Editorial
Un conato de ejercicio democrático.
El punto más neurálgico de la escogencia de los miembros y del presidente de la Junta Central Electoral (JCE) se refiere a la independencia de los aspirantes a tan delicada función para la democracia nacional.
Han sido muchos los entrevistados, pero aunque ha habido una correcta y legitima preocupación por la seguridad en el montaje de las elecciones que se celebran cada cuatro años, así como con la eficiencia e institucionalidad del registro civil, dos cuestiones de un gran valor para cualquier sociedad, pero sin embargo se ha soslayado la corrupción prevaleciente en el seno de los partidos políticos de los fondos que les entrega el Estado.
La cuestión no estriba en estos momentos en lo respecta a los porcentajes entregados en función de su votación, sino al manejo poco transparente de los mismos por parte de sus dirigentes, quienes no les rinden cuentas a nadie, nisiquiera a sus propios miembros de sus más altas instancias, lo cual le una connotación muy grave al problema.
Ese manejo poco claro de esos fondos por parte de los partidos políticos le quita legitimidad al sistema electoral dominicano, si se parte de la corriente que prima en el mundo de hoy de que las organizaciones que buscan controlar el Estado tengan una contabilidad pública y abierta.
La doble moral de los partidos, los cuales generalmente se constituyen en un patrimonio de su fundador, han debilitado la credibilidad en organizaciones que están llamadas a tener un comportamiento más ético y apegado a una democracia que busca rendir cuentas al ciudadano.
Este aspecto del proceso que se lleva a cabo en la actualidad podría servir para sentar un importante precedente con una sanción ejemplarizadora a los partidos que sólo sirven para tomar para sus dirigentes unos recursos que aporta el pueblo dominicano para que el país se enrumbe por el camino de la democracia con ética y con moral.
Sin embargo, luce poco probable que este problema sea abordado con la seriedad que requiere, porque no está en la agenda de los actores que tienen que velar porque estos flagelos sean, sino disminuidos a su mínima expresión, eliminados del sistema electoral.
Cualquiera se preguntaría y cuantos años más o décadas faltan para que la República Dominicana combata problemas que en realidad resultan poco complejo, en realidad, elementales, pero que la falta de voluntad política los convierte en grandes e irresolubles.
La llegada al poder de un partido como el Revolucionario Moderno (PRM), cuya formación de sus miembros no es muy esperanzadora, pero que está sometido a una presión de la sociedad que no le deja espacio para hacer lo mal hecho por lo menos en el nivel que lo hacían los que acaban de salir del control del Estado, debe incluir en su agenda el empeño en que las cosas sean diferentes y de hecho es una buena oportunidad con la escogencia de los nuevos miembros y del presidente de la Junta Central Electoral, y que ese órgano ataque las deficiencias y los vicios que le aquejan mediante un aumento de los niveles de supervisión y fiscalización de todos los actores que participan en el sistema electoral.
Dejar pasar ahora la oportunidad de por lo menos advertir un asunto tan delicado como el manejo poco transparente de los fondos que reciben los partidos políticos, constituye la prolongación de un fenómeno que crea urticaria entre los que conocen el problema a profundidad, ya que para decir verdad se trata de una mafia organizada alrededor del sistema democrático y de la sociedad dominicana.
Desde hace años en el país ha habido un debate sobre las debilidades más perjudiciales de la sociedad dominicana y entre ellas está la improvisación, la falta de planificación estratégica.
La consecuencia de ese mal es lo que deja como resultado lo ocurrido este martes en la discoteca Jet Set, donde ha fallecido más de 50 personas y hay docenas de heridos.
La razón de ser de esta tragedia tiene que ver con el hecho de que en el país no se fiscaliza nada y producto de esa irresponsabilidad del Estado podrían producirse muchas más desgracias como la ocurrida.
En todo el territorio nacional los techos de los edificios, ya sean residenciales o comerciales, están llenos de plantas eléctricas de alto cilindraje y tinacos con un peso que muchas veces no soporta la edificación.
Pero el Estado no reacciona frente esa irregularidad y se verá como en pocos días todo vuelve a lo que es normal dentro del desorden y es que nadie ni mencione lo ocurrido.
Son incontables los edificios que están amenazados de colapsar por esta causa, pero quienes tienen la misión de darle seguimiento a ese peligro sencillamente no lo hacen.
Ahora lo que viene es enterrar a los muertos y que todo lo anormal siga su curso y la gente prepararse para derramar lágrimas en el próximo evento de igual o peor magnitud.
Entonces, siendo así las cosas, la recomendación de este periódico es que este asunto se maneje desde una perspectiva política y no hay otra opción que el ciudadano se empodere para ver si son posibles los cambios que impidan que estas tragedias ocurran.
Pudiera parecer descabellado el planteamiento al respecto, pero para que por lo menos los riesgos sean menores, porque nunca se estará libre de acontecimientos desagradables como éstos, pero si se promueve una cultura de prevención, los resultados podrían ser totalmente diferentes.
