Análisis Noticiosos
Un año a la defensiva política con creciente endeudamiento
Un año a la defensiva política con creciente endeudamiento
Al agotar el primer cuarto de su segundo período constitucional, el gobierno del presidente Danilo. Medina aparece empeñado en salir de la defensiva en que lo dejaron los escándalos de corrupción, especialmente el devastador de Odebrecht que hizo estallar la indignación de la Marcha Verde.
Su mayor mérito sigue siendo el crecimiento económico, aunque fundado en un insostenible endeudamiento que en el primer semestre de este año alcanzó 12.31 millones de dólares (584.7 millones de pesos) por día, evadiendo el mandato legal y los reclamos de la sociedad por un pacto fiscal, ley de responsabilidad fiscal y reformas políticas.
Quinto año de gobierno
El presidente Danilo Medina llega el miércoles 16 a su quinto año de gobierno y primero del segundo cuatrienio tratando de salir de la trinchera defensiva en que quedó sumido desde el fin del 2016 por el escándalo de Odebrecht y otros que han sacudido la conciencia ciudadana durante mucho tiempo adormecida frente a ese fenómeno.
En los últimos días los altos funcionarios del gobierno fueron enviados a los programas de televisión y los periódicos a pregonar sus logros y el mismo mandatario ha roto su silencio para defenderse en discursos improvisados en Santo Domingo, Santiago y San Juan de la Maguana. Medina también ha incrementado sus viajes por el país, cada vez menos sorpresivos y más reiterativos en ofertas de pequeños financiamientos y en inauguración de escuelas, convertidas en su mayor realización gracias al acatamiento de la ley de 1997 que dispone el 4 por ciento del PIB para educación.
Impactado por una intensa lucha por el predominio partidario con el expresidente de la nación y presidente del PLD, Leonel Fernández, Medina no ha podido concertar una acción eficaz con su partido para evadir el cerco de la marcha verde, en especial en el plano judicial, donde una instancia que imputa a 14 personas no parece sostenible ni siquiera en la propia familia gobernante, lesionada en algunos miembros relevantes.
El PLD: amagar y no dar
Por más que se haya pretendido simular, el poderosos Comité Político del PLD, único de sus organismos que se mantiene vigente, no ha logrado concertar acciones para defenderse de la avalancha originada por las confesiones de sobornos, sobrevaluaciones y financiamientos electorales de la constructora brasileña, y ni siquiera ha podido emitir un pronunciamiento formal a ocho meses del estallido en vísperas de la Navidad del 2016.
La imputación por supuestos sobornos de tres de los propios miembros del Comité Político, considerada selectiva hasta en los predios peledeístas, ha contribuido a la inacción, aunque voceros como el secretario general Reinaldo Pared Pérez y el ministro de Interior y Policía Carlos Amarante Baret han amenazado con sacar los peledeístas a las calles a defender su gobierno, pero esa tarea ha quedado limitada a los altos funcionarios.
El hecho de haber imputado a dos de los que aspiraban a la candidatura presidencial del PLD para el 2020, Temístocles Montás y Radhamés Segura, amplió la disensión interna más allá del grupo del expresidente Fernández, donde hay quienes entienden que es a Medina a quien le toca defenderse de lo que pudiera ser tan dañino como fueron para Leonel Fernández las revelaciones del enorme déficit fiscal tras concluir su gobierno en 2012, y peor aún las pagadas declamaciones del narcotraficante Quirino Paulino en 2015.
No han parado la marcha
Las capacidades políticas de los peledeistas no han sido suficientes para detener el ascenso de la Marcha Verde, que todavía se expande por todo el país, a la vista de la muestra del pasado fin de semana en Nagua. Fracasaron en atribuir el movimiento cívico a los partidos de oposición, a grupos empresariales pretendidamente disgustados o al patrocinio extranjero, tanto como en las expectativas de que fuera efímera.
Cuando a finales de mayo la Procuraduría General presentó la instancia de impugnaciones, la maquinaria propagandística gubernamental pretendió dar por cerrado el escándalo, pero la insustancialidad del documento lo diluyó rápidamente, aumentando la indignación, sobre todo cuando quedó evidente que el 75 por ciento del financiamiento de Odebrecht llegó en el gobierno de Medina, dejando fuera del expediente a los danilistas.
También resultaron contraproducentes el informe de la comisión presidencial sobre la contratación de las plantas de carbón de Punta Catalina, manchada desde su origen por conflictos de intereses y el acuerdo de la Procuraduría con la Odebrecht, en tanto han evadido exigir a la empresa que entregue la información detallada a que se comprometió a cambio de la impunidad. Haber ignorado las sobrevaluaciones de obras y el financiamiento electoral que salpica al gobierno de Medina, ha contribuido a mantener la indignación.
Fuente: Dirección General de Crédito Público. Elaboración cortesía de José Rijo PresbotEs demasiada corrupción
Si bien fueron las revelaciones de Odebrecht lo que detonó la crisis del gobierno de Medina apenas comenzaba su segundo período, una cadena de escándalos han contribuido a erosionar su credibilidad y apoyo, incluso algunos heredados de su predecesor, como el de sobornos en la compra de los aviones Tucano por 92 millones de dólares.
Pero a ello se adicionó el de la OISOE, estallado con el suicidio allí de un contratista bajo extorsión mafiosa que develó medio centenar de expedientes presentados por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Igual la venta a precio vil a una empresa del barrio Los Tres Brazos y el tráfico de los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar que generó el asesinato de dos comentaristas radiofónicos en San Pedro de Macorís y el “suicidio” de un desesperado comprador que se sintió estafado.
