Santo Domingo, RD.- Desde marzo cuando se inició la pandemia sugerimos protocolos de “pruebas en el origen”, requerir a los turistas las famosas pruebas negativas del Covid-19 preferiblemente antes de llegar al país, o en la entrada de los aeropuertos. En aquella época, las pruebas eran caras, unos US$40 por prueba, complicadas para obtener las muestras, y la obtención de los resultados era lenta: Las más rápidas (que al principio probaron no ser muy confiables) tomaban de 15 minutos a 24 horas. Hoy todo esto ha cambiado: Las nuevas pruebas cuestan entre US$4 y US$5, y seguirán bajando de precio, las muestras pueden ser la saliva, y toman hasta menos de 5 minutos para dar resultados (algunas ya tratan de imitar las pruebas de alcohol que administra la policía a los conductores).Economía
Turismo: la nueva norma es seguridad y más seguridad
Santo Domingo, RD.- Desde marzo cuando se inició la pandemia sugerimos protocolos de “pruebas en el origen”, requerir a los turistas las famosas pruebas negativas del Covid-19 preferiblemente antes de llegar al país, o en la entrada de los aeropuertos. En aquella época, las pruebas eran caras, unos US$40 por prueba, complicadas para obtener las muestras, y la obtención de los resultados era lenta: Las más rápidas (que al principio probaron no ser muy confiables) tomaban de 15 minutos a 24 horas. Hoy todo esto ha cambiado: Las nuevas pruebas cuestan entre US$4 y US$5, y seguirán bajando de precio, las muestras pueden ser la saliva, y toman hasta menos de 5 minutos para dar resultados (algunas ya tratan de imitar las pruebas de alcohol que administra la policía a los conductores).En Europa ya 18 países tienen este requisito, algunos de ellos no solo en aeropuertos, Alemania las está llevando a cabo a los que entran por ciertas carreteras nacionales y, al haberse facilitado las pruebas, se han creado los llamados “corredores de seguridad”, con pruebas de origen y en los aeropuertos, además de una profunda práctica de protocolos de salud, mediante las cuales zonas específicas dentro de un país (El caso de las Islas Canarias en España, y de Grecia, con Alemania y otros países de los cuales reciben tradicionalmente un gran flujo de turismo) que califican por haber demostrado buen control de la pandemia, garantizando que los turistas no sean sometidos a cuarentena cuando regresan a su país.
Inacción
En mi opinión, con nuestra inacción en esta área, tanto del sector público como privado, hemos dejado pasar una gran oportunidad de diferenciarnos en el mercado; haber marcado estas exigencias bien al principio, incluso cuando era relativamente caro (porque en ese entonces 40 dólares representaban menos del 4% del valor de un paquete turístico, hoy los 4 o 5 dólares no llega al 0.50%), nos hubiera presentado como el “país exigente” pero con una reputación única de “seguridad, seguridad y más seguridad”. Propusimos entonces el “Dominican Gate” para el mercado americano, establecer en 12 aeropuertos una operación de tomar pruebas antes de abordar, para garantizar que todos los viajeros estén libres de virus, con la cooperación de las aerolíneas que, en ese momento, estaban prestas a cooperar como fuera que sus aviones volaran, con flotas muy subutilizadas.
Quizás se pueda retomar esta idea, aunque hoy no tendría el mismo impacto, pero es crítico trabajar y ejecutar reconociendo que el nuevo turismo exige una imagen de “seguridad y más seguridad” para recuperarse; nosotros no la tenemos y es una tarea pendiente para todos, sector público y privado. Quizás nos sentimos muy cómodos; El ministro espera una recuperación del 50% el año que viene, cifra que en mi opinión no refleja la actual realidad, aunque tiene como viceministra la profesional más competente del país manejándole esos temas. Sería importante definir a que corresponde el 50%, ¿será de la capacidad instalada de habitaciones? No parece ser el caso, solo se ha abierto parcialmente, entre un 20% y 40% de la capacidad. La realidad de salud (con nuevos brotes de pandemia), y la económica (de profunda recesión), del origen tradicional del turismo dominicano, han generado que las reservaciones y vuelos esperados para la próxima temporada alta hayan disminuido notablemente, quizás alrededor de un 40% en el mercado americano, aun menos en el Europeo. Más sostenible es un notorio aumento del turismo interno, un éxito que si se ha anotado el Gabinete Turístico con sus facilidades.
