Opinión
Un acuerdo contra la impunidad
Abinader ha tenido el mérito no sólo de diagnosticar la corrupción y la impunidad, sino también de proponer reformas administrativas, legales y hasta constitucionales para ponerles límites.
El hecho de que el economista y empresario Luis Abinader sea un declarado aspirante a la Presidencia de la República no le quita mérito a su novedosa propuesta de un acuerdo nacional para combatir la corrupción y la impunidad, lo que hemos reclamado desde que a fines del año pasado estallara el enorme escándalo transnacional de sobornos, sobrevaluaciones y financiamientos políticos de la constructora brasileña Odebrecht.
Hemos insistido en que, hasta como catarsis, correspondía al presidente Danilo Medina reconocer las graves implicaciones nacionales del escándalo y llamar al liderazgo político y social a buscar consenso para una reforma política e institucional que afronte la corrupción. Porque aunque el país aparecía en el tercer escalón de 12 en el nivel de los sobornos, proporcionalmente estaba en el primero, y porque Odebrecht confesó que cuando empezó su persecución en Brasil, mudó a República Dominicana su departamento de corrupción,
Pusimos como ejemplo al presidente peruano Pedro Pablo Kuczynski, quien reaccionó de inmediato a las implicaciones de su país y se dirigió a la nación y a su Congreso para pedir urgentes medidas de prevención y sanción, creó una comisión de dirigentes sociales para formular recomendaciones a plazo perentorio y comenzó de inmediato a ponerlas en práctica.
Para los gobernantes dominicanos aquí no pasó nada, aunque múltiples indicios señalan lo contrario como, por ejemplo, que el arquetipo del financiamiento electoral de Odebrecht a las campañas electorales en múltiples países, Joao Santana, fue asesor de las dos campañas electorales del presidente Danilo Medina, y que al momento de su imputación por la justicia brasileña, despachaba en el Palacio Nacional.
Después de Odebrecht hemos tenido por lo menos otro escándalo de corrupción por mes: la venta del barrio Los Tres Brazos, las matanza por terrenos del CEA en San Pedro de Macorís y en Los Cerros de las Américas, el triste expediente de los aviones Tucano, el fiasco tecnológico de la Junta Central Electoral y la mafia del gas propano.
Lo del gas no ha sido suficientemente dilucidado, pero es escandaloso que ahora se nos diga que los importadores del combustible se quedaban con 2 mil 500 o 3 mil millones de pesos por año, por complacientes resoluciones oficiales.
Se trata de que en el 2011 el Ministerio de Industria y Comercio había fijado en 135.50 dólares por tonelada el componente flete de la fórmula de paridad de importación del GLP, que otra resolución 7 de enero del 2013 lo elevó a 185.50, estableciendo de inmediato que en julio de ese mismo año sería de 205.50 y en enero del 2014 se incrementaría a 215.50, para reducirse en enero del 2015 a 205.50 dólares por tonelada. Pero en diciembre de ese mismo año la resolución 315 BIS lo elevaba a 225.50 dólares.
Nadie ha explicado cómo fue posible tan vertiginoso escalamiento de precios en beneficio de los importadores del gas licuado. Basta con que ahora se diga que revertirán hasta 3 mil millones de pesos anuales, que otros cálculos duplican. Nadie sale responsable ni cómplice de ese inmenso enriquecimiento, Eso es la impunidad que inmensas multitudes vienen denunciando en las calles y plazas de todo el país.
Luis Abinader, como lo han hecho con menos difusión otros líderes de la oposición, relevantemente Guillermo Moreno, Minou Tavárez Mirabal, Max Puig, Eduardo Estrella y Guillermo Caram. Abinader ha tenido el mérito no sólo de diagnosticar la corrupción y la impunidad, sino también de proponer reformas administrativas, legales y hasta constitucionales para ponerles límites.
Hay pocas expectativas de que encontrará oídos receptivos. Pero ahí están las propuestas. Ojalá que los medios de comunicación promuevan su discusión, porque de seguro el gobierno seguirá en la política de sordo y mudo. Lo más probable es que las voces partidarias se limiten a descalificarlas tildándolas de propaganda política.-
Por Elba García Hernández
En los últimos días del presente año 2024 he tenido la obligación y el deber de defender derechos fundamentales ante el Tribunal Superior Administrativo y he podido comprobar lo mal que está el país en materia de justicia.
Los abusos de poder se observan en esta jurisdicción de Derecho Administrativo en cualquiera de las salas que conocen las litis que se presentan entre la administración y los administrados.
Es penoso ver como los abogados repiten como papagayos los mismos argumentos en los diferentes casos que en esta instancia se conocen. Pero peor aún el nivel de los jueces que manejan los casos.
En esta jurisdicción hay un nivel de razonabilidad que sonroja a cualquier profesional del derecho, pero las cosas se complican cuando se examinan las sentencias que emiten los juzgadores de una jurisdicción que está estrechamente vinculada con el Derecho Constitucional.
Es tanto así, que muchos de los jueces están más interesados en penalizar a las partes sobre la base de disposiciones arbitrarias e ilegales de comisionar un alguacil de estrado para que haga nuevas notificaciones y cobrarles a los litigantes por ese concepto hasta 20 mil pesos cuando se trata de conflictos legales que provienen del interior del país.
Cualquiera se forja la impresión de que existe una sociedad para hacer dinero mediante las notificaciones entre los alguaciles de estrados y los magistrados que presiden salas en el Tribunal Superior Administrativo.