A pesar de algunos esfuerzos, el país no ha logrado mejorar su posicionamiento en las evaluaciones internacionales referente a las instituciones y la corrupción. El índice de competitividad del Foro Económico Mundial 2016-17 lo mantiene en el escalón 123 en el pilar de institucionalidad, en el 133 en desvío de los fondos públicos y en confiabilidad de la policía, 132 en políticas antimonopolios, 128 en favoritismo de los funcionarios, y 111 en despilfarro del gasto gubernamental. Eso entre 139 países evaluados.
Algunos esfuerzos fallidos
Aunque el gobierno iniciado hace cinco años ha realizado esfuerzos por mejorar la administración pública y controlar el dispendio, parece que se esfumaron. Fracasaron la mayoría de las comisiones de veeduría auspiciadas y el dispendio ha reflotado en términos escandalosos, como las recientes revelaciones de que el expresidente de la Cámara de Diputados Abel Martínez gastó en 6 años más de 7 mil millones 380 millones de pesos en ayudas sociales clientelares, donaciones y publicidad política.
Se acredita al ministro de educación Andrés Navarro la depuración de casi 4 mil personas que cobraban como maestros, lo que debería extender a la nómina de empleados administrativos, que creció 78 por ciento, con 33 mil 307 designaciones tras la aplicación del 4% del PIB para educación, lo que Educa denunció hace un año como insostenible. El mismo Navarro había limpiado la nómina de Relaciones Exteriores cancelando más de 900 botellas, pero su sucesor Miguel Vargas Maldonado ha recién designado 45 asesores con sueldos promedio de 122 mil pesos, incluyendo a nueve que aspiraron a diputados.
Estabilidad por endeudamiento
El gobierno de Danilo Medina llega a su quinto año con el mérito de haber mantenido la estabilidad macroeconómica con alto crecimiento, sobre 6 por ciento el año pasado, aunque en la primera mitad del 2017, se ha reducido al 4 por ciento, con indicadores preocupantes que obligaron a una reducción de tasas de intereses y del encaje legal para incentivar financiamiento productivo por 20 mil 423 millones de pesos.
En sus primeros meses, el régimen intentó acatar el mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo que dispone el pacto fiscal, pero lo desechó ante los reclamos sociales de ajuste del gasto, reducción del dispendio y de la malversación. Luego ha persistido en desestimarlo, lo mismo que la reclamada ley de responsabilidad fiscal.
Pese a las advertencias ha seguido sustentando el crecimiento en el endeudamiento, que del 2013 al 15 creció en US$791.8 millones por año, pero en el 2016 se disparó a US$3,459.67 millones, equivalentes a US$9.61 millones por día, 456 millones de pesos, según el informe de Crédito Público de abril pasado. Pero ya en el primer semestre del 2017 la deuda del sector público no financiero creció en US$2, 215.5 millones, igual a 369.2 millones mensuales, US$12.31 millones diarios, equivalentes a 584 millones de pesos cada 24 horas. La deuda representa ya el 52 por ciento del PIB y 41 por ciento de las recaudaciones.
Sobran razones para cuestionar si eso es sostenible a mediano plazo en una economía que no aumenta sus exportaciones, duplicadas por las importaciones.
Por José Cabral
No es por accidente que los hechos más violentos y repugnantes del territorio nacional tienen lugar en la ciudad de Santiago, segunda en importancia del país.
Y no es para menos, porque aparte del crecimiento exponencial de la población en Santiago, también se producen una serie de hechos que marcan un curso preocupante de la llamada “Ciudad Corazón”.
El asunto, según puedo observar, es que Santiago no sólo ocupa un lugar primordial en crímenes y sicariatos, sino que la violencia generalizada parece apropiarse de la que otrora fuera un lugar atractivo para vivir en familia.
Pero ése no es sólo el problema, sino que Santiago es lo que muy bien se puede definir como una ciudad colapsada, donde no existen autoridades o si existen no están en capacidad de imponer el orden y el respeto entre las personas.
Sin embargo, lo peor y más doloroso es que los servicios públicos no es que son un desastre, sino que no existen, que son cosas del pasado.
Un aceptable servicio de agua potable ya ha pasado a ser una aspiración que no hay forma de que se logre y peor aún el de energía eléctrica.
Los propios funcionarios del Acueducto y Alcantarillado de Santiago (CORAASAN) dicen que esta institución está quebrada y luce con pocas posibilidades de sobrevivir.
Los hogares y negocios de Santiago reciben agua potable una vez cada 20 días y sólo por una media hora, lo que provoca que los baños de viviendas y empresas estén llenos de bacterias.
Eso sí, las facturas siempre hay que pagarlas, porque de no ser así no habría forma de cumplir con la gran cantidad de vagos colocados en empleos en la administración pública.
Es decir, que el ciudadano no tiene derecho para reclamar un buen servicio de agua potable, pero si no paga lo cortan, pese a que de cualquiera manera no recibe nada cambio.
Por eso pienso que Santiago en vez de “Ciudad Corazón” debería bautizarse como la “Ciudad Colapsada”, donde vivir es un suplicio y donde la violencia se apropia de ella cada día como resultado de la gran deuda social con sus munícipes y las tensiones e insatisfacciones generadas por quienes tienen la responsabilidad de llevarla a otro sitial.
Por José Cabral
Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.
Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.
Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.
Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.
Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.
El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.
De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.
En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.
El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la satisfacción de necesidades sociales, que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.
Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.
Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.
Por José Cabral
Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.
Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.
No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.
El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.
Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.
El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.
No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.
El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.
Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.
En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.
¡Qué desastre!.