Editorial
Un augurio Preocupante
Los pronósticos y vaticinios para el 2014 son muy diversos y variados, unos que provienen de los denominados astrólogos, los cuales no son más que adivinanzas, mientras que otros proceden de economistas y cientistas sociales, cuyos enfoques son más realistas y certeros en muchos casos.
Esto es propio del año que sale y del nuevo que entra, en cuya fecha los comprometidos con lo peor hablan de prosperidad, de crecimiento macroeconómico y del Producto Interno Bruto y de otros referentes importantes para determinar que mal o bien está el país.
Es una gama tan amplia de opiniones y análisis al respecto que cualquiera termina definitivamente loco, porque mientras algunos hablan de que las cosas están o estarán muy buenas, no son pocos los dominicanos, por no decir las grandes mayorías nacionales, que no reciben nisiquiera un alivio de sus grandes precariedades.
La cuestión es que todo el que habla de crecimiento y bonanza económica está bajo la sombrilla del Estado, forma parte de la gran cantidad de depredadores del patrimonio público, pero una ínfima cantidad con relación a toda la población dominicana, la cual sufre hasta más no poder por una carga impositiva que se destina, sobre todo, a mantener un ejército de vagos de los tres partidos tradicionales que se reparten el pastel, los cuales, sin lugar a dudas, aunque con colores diferentes, constituyen un partido único.
El año que recién se inicia no puede ser previsto al margen de los problemas históricos que han afectado a la sociedad dominicana, los cuales están ahí y no van a desaparecer por arte de magia y en consecuencia los resultados no pueden ser otros que los que hemos tenido durante décadas, pero empeorados.
¿O a caso los graves problemas nacionales no son propios de una sociedad que aún conserva la falta de institucionalidad y su hija legitima la impunidad, la grave y preocupante deuda pública, tanto interna como externa, las deficiencias en la aplicación de una correcta política estatal, el progresivo deterioro de la biodiversidad y el medio ambiente y la rampante corrupción que hoy arropa a los de arriba y a los de abajo, causa fundamental de los déficits fiscales, la desestabilización de las finanzas públicas, los conflictos y las tensiones sociales que padece la Nación?
Entonces qué se puede esperar de un año en el que se mantienen los mismos intereses de los grupos que controlan el Estado, la misma cultura del fraude y de la corrupción que involucra a gobernantes y gobernados.
Siendo así las cosas, no se puede esperar que el año 2014 llegue lleno de bendiciones y de buenos augurios, ya que el bienestar nacional siempre estará determinado por la forma como se manejen los recursos públicos, el patrimonio nacional y el modelo económico que se implemente.
De manera, que si partimos de todos estos referentes, de todas estas variantes, sin caer en adivinazas, la República Dominicana inicia el año 2014 con graves y serias amenazas de desestabilización social, política y económica, porque la tendencia es a un mayor encarecimiento del costo de la vida, aumento del desempleo y en consecuencia a más peligrosas tensiones y conflictos sociales que podrían desencadenar en una gran poblada que ponga en peligro los intereses de los que no ven ni oyen a menos que no sea para crear fórmulas de aumentar sus grandes fortunas en confabulación con los protagonistas de la vida política tradicional del país.
Esa es la cruda realidad y así será el año que apenas se inicia.
Nadie en la República Dominicana se atrevería a negar que los partidos políticos lo han contaminado todo, absolutamente todo.
Es un mal general que contrarrestarlo costará mucho esfuerzo y un periodo largo en el tiempo, pero que su impacto lo destruye todo en su camino.
Cada día surge una nueva prueba del daño que causan los partidos políticos a la democracia nacional y en consecuencia su descredito alcanza niveles insospechados en la sociedad.
Hace pocos días que hasta el otorgamiento y anulación de una visa hacia los Estados Unidos estaba determinada muchas veces por la contaminación proveniente de la partidocracia, ya que esa es una vía de desacreditar al contrario, cuya revelación vino de la actual embajadora de esa nación en el país.
Pero las cosas son peores de ahí, porque los partidos políticos aparte de ser responsables de la tragedia nacional que conlleva la corrupción administrativa que propician y promueven, también tienen una influencia decisiva en la escogencia de los jueces del sistema de justicia nacional.
Ahí está la explicación de tantas demandas que son declaradas inadmisibles por los tribunales nacionales, porque en realidad se trata de la vía más fácil para quitarse de encima un proceso que podría comprometer el empleo de los jueces.
De manera, que se impone despolitizar el Consejo Nacional de la Magistratura, el cual está dominado por la partidocracia, cuyos postulantes a jueces y aquellos que ya los son y que deben ser evaluados tienen que someterse para ser elegibles al tráfico de influencia y al modo operandi de los partidos políticos.
Por qué no cambiar la conformación del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que sus miembros provengan de las universidades pública y privadas, el Colegio Dominicano de Abogados, la Suprema Corte de Justicia y de jueces de carrera con largos años de ejercicio.
De no ser así, muy difícilmente podremos mejorar el Estado Social Democrático de Derecho como lo consigna la constitución de la República, porque la manipulación de la designación de los jueces, sobre todo para buscar impunidad, contamina y daña todo el sistema público del país y destruye la democracia.
Los dominicanos somos los mejores testigos del deterioro que sufre la confianza pública por las graves violaciones a la seguridad jurídica y el criterio con que se maneja la partidocracia.
Decir que el país tiene una buena imagen en el combate de la corrupción administrativa, es pretender tapar el sol con un dedo, porque los casos de este tipo generalmente quedan en la impunidad.
El problema tiene una envergadura que asusta, porque no hace muchos días que se repitió la historia de que primero cualquier aspirante presidencial tiene que verse involucrado en escandalosos actos de corrupción para que la misma tenga alguna legitimidad.
Esa historia lamentable acaba de repetirse con Gonzalo Castillo, quien fue absuelto de los cargos que pesaban en su contra por la comisión de no cualquier sustracción de dinero del patrimonio nacional.
Pero lo propio se repite constantemente, dado que el Ministerio Público sólo pretende buscar sanciones penales para los casos que tienen importancia mediática, ya que este órgano del Estado en la práctica no tiene ningún nivel de eficiencia, cuyo rol es fundamentalmente politiquero.
Es decir, que hablar de transparencia en la sociedad dominicana es una aspiración que todavía falta un largo camino por recorrer, dado que desde la propia Presidencia de la Republica se producen fuertes y preocupantes atentados a la seguridad jurídica, pese a que se quiere pregonar lo contrario.
Basta con revisar los desacatos que se producen al sistema de justicia constitucional, los cuales tienen como protagonistas a los órganos del Estado, pero preocupantemente al propio presidente de la República que viola la Constitución de la República cuando le viene en gana.
Transparencia Internacional antes de emitir su informe debió consultar los archivos del Tribunal Constitucional para que entonces emitiera una valoración más acorde con la realidad, lo cual conoce muy bien su dependencia nacional como lo es Participación Ciudadana.
Es una insensatez y una desproporción afirmar que el país está bien en transparencia pública y en el combate a la corrupción cuando todo el mundo sabe que la impunidad es un elemento con raíces culturales y que es promovida por los que tienen el control del Estado.
La falta de transparencia, la poca confianza pública y carencia del respeto a la poca seguridad jurídica que prevalece en el país son de las falencias a combatir para el logro de una mejor democracia.
Por qué nos meten gatos por liebres, aunque no hay que escudriñar mucho para encontrar la respuesta.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso que tiene ver con que quien tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica que o no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora que deja mucha incertidumbre y amenaza la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.