Nacionales
TSE plantea dividir las juntas en administrativas y contenciosas
Proponen, además, que miembros sean jueces o profesionales del derecho
SANTO DOMINGO. Los miembros titulares del Tribunal Superior Electoral (TSE) plantearon ayer la separación de las juntas municipales en cámaras administrativas y contenciosas para disminuir los costos de los procesos a los ciudadanos que requieren de estos servicios en medio de las discusiones sobre el proyecto de Ley del Régimen Electoral.
La medida tendría como principal objetivo responder a las quejas de la ciudadanía de lo “costoso” de trasladarse desde algún municipio del país hasta la capital para las rectificaciones de las actas del estado civil, competencia exclusiva del TSE, de acuerdo con lo expuesto por Arístides Victoria Yeb, presidente de la Comisión Bicameral que estudia la iniciativa, luego de reunirse con los representantes de la alta corte.
Yeb explicó que durante la reunión con los legisladores el presidente del TSE, Román Jáquez, junto a Santiago Sosa, Ramón Madera Arias, Rafaelina Peralta y Cristian Perdomo, también jueces de la alta corte, plantearon que las juntas municipales sean divididas en una administrativa, para los procesos electorales y una sala contenciosa que sea unipersonal para los litigios que pudieran surgir de dichos procesos.
Por ello, los miembros del TSE propusieron además que los integrantes de las juntas municipales sean jueces de carrera o profesionales del derecho “para evitar cualquier tipo de sentencia que se aparte de las leyes de la República Dominicana”.
En el proyecto de ley del Régimen Electoral sometido por la Junta Central Electoral (JCE) se especifica que para ser miembro de una de las juntas municipales, compuestas por un presidente y dos vocales, se requiere: ser mayor de 21 años de edad, saber leer y escribir, estar domiciliado en el municipio y gozar de buena reputación.
Yeb añadió que en la actualidad las juntas electorales son las llamadas a conocer las impugnaciones en primera instancia en materia electoral y el TSE como tribunal de alzada.
El presidente del TSE anunció que en diez días entregarían ante el Congreso un proyecto de modificación a la ley orgánica que crea esa alta corte.
El senador Victoria Yeb relató que algunos de los jueces contaron sus experiencias como miembros de las juntas electorales en el pasado proceso del año 2016, y lamentaron que en muchas mesas y colegios el voto preferencial no se contabilizó por lo que el traslado de ese proceso se hizo en las juntas municipales.
SANTO DOMINGO.- Prisión preventiva solicitó el Ministerio Público a un tribunal como medida de coerción contra un profesor imputado de incurrir en acoso sexual en perjuicio de una estudiante de un centro educativo del Distrito Nacional.
La medida de coerción fue solicitada contra el imputado Inocencio Lebrón Montero, quien se desempeñaba como profesor de matemáticas de la adolescente.
De acuerdo con la investigación, el imputado aprovechó la relación de confianza derivada de su condición de docente para iniciar un acercamiento progresivo hacia la víctima.
El Ministerio Público establece que en ese contexto se produjeron varios encuentros dentro del vehículo del imputado, donde este presuntamente realizó tocamientos indebidos en perjuicio de la adolescente e insistió en sostener relaciones sexuales, a lo que la víctima se negó.
La investigación, también, señala, que el imputado habría reiterado las conductas denunciadas, manteniendo presión emocional sobre la menor de edad.
El imputado fue apresado el pasado 22 de abril, en virtud de una orden de arresto emitida en su contra por la Coordinación de los Juzgados de Instrucción del Distrito Nacional.
Las procuradoras fiscales Adalgisa Tavares y Mariela Ramos, adscritas a la Unidad de Prevención de Violencia de Género y Delitos Sexuales del Distrito Nacional, depositaron la instancia con la solicitud de medida de coerción contra el imputado.
La audiencia fue aplazada por la jueza Lissa Veras, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, para este sábado, 2 de mayo, a solicitud de la defensa, que requirió más tiempo para preparar sus medios de defensa.
El Ministerio Público ha otorgado al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 330 y 333, literal D, del Código Penal Dominicano, así como al artículo 396, literal C, de la Ley 136-03, que crea el Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Nacionales
Con arma blanca niños intentan agredir alumnos en las afueras de escuela primaria de Verón.
Santo Domingo, R.D.-Una gran preocupacion reina en la cumunidad educativa por un video grabado que muestra a varios niños, con edades aparentes de 8 a 12 años, portando un arma blanca en las afueras del centro educativo Pedro Livio Cedeño, ubicado en Verón, provincia La Altagracia, en aparente actitud de tratar de herir a algunos estudiantes.
En las imágenes se observa cómo varios menores se aproximan inicialmente a una niña, estudiante del centro, en actitud agresiva con un cuchillo mohoso en la mano.
Posteriormente, uno de los niños, vestido con bermuda y polocher azul, portando el cuchillo dobla una esquina del centro educativo. Acto seguido, otro menor con un polocher rojo toma el arma blanca y regresa hacia la acera frente al plantel, donde persigue a otro estudiante, quien sale corriendo.
Indicó que el video comenzó a circular ampliamente en redes sociales durante la mañana de este miércoles en Verón, Bávaro y Punta Cana, y que el caso ocurrió la tarde de ayer martes.
Santana señaló que, tras tener conocimiento del hecho, se estableció contacto con la directora del centro, Lucy Cueto, quien informó que los estudiantes involucrados ya fueron identificados. Asimismo, los padres fueron convocados para sostener una reunión y determinar las circunstancias que originaron el incidente.
«Es en el día de hoy cuando se estará investigando el por qué de esta situación», explicó Santana, al tiempo que destacó que, aunque en la zona se han detectado casos de pandillas y bandas en otros centros, principalmente en liceos, este tipo de casos no se había registrado anteriormente en esa escuela, que corresponde al nivel primario.
Sobre las posibles consecuencias, advirtió que se trata de un hecho grave que podría tener implicaciones legales. «Si el menor tiene más de doce años, podría enfrentar hasta dos años de prisión por tratarse de un acto de vandalismo. Si es menor, la responsabilidad recae en los padres», indicó.
En el ámbito educativo, Santana consideró que el hecho constituye una falta «gravísima», lo que podría conllevar sanciones severas, incluyendo la expulsión inmediata del estudiante involucrado.
La ADP aseguró que dará seguimiento al caso para verificar las medidas que adopte el centro educativo y garantizar la seguridad de la comunidad escolar.