Editorial
Un conato de ejercicio democrático.
El punto más neurálgico de la escogencia de los miembros y del presidente de la Junta Central Electoral (JCE) se refiere a la independencia de los aspirantes a tan delicada función para la democracia nacional.
Han sido muchos los entrevistados, pero aunque ha habido una correcta y legitima preocupación por la seguridad en el montaje de las elecciones que se celebran cada cuatro años, así como con la eficiencia e institucionalidad del registro civil, dos cuestiones de un gran valor para cualquier sociedad, pero sin embargo se ha soslayado la corrupción prevaleciente en el seno de los partidos políticos de los fondos que les entrega el Estado.
La cuestión no estriba en estos momentos en lo respecta a los porcentajes entregados en función de su votación, sino al manejo poco transparente de los mismos por parte de sus dirigentes, quienes no les rinden cuentas a nadie, nisiquiera a sus propios miembros de sus más altas instancias, lo cual le una connotación muy grave al problema.
Ese manejo poco claro de esos fondos por parte de los partidos políticos le quita legitimidad al sistema electoral dominicano, si se parte de la corriente que prima en el mundo de hoy de que las organizaciones que buscan controlar el Estado tengan una contabilidad pública y abierta.
La doble moral de los partidos, los cuales generalmente se constituyen en un patrimonio de su fundador, han debilitado la credibilidad en organizaciones que están llamadas a tener un comportamiento más ético y apegado a una democracia que busca rendir cuentas al ciudadano.
Este aspecto del proceso que se lleva a cabo en la actualidad podría servir para sentar un importante precedente con una sanción ejemplarizadora a los partidos que sólo sirven para tomar para sus dirigentes unos recursos que aporta el pueblo dominicano para que el país se enrumbe por el camino de la democracia con ética y con moral.
Sin embargo, luce poco probable que este problema sea abordado con la seriedad que requiere, porque no está en la agenda de los actores que tienen que velar porque estos flagelos sean, sino disminuidos a su mínima expresión, eliminados del sistema electoral.
Cualquiera se preguntaría y cuantos años más o décadas faltan para que la República Dominicana combata problemas que en realidad resultan poco complejo, en realidad, elementales, pero que la falta de voluntad política los convierte en grandes e irresolubles.
La llegada al poder de un partido como el Revolucionario Moderno (PRM), cuya formación de sus miembros no es muy esperanzadora, pero que está sometido a una presión de la sociedad que no le deja espacio para hacer lo mal hecho por lo menos en el nivel que lo hacían los que acaban de salir del control del Estado, debe incluir en su agenda el empeño en que las cosas sean diferentes y de hecho es una buena oportunidad con la escogencia de los nuevos miembros y del presidente de la Junta Central Electoral, y que ese órgano ataque las deficiencias y los vicios que le aquejan mediante un aumento de los niveles de supervisión y fiscalización de todos los actores que participan en el sistema electoral.
Dejar pasar ahora la oportunidad de por lo menos advertir un asunto tan delicado como el manejo poco transparente de los fondos que reciben los partidos políticos, constituye la prolongación de un fenómeno que crea urticaria entre los que conocen el problema a profundidad, ya que para decir verdad se trata de una mafia organizada alrededor del sistema democrático y de la sociedad dominicana.
La principal labor de los ayuntamientos del país es procurar resolver la recogida de basura, la cual es la que requiere mayor inversión económica de los gobiernos locales.
Pero de igual modo es la principal fuente de promoción de corrupción, porque los contratos casi siempre se manejan a discreción del ejecutivo municipal, no importa cómo se llame.
Sin embargo, la llegada de Ulises Rodríguez hace muy poco tiempo parece representar la mayor amenaza en contra de la estabilidad económica de la alcaldía de Santiago.
Se ve a leguas la falta de planificación y de la implementación de políticas publicas que pueda llevar a un buen comino a la ciudad corazón como también se conoce.
Es motivo de alarma la cantidad de dinero invertido en la recogida de la basura y para llevarla a su destino final, cuyas sumas involucradas son realmente desproporcionadas y abusivas.
Es urgente que haya una explicación convincente sobre los gastos excesivos en la recogida de desperdicios sólidos que tiene el ayuntamiento de Santiago en la actual administración.
Las sumas involucradas crean mucha preocupación de que la ciudad termine en la quiebra total como resultado de una mala gestión y por un abuso del actual ejecutivo municipal.
Ulises Rodríguez está en la obligación de darles una explicación a los munícipes de Santiago, porque las sumas involucradas no parecen tener ninguna justificación.
Se impone una rigurosa fiscalización y seguimiento a las andanzas del actual alcalde Ulises Rodríguez, quien ha sido señalado como inepto e irresponsable frente a las finanzas del gobierno local.
