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TSE se reserva fallo y Mejía tendrá que someterse a juicio
El jueves, el TSE rechazó un recurso de amparo para suspender la citación.
El TSE rechazó el recurso elevado por Hipólito Mejía y compartes, acusados por la Comisión Nacional de Disciplina del PRD de supuestas faltas graves dentro de ese partido.El expresidente Hipólito Mejía, el presidente en funciones del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), Andrés Bautista; el secretario general, Orlando Jorge Mera y la secretaria de Organización, Geanilda Vásquez, tendrán que someterse, a partir del próximo lunes, al juicio disciplinario ante la Comisión Nacional de Disciplina. El juicio es inminente luego de que el Tribunal Superior Electoral (TSE) rechazara el recurso con el cual los acusados buscaban posponer la citación. El TSE consideró que detener la acción disciplinaria sería una intromisión de la corte en asuntos que no son de su competencia. “Rechaza las medidas cautelares solicitadas por la parte demandante, en razón de que la consecuencia de la suspensión de dichos actos y/o actuaciones constituirían una intromisión de este tribunal en el juicio disciplinario que se le sigue a los demandantes, lo cual no es de la competencia de este tribunal”, establece el fallo del TSE, luego de una audiencia que se prolongó por ocho horas.
De igual forma, el tribunal se reservó el fallo de un recurso de nulidad que interpuso el grupo encabezado por Mejía, que busca anular al menos diez resoluciones que ha aprobado el PRD en distintos procesos.
Igualmente, los jueces pospusieron la lectura de su decisión sobre un incidente que presentaron los abogados Eduardo Jorge Prats y Santiago Rodríguez, que representan al PRD, para que el tribunal no acoja la acción de nulidad debido a que no contiene las firmas de los demandantes ni los abogados presentaron un poder para representarlos.
Piden anular CEN y convención 2010
Los abogados de Mejía y compartes pidieron al TSE que deje sin efecto la segunda fase de la última convención del PRD, debido a que no reunió el quórum reglamentario, según una certificación de la Junta Central Electoral. Igualmente, piden anular la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de ese partido efectuada en junio del 2012, además de las listas con los integrantes de ese organismo y de la Comisión Política que depositó el presidente del PRD, Miguel Vargas, ante la JCE.
También piden anular la elección de Rafael Vásquez (Fiquito) como presidente de la Comisión de Disciplina, supuestamente porque la escogencia fue ilegal. Jorge Prats solicitó al TSE que declare inadmisible el recurso de nulidad respecto a la anulación de la convención del 2010.
Abogados del PRD saludan la decisión
Los abogados del PRD saludaron la decisión del TSE, de rechazar las medidas cautelares incluidas en la demanda de nulidad elevada por Mejía y compartes, dando oportunidad a que esa organización haga valer su normativa disciplinaria en base al cumplimiento de sus estatutos. Consideraron normal la decisión del TSE de reservarse el fallo sobre el fondo de la demanda de nulidad de la Segunda Fase de la XXVII Convención, elevada por los acusados.
Santo Domingo.-Fueron aplazadas las cinco audiencias que estaban pautadas para este jueves en el Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, en las que darían continuidad, de forma separada, al proceso que se sigue contra el imputado Juan Azael y las empresas Smart Logistics SRL, Distribuidora Ropi SRL, Ropalma y Viaros Comercial, que fueron desglosados del caso Medusa.
El juez Amauri Martínez pautó las audiencias para el 6 de junio, debido a que el abogado de la parte querellante no estuvo presente por problemas de salud.
El expediente del imputado Juan Azael fue separado del proceso, tras dejar sin efecto el acuerdo arribado con el imputado, a solicitud de la coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz, debido a que este declaró en el tribunal que había sido extorsionado por el órgano acusador para firmarlo.
En ese sentido, el Ministerio Público pidió al tribunal que el imputado sea enviado a juicio de fondo para que allí responda por los hechos que se le imputa en el entramado de corrupción del caso medusa.
El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional además aplazó, para el miércoles 8 de mayo, la audiencia preliminar que se sigue a la imputada Altagracia Guillen Calzado de manera desglosada, tras ser separado su expediente del caso Medusa, por razones de salud.
