Editorial
Un atentado sospechoso.
Desde hace mucho tiempo que se conoce que el alcalde de San José de las Matas se ha convertido en un verdadero cacique, que tiene el control del municipio y de todos sus distritos municipales.
Loa altos niveles de corrupción en este municipio se destacan por la forma como ocurren y la tolerancia con que los maneja la Sala Capitular que permite que una serie de irregularidades que tienen que ver con sus ingresos y egresos pasen inadvertidas.
El alcalde Reyes ha jugado en estos días un papel de primer orden tras el supuesto atentado a tiros en contra de la vicealcaldesa de San José de las Matas, cuyos supuestos responsables ya están detenidos y ya están formalmente sometidos a la acción de la justicia y se ha presentado una solicitud de medida de coerción ante el juez de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago.
Pero, la fase investigativa deja muchas suspicacias, dado que el Ministerio Público ha incurrido en acciones muy poco transparentes e incluso parece que ha tolerado que el principal imputado del hecho haya recibido golpes en violación de normas constitucionales al respecto y del derecho internacional y convencional de los que el país es signatario.
La investigación desarrollada por el Ministerio Público resulta muy sospechosa, porque quien presenta ante el órgano persecutor del crimen y el delito y de la Policía Nacional al principal acusado es el alcalde Reyes, el cual fue transportado en el vehículo del ejecutivo municipal, tras el imputado llegar a su residencia en el municipio de El Rubio, lo cual constituye un elemento que podría implicar algún tipo de componenda.
Porque cómo se explica que la persona responsable del supuesto atentado llegue a la residencia del alcalde de Sajoma en el Distrito Municipal de El Rubio para que se haga su entrega ante el Ministerio Público por el hecho imputado.
Lo otro es que ha trascendido que el alcalde de Sajoma también le puso un abogado al principal imputado del hecho, lo cual podría indicar que todo se trata de un montaje para perjudicar la imagen y sacar de circulación a quien representa una piedrecita en el camino de apropiarse del patrimonio del municipio.
En este caso este periódico La República entiende que hay una conducta muy comprometedora por parte, no sólo del alcalde, sino también del Ministerio Público, el cual ha presentado un expediente ante el juez de Atención Permanente de Santiago en el que se establece que el autor intelectual del atentado y prófugo lo es el regidor Collado.
Sin embargo, los abogados del regidor han ido en compañía de este periódico y de la Fundación Nacional Azul en no menos de cuatro veces donde uno de los fiscales que manejan el caso para entregar al regidor Collado para que sea interrogado y éste se ha negado luego de hablar con los demás miembros del Ministerio Público que manejan el caso, que se han negado a recibirlo y para colmo este joven en su esfuerzo por defenderse fue este jueves a la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción en contra del principal imputado y por un asunto de derecho procesal la jueza dijo que lo planteado por los abogados del edil no era procedente, ya que sólo había presentada acusación en contra del supuesto principal imputado del hecho.
El asunto se torna complicado y peligroso porque no se entiende el proceder del Ministerio Público, lo cual envía el mensaje de que el órgano persecutor del crimen y el delito trabaja en favor del poderoso alcalde de Sajoma.
Es un problema de una gravedad que lleva a la parte afectada, es decir, el regidor Collado, a acudir a organismos internacionales para que se respete la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
El reportaje histórico-interpretativo de esta semana parte del legado ético moral de los tres grandes líderes de las últimas décadas, naturalmente guardando las diferencias entre ellos, lo que lleva a este periódico a sostener que su legado parece que ha servido de poco.
Los tres, Balaguer, Pena Gómez y Bosch, representan una época que luce que no volverá, porque la sociedad dominicana ha entrado en un marcado deterioro en los detalles que constituyeron las principales fortalezas de estos prohombres.
Estamos hablando de la visión ética de los tres, uno más que otro, pero que actuaron durante toda su trayectoria no apegados a lo que es el comportamiento de la figura del depredador del patrimonio público, el cual acompaña la historia nacional desde los tiempos de la colonia.
La muerte de los tres líderes ha traído consigo una profundización del problema ético en la política, ya que se ha visto que el asunto es tan serio que nadie entra a esta actividad para servir, sino para servirse, cuyas aspiraciones no es llevarse del Estado 1,50 o cien millones de pesos, sino miles.
Los casos de corrupción que no paran son el mejor ejemplo de la realidad por la que atraviesa la sociedad dominicana, ya que se puede afirmar que con el dinero público sustraído se pueden construir varias republicas dominicanas y más grande que la que tenemos.
El panorama nacional luce bastante feo, dado que los déficits fiscales de la nación están asociados a un gasto público definitivamente poco racional y explicado por los niveles tan altos de corrupción administrativa, cuya deuda externa también impactada por ese deseo de acumulación de bienes materiales de los actores de la vida política nacional.
Es muy común escuchar que si se quiere acumular riquezas hay que incursionar en la actividad política partidista o vender drogas o ascender al control del patrimonio público y cuando esto no ocurra perseguir una contrata del Estado para de entrada llevarse a sus bolsillos no menos de un 80 por ciento del presupuesto de la misma, la cual tiene la opción de aumentar el monto originalmente aprobado mediante adendas que cuadruplican el valor de la obra.