Luchemos por una sociedad donde prevalezca la planificación estratégica, la regulación, la fiscalización y la prevención para evitar todo lo que puede ocurre por una visión contraria por parte de los que manejan el Estado.
Sin pretender quitarle importancia al derecho, valor y principio de igualdad, porque se supone que todos somos iguales ante la ley, pero la transferencia de los liderazgos políticos en el país es motivo de una gran preocupación.
En los actuales momentos la democracia nacional está en crisis y cualquiera sin un ápice de buenas intenciones puede convertirse en un líder nacional, porque esas son de las cosas que ocurren cuando un país llega al fondo en lo que respecta a los valores.
La República Dominicana atraviesa por ese trance, ya que hay una famosa expresión que dice que una gota de agua cae tanto en el mismo lugar hasta que hace un hoyo.
Exactamente eso ha ocurrido en el país, dado que ha sido tanta la corrupción y las acciones antijurídicas y anti morales, así como anti éticas que ya la gente parece haberse cansado.
Es de tal magnitud el problema que los funcionarios públicos que provienen de la partidocracia no se conforman con sustraer (50) cincuenta ó (100,000,000.00) cien millones de pesos, sino miles, cuyos mejores ejemplos son encontrados en los casos que están a punto de caer en prescripción extintiva porque ya van a cumplir 4 años de haberse iniciado.
Pero no es solo ese el problema, sino que la partidocracia ahora quiere perpetuar ese mal con dejar como herencia la administración del patrimonio público a sus esposas, hijos y nietos, principales beneficiarios de la sustracción del dinero del Estado.
Los herederos de la partidocracia ya están muy activos en la vida nacional y sólo esperan que sus padres y madres envejezcan para entonces ellos tomar las riendas del Estado para que continúe la fiesta de la que no participa el pueblo dominicano.
El fin de esa interminable parranda solo se llegará si la ciudadanía toma el toro por los cuernos e incluso impide que en el campo de la política partidista las cosas se manejen como si se tratara de una herencia proveniente de la determinación de herederos establecida para cuando el de cujus ha dejado bienes que sus legítimos herederos son sus hijos y nietos.
La partidocracia busca prolongar sus ilegales acciones hasta los más lejanos de sus herederos, mientras el pueblo dominicano no tiene derecho a la salud, la educación y una vivienda digna.
El momento parece haber llegado para decir basta ya y plantear una nueva regla del juego con la entrada de una forma diferente la figura de las candidaturas independientes, la cual parece representar una amenaza para que sobreviva el Estado Social Democrático y de Derecho, dado que algunos de los representantes de la partidocracia ya pretenden atentar hasta en contra de la Constitución de la República, ley suprema de la nación.
Lo primero que debe establecerse es que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes representa un paso vital para convertir la democracia nacional en más participativa.
Esta decisión del TC, quiérase o no, permite que el ciudadano se empodere y si lo hace correctamente podría detener la debacle que han impuesto en la sociedad dominicana los partidos políticos, cuya principal misión es promover anti-valores.
Ante los argumentos de la partidocracia, habría necesariamente que preguntarse y si ellos están tan bien como dicen, por qué tanto miedo con las candidaturas independientes, sobre todo si se entiende que si esta figura jurídica no es aprovechada por ahí podría ser que no venga nada nuevo y que en segundo lugar pueda servir para traer algo peor de lo que tenemos.
Entonces, si es verdad que se trabaja en favor de la sociedad, se impone que no se exhiba tanto miedo, porque si consideran que hacen lo correcto, pues no deben preocuparse.
Es un verdadero contrasentido muchas de las cosas que se dicen, porque si fuera algo que verdaderamente reviste tanto peligro, lo que procede es desmontar su importancia con argumentos con lógicos y despojados de todo mal razonamiento.
En una sociedad cimentada en antivalores no es fácil lograr cambios importantes, pero si la herramienta existe podría venir la reformación integral del Estado dominicano.
Las candidaturas independientes son una tabla de salvación nacional de una sociedad en la que ya no cabe más corrupción, contaminada de los pies hasta la cabeza y lo contrario.
Ahora falta que el ciudadano, vale decir la mayoría de ellos, se despoje de ese fanatismo que tradicionalmente lo ha cegado en favor del partidarismo, a fin de asumir con la toda la responsabilidad posible esta nueva figura que podría cambiar totalmente el escenario político nacional.
Hace falta que todos nos armemos de coraje y vayamos al Congreso Nacional a defender en las vistas públicas que habrán de anunciarse sobre las candidaturas independientes, ya que no hacerlo sería apostar al fracaso de la sociedad dominicana.
Que se entienda que la pelea está echada y que nadie detendrá las aspiraciones de los amplios sectores de la vida nacional de tener un país mejor, ya no soportan más corrupción y la negación de derechos, principios y valores constitucionales.
Lo que debe prevalecer en el ánimo nacional es darle vigencia al Estado Social Democrático y de Derecho, a los fines de que prevalezcan los deseos sanos y de verdaderos cambios del pueblo dominicano por una sociedad mejor.