los accionantes. Asimismo, el tribunal rechazó un medio de inadmisión planteado por el director general de Aduanas, Fernando Fernández y los intervinientes voluntarios, que fueron la Organización Nacional de Empresas Comerciales y la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo.
También la Asociación Nacional de Importadores, la Unión Nacional de Empresarios, Asociación Nacional de Industriales Textiles, Asociación de Comerciantes de la Avenida Duarte, Asociación de Comerciantes del Centro de Santiago, el Ministerio de Hacienda, al cual se adhirió el procurador General Administrativo.
Igualmente, los jueces en su sentencia, acogieron una solicitud de exclusión del proceso presentada por el entonces presidente del Senado de la República, Reinaldo Pared Pérez. El tribunal alega que se han vulnerado los derechos relativos al debido proceso administrativo que implica la sujeción de la administración pública al ordenamiento jurídico nacional, que debe fundamentarse en el respeto irrestricto a la legalidad.
Aduanas publicó un aviso de circulación nacional donde se comunica que la mercancía importada deben pagar los derechos e impuestos aduaneros que corresponden a partir del 15 de este mes. El director general de Aduanas, Fernando Fernández, acusó a los propietarios de empresas de couriers de canibalizar la categoría B, que dijo en una mala interpretación de un decreto exonera de impuestos las compras por Internet con montos por debajo de US$200.
MEDIDA DE LA DGA HA GENERADO DEBATES
Recientemente, el Ministerio de Hacienda emitió un comunicado conjuntamente con Aduanas e Impuestos Internos sobre la exención del impuesto alas compras realizadas por la internet de menos de US$200, y segén expertos el mismo está en lo correcto en cuanto al fondo, pues todo lo que se importa debe tributar en igualdad de condiciones, pero no tiene la jerarquía para derogar o modificar leyes o decretos.
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Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva dictó el Tribunal de Servicios de Atención Permanente de Santiago contra los siete implicados en la muerte de Deivy Carlos Abreu Quezada, el chofer de camión recolector de desechos sólidos, perseguido y agredido por un grupo de motoristas en el Palacio de Justicia de Santiago.
El Tribunal dispuso el cumplimento de la medida de coerción la cumplan en los centros de Corrección y Rehabilitación (CCR), ubicados en Santiago, La Vega y Moca, siendo estos Rafey Hombres, El Pinito y La Isleta, respectivamente.
Los imputados son Adony Antonio Ureña Ventura, Andrés Monclú González, Carlos Andrés Roa Morán, Miguel García Balbuena, Joanfry Joel Núñez, Juan Carlos Soto Ortiz y Kevin Francisco Metz Cruz.
Tanto los abogados de los imputados, como el defensor legal de la familia de Deivy, expresaron su conformidad con la medida impuesta por el Tribunal, entendiendo que es la adecuada en esta fase inicial de investigación, de acuerdo a los hechos que se le imputan.
“Esta es una etapa iniciaría, en la que el Ministerio Público se prepara para ampliar la acusación, y posteriormente determinar la calificación por personas, porque no todos están en la misma condición”, indicó Russel Aracena, abogado de dos de los imputados en el caso.
Celine Abreu, hermana de la víctima, expresó la conformidad de su familia con la decisión tomada por el juez. “Estamos conformes, vamos a esperar más adelante que se haga la voluntad de Dios, que se haga justicia, que caiga todo el peso de la ley con todo el que tenga que ver”, aseguró.
El Ministerio Público dio la calificación jurídica que define la asociación de malhechores, la premeditación y asesinato, en violación a los artículos 265, 266, 296, 297 y 302 del Código Penal Dominicano para los implicados en este caso.
Santo Domingo, R.D.-El magistrado Raymundo Mejia, juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aseguró este lunes que el Ministerio Público cometió un error durante el peritaje de las pruebas del caso Jet Set.
Mejía realizó esta afirmación durante la audiencia preliminar en contra de los propietarios de la discoteca Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, afirmando que si hay algo que debe cuidarse durante un proceso legal, es la coherencia.
“Si hay una cosa que hay que procurar en la administración de justicia es la coherencia, no importa que la parte esté a favor o en contra, pero el Tribunal tiene que ser coherente”, afirmó.