Todo ello deja claro que el problema del país es ético-moral, pero que este discurso no encaja con ninguno de los partidos que tienen reales posibilidades de ascender al poder, porque ya han sido probados y los mismos continuarán pregonando lo que no practican.
Es decir, que el legado de los líderes políticos ya fallecidos, no le sirve de mucho al país, ya que la formación de los actores de la vida política nacional consiste más en llenar sus bolsillos que apegarse al legado de prohombres que pregonaron durante toda su vida política la ética y la moral en el manejo de la administración pública.
No hay un solo escenario en el que la administración estadounidense no busque sustituir la fuerza por la razón.
El primer lugar escogido fue Venezuela, donde fue apresado dentro de su territorio el presidente de ese país, quien independientemente de su legitimidad o no, debe ser enjuiciado por los tribunales de su país, no de los Estados Unidos.
La ofensiva a través del uso o de la amenaza de la fuerza fue seguido en contra de Groenlandia, isla autónoma de Dinamarca, e igual amenaza sufre el pueblo haitiano con buques de guerra en sus costas.
Pero la imposición de la fuerza, aunque en una versión política, no militar, también ha sido vista en Honduras, Costa Rica, Chile, Argentina, entre otras naciones del continente, por parte de la nueva versión de gobernar del presidente Donald Trump.
Aunque todo luce como una locura que no cabe en pleno siglo 21, cuando el derecho internacional está lo suficientemente empoderado, es como una versión del régimen nazi, cuyo principal protagonista actúa sin miramientos y sin importarle las consecuencias de su conducta.
La realidad es que se sienta un precedente de tensión y violencia que cambia una serie de patrones culturales que se han impuesto en las sociedades civilizadas y modernas de estos tiempos.
Este periódico lo había advertido de que Donald Trump era un peligro para la paz mundial, quien, incluso, ha logrado doblegar la institucionalidad que ha exhibido históricamente los Estados Unidos, ejemplo de aplicación de un buen derecho y cuyo sistema de justicia es admirado en todo el planeta.
Sin embargo, inexplicablemente Trump se ha puesto por encima del orden y la ley, lo que distorsiona el espíritu que tradicionalmente ha caracterizado a la nación más poderosa del mundo, fruto de que allí prevaleció un Estado netamente capitalista sin influencias federales, como resultado de un alto desarrollo de las fuerzas productivas y de la conciencia social.
En el contexto de los embates de una visión autoritaria y vulneradora de derechos, Trump ahora mete sus manos en Haití mediante la amenaza de la fuerza a través de las armas e impone a un gobernante que no garantiza el logro del objetivo perseguido por la comunidad internacional de construir un Estado que haga duradera una democracia que promueva el estado de derecho y la paz anhelada por el pueblo más débil y pobre de todo el hemisferio.
El desgraciado precedente que persigue hacer sucumbir el derecho internacional, el respeto a los derechos humanos y a la auto determinación de los pueblos toma cuerpo ante la mirada complaciente de gente que antepone el miedo frente la vergüenza y la dignidad humana.
La educación superior es cuestionada permanentemente por aquellos que conocen del asunto, porque en el país las universidades se han convertido en un negocio vulgar.
Formar a troche y moche es la filosofía que prevalece en la mayoría de las universidades nacionales, donde un buen nivel académico y mucho más preocuparse por la investigación científica es un asunto del pasado y que parece que nunca volverá.
Lo peligroso de este concepto de comercializar con la educación es que genera la salida hacia las calles, que entran al mercado laboral, profesionales como médicos, abogados e ingenieros que poco les importa los resultados de su trabajo.
Porque su poca formación no es solo académico, sino tambien ético, ya que son educados en un entorno en el que no tiene ningún valor una buena conducta, sólo el componente dinero.
Hace algún tiempo que luego de la celebración de una feria de la salud se vio a un joven profesional de la Medicina muy preocupado mientras estaba en la oficina de la empresa organizadora de la misma y cuando se le preguntó por qué lucia así, dijo que tenía una paciente que había venido de los Estados Unidos para hacerse una cirugía plástica, pero que mostraba las plaquetas muy bajas y que si se concreta la operación podía morir.
Agregó que su dilema era si hacía o no la cirugía porque entendía que frente a la situación ella podía morir, pero que el dueño de la clínica le decía que le pusiera sangre y la interviniera, lo que dejó evidente su poco amor por la vida de sus pacientes y que sólo le interesaba el dinero.
Ese cuadro es el pan nuestro de cada día, a lo que se agrega el hecho de que en muchos casos no sólo se produce un problema ético, sino también de poca preparación o formación profesional y cuando ambos se juntan los resultados jamás pueden ser buenos.
La cuestión es que el aspecto ético generalmente es imperceptible y el Estado no cuenta con mecanismos para detectarlo o vigilarlo, ya que incluso los colegios profesionales que deben jugar ese papel están también desnaturalizados como parte del problema integral que padece la sociedad.
Se impone que las universidades dominicanas sean vigiladas para que mejoren académicamente y que fortalezcan la ética en la enseñanza para que el país esté en manos de médicos más preparados, pero lo propio hay que decir de los abogados e ingenieros, así como de los demás profesionales académicos que también son parte del festival de graduaciones universitarias sobre la base del dinero, de las ganancias económicas, sin importar suplir la necesidad nacional de formar los científicos y técnicos que contribuyan con el desarrollo nacional.