Quizás este anuncio del 50% refleja las aspiraciones para el año 2021 entero, con la esperanza de una vacuna temprana, que allanaría una recuperación rápida de la salud; No es así en lo económico, los rebrotes en curso en USA y en los grandes mercados Europeos, proyectan una recuperación lenta, incluso con cambios de hábitos profundos que pueden trazar unas nuevas formas al turismo. Así las cosas, aprovechemos este período para mejorar el sector, garantizando la salud, renovando las infraestructuras intrínsecas del sector, incluyendo los pueblos turísticos y su medio ambiente. Como acertadamente ha anunciado el Presidente, abrir nuevos polos en el Sur, Pedernales y Monte Cristi, que incluyen aeropuertos y carreteras muy costosas, pero que activarán la economía con obras que, aunque toma tiempo construir, serán rentables a largo plazo.
Otra tarea importante es el relanzamiento de nuestra imagen, para lo cual la definición de la “Marca País” es esencial, o la campaña sustituta de “República Dominicana lo tiene todo”, lema exitoso. El Presidente tomó una buena decisión renunciando a la primera selección, y llamó a un concurso público entre creativos para elegir la nueva, pero con rigor y orientación. Sin entrar en temas técnicos, bien manejados por el CEIRD y su directora, la “Marca País” abarca muchas áreas y funciones. En lo que se refiere al turismo, la Marca País tiene subyacente una imagen y un concepto, reflejos del alma nacional. En España, una exitosa Marca País orientada al turismo fue el toro de Osborne, por el profundo arraigo de la fiesta taurina, y su presencia en carreteras por todo el país. En 1983 se instauró como marca de turismo el llamado Sol del gran pintor Miró, con el interés subyacente de promover la cultura como valor de turismo, siendo la primera vez que se utilizó un símbolo abstracto y moderno, para identificar un país. En este sentido, una observación y una sugerencia. La observación, hace unos años hicimos una encuesta informal entre turistas sobre los aspectos positivos y negativos de su estadía. En las respuestas, aparte del “sol y la playa”, lo más preciado fue el “calor humano”, el “cariño” la “amabilidad” y el “respeto” de los dominicanos prestando sus servicios al turista, a todos los niveles desde el mesero, hasta los jefes. Esta cultura de “cariño y amabilidad” es algo prácticamente único del dominicano, es nuestro “profundo
arraigo”, no existe en Puerto Rico, Jamaica, Cuba o México. La sugerencia: En el concurso de “Marca País” y/o a nivel de la nueva campaña de publicidad del turismo, usemos estos valores como indicadores de referencia para la elaboración del logo y del lema, quizás combinados con una muestra esencial de cultura dominicana, tipo el monumento a Montesinos, y con un jingle de merengue, para trasmitir valores culturales más allá del puro ocio y la diversión.
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Santo Domingo, R.D.-El Poder Ejecutivo aprovechó la reformulación del Presupuesto 2026 para redistribuir recursos entre instituciones, solicitar autorización para contratar hasta US$4,354.5 millones en préstamos e introducir cambios que amplían su capacidad de maniobra durante la ejecución del gasto público.
La propuesta de reformulación del Presupuesto General del Estado para 2026, sometida por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional, redistribuye miles de millones de pesos entre instituciones, incluyendo una reducción de 2,000 millones de pesos al Ministerio de Educación. Además, incorpora la autorización para contratar 23 operaciones de crédito público por 4,354.5 millones de pesos y otorga al Ejecutivo nuevas facultades para realizar ajustes presupuestarios.
El proyecto modifica la Ley 99-25, que aprobó el presupuesto vigente, con el argumento de que el desempeño de las recaudaciones permite aumentar en 40,978.3 millones de pesos tanto los ingresos como las apropiaciones de gasto. Como ambos conceptos crecen en la misma proporción, el déficit fiscal previsto para 2026 permanece sin cambios en RD$280,575.2 millones.
- Sin embargo, uno de los aspectos de mayor alcance es la reincorporación del artículo 71 de la Ley 99-25, mediante el cual se autoriza al Ministerio de Hacienda y Economía a concertar 23 operaciones de crédito con organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial, la CAF, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) y otras entidades financieras internacionales.
Las operaciones abarcan proyectos de agua potable y saneamiento, ampliación del Metro y el Monorriel de Santo Domingo, redes de transmisión eléctrica, modernización de centrales hidroeléctricas, infraestructura vial, sistemas de riego, desarrollo territorial, resiliencia climática y reforma del sistema penitenciario. En conjunto representan un monto de 4,354.5 millones de dólares.
