Santo Domingo.- Una tensa espera se produjo con la decisión que debió tomar el juez Rigoberto Sena sobre las medidas de coerción en el caso conocido como Operación Lobo, cuyas partes involucradas en este importante proceso judicial aguardaron dentro de la sala de audiencia, incluyendo los imputados, sus abogados defensores y los representantes del Ministerio Público.

La decisión judicial estaba pautada para las seis de la tarde de hoy, luego de que el magistrado se reservara el fallo el miércoles pasado tras concluir las audiencias de medida de coerción. Sin embargo, hasta este momento el juez Sena no ha ingresado a la sala donde las partes aguardan expectantes el veredicto que definirá el futuro procesal de los imputados.

El caso presenta una división clara entre los diez imputados: cinco de ellos optaron por hacer acuerdos colaborativos con el Ministerio Público, mientras que los otros cinco decidieron no aceptar ningún tipo de acuerdo y mantener su posición de inocencia. Esta división refleja diferentes estrategias legales adoptadas por los abogados defensores ante la complejidad del caso.

El Ministerio Público mantiene firme su petición de prisión preventiva contra cuatro imputados específicos que no aceptaron acuerdos: Carlos Ambrosio Robles, exmiembro de seguridad de EDESUR; Jorvin Eduardo Efrecio, alias Camaño Pérez, exencargado de seguridad de SENASA; Francisco Guarín Fernández, encargado de seguridad del INAIPI; y Luis Ernesto Vicioso, exdirector de seguridad de EDESTE. Todos ellos niegan categóricamente su participación en el alegado entramado de corrupción.

Durante las audiencias del miércoles, Wilson Camacho, representante del Ministerio Público, indicó que aportaron al tribunal pruebas que consideran irrefutables, incluyendo documentación detallada de todos los depósitos y transferencias que supuestamente fueron realizadas por la empresa de seguridad involucrada en el esquema corrupto. Esta evidencia documental constituye la base de la acusación contra los funcionarios públicos señalados.

La Operación Lobo ha sacudido al sector de seguridad en instituciones estatales, revelando un presunto esquema de corrupción que involucra a funcionarios de empresas distribuidoras de electricidad y otras entidades públicas. La decisión judicial que se espera en las próximas horas será determinante para el desarrollo del proceso y podría establecer precedentes importantes en la lucha contra la corrupción en el sector público dominicano.

Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, ha puesto en marcha un ambicioso plan de quince iniciativas para transformar el sistema penitenciario dominicano.

El objetivo primordial es superar el colapso actual y garantizar la verdadera reinserción social, abordando las deficiencias que impiden la rehabilitación de los privados de libertad y su retorno a la sociedad.

Una de las iniciativas más destacadas es el catastro penitenciario, una medida que ya está generando resultados. Este proceso ha revelado la existencia de una cantidad significativa de privados de libertad que no están declarados o carecen de documentos de identidad.

La Procuraduría ha encontrado casos donde, incluso desde generaciones anteriores, no existen registros de identidad, lo que subraya la importancia fundamental de este catastro para el sistema judicial.

La Procuraduría está enfocada en establecer, por primera vez, un verdadero plan de tratamiento para la reinserción social. Este plan es tan abarcador que, en algunos casos, se buscará la «infección» (entendida como una reinserción completa y efectiva) más que la mera rehabilitación.

En cuanto a la sobrepoblación, Berenice Reynoso espera que, con la construcción de diez mil nuevas camas en centros penitenciarios, cuyo cronograma se esté cumpliendo, se supere el hacinamiento para diciembre de 2026.

Además, se implementará un sistema de vigilancia y, como propuesta innovadora de la Procuraduría, se separará la población de privados de libertad: preventivos de los condenados, y aquellos con imputaciones por delitos graves de los que enfrentan delitos menores. Esta separación comenzará este año en la cárcel de Las Parras, en Guerra.

Iniciativas de reinserción y transparencia

Resaltó que el plan piloto de tratamiento ya está en marcha en la provincia Hermanas Mirabal, con la participación de otras instituciones.

“La Procuraduría también está promoviendo la apertura de tres tiendas para la venta de productos fabricados por los privados de libertad: una virtual, una en el Este y otra en la Zona Colonial. Ya se realizó una feria exitosa y se programa otra para diciembre”.

La procuradora reafirmó su compromiso con la reforma penitenciaria, reconociendo que los privados de libertad mantienen sus derechos. Declaró que trabajan de cerca con la Defensa Pública, a la que le han abierto las puertas de todas las cárceles para su acceso.

La Suprema Corte de Justicia también tiene un programa para que los jueces de ejecución de la pena adopten una agenda más proactiva.

