Editorial
Un atentado sospechoso.
Desde hace mucho tiempo que se conoce que el alcalde de San José de las Matas se ha convertido en un verdadero cacique, que tiene el control del municipio y de todos sus distritos municipales.
Loa altos niveles de corrupción en este municipio se destacan por la forma como ocurren y la tolerancia con que los maneja la Sala Capitular que permite que una serie de irregularidades que tienen que ver con sus ingresos y egresos pasen inadvertidas.
El alcalde Reyes ha jugado en estos días un papel de primer orden tras el supuesto atentado a tiros en contra de la vicealcaldesa de San José de las Matas, cuyos supuestos responsables ya están detenidos y ya están formalmente sometidos a la acción de la justicia y se ha presentado una solicitud de medida de coerción ante el juez de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago.
Pero, la fase investigativa deja muchas suspicacias, dado que el Ministerio Público ha incurrido en acciones muy poco transparentes e incluso parece que ha tolerado que el principal imputado del hecho haya recibido golpes en violación de normas constitucionales al respecto y del derecho internacional y convencional de los que el país es signatario.
La investigación desarrollada por el Ministerio Público resulta muy sospechosa, porque quien presenta ante el órgano persecutor del crimen y el delito y de la Policía Nacional al principal acusado es el alcalde Reyes, el cual fue transportado en el vehículo del ejecutivo municipal, tras el imputado llegar a su residencia en el municipio de El Rubio, lo cual constituye un elemento que podría implicar algún tipo de componenda.
Porque cómo se explica que la persona responsable del supuesto atentado llegue a la residencia del alcalde de Sajoma en el Distrito Municipal de El Rubio para que se haga su entrega ante el Ministerio Público por el hecho imputado.
Lo otro es que ha trascendido que el alcalde de Sajoma también le puso un abogado al principal imputado del hecho, lo cual podría indicar que todo se trata de un montaje para perjudicar la imagen y sacar de circulación a quien representa una piedrecita en el camino de apropiarse del patrimonio del municipio.
En este caso este periódico La República entiende que hay una conducta muy comprometedora por parte, no sólo del alcalde, sino también del Ministerio Público, el cual ha presentado un expediente ante el juez de Atención Permanente de Santiago en el que se establece que el autor intelectual del atentado y prófugo lo es el regidor Collado.
Sin embargo, los abogados del regidor han ido en compañía de este periódico y de la Fundación Nacional Azul en no menos de cuatro veces donde uno de los fiscales que manejan el caso para entregar al regidor Collado para que sea interrogado y éste se ha negado luego de hablar con los demás miembros del Ministerio Público que manejan el caso, que se han negado a recibirlo y para colmo este joven en su esfuerzo por defenderse fue este jueves a la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción en contra del principal imputado y por un asunto de derecho procesal la jueza dijo que lo planteado por los abogados del edil no era procedente, ya que sólo había presentada acusación en contra del supuesto principal imputado del hecho.
El asunto se torna complicado y peligroso porque no se entiende el proceder del Ministerio Público, lo cual envía el mensaje de que el órgano persecutor del crimen y el delito trabaja en favor del poderoso alcalde de Sajoma.
Es un problema de una gravedad que lleva a la parte afectada, es decir, el regidor Collado, a acudir a organismos internacionales para que se respete la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Dice una famosa expresión que no hay peor diligencia que aquella que no se hace, lo cual muy bien puede ser aplicado a un país como la República Dominicana, donde se observa un acomodamiento con la inversión de valores y lo mal hecho.
Es tan grave el problema que el dinero es la regla del juego que prevalece y las cosas son buenas o males a partir de qué tanto se puede dar, es decir, que mediante esa regla, pero no de cualquier mercado, sino de aquel que no importa cómo se haya conseguido lo monetario o bienes materiales, sino que lo que importa es qué se tiene materialemte hablando.
Y esto, naturalmente, impacta el escenario en el que se mueve el que quiere ascender al control del Estado y del patrimonio público, porque la gente mide el éxito del individuo a partir de lo que tiene, no importa que para adquirirlo le haya cortado la cabeza a su vecino.
Además, una sociedad donde la promoción social y económica esté soportada en fenómeno como el amiguismo, no en el mérito, las cosas prácticamente se vuelven inmanejables, exactamente lo ocurre en la sociedad dominicana.
El amiguismo permite que cualquier persona entre a cualquier circulo de poder para depredar el patrimonio público e incurrir en cualquier travesura que debe pagar el ciudadano que cumple con sus obligaciones en procura de la consecución de una mejor sociedad.
Ese fenómeno del amiguismo es una puerta abierta para que cualquier inescrupuloso o incapaz entre a controlar instituciones públicas que a la postre crea grandes daños al Estado y a toda la sociedad, porque ése, generalmente, no mide consecuencias, dado que no tiene la capacidad o la formacion para discernir el daño que pueee causar..
De manera, que la incapacidad para dirigir el Estado, la falta de ética y de moral para ocupar una función estatal representa una grave amenaza para todos y cada uno de los ciudadanos de cualquier sociedad que tenga como objetivo superar su estado de pobreza, lo que impacta negativamente los enunciados de los derechos fundamentales consignados constitucionalmente.
La contradicción entre los textos legales y la realidad crea grandes escollos para que las naciones, sobre todo las del tercer mundo, puedan trascender a un estado de justicia social y económica propias de los nuevos tiempos.