La coordinadora de Litigación de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortíz informó que el tribunal pautó la fecha, tomando en cuenta que el proceso que se sigue contra la imputada está avanzado, las partes vertieron conclusiones y tiene que agendarse dentro del plazo de los 10 días.
El expediente de la excoordinadora Administrativa y Financiera de la Procuraduría General, Altagracia Guillen Calzado, fue separado del proceso del caso Medusa tras su defensa técnica presentar un licencia médica de 30 días, razón por la que se conocerá de forma individual para no afectar la continuación del juicio preliminar contra los demás imputados.
Acusación contra imputados del caso Medusa El proceso judicial denominado Medusa, tiene como principal acusado al exprocurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el expediente señala que los imputados integraban una red criminal de corrupción que, según estimaciones, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
Santo Domingo, R.D.-Fue dictado auto de apertura a juicio de fondo por parte del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional contra el hijo de un ex-viceministro de Agricultura y a otro acusado de supuestamente desfalcar esa entidad gubernamental con casi cuatro millones de pesos.
Los que enfrentarán el proceso son Antonio José Paredes Eliozondo y Julio (Julito) Enrique Domínguez Solano, este último vástago del administrativo y financiero de Agricultura, Julio Domínguez Fernández.
El Ministerio Público acusa a Paredes Elizondo de realizarse transferencias fraudulentas, a través del netbanking que estaba asignado al Viceministerio Administrativo y Financiero, para luego entregárselo a Domínguez Solano.
El monto exacto del fraude a Agricultura es de tres millones ochocientos diez mil pesos (3,810,000 pesos).
La Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca) inició la investigación después de recibir una denuncia del Ministerio de Agricultura, presentada por la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, que dirige Milagros Ortiz Bosch.
Acusación
Los implicados enfrentan cargos de coalición de funcionarios, desfalco, usurpación de funciones y asociación de malhechores.
También se les señala por violación a los artículos 5, 6 y 14 de la Ley número 53-07, contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, así como el 66 de la Ley núm. 631-16, para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Santo Domingo, R.D.-Por voluntad propia dos de los cuatro dominicanos arrestados tras ser acusados de operar desde el país una red de estafa contra ancianos de Estados Unidos, decidieron acogerse a la solicitud de extradición de la justicia estadounidense.
La Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) conocía esta jueves la solicitud de extradición para los cuatro hombres que hasta el momento han sido detenidos por el caso que ha sido denominado «estafa de abuelos»: Rafael Ambiorix Rodríguez Guzmán, Félix Samuel Reynoso Ventura, Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez
En ese sentido, los acusados Rodríguez Guzmán y Reynoso Ventura notificaron hoy su decisión de irse voluntariamente a los Estados Unidos a enfrentar los 19 cargos que el Departamento de Justicia les imputa por el robo de millones de dólares a cientos de estadounidenses de avanzada edad.
Mientras que la audiencia sobre la extradición de Juan Rafael Parra Arias y a José Ismael Diloné Rodríguez se aplazó para el próximo jueves 9 de mayo, porque sus abogados dijeron no estar preparados.
Los 11 dominicanos acusados de operar desde el país la red de estafas enfrentarían, de ser encontrados culpables, una pena máxima de 20 años por cada uno de los cargos que el Departamento de Justicia presentó contra ellos en una corte de Nueva Jersey.
Contra el grupo de dominicanos pesan 19 cargos de conspiración de fraude postal y electrónico, fraude electrónico, fraude postal, conspiración para cometer lavado de dinero y lavado de dinero.
Los hombres trabajaban en centros de llamada (call centers) registrados en la República Dominicana desde donde se comunicaban con los ancianos en Estados Unidos haciéndose pasar por familiares y pedirles ayuda económica para resolver alguna situación, por lo regular un accidente automovilístico.
Sus víctimas eran «abuelos» residentes en varios estados, incluidos Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania y Massachusetts.
Al menos siete de ellos siguen prófugos, según informaron las autoridades estadounidense.
El resto de los 16 acusados, cuatro hombres y una mujer que residían en Nueva York, ya están bajo custodia de las autoridades estadounidenses y fueron acusados por conspiración de fraude electrónico como parte del mismo esquema.