Se ha integrado al Defensor del Pueblo en el catastro, fomentando la transparencia. Desde la Procuraduría, aseguran que «no hay nada que esconder» y que existe un plan de mejora sistemático.

El Catastro: un modelo de gestión penitenciaria

Reynoso manifestó que el catastro es un modelo de gestión penitenciaria que va más allá de la mera constatación de datos biométricos.

Incluye una resonancia magnética, un perfil completo de cada individuo con análisis jurídico de su estatus y hallazgos compartidos con los demás actores del sistema, convalidando la información.

A partir del 5 de octubre, se espera tener la capacidad de consultar el historial y el plan de tratamiento de cualquier privado de libertad. Si bien el acceso público detallado a esta información aún está en discusión, se prevé poder ofrecerlo con los debidos resguardos.

Santo Domingo, R.D.-Volvió a quedarse sobre la mesa en el Senado de la República la aprobación de las modificaciones a los códigos Penal y Laboral, a pesar que queda poco más de una semana para que finalice la actual legislatura.

El presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos, planteó dejar sobre la mesa el Código Penal, con la condición de que este viernes la pieza, supuesta a ser aprobada en segunda lectura, sea conocida por los legisladores durante una sesión especial exclusivamente para esa propuesta de ley.

La propuesta de nuevo Código Penal no contiene la despenalización del aborto asistido en tres causales excepcionales e integraría la figura del cúmulo de penas por el cual a un mismo individuo se le puede sentenciar tras ser hallado culpable en varios cargos en su contra.

El cúmulo puede llegar hasta los 60 años de prisión, además de que tipifica 72 nuevos crímenes.

La pasada semana, el senador Santiago Zorrilla, presidente de la comisión bicameral que estudió la pieza, que los retrasos de la aprobación de la pieza se deben a que esperan unas observaciones que la Procuraduría General de la República y otros sectores están supuestos a realizar.

Esas modificaciones que serán planteadas se sumaran a las que los senadores Omar Fernández y Moisés Ayala anunciaron que realizarían durante el procedimiento de segunda lectura de la pieza.

Código Laboral

Al momento de someter la aprobación en segunda lectura de la reforma, el presidente de la comisión que estudió esa pieza, el senador Rafael Barón Duluc (Cholitín), manifestó que tras escuchar varias de las propuestas de los diferentes sectores, propuso varias modificaciones a lo aprobado durante la primera discusión.

Duluc señaló que los cambios planteados son a cinco artículos, incluyendo dos considerandos y un visto; el cambio principal fue realizado a la propuesta de que las zonas francas paguen bonificaciones a sus empleados, sin embargo, se sometió la modificación para que mantenga esa excepción a las empresas de esa categoría.

El representante volvió a negar que existan presiones de sectores externos para evitar una aprobación en segunda lectura del actual Código Laboral, el cual data desde 1992.

“Estamos en segunda lectura y la segunda lectura es precisamente para eso (presentar cambios), lo que estamos haciendo es el ejercito democrático de lo que establece la Constitución; las segundas lecturas siempre son para corregir, agregar, suprimir y en eso estamos”, argumentó el senador.

El legislador manifestó que están dispuestos a conocer esta propuesta durante una extensión de la legislatura porque lo que se quiere “es terminarla”.

Riesgo de perimir

El Código Laboral corre el riesgo de perimir si no es aprobado en la presente legislatura ya que data en el Congreso Nacional desde el pasado mes de noviembre; al perimir, el proyecto debería de ser reintroducido para volver a ser conocido y aprobado dos veces.

La actual propuesta de modificación fue remitida al Senado desde el Poder Ejecutivo; la misma fue realizada a raíz de los resultados del dialogo tripartito, del cual forman parte los sectores empresarial, laboral y el Gobierno.

No obstante, una vez la pieza fue aprobada por los senadores en una primera lectura, los empresarios rechazaron el proyecto de modificación al Código de Trabajo, por considerar que “representa un retroceso” y señalando que el mismo ignora varios “acuerdos alcanzados” durante el desarrollo ese encuentro.

Aunque los empresarios han hecho un llamado a retomar el dialogo, los sindicalistas han manifestado que ese tema no fue tocado en el nuevo proyecto para “mantener el orden laboral y evitar una posible huelga general y explosión social”.

Legislatura especial

El presidente Luis Abinader ha manifestado que se encuentra en la disposición de extender la actual legislatura y/o convocar una especial, en caso de que antes del 26 de julio no sean aprobados estos códigos, ya que los mismos son de “necesidad imperiosa” para que la sociedad dominicana.