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Tribunal respalda decisión de la DGCP sobre suspensión de contrato de Transcore Latam
Fue ratificada por el Tribunal Superior Administrativo de la República Dominicana la resolución emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) que suspendió el contrato adjudicado a Transcore Latam, S.R.L., en el marco de una licitación pública nacional organizada por el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT).
Este fallo, que se produce tras un recurso presentado por la empresa afectada, busca aclarar la legalidad del proceso de suspensión y garantizar la transparencia en el manejo de los contratos públicos.
El 21 de noviembre de 2023, Transcore Latam interpuso un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Superior Administrativo en contra de la DGCP y el INTRANT, impugnando la resolución RIC-156-2023.
Esta resolución suspendió el contrato No. DJ-CBS-009-2023, el cual se firmo en el contexto de la Licitación Pública Nacional No. INTRANT-CCC-LPN-2023-0001.
Según la empresa, la suspensión se tomo sin un respaldo legal adecuado, y argumenta que se vulneraron sus derechos constitucionales.
Por su parte, la DGCP defendió su decisión, alegando que la suspensión estaba justificada bajo la normativa vigente, específicamente la Ley No. 340-06 sobre Contrataciones Públicas.
Esta ley otorga a la DGCP la facultad de tomar medidas cautelares cuando existen dudas sobre la legalidad de un contrato público.
El origen de la suspensión del contrato está relacionado con una serie de denuncias presentadas por otras empresas, como ESC Group, S.R.L., y otras firmas competidoras, que señalaron presuntas irregularidades en el proceso de licitación.
Entre las acusaciones se incluyen la apropiación indebida de documentos, la falsificación de información y la alteración de resultados.
La DGCP, en su calidad de autoridad rectora en los procesos de compras públicas, adoptó medidas precautorias para evitar que dichos posibles vicios afectaran el interés general del Estado.
El Tribunal Superior Administrativo emitió un fallo que valida la medida provisional de suspensión del contrato, lo que permite que las investigaciones sobre las irregularidades continúen.
La decisión del tribunal se basa en que la DGCP actuó dentro de sus competencias y conforme a la ley, garantizando que todas las partes pudieran presentar sus alegatos y defenderse de las acusaciones en su contra.
La resolución de la corte subraya que la medida adoptada no implica una decisión final sobre la legalidad del contrato, sino que se trata de una suspensión temporal hasta que se aclaren las denuncias.
Irregularidades en el contrato de Transcore Latam
Las investigaciones del Ministerio Público señalaron que hubo varios elementos que cuestionan la transparencia del proceso de adjudicación del contrato con Transcore Latam.
Se identificó que Atilano Díaz Warden, excoordinador de despacho y representante de Hugo Beras ante el Comité de Compras, habría influido en la modificación de los pliegos de condiciones de manera extemporánea.
Esto habría dificultado una evaluación técnica adecuada y propiciado la selección de una oferta con posibles irregularidades.
Además de Hugo Beras, Gómez Canaán y otros funcionarios mencionados en el proceso, se encuentran imputados por su presunta implicación en la corrupción administrativa y el desfalco de fondos públicos.
La investigación ha extendido sus alcances, involucrando a varios otros personajes clave del Intrant, como Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de tecnología, y Pedro Vinicio Padovani, exencargado del Centro de Control de Tráfico.
En libertad a pesar de todo
El 11 de noviembre, después de cumplir un mes y diez días en prisión preventiva, Hugo Beras, exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Jochi Gómez y Pedro Padovanni los liberaron con condiciones que establecen una garantía económica, la prohibición de salir del país y la obligación de los implicados de presentarse regularmente ante las autoridades..
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Detalles de cómo la PGR siguió al fiscal Aurelio Valdez hasta comprobar entrega de dinero en sobornos
Santo Domingo, R.D.-La solicitud de medida de coerción en contra del fiscal Aurelio Valdez Alcántara narra el proceso de investigación y seguimiento que le hizo el Ministerio Público por supuestamente recibir 10 mil dólares en una entrega controlada.
“En este lugar Roberto Canaán abordó el vehículo del imputado Aurelio Valdez Alcántara, quien utilizó información privilegiada sobre sus vehículos personales y propiedades para establecer una posición de dominio”, dice la solicitud.
La suma inicial fijada por Valdez Alcántara, según el Ministerio Público, fue de 200 mil dólares, “suma que redujo” a 150 mil, además de que “mostró interés en un reloj Rolex y exigió la entrega de un vehículo de lujo, específicamente un Mercedes Benz 350 o 450 negra”.