El texto no establece las condiciones financieras específicas de esas operaciones. En todos los casos dispone que serán contratadas a una «tasa de interés y comisiones compatibles con las vigentes en el mercado para la República Dominicana», sin detallar tasas, plazos, períodos de gracia ni el costo financiero estimado de cada préstamo.
Reducen fondos a Educación
La reformulación también reorganiza el gasto entre instituciones públicas. Entre las reducciones figura una disminución de 2,000 millones de pesos para el Ministerio de Educación, y montos menores para el de Turismo y Energía y Minas.
En sentido contrario, aumentan las asignaciones para la Presidencia de la República, Interior y Policía, Salud Pública, Obras Públicas, Agricultura, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Hacienda y Economía y la Administración de Obligaciones del Tesoro Nacional.
Además del nuevo paquete de endeudamiento, el proyecto incorpora disposiciones que amplían la capacidad de actuación del Poder Ejecutivo durante la ejecución presupuestaria.
El artículo 10 autoriza al Ejecutivo a efectuar las adecuaciones presupuestarias necesarias para la aplicación de la ley y realizar los ajustes derivados de la ejecución del presupuesto conforme a las disposiciones de la Ley Orgánica de Presupuesto.
Santo Domingo, R.D.-El negocio fiduciario ha ganado espacio en la economía dominicana durante la última década. Detrás de proyectos inmobiliarios, inversiones, garantías y otros esquemas de administración de bienes opera una actividad que, de acuerdo con cifras de la Superintendencia de Bancos (SB), ya concentra más de medio billón de pesos en activos administrados.
Los datos disponibles en el portal de la SB muestran que cinco entidades fiduciarias administraban, al cierre de las fechas de actualización correspondientes a junio y julio de 2026, activos por RD$537,702.76 millones. En conjunto también manejaban 1,105 fideicomisos y empleaban a 385 personas.
Las cifras evidencian el tamaño que ha alcanzado este segmento financiero, cuya función no consiste en recibir depósitos o conceder préstamos, sino en administrar bienes y derechos que otras personas o empresas les confían mediante contratos de fideicomiso.
De acuerdo con la información de la Superintendencia de Bancos, Fiduciaria Reservas administra activos por RD$318,004.73 millones, equivalentes al 59.14% del mercado medido por activos administrados. La entidad reportaba 285 fideicomisos y una plantilla de 141 empleados.
Fiduciaria Popular ocupa el segundo lugar por activos administrados, con RD$100,699.88 millones, una participación de mercado por activo administrado de 18.73%; una participación de mercado por fideicomisos de 39.19%, 433 fideicomisos y 68 colaboradores.
Le sigue Fiduciaria La Nacional, con RD$64,257.70 millones bajo administración, una participación de mercado por activo administrado de 11.95%; participación de mercado por fideicomisos de 20.54%, además de 227 fideicomisos y 104 empleados.
Fiduciaria BHD registra activos administrados por RD$38,437.25 millones, equivalentes al 7.15% del mercado, junto con 108 fideicomisos y 54 empleados.
En tanto, FiduAPAP administra RD$16,303.20 millones, con una participación de 3.03%, además de 52 fideicomisos y una plantilla de 18 personas.
Mientras la distribución por activos presenta diferencias importantes entre las entidades, la participación cambia cuando el indicador observado es la cantidad de fideicomisos administrados. En ese caso, Fiduciaria Popular concentraba el 39.19% de los fideicomisos reportados por estas entidades, seguida por Fiduciaria Reservas con 25.79%, Fiduciaria La Nacional con 20.54%, Fiduciaria BHD con 9.77% y FiduAPAP con 4.71%.
Más que administrar dinero
La Dirección General de Impuestos Internos (DGII) define el fideicomiso como un acto jurídico mediante el cual una o varias personas entregan bienes o derechos a una entidad fiduciaria para crear un patrimonio separado que será administrado por esa entidad en beneficio de otra persona o incluso del propio fideicomitente.
Ese patrimonio separado es uno de los elementos centrales de esta figura. Los bienes transferidos al fideicomiso no pasan a formar parte del patrimonio propio de la fiduciaria, sino que permanecen independientes y deben administrarse exclusivamente conforme a las condiciones establecidas en el contrato.
La DGII explica que el fideicomiso no posee personalidad jurídica, aunque sí tiene la condición de contribuyente.
También señala que puede constituirse para cualquier propósito permitido por la ley, contiene bienes de cualquier naturaleza, se formaliza por escrito ante notario y dispone de un régimen de publicidad registral que permite hacerlo oponible frente a terceros.
