Editorial
Un atentado sospechoso.
Desde hace mucho tiempo que se conoce que el alcalde de San José de las Matas se ha convertido en un verdadero cacique, que tiene el control del municipio y de todos sus distritos municipales.
Loa altos niveles de corrupción en este municipio se destacan por la forma como ocurren y la tolerancia con que los maneja la Sala Capitular que permite que una serie de irregularidades que tienen que ver con sus ingresos y egresos pasen inadvertidas.
El alcalde Reyes ha jugado en estos días un papel de primer orden tras el supuesto atentado a tiros en contra de la vicealcaldesa de San José de las Matas, cuyos supuestos responsables ya están detenidos y ya están formalmente sometidos a la acción de la justicia y se ha presentado una solicitud de medida de coerción ante el juez de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago.
Pero, la fase investigativa deja muchas suspicacias, dado que el Ministerio Público ha incurrido en acciones muy poco transparentes e incluso parece que ha tolerado que el principal imputado del hecho haya recibido golpes en violación de normas constitucionales al respecto y del derecho internacional y convencional de los que el país es signatario.
La investigación desarrollada por el Ministerio Público resulta muy sospechosa, porque quien presenta ante el órgano persecutor del crimen y el delito y de la Policía Nacional al principal acusado es el alcalde Reyes, el cual fue transportado en el vehículo del ejecutivo municipal, tras el imputado llegar a su residencia en el municipio de El Rubio, lo cual constituye un elemento que podría implicar algún tipo de componenda.
Porque cómo se explica que la persona responsable del supuesto atentado llegue a la residencia del alcalde de Sajoma en el Distrito Municipal de El Rubio para que se haga su entrega ante el Ministerio Público por el hecho imputado.
Lo otro es que ha trascendido que el alcalde de Sajoma también le puso un abogado al principal imputado del hecho, lo cual podría indicar que todo se trata de un montaje para perjudicar la imagen y sacar de circulación a quien representa una piedrecita en el camino de apropiarse del patrimonio del municipio.
En este caso este periódico La República entiende que hay una conducta muy comprometedora por parte, no sólo del alcalde, sino también del Ministerio Público, el cual ha presentado un expediente ante el juez de Atención Permanente de Santiago en el que se establece que el autor intelectual del atentado y prófugo lo es el regidor Collado.
Sin embargo, los abogados del regidor han ido en compañía de este periódico y de la Fundación Nacional Azul en no menos de cuatro veces donde uno de los fiscales que manejan el caso para entregar al regidor Collado para que sea interrogado y éste se ha negado luego de hablar con los demás miembros del Ministerio Público que manejan el caso, que se han negado a recibirlo y para colmo este joven en su esfuerzo por defenderse fue este jueves a la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción en contra del principal imputado y por un asunto de derecho procesal la jueza dijo que lo planteado por los abogados del edil no era procedente, ya que sólo había presentada acusación en contra del supuesto principal imputado del hecho.
El asunto se torna complicado y peligroso porque no se entiende el proceder del Ministerio Público, lo cual envía el mensaje de que el órgano persecutor del crimen y el delito trabaja en favor del poderoso alcalde de Sajoma.
Es un problema de una gravedad que lleva a la parte afectada, es decir, el regidor Collado, a acudir a organismos internacionales para que se respete la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Sin pretender quitarle importancia al derecho, valor y principio de igualdad, porque se supone que todos somos iguales ante la ley, pero la transferencia de los liderazgos políticos en el país es motivo de una gran preocupación.
En los actuales momentos la democracia nacional está en crisis y cualquiera sin un ápice de buenas intenciones puede convertirse en un líder nacional, porque esas son de las cosas que ocurren cuando un país llega al fondo en lo que respecta a los valores.
La República Dominicana atraviesa por ese trance, ya que hay una famosa expresión que dice que una gota de agua cae tanto en el mismo lugar hasta que hace un hoyo.
Exactamente eso ha ocurrido en el país, dado que ha sido tanta la corrupción y las acciones antijurídicas y anti morales, así como anti éticas que ya la gente parece haberse cansado.
Es de tal magnitud el problema que los funcionarios públicos que provienen de la partidocracia no se conforman con sustraer (50) cincuenta ó (100,000,000.00) cien millones de pesos, sino miles, cuyos mejores ejemplos son encontrados en los casos que están a punto de caer en prescripción extintiva porque ya van a cumplir 4 años de haberse iniciado.
Pero no es solo ese el problema, sino que la partidocracia ahora quiere perpetuar ese mal con dejar como herencia la administración del patrimonio público a sus esposas, hijos y nietos, principales beneficiarios de la sustracción del dinero del Estado.
Los herederos de la partidocracia ya están muy activos en la vida nacional y sólo esperan que sus padres y madres envejezcan para entonces ellos tomar las riendas del Estado para que continúe la fiesta de la que no participa el pueblo dominicano.
El fin de esa interminable parranda solo se llegará si la ciudadanía toma el toro por los cuernos e incluso impide que en el campo de la política partidista las cosas se manejen como si se tratara de una herencia proveniente de la determinación de herederos establecida para cuando el de cujus ha dejado bienes que sus legítimos herederos son sus hijos y nietos.
La partidocracia busca prolongar sus ilegales acciones hasta los más lejanos de sus herederos, mientras el pueblo dominicano no tiene derecho a la salud, la educación y una vivienda digna.
El momento parece haber llegado para decir basta ya y plantear una nueva regla del juego con la entrada de una forma diferente la figura de las candidaturas independientes, la cual parece representar una amenaza para que sobreviva el Estado Social Democrático y de Derecho, dado que algunos de los representantes de la partidocracia ya pretenden atentar hasta en contra de la Constitución de la República, ley suprema de la nación.
Lo primero que debe establecerse es que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes representa un paso vital para convertir la democracia nacional en más participativa.
Esta decisión del TC, quiérase o no, permite que el ciudadano se empodere y si lo hace correctamente podría detener la debacle que han impuesto en la sociedad dominicana los partidos políticos, cuya principal misión es promover anti-valores.
Ante los argumentos de la partidocracia, habría necesariamente que preguntarse y si ellos están tan bien como dicen, por qué tanto miedo con las candidaturas independientes, sobre todo si se entiende que si esta figura jurídica no es aprovechada por ahí podría ser que no venga nada nuevo y que en segundo lugar pueda servir para traer algo peor de lo que tenemos.
Entonces, si es verdad que se trabaja en favor de la sociedad, se impone que no se exhiba tanto miedo, porque si consideran que hacen lo correcto, pues no deben preocuparse.
Es un verdadero contrasentido muchas de las cosas que se dicen, porque si fuera algo que verdaderamente reviste tanto peligro, lo que procede es desmontar su importancia con argumentos con lógicos y despojados de todo mal razonamiento.
En una sociedad cimentada en antivalores no es fácil lograr cambios importantes, pero si la herramienta existe podría venir la reformación integral del Estado dominicano.
Las candidaturas independientes son una tabla de salvación nacional de una sociedad en la que ya no cabe más corrupción, contaminada de los pies hasta la cabeza y lo contrario.
Ahora falta que el ciudadano, vale decir la mayoría de ellos, se despoje de ese fanatismo que tradicionalmente lo ha cegado en favor del partidarismo, a fin de asumir con la toda la responsabilidad posible esta nueva figura que podría cambiar totalmente el escenario político nacional.
Hace falta que todos nos armemos de coraje y vayamos al Congreso Nacional a defender en las vistas públicas que habrán de anunciarse sobre las candidaturas independientes, ya que no hacerlo sería apostar al fracaso de la sociedad dominicana.
Que se entienda que la pelea está echada y que nadie detendrá las aspiraciones de los amplios sectores de la vida nacional de tener un país mejor, ya no soportan más corrupción y la negación de derechos, principios y valores constitucionales.
Lo que debe prevalecer en el ánimo nacional es darle vigencia al Estado Social Democrático y de Derecho, a los fines de que prevalezcan los deseos sanos y de verdaderos cambios del pueblo dominicano por una sociedad mejor.
El periódico La República ha vivido de cerca la desgracia que ocurre con la falta de credibilidad del Ministerio Público, principalmente en Santiago, aunque el fenómeno es general, es decir, a nivel de todo el territorio nacional.
El problema de este órgano del Estado, persecutor del crimen y el delito, es más complejo y profundo de lo que cualquiera pueda pensar.
Este periódico lo ha vivido en carne propia, lo cual ha provocado que haya presentado ante el Tribunal Superior Administrativo varios recursos de amparos de cumplimiento tras ser víctimas de no menos de diez ataques de delincuentes que se mueven en diferentes escenarios y cuya respuesta del órgano ha sido su falta por acción o omisión.
Y este diario reitera que está consciente de que por la violación de derechos fundamentales del Ministerio Publico el país está frente a un asunto de una dimensión que podría lesionar y comprometer seriamente la responsabilidad civil y penal del Estado, principalmente frente al derecho internacional.
Se puede proclamar a todo pulmón que, si bien la judicatura no está libre de culpas, lo cierto es que lo del Ministerio Público representa una crisis de magnitudes muy peligrosas para el Estado y la sociedad.
En virtud de este escenario la escogencia de un nuevo procurador general de la República es una oportunidad para desviar el camino tomado por un órgano tan importante como el Ministerio Público, pero en el que nadie cree.
El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y el propio presidente de la República tienen ahora la oportunidad de iniciar un proceso de saneamiento de este órgano del Estado con la escogencia de una figura como Melton Ray Guevara que viene de una gran labor en el proceso de constitucionalización que vive el país.
En opinión de este periódico es la mejor opción de todas, no sólo por su formación en derecho constitucional, principal dolencia del Ministerio Público, sino porque, sin lugar a dudas, es una persona metódica y disciplinada en el desempeño de funciones públicas.
Es una oportunidad que no debe desperdiciarse para enderezar un órgano como el Ministerio Público que tiene como función perseguir el crimen y el delito y su principal debilidad consiste en que su personal camina al margen del respeto de los derechos fundamentales.
Si se escoge a una persona como Ray Guevara como procurador general de la Republica es muy probable que su gestión trascienda históricamente y que los resultados sean el fortalecimiento de la persecución penal y una notable mejoría en lo que respecta al respeto de los derechos fundamentales que debe garantizar el Estado.