Editorial
Un Acontecimiento Preocupante.
Desde hace muchos años, décadas, que el problema haitiano ha sido motivo de múltiples análisis y todos hasta el momento no han pasado de una simple preocupación, en realidad han servido de poco.
Esta madrugada fue asesinado el presidente haitiano, Jovenel Moise, quien había seguido la misma mala práctica de sus antepasados mandatarios de querer perpetuarse en poder sobre la base de métodos pocos democráticos, ilegales e ilegítimos.
El hecho en el que también perdió la vida o está muy grave su esposa parece provenir de un comando extranjero, conformado por colombianos y venezolanos, siempre de acuerdo a las versiones que llegan desde la hermana nación, pero lo más importante de que como se han producido los acontecimientos, es que deja clara la debilidad institucional del Estado haitiano que ni la seguridad de la máxima autoridad de la nación estaba asegurada.
El magnicidio impacta desde diferentes perspectivas a la sociedad dominicana, porque ello podría implicar que grupos armados y una mayor cantidad de haitianos quieran llegar al país para garantizar su vida y para poder sobrevivir frente a la inseguridad y la miseria que los azota.
Lo otro es que este acontecimiento debe poner al dominicano en el contexto de autoanalizarse para evitar que en el futuro en el país pueda haber un desenlace parecido, ya que ambos pueblos han sido victimas de los depredadores que van al Estado a quitarles el derecho a la vida de los que menos tienen.
Los grupos económicos de países donde no existe ninguna conciencia de clases son despiadados y actúan como si no se dieran cuenta que están afilando cuchillos para sus propias gargantas, porque cuando el hambre ataca se pierde la racionalidad y la cordura y se puede llegar a la peor de la violencia.
Y a propósito de lo ocurrido en Haití hay que revisar la sociedad y el Estado dominicanos, donde la sustracción de fondos públicos ya ha hecho crisis y es una situación que podría crear hechos incontrolables como los que ocurren en Haití.
Nadie puede negar que las diferencias institucionales del Estado dominicano con el haitiano no son tantas que no exista en el país la posibilidad de que la violencia se apropia de las calles y de otras de sus instancias, lo cual sólo es evitable si se toman las medidas pertinentes.
Desde hace muchos años se advierte que en la República Dominicana hay detalles que envían el mensaje de que el Estado no está en capacidad de afrontar los abusos que se cometen en contra del patrimonio nacional, cuya realidad del asunto se ha visto ahora mas contundentemente a propósito de la existencia de un Ministerio Público independiente de hecho, pero no de derecho.
En ese contexto hay que decir que es urgente hacer definitiva la independencia del Ministerio Público del Poder Ejecutivo, así como la incorporación de otras figuras jurídicas que blinden el Estado frente a los depredadores que no tienen hiel y que van a la administración pública a robárselo todo.
Son reformas impostergables, sobre todo después de verse lo que antes era una sospecha como una realidad amenazante, que puede poner en peligro la vida social, económica y democrática de la República dominicana.
Los acontecimientos en Haití son una buena razón para hacer lo que se ha dicho miles de veces que se hará, pero que nunca se ha hecho para evitar acontecimientos lamentables que le quite legitimidad al Estado y a la ley.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.