En ese esquema, la fiduciaria asume la administración de los bienes, pero no adquiere la propiedad para fines propios ni puede utilizarlos en beneficio de sus administradores.
La legislación también establece obligaciones específicas para las fiduciarias. Entre ellas figuran mantener separados los bienes administrados de su propio patrimonio y del resto de los fideicomisos que gestionan, rendir cuentas al fideicomitente o al beneficiario cuando corresponda, administrar los bienes con prudencia, diligencia y cuidado, disponer de ellos únicamente conforme a lo establecido en el contrato y transferirlos a quien corresponda una vez se cumplan las condiciones pactadas.
Igualmente, las fiduciarias deben defender los bienes que administran, no pueden garantizar resultados o rendimientos de las inversiones, tampoco delegar sus funciones, apropiarse de los bienes fideicomitidos ni realizar actos en beneficio de sus propios administradores. Estas obligaciones buscan preservar la independencia del patrimonio administrado y garantizar que los recursos entregados por los fideicomitentes sean utilizados únicamente para los fines previstos en el contrato de fideicomiso.
La Ley 189-11 para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso contempla distintos tipos de fideicomisos.
Entre ellos se encuentran los fideicomisos de planificación sucesoral, utilizados para organizar la transmisión del patrimonio; los fideicomisos de inversión y los fideicomisos de inversión y desarrollo inmobiliario.
Lo que sí se puede hacer bajo la sombrilla de la ley
La normativa también permite crear otros tipos de fideicomisos, siempre que su objeto no contradiga las disposiciones legales vigentes.
En todos los casos participan al menos tres figuras principales. El fideicomitente, que aporta los bienes o derechos; la fiduciaria, encargada de administrarlos; y el beneficiario o fideicomisario, quien recibe los beneficios derivados del patrimonio fideicomitido o los bienes al finalizar el contrato, según las condiciones acordadas.
De acuerdo con lo explicado por la DGII, las personas jurídicas constituidas exclusivamente para fungir como fiduciarias deben registrarse e informar el inicio de sus operaciones. Asimismo, la legislación permite que bancos múltiples, asociaciones de ahorros y préstamos y otras entidades de intermediación financiera autorizadas por la Junta Monetaria puedan ejercer funciones fiduciarias.
Santo Domingo, R.D.-El Banco Popular Dominicano encabeza el crédito a las a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país, y se mantuvo como la entidad de intermediación financiera con el mayor saldo de créditos destinados a este sector.
La entidad cuenta con una cartera de RD$157,310 millones al cierre de abril de 2026, según el más reciente informe del Sistema de Información del Mercado Bancario Dominicano (SIMBAD) de la Superintendencia de Bancos (SB).
Este volumen de financiamiento a las mipymes representaba para ese momento el 40.8% de la cartera comercial total del Banco Popular. La cartera para el segmento mipyme en particular registró, además, un crecimiento interanual de 4.1% y contabilizó 59,600 créditos al período referido.
Estos resultados reflejan el respaldo sostenido del Banco Popular a las mipymes dominicanas y su rol como aliado financiero de un sector fundamental para la actividad productiva, la generación de empleos y el crecimiento económico nacional.
Según el informe “Financiamiento a las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas” de la SB, las mipymes aportan un valor agregado equivalente al 32% del producto interno bruto (PIB) y generan alrededor de 3.05 millones de puestos de trabajo, equivalentes al 61.6% del empleo total. Asimismo, representan el 98.5% de las empresas inscritas en el Registro Nacional de Contribuyentes, de acuerdo con datos de 2024 citados en el reporte. “Reafirmamos nuestro compromiso de continuar acompañando a las micro, pequeñas y medianas empresas dominicanas, apoyando sus proyectos, sus necesidades financieras y sus planes de crecimiento. Como aliados financieros de las mipymes, en el Banco Popular fortalecemos su capacidad de contribuir al desarrollo de una economía más dinámica, competitiva y sostenible”, afirmó Christopher Paniagua, presidente ejecutivo del Banco Popular.
Referencia geográfica
Popular impulsa el crecimiento de mipymes
El Banco Popular informó que continúa apoyando a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) mediante soluciones financieras orientadas a cubrir sus necesidades de operación e inversión, fortaleciendo su competitividad y crecimiento.
Según la Superintendencia de Bancos, la entidad registró una tasa de interés acumulada de 11.7 % para este segmento a abril de 2026, una de las más bajas del sistema, con un índice de morosidad de 1.3 %.