Lo preocupante de este asunto es que cuando no se satisface el deseo del juez o del alguacil de estrado, ese disgusto se refleja en la sentencia que emite el tribunal.
Otro detalle importante de lo mal que se manejan algunas salas del Tribunal Superior Administrativo es que se agarran de cualquier detalle insignificante para justificar una sentencia en contra del que no se acoge a la comisión de un alguacil para fines de nueva notificación.
Impresiona, además, el poco nivel de razonabilidad de los que participan de las audiencias que se celebraran en el Tribunal Superior Administrativo.
En realidad, parece un juego de niños, lo cual desmiente los supuestos avances en Derecho Administrativo, porque la verdad es que lo ocurre en esta jurisdicción de la justicia deja mucho que desear.
Por José Cabral
El panorama que se observa en el país lleva a cualquier persona, por optimista que sea, a sentir que todo se derrumba y que nada tiene solución. No hay un solo estamento estatal que indique que el país transita por un buen camino.
Esto así, porque si al azar se escoge cualquier instancia, pública o privada, fácilmente se llega a la conclusión de que prácticamente todo está perdido. Son prácticamente nulos los referentes que indican que en el futuro se alcanzaría una mejor nación.
El principal fracaso de la sociedad dominicana tiene que ver con el fiasco que representa el Ministerio Público y la judicatura nacional, donde uno apoya la ilegalidad del otro. Es un asunto para mantenerse seriamente preocupado.
En realidad, no se sabe cuál si el fiscal o juez anda peor, pero de lo que sí se puede estar seguro es de que ambos transitan por un camino que solo garantiza el abismo de la nación.
En el país no hay proceso penal que termine de buena manera, pero tanto el Ministerio Público como los jueces recurren permanentemente a decisiones al margen de las leyes que les sirven de sustento.
El Ministerio Público sólo parece ser bueno para manejar casos de importancia mediática, mientras que los jueces se han especialistas en emitir sentencias al margen de las normas y de los derechos, deberes y principios fundamentales.
Es una verdadera vergüenza lo que ocurre en el país, ya que tribunales como el Superior Administrativo, donde el administrado busca liberarse de los abusos de la administración, tiene un nivel similar al de un juzgado de paz. Sus jueces carecen de razonabilidad y muchas veces hasta de sentido común.
En el sistema de justicia nacional se produce una verdadera negación de derechos, pero el hecho de que los jueces no puedan ser procesados por muchos de los casos que fallan, ya que hasta las acciones de amparo no pueden ser interpuestas en contra de los tribunales nacionales, habla claro de la trampa en que está envuelto el ciudadano.
Es decir, que, aunque existe la querella disciplinaria, la recusación e incluso la prevaricación, es una batalla como aquella siempre citada entre el huevo y la piedra, porque la complicidad se extiende de un lado a otro sin excluir a prácticamente la totalidad de los actores del sistema de justicia.
Adentrarse en el comportamiento de la justicia y del Ministerio Público es una razón determinante para frustrarse o resentirse, aunque, naturalmente, este mal debe combatirse con herramientas que tal vez algún día surtan efecto.
Por Nelson Encarnación
Algunas personas han llegado a afirmar que el juego de béisbol no es un deporte, sino un pasatiempo que sirve de entretenimiento a toda la familia, la que puede tener un importante consumo mientras transcurre un partido de nueve entradas, por lo general lento.
Sin embargo, somos más los que sostenemos lo contrario, no porque seamos fanáticos o seguidores, sino porque una contienda en la que medie la aplicación de estrategias no puede ser un simple pasatiempo.
Las estrategias son fundamentales en el juego de pelota, sin las cuales el resultado no puede ser el esperado, aunque no siempre estas funcionen. Como en toda actividad humana, inclusive en la guerra.
Hechas estas disquisiciones, pasamos a no entender qué ha provocado el impresionante descalabro, el resbalón sin final que ha abatido a los Leones del Escogido.
No se explica que un equipo que en los primeros 20 juegos del presente campeonato obtuvo quince victorias, haya caído a un abismo, tan profundo que, al día de hoy, está en la peligrosa ruta de quedar fuera de la siguiente ronda.
Es como estar con respiración asistida, mantenerse vivo gracias a la buena fortaleza física que se acumuló—15 victorias contra 5 derrotas—, pero no suficiente como para rebasar de manera exitosa un estado comatoso.
¿Qué hará la gerencia del equipo capitalino para tratar de revertir la ruta hacia el fondo? No preveo una opción, sobre todo, al recordar lo declarado hace un par de años por uno de los dueños del “Duro de matar”.
¿Qué dijo ese ejecutivo? Que al equipo le es económicamente más rentable quedar fuera en la serie regular que pasar a las siguientes. Algo así o algo peor, según recuerdo.
Cuando leí aquello tuve que remontarme a los pleitos con mi difunto padre—liceísta furibundo—que no asimilaba derrota frente al “eterno rival”, y yo, como escogidista, le daba la cuerda, corriendo riesgo de unos correazos por irreverente. De este tamaño ha sido mi escogidismo.
¿Hay escasez de cartera en la gerencia del equipo rojo? No lo creo. ¿Falta estrategia para la ofensiva? Lo creo un poco. ¿Cayó por un barranco irrecuperable el pitcheo de los Leones? Me quedo con esta.
Frente al despeñadero actual, los rojos no tenemos muchas esperanzas. Y por favor, no echemos la culpa al mánager Pujols.