Editorial
Un conato de ejercicio democrático.
El punto más neurálgico de la escogencia de los miembros y del presidente de la Junta Central Electoral (JCE) se refiere a la independencia de los aspirantes a tan delicada función para la democracia nacional.
Han sido muchos los entrevistados, pero aunque ha habido una correcta y legitima preocupación por la seguridad en el montaje de las elecciones que se celebran cada cuatro años, así como con la eficiencia e institucionalidad del registro civil, dos cuestiones de un gran valor para cualquier sociedad, pero sin embargo se ha soslayado la corrupción prevaleciente en el seno de los partidos políticos de los fondos que les entrega el Estado.
La cuestión no estriba en estos momentos en lo respecta a los porcentajes entregados en función de su votación, sino al manejo poco transparente de los mismos por parte de sus dirigentes, quienes no les rinden cuentas a nadie, nisiquiera a sus propios miembros de sus más altas instancias, lo cual le una connotación muy grave al problema.
Ese manejo poco claro de esos fondos por parte de los partidos políticos le quita legitimidad al sistema electoral dominicano, si se parte de la corriente que prima en el mundo de hoy de que las organizaciones que buscan controlar el Estado tengan una contabilidad pública y abierta.
La doble moral de los partidos, los cuales generalmente se constituyen en un patrimonio de su fundador, han debilitado la credibilidad en organizaciones que están llamadas a tener un comportamiento más ético y apegado a una democracia que busca rendir cuentas al ciudadano.
Este aspecto del proceso que se lleva a cabo en la actualidad podría servir para sentar un importante precedente con una sanción ejemplarizadora a los partidos que sólo sirven para tomar para sus dirigentes unos recursos que aporta el pueblo dominicano para que el país se enrumbe por el camino de la democracia con ética y con moral.
Sin embargo, luce poco probable que este problema sea abordado con la seriedad que requiere, porque no está en la agenda de los actores que tienen que velar porque estos flagelos sean, sino disminuidos a su mínima expresión, eliminados del sistema electoral.
Cualquiera se preguntaría y cuantos años más o décadas faltan para que la República Dominicana combata problemas que en realidad resultan poco complejo, en realidad, elementales, pero que la falta de voluntad política los convierte en grandes e irresolubles.
La llegada al poder de un partido como el Revolucionario Moderno (PRM), cuya formación de sus miembros no es muy esperanzadora, pero que está sometido a una presión de la sociedad que no le deja espacio para hacer lo mal hecho por lo menos en el nivel que lo hacían los que acaban de salir del control del Estado, debe incluir en su agenda el empeño en que las cosas sean diferentes y de hecho es una buena oportunidad con la escogencia de los nuevos miembros y del presidente de la Junta Central Electoral, y que ese órgano ataque las deficiencias y los vicios que le aquejan mediante un aumento de los niveles de supervisión y fiscalización de todos los actores que participan en el sistema electoral.
Dejar pasar ahora la oportunidad de por lo menos advertir un asunto tan delicado como el manejo poco transparente de los fondos que reciben los partidos políticos, constituye la prolongación de un fenómeno que crea urticaria entre los que conocen el problema a profundidad, ya que para decir verdad se trata de una mafia organizada alrededor del sistema democrático y de la sociedad dominicana.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.