Editorial
Un atentado sospechoso.
Desde hace mucho tiempo que se conoce que el alcalde de San José de las Matas se ha convertido en un verdadero cacique, que tiene el control del municipio y de todos sus distritos municipales.
Loa altos niveles de corrupción en este municipio se destacan por la forma como ocurren y la tolerancia con que los maneja la Sala Capitular que permite que una serie de irregularidades que tienen que ver con sus ingresos y egresos pasen inadvertidas.
El alcalde Reyes ha jugado en estos días un papel de primer orden tras el supuesto atentado a tiros en contra de la vicealcaldesa de San José de las Matas, cuyos supuestos responsables ya están detenidos y ya están formalmente sometidos a la acción de la justicia y se ha presentado una solicitud de medida de coerción ante el juez de Atención Permanente del Distrito Judicial de Santiago.
Pero, la fase investigativa deja muchas suspicacias, dado que el Ministerio Público ha incurrido en acciones muy poco transparentes e incluso parece que ha tolerado que el principal imputado del hecho haya recibido golpes en violación de normas constitucionales al respecto y del derecho internacional y convencional de los que el país es signatario.
La investigación desarrollada por el Ministerio Público resulta muy sospechosa, porque quien presenta ante el órgano persecutor del crimen y el delito y de la Policía Nacional al principal acusado es el alcalde Reyes, el cual fue transportado en el vehículo del ejecutivo municipal, tras el imputado llegar a su residencia en el municipio de El Rubio, lo cual constituye un elemento que podría implicar algún tipo de componenda.
Porque cómo se explica que la persona responsable del supuesto atentado llegue a la residencia del alcalde de Sajoma en el Distrito Municipal de El Rubio para que se haga su entrega ante el Ministerio Público por el hecho imputado.
Lo otro es que ha trascendido que el alcalde de Sajoma también le puso un abogado al principal imputado del hecho, lo cual podría indicar que todo se trata de un montaje para perjudicar la imagen y sacar de circulación a quien representa una piedrecita en el camino de apropiarse del patrimonio del municipio.
En este caso este periódico La República entiende que hay una conducta muy comprometedora por parte, no sólo del alcalde, sino también del Ministerio Público, el cual ha presentado un expediente ante el juez de Atención Permanente de Santiago en el que se establece que el autor intelectual del atentado y prófugo lo es el regidor Collado.
Sin embargo, los abogados del regidor han ido en compañía de este periódico y de la Fundación Nacional Azul en no menos de cuatro veces donde uno de los fiscales que manejan el caso para entregar al regidor Collado para que sea interrogado y éste se ha negado luego de hablar con los demás miembros del Ministerio Público que manejan el caso, que se han negado a recibirlo y para colmo este joven en su esfuerzo por defenderse fue este jueves a la audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción en contra del principal imputado y por un asunto de derecho procesal la jueza dijo que lo planteado por los abogados del edil no era procedente, ya que sólo había presentada acusación en contra del supuesto principal imputado del hecho.
El asunto se torna complicado y peligroso porque no se entiende el proceder del Ministerio Público, lo cual envía el mensaje de que el órgano persecutor del crimen y el delito trabaja en favor del poderoso alcalde de Sajoma.
Es un problema de una gravedad que lleva a la parte afectada, es decir, el regidor Collado, a acudir a organismos internacionales para que se respete la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que deben ser evaluados tienen que someterse al tráfica de influencia y el modo operandi de los partidos políticos para ser elegibles.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.