Sin embargo, todo descansa en qué medida los niveles de institucionalidad, cuyas principales expresiones son el respeto del principio de legalidad y de la conciencia de los ciudadanos para empoderarse y hacer de la nación una nueva y con perspectiva diferente de vida, en la que pase a un segundo plano la incapacidad, la improvisación y el no apego a lo ético-moral
La credibilidad de los senadores y diputados, que conforman el Congreso Nacional, el primer poder del Estado. se encarga de poner en tela de juicio la existencia real e institucional del Estado dominicano.
El asunto de las candidaturas independientes plantea un problema jurídico y de la existencia legal del Estado dominicano, que debe ser un motivo para que todos los sectores que conforman la vida nacional reaccionan ante unos intentos que ponen en peligro la débil democracia nacional.
La contradicción es tan grande de los partidos políticos, que no están en capacidad de darse cuenta, de captar la idea, de que lo que ocurre con la Constitución y los derechos fundamentales, son la guía de cualquier democracia de los nuevos tiempos.
La partidocracia no logra entender que el neo-constitucionalismo es un fenómeno jurídico que arropa a todo el planeta y que no hay fuerza alguna que pueda impedir su avance y empoderamiento en el mundo.
Los partidos políticos deben entender que los tiempos de las cavernas ya pasaron y que muchas de las cosas malas que hoy ocurren son el resultado de sus propias acciones, ya que la ley que le otorga el poder de interpretación de las normas al TC fue aprobado por el Congreso Nacional y que la misma no es una imposición de nadie, sino del peso del proceso de la constitucionalización del derecho.
Además, no se entiende cuál es la lógica para cogerle miedo a las candidaturas independientes porque alegadamente podrían arruinar a los partidos políticos, pero si de lo que se trata es de que predomine la razón, entonces no hay por qué tenerle miedo a una vía de derecho y que es parte del juego democrático.
Los senadores y diputados deben sacarse de su cabeza de que el sistema democrático debe descansar solamente en los partidos políticos, sino que debe ser en los ciudadanos, porque si bien se apoyan en el artículo 216 de la Constitución, el cual no les otorga exclusividad para participar en la lucha por el control del Estado, sino que también deben detenerse a interpretar el mandato del artículo 22 de la misma carta magna.
Los diputados y senadores, que se supone que deben estar bien asesorados por ser el primer poder del Estado, pero su ignorancia no puede ser una condena para que la sociedad viva bajo su irracionalidad y audacia antidemocrática.
En el terreno que sea necesario hay que rechazar las pretensiones de unos diputados y senadores recalcitrantes y enemigos de los avances que necesita la sociedad dominicana para entrar en un estadio de progreso material e intelectual para que pase de un tercer a un segundo o primer mundo.
Si los partidos políticos entienden que son portadores de la razón y la verdad, entonces por qué tener miedo a enfrentarse con ventajas, porque las tienen, por lo menos económica, a través de una vía que es un gran aval para construir una democracia más participativa y con mayor legitimidad y eficiencia.
Como muy bien establece el reportaje que sirve de base a este editorial, el negocio legal e ilegal de hacer dinero con la deportación de haitianos erosiona mucho la credibilidad del Estado dominicano en el manejo del problema.
Lo grave del asunto es que no sólo se trata del tráfico humano de personas que únicamente persiguen trabajar en tierras extranjeras para mejorar las condiciones de vida de sus familias, sino que tiene perfiles asociados al bajo mundo, como el tráfico de drogas, la prostitución y el contrabando de una gran variedad.
Es, puede decirse, una vía para que los corruptos produzcan grandes cantidades de dinero de forma fácil, sin muchos esfuerzos, ya que los canales al respecto están totalmente abiertos desde hace una gran cantidad de años.
Este cuadro, que está reforzado con la designación en los consulados dominicanos en Haití de personas de confianza de los gobernantes de turno, también cobran de forma ilegal cantidades respetables por diligencias fuera de los canales instituciones e incluso por el otorgamiento de visas que son vendidas a razón de 500 dólares cada una, cuyo dinero termina en el bolsillo del funcionario, no del fisco nacional.
Todo este entramado de corrupción, que tiene una vinculación innegable con otros igual de dañino para el pais, es el cuadro que termina proyectándose a través de la frontera, convirtiéndose en un problema dramáticamente humano, amén de los componentes degradantes que lo caracterizan.
Y no se trata de quitarle legitimidad a los derechos de cualquier nación de controlar y de establecer políticas, muchas veces rígidas, para controlar la migración ilegal, sino de un problema que trasciende lo legal para entrar en un mundo profundo de la ilegalidad, de violación vulgar de la ley sobre la materia.
La migración haitiana, a pesar de ser una piedra en los zapatos de una sociedad como la dominicana, la cual no está lejos en términos de institucionalidad de la haitiana, no parece dejar de ser un problema que podría poner en peligro la estabilidad de ambas naciones.
Habría que preguntarse si el Estado dominicano está en la capacidad de manejar con una visión diferente el problema de la migración haitiana en un país donde el dinero es el lenguaje que se habla en todos los escenarios y cuando esa mercancía está presente donde quiera y se entrega a cambio de cualquier cosa por tenerla.
Visto desde la realidad nacional, la deportación de haitianos o la implementación de una política migratoria que se corresponda con los planes y los intereses más sanos de la sociedad, parece algo quimérico, por no decir imposible.
El cáncer de la corrupción se come prácticamente la sociedad dominicana, así como la haitiana es abatida por la pobreza y las bandas que hoy están presentes en todos los escenarios de la vida de la hermana nación.
Este periodo confiesa que está pesimista con la aplicación de una política de deportación que no se corresponda con el interés nacional, ya que se trata como de pedir peras al olmo