Antes de que sea tarde, el munícipe de Santiago debe lanzar una mayor voz de alarma para que las cosas no sigan de mal en peor.
La República Dominicana es impactada por una profunda crisis ética y de vocación por el trabajo, lo cual pone en peligro los cimientos de la sociedad.
Es una combinación de una cosa y otra, porque si bien la gente no quiere trabajar, sino irse por lo más fácil, razón de ser de las famosas «botellas», muy comunes en el sector público, también en el país se ha desarrollado una gran devoción por el fraude.
Es ya prácticamente normal que el que logra establecer una relación de negocio con el Estado piensa antes que nada engañarlo, estafarlo como si nada fuera, porque esa conducta es parte del criterio que el dinero público no es de nadie.
Lo gracioso de este fenómeno es que el dominicano piensa que es legítimo y legal engañar al Estado, lo cual explica la gran cantidad de maestros que cobran salarios de lujos cuando viven en el extranjero.
Esta situación es encontrada en todas y cada una de las instituciones públicas, porque el dinero del presupuesto nacional no le duele a nadie.
Millones de pesos que se van por el camino equivocado de la corrupción, ya que tener a cientos o sino miles de personas que cobran sin hacer nada, lo que indica es que somos una sociedad descarrilada y parasitada.
Este es un problema que no es tan fácil de resolver porque tiene una serie de componentes profundamente culturales y el mismo constituye un grave problema para el crecimiento y el desarrollo nacional.
Ello así, porque no hay forma de poner a caminar a un país atrapado en medio de la vagancia, la falta de ética y con una gran vocación por el fraude y el engaño generado por los partidos políticos, que son los que controlan el Estado.
Lo ocurrido en el Ministerio de Educación también se produce en todos los ministerios y los órganos descentralizados del Estado.
Es una verdadera plaga que sólo puede ser erradicada mediante un duradero programa de restablecimiento de valores que debe partir de las propias entrañas del Estado.
Sin embargo, el gran obstáculo en esta materia consiste que son los mismos que se suponen que deben librar al país de esos males los que lo promueven, lo que lo estimulan y que cada día le dan vida.
Aunque ciertamente las elecciones de los Estados Unidos no constituyen un asunto de fondo, porque ya lo ha dicho este periódico, porque ambos candidatos representan prácticamente lo mismo en política exterior, aunque sí hay una cierta diferencia en asuntos internos como la inmigración.
Sin embargo, hay que ser realista y reconocer que no es lo mismo Trump que Harris, porque el primero tiene una posición ultraconservadora y de maltrato a los que provienen en los Estados Unidos de naciones pobres y subdesarrolladas.
Y eso visto desde los intereses de la región implica mucho, porque no hay quién se atreva a decir que la inmigración no ha sido una válvula de escape de la crisis eterna de las naciones del tercer mundo, máxime en sus economías que se manejan en medio de grandes déficits fiscales y deudas, cuya principal tabla de salvación es precisamente la remesa que procede de su gente en el exterior.
Entonces, a partir de cómo impactan las elecciones estos temas, tiene una importancia capital las elecciones que tuvieron lugar el pasado martes en los Estados Unidos y donde resultó elector Donald Trump.
Buscar eliminar la inmigración de la gente de Latinoamérica hacia los Estados Unidos representa una fórmula de agudizar sus crisis, incluida la política.
Pero además el hecho de que Trump haya sido el elegido en los comicios de la nación más poderosa del mundo indica que muchos antivalores serán asimilados por los políticos que están bajo su órbita, lo cual indica que la mala conducta y corrupción es una opción mucho más viable en Latinoamérica.
De manera, con las elecciones recién concluidas en la nación mas poderosa del mundo también estaba echada la suerte de los países latinoamericanos.
Ahora no queda duda de la preferencia del ciudadano estadounidense , cuya validación de una conducta supuestamente reprochable por el sistema norteamericano ha sido confirmada, lo que mucho gente no quería y en consecuencia la misma puede ser reproducida por todo aquel actor político que no cree en otra cosa que en eso, sobre todo en las naciones que están bajo su influencia.
Sin embargo, hay que decir que la decisión tomada por el votante en las pasadas elecciones es legitima en atención a sus derechos ciudadanos, pero la misma deja un mal sabor para el que propugna y aboga por verdaderos cambios.
De manera, que nadie ponga en tela de juicio la cuestión, que el voto en favor de Trump tiene un impacto en la vida y el futuro de las familias de los inmigrantes que viven en los Estados Unidos y de los países de donde son originarios, porque el triunfo de este político podría implicar dañar la vida de los que venden sus fuerzas de trabajo en la unión americana y de la necesaria institucionalidad de las naciones de donde provienen.