Editorial
Un conato de ejercicio democrático.
El punto más neurálgico de la escogencia de los miembros y del presidente de la Junta Central Electoral (JCE) se refiere a la independencia de los aspirantes a tan delicada función para la democracia nacional.
Han sido muchos los entrevistados, pero aunque ha habido una correcta y legitima preocupación por la seguridad en el montaje de las elecciones que se celebran cada cuatro años, así como con la eficiencia e institucionalidad del registro civil, dos cuestiones de un gran valor para cualquier sociedad, pero sin embargo se ha soslayado la corrupción prevaleciente en el seno de los partidos políticos de los fondos que les entrega el Estado.
La cuestión no estriba en estos momentos en lo respecta a los porcentajes entregados en función de su votación, sino al manejo poco transparente de los mismos por parte de sus dirigentes, quienes no les rinden cuentas a nadie, nisiquiera a sus propios miembros de sus más altas instancias, lo cual le una connotación muy grave al problema.
Ese manejo poco claro de esos fondos por parte de los partidos políticos le quita legitimidad al sistema electoral dominicano, si se parte de la corriente que prima en el mundo de hoy de que las organizaciones que buscan controlar el Estado tengan una contabilidad pública y abierta.
La doble moral de los partidos, los cuales generalmente se constituyen en un patrimonio de su fundador, han debilitado la credibilidad en organizaciones que están llamadas a tener un comportamiento más ético y apegado a una democracia que busca rendir cuentas al ciudadano.
Este aspecto del proceso que se lleva a cabo en la actualidad podría servir para sentar un importante precedente con una sanción ejemplarizadora a los partidos que sólo sirven para tomar para sus dirigentes unos recursos que aporta el pueblo dominicano para que el país se enrumbe por el camino de la democracia con ética y con moral.
Sin embargo, luce poco probable que este problema sea abordado con la seriedad que requiere, porque no está en la agenda de los actores que tienen que velar porque estos flagelos sean, sino disminuidos a su mínima expresión, eliminados del sistema electoral.
Cualquiera se preguntaría y cuantos años más o décadas faltan para que la República Dominicana combata problemas que en realidad resultan poco complejo, en realidad, elementales, pero que la falta de voluntad política los convierte en grandes e irresolubles.
La llegada al poder de un partido como el Revolucionario Moderno (PRM), cuya formación de sus miembros no es muy esperanzadora, pero que está sometido a una presión de la sociedad que no le deja espacio para hacer lo mal hecho por lo menos en el nivel que lo hacían los que acaban de salir del control del Estado, debe incluir en su agenda el empeño en que las cosas sean diferentes y de hecho es una buena oportunidad con la escogencia de los nuevos miembros y del presidente de la Junta Central Electoral, y que ese órgano ataque las deficiencias y los vicios que le aquejan mediante un aumento de los niveles de supervisión y fiscalización de todos los actores que participan en el sistema electoral.
Dejar pasar ahora la oportunidad de por lo menos advertir un asunto tan delicado como el manejo poco transparente de los fondos que reciben los partidos políticos, constituye la prolongación de un fenómeno que crea urticaria entre los que conocen el problema a profundidad, ya que para decir verdad se trata de una mafia organizada alrededor del sistema democrático y de la sociedad dominicana.
La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.
Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.
La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.
El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.
De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.
Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.
De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.
Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.
La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.
Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.
No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.
Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.
Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.
Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.
Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.
El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.
El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.
Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.
Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural, es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que ponen en tela de juicio las bases de la dominicanidad.
Así como Nueva York es un ejemplo de progresos y de que todo con esfuerzo se puede, este 4 de noviembre ha enviado el mensaje de empoderamiento democrático con el triunfo de un joven musulmán con apenas siete años de haber obtenido la ciudadanía de los Estados Unidos, condición indispensable para ser candidato a la posición política más importante de la ciudad.
Lo más impresionante de este triunfo es el contexto en que se produce y sobre todo por tratarse de un joven nacido en Uganda de ascendencia india, con muy poco tiempo de haber adquirido la ciudadanía estadounidense, pero además amenazado por el presidente Donald Trump de deportarlo si ganaba la contienda electoral.
El triunfo de Zohan Mandami es el vencimiento de la legalidad en contra de la ilegalidad, de la tolerancia contra la intolerancia y de la vulnerabilidad de aquellos que prefieren inclinarse por la dictadura en vez de la democracia.
Es un mensaje muy grande el que ha dado la ciudad de Nueva York cuando en los Estados Unidos se producen unos retrocesos institucionales y democráticos que son motivos de preocupación para el mundo entero.
La situación es tan delicada que el presidente Trump aparentemente ha logrado doblegar a una de las democracias más sólidas del mundo, cuyos logros constitucionales son un ejemplo y emulados por países del planeta entero.
En realidad, se trata de una situación que nadie podía creer que fuera posible, ya que el alto nivel de institucionalidad de los Estados Unidos no permitía que cupiera en cualquier mente humana que los derechos constitucionales y los derechos humanos quedaran al capricho de un mandatario.
El triunfo de Mandami en Nueva York reafirma esa vocación de ciudad de inmigrantes y además de que ciertamente se trata no sólo de la capital del mundo en términos comerciales, económicos y financieros, sino también políticos.
Una nueva visión se impone en la ciudad de Nueva York en tiempos de retrocesos y de preocupantes violaciones a los derechos constitucionales en la mayor potencia del mundo, donde su presidente impone su voluntad como en los tiempos de las más férreas dictaduras.
La República Dominicana por tener millones de sus hijos en la ciudad de Nueva York es beneficiaria de los nuevos aires democráticos que abrazan a la llamada capital del mundo, cuna de una gran riqueza cultural que enorgullece a todo al que vive en ella y tiene el privilegio de visitarla.
La elección de Mandami no pude ser mejor, porque en momentos de tantas fricciones y tensiones sociales y raciales y religiosas, sobre todo en el medio oriente, llega la buena nueva de la tolerancia y de que todos bajo la ley y la democracia pueden convivir en paz.