Mejía hizo esta valoración al aseverar que la Constitución dominicana garantiza el debido proceso, subrayando que cuando cualquier prueba aportada entra en un proceso legal, estos deben ser notificados a la parte contraria, a fin de que estas puedan tener validez bajo el “principio de contradicción”.
“En pocas palabras, no era posible que se hiciese un peritaje sin la contraparte intervenir”, dijo.
También explicó que si a una de las partes se le impide intervenir en el peritaje, pueden solicitar realizar uno en cualquier etapa del proceso.
Afirmó que un tribunal debe examinar el derecho de defensa para garantizar que el proceso legal se lleve de manera correcta, lo que le permite a la defensa de los hermanos Espaillat realizar su peritaje y defenderse de sus acusaciones en igualdad de condiciones.
“De manera constitucional, el juez tiene la obligación de garantizarle el derecho de contradicción y de defensa a todas las partes, como se lo he garantizado a las víctimas desde el primer momento”, expresó.
Las explicaciones del juez se produjeron cuando la defensa de los Espaillat pidió que se esperen los resultados del peritaje que están realizando en la zona cero de la tragedia para presentar su defensa.
El juez rechazó ese pedimento y les dijo que esa se trataba de una sola prueba, y que ellos podían comenzar su defensa con las restantes. Su idea es que pueden incluir ese peritaje como prueba si los resultados les llegan mientras exponen o, en su defecto, podrían utilizarlo en otra fase del proceso.
Mejía recesó para el este viernes la continuación del juicio preliminar que se sigue en contra de Antonio y Maribel Espaillat.
El magistrado informó que debió reajustar el cronograma la referida fecha, a las 9:00 de la mañana, con el fin de garantizar el debido proceso y el derecho a la defensa de los imputados.
Mejía aclaró que la audiencia prevista originalmente para inicios de mayo no podrá efectuarse el día programado debido al asueto correspondiente al Día del Trabajo.
Santo Domingo, R.D.-Gregory Adames, víctima de la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set, ofreció su testimonio en el que expuso presuntas negligencias y la «insensibilidad» de la administración del establecimiento antes del colapso que cobró la vida de 236 personas y más de 180 personas heridas.
Adames, quien era empleado del establecimiento comercial, dijo ante el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional que la tragedia fue una «muerte anunciada» y que la ambición económica se antepuso a la seguridad de los clientes y empleados.
Según el relato de Adames, los problemas estructurales y eléctricos no eran nuevos y que los propietarios del Jet Set, Antonio y Maribel Espaillat, tenían conocimiento de esa situación.
«Desde 2023 había cables provisionales. Los técnicos decían que no se podía abrir, pero él (Antonio) decía que esa semana se abría porque se abría. Prefería resolver con intercambios que invertir en lo que realmente se necesitaba», denunció Adames.
El testimonio detalló una falta de mantenimiento en el techo del local. Adames describió cómo, ante las constantes filtraciones y el desprendimiento de plafones, la solución de la gerencia fue colocar lonas plásticas sobre el techo falso para acumular el agua y vaciarla antes de cada evento, en lugar de reparar la estructura de concreto que ya se estaba desmoronando.
El relato alcanzó su punto más crítico al describir las horas previas al colapso. Adames narró que, tras un incidente con un cliente al que casi le cae un pedazo de techo a las 11:00 p.m., le suplicó a la señora Maribel Espaillat suspender la actividad.
«Doña, usted está pensando en la fiesta que viene, pero lo que nos están advirtiendo puede ser peor» y la respuesta de la propietaria fue que la fecha era «demasiado buena» para cerrar», señaló en sus palabras.
Gregory Adames rechazó que sus declaraciones se deban a envidia o rencor personal, insistiendo en que su motivación es la verdad y el respeto a la memoria de las víctimas, incluidos siete de sus compañeros de trabajo que perdieron la vida.
«Lo que yo escuché ahí dentro no lo vio nadie. Personas llamando, golpeando bajo los escombros… esto no es por envidia, es por la verdad. Aquí hay un pueblo herido porque murieron 230 y pico de personas que pudieron ser cualquiera», concluyó ante el juez en un turno en el que las víctimas tuvieron derecho a la palabra.