Además, el fiscal “rechazó opciones más económicas, como una guagua Volvo o Mazda, insistiendo en el modelo de alta gama solicitado”.
El día 25 de marzo, la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, solicitó la designación de un juez para la investigación en este caso. El 27, la magistrada Ysis Muñiz, quien fue la jueza designada, autorizó al Ministerio Público a investigar la entrega vigilada de dinero.
El día 27, en horas de la tarde, Aurelio Valdez contactó a Roberto Canaán para que se reunieran en la Plaza Comercial Bella Vista Mall, en el área de parqueos del cuarto piso, con la “intención de realizar el pago de soborno exigido”.
Como seguimiento en el caso, “para cubrir y documentar la entrega” del dinero, el Ministerio Público conformó un equipo integrado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones, auxiliado por varios agentes policiales, y acompañados por el fiscal Andrés Octavio Mena.
Estos se trasladaron a la plaza antes citada, también en el cuarto piso, y desde ahí observaron el vehículo Honda CRV, color crema, propiedad del fiscal Aurelio Valdez.
Miraron que Roberto Canaán abordó el carro del fiscal y permaneció por aproximadamente cinco minutos en el interior e hizo la entrega del dinero.
Los policías le ordenaron detener el vehículo y, tras esto, le solicitaron acompañarlos a la Procuraduría General de la República en su vehículo con los agentes.
Cuando se encontraban en el área de parqueos del sótano de la Procuraduría General y en presencia del fiscal Andrés Octavio Mena Marte, procedieron a requisar el interior y preguntarle si tenía algo en su interior, a lo que este indicó que solo tenía un arma de fuego y una tableta tipo computadora de la Procuraduría General de la República.
“En la requisa, con la presencia del imputado Aurelio Valdez Alcántara, específicamente en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del Sunroof, fueron ocupados la cantidad de 100 billetes de cien dólares americanos, para un total de diez mil dólares (US$10,000.00) en efectivo”, dice la solicitud de medida de coerción, que narra todo lo que encontraron en el vehículo, como tarjetas y celular.
El arma del fiscal, de acuerdo al documento, es una pistola marca Bersa, 9 mm. Color negro con corredera plateada, serial 0018MP, con un cargador y trece (13) cápsulas para la misma.
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Fiscal le habría pedido dinero, reloj y auto a Roberto Canaan, testigo de la PGR en el caso Senasa
Santo Domingo, R.D.-El fiscal Aurelio Valdez Alcántara, investigado por pedir soborno, le habría pedido a Roberto Canaán, uno de los principales mencionados en el caso de corrupción del Seguro Nacional de Salud (Senasa), el pago de 200 mil pesos, un rolex y auto Mercedes Benz, según el expediente del Ministerio Público.
En la solicitud de medida de coerción del caso Senasa, Canaan es señalado como el cuarto testigo que usaría el Ministerio Público en el caso.
«Con lo que probamos la estructura orgánica de corrupción, el mecanismo de influencia interna
y el origen ilícito de fondos que caracterizaron la gestión del Dr. Santiago Hazim Albainy. Este testimonio de una persona del círculo interno, aporta una narrativa directa que conecta y da sentido a la evidencia documental previamente.
incorporada», señala el Ministerio Público, como uno de los elementos principales para utilizar a Canaan como testigo en el caso.
Roberto Canaan no figura entre los acusados en el caso Senasa.
El Ministerio Público informó que la investigación que realizan en contra del fiscal arrojó que habría exigido al imputado de Senasa una suma inicial de USD$200,000.
De acuerdo a las informaciones, Valdez Alcántara fue sometido a la justicia tras ser apresado en flagrante delito el viernes.
Según se ha informado, la investigación del caso la dirige directamente la procuradora general de la República, quien garantizó a toda la población “que jamás va a tolerar actos de corrupción en la institución”.
Santo Domingo, R.D.-La audiencia de apelación del juicio contra el pelotero Wander Franco y Martha Vanessa Chevalier fue aplazada nuevamente este lunes.
Franco fue condenado en primera instancia a dos años de prisión suspendida, mientras que Martha Vanessa Chevalier, madre de la menor presuntamente abusada, fue condenada a 10 años de prisión al ser encontrada culpable de explotación sexual y lavado de activos.