Editorial
Un Crecimiento Económico que no se Refleja en el Pueblo.
Banco Central de la República Dominicana
El Banco Central de la República Dominicana tiene acostumbrado al país a unos números, niveles de crecimiento y baja inflación que nadie entiende, porque amplios sectores de la vida nacional no son beneficiarios de esas bondades de la política económica del Gobierno.
El anuncio de que la economía dominicana crecerá un 3 por ciento en el año 2013 es como hablarle en chino a la mayoría de los dominicanos, sobre todo cuando el Banco Central sostiene que en los próximos 12 meses la República Dominicana sólo tendrá una inflación de un cinco por ciento.
Estas afirmaciones del Banco Central hace que cualquier persona, no necesariamente los que permanentemente estudian el comportamiento de la economía, sino el ciudadano que sólo recibe el impacto del déficit público o del superávit que se pueda lograr en el país, a través de la compra de los artículos de la dieta diaria y de los precios que se imponen en el mercado del transporte público, en virtud de que son instrumentos que ellos necesitan para su sobrevivencia y para su movilidad de un lugar a otro, se quede estupefacto.
El Banco Central fundamenta el crecimiento que tendremos en el 2013 en la estabilidad relativa del mercado cambiario, la solvencia de la banca nacional, la rentabilidad, los bajos niveles de morosidad, así como por los adecuados niveles de provisiones de carteras vencidas, la expansión del crédito privado registrado en los últimos años, la recuperación de la economía de los Estados Unidos al cierre del 2012 y por el aumento de las reservas internacionales del país, entre otros factores.
Desde hace muchos años que en el país hay una expresión que dice que el papel lo coge todo, sin que necesariamente se diga la verdad.
Hablar de crecimiento y de baja inflación sobre la base de tecnisismos económicos en el país de la especulación y el agiotismo, es como asegurar que un prostíbulo es un templo o que una mujer estéril y que nunca tuvo hijos es una excelente madre.
Principalmente en un año como el 2013 que comienza la puesta en ejecución del paquetazo o reforma fiscal, el cual es altamente inflacionario.
Los números que ofrece el Banco Central hace pensar que el gobernador del organismo responsable de la política económica, monetario y financiera se ha equivocado y ha ofrecido un diagnóstico que no corresponde a la República Dominicana, sino a cualquier otro país donde las posibilidades de sobrevivir son mucho más viables
Decíamos que las autoridades del país nos tienen acostumbrados a estos números que nadie entiende, porque recordemos cuando el presidente Leonel Fernández ofreció su discurso en el año 2007 en la Asamblea Nacional, en el que reveló que se había producido un extraordinario aumento del Producto Interno Bruto y que el renglón que más había crecido era el de las telecomunicaciones.
De manera, que el presidente de entonces Leonel Fernández les estaba diciendo a los dominicanos que la economía nacional había crecido sobre la base de un fraude en contra de la sociedad dominicana, en razón de que el principal producto de las empresas de las tele-comunicaciones son las llamadas tarjetas pre-pagadas, las cuales son muy utilizadas por nuestra gente para no tener tarifas fijas en sus celulares.
Lo que la mayoría de la gente no sabe o por lo menos no rechaza es que esas tarjetas de llamadas es el principal fraude que cometen las compañías que las ofrecen en contra de las grandes mayorías nacionales, ya que se estima que alrededor de seis millones de dominicanos usan las mismas de una población de diez millones de personas.
Este informe del Banco Central no es más que una repetición de esas informaciones que necesariamente no se corresponden con la verdad, porque hablar de una inflación de un cinco por ciento en la República Dominicana, primero habría que dotarse de una nariz mucho más grande que la de Pinocho.
Recordaremos un anécdota sobre la inflación en la República Dominicana: Un ciudadano panameño que se desempeña como piloto de una línea aérea norteamericana que viaja regularmente al país narraba que él cuando se queda en los hoteles dominicanos se ubicaba en un lugar que pudiera mirar hacia la calle para observar a cada dominicano que pasara por ahí para preguntarse en silencio y cómo sobrevivirá ese señor o señora en un país que es el más caro del mundo, incluyendo a los Estados Unidos y Europa.
Lo que pasa es que en la República Dominicana el crecimiento y la inflación se miden sobre la base de variables que no se corresponden con la realidad, sobre todo porque esos números tienen un trasfondo politiquero, sólo buscan favorecer el posicionamiento del presidente de la República y del partido que está en el poder.
Por esta razón el Banco Central se pasará décadas hablando de un crecimiento económico que no tiene nada que ver con la verdad, porque incluso hasta la propia estabilidad o crecimiento macroeconómicos sólo pueden ser atribuibles al contrabando, el lavado de activos, el narcotráfico y naturalmente a los inversionistas que llegan al país, no por una política de captación de nuevas inversiones de las autoridades nacionales, sino por el interés espontáneo de inversionistas extranjeros que se enamoran de la República Dominicana por sus bellezas naturales y por el don de gente de los criollos, muchos de los cuales terminan chantajeados o frustrados por la falta de ética de los funcionarios públicos y por la debilidad de las normativas legales.
El crecimiento económico que supuestamente tiene el país y los niveles de inflación de la República Dominicana no son más que otro elemento del fraude, el engaño y la manipulación oficial en contra de una sociedad llena de ignorancia y de poca conciencia ciudadana.
Esa es nuestra gran tragedia nacional.
Durante décadas, República Dominicana ha hablado con orgullo de sus ciudadanos residentes en el exterior.
Los llamamos diáspora. Reconocemos sus sacrificios. Celebramos sus éxitos.
Y cada mes observamos atentamente cuánto dinero enviaron al país.
Pero ha llegado el momento de preguntarnos si el reconocimiento que República Dominicana ofrece a sus dominicanos en el exterior está realmente a la altura de lo que ellos representan para la nación.
Los números hablan con claridad.
En 2025 ingresaron al país US$11,866.3 millones en remesas, mientras que entre enero y julio de 2026 ya se habían recibido US$7,316.4 millones. Estados Unidos continúa siendo, con enorme diferencia, el principal origen de esos recursos.
Pero La República entiende que medir a nuestros emigrantes exclusivamente por las remesas constituye una visión incompleta de la diáspora.
Detrás de esas cifras existen ciudadanos.
Existen familias.
Existen décadas de trabajo y sacrificio.
Muchos dominicanos tuvieron que construir su futuro lejos de su tierra sin abandonar nunca completamente el país que dejaron.
Han sostenido padres, hijos y hermanos. Han financiado viviendas, educación, alimentación y pequeños negocios. Han invertido sus ahorros en República Dominicana y han promovido nuestra cultura fuera de nuestras fronteras.
Nueva York constituye probablemente la expresión histórica más poderosa de ese fenómeno.
Allí los dominicanos han pasado de trabajadores inmigrantes a comerciantes, profesionales, empresarios, dirigentes comunitarios y representantes políticos.
Ahora esa comunidad está cambiando.
Investigaciones recientes muestran una reducción de la población dominicana residente dentro de la ciudad de Nueva York y sugieren un desplazamiento hacia otras zonas de Estados Unidos.
Eso significa que República Dominicana también deberá cambiar la manera en que piensa su diáspora.
No podemos continuar diseñando nuestra relación con el dominicano del exterior como si todos permanecieran concentrados en los mismos barrios de Nueva York.
El Estado dominicano necesita conocer dónde están sus ciudadanos, qué necesitan, cómo están evolucionando sus nuevas generaciones y de qué manera pueden participar más activamente en el desarrollo nacional.
También necesitamos construir una relación que vaya más allá de pedir inversión, promover turismo o celebrar el volumen de las remesas.
La segunda y tercera generación dominicana en Estados Unidos representa un patrimonio extraordinario.
Son jóvenes que pueden dominar dos idiomas, comprender dos culturas y desenvolverse profesionalmente dentro de una de las economías más importantes del mundo.
Mantenerlos vinculados a República Dominicana debe convertirse en una política de Estado.
Eso requiere programas educativos y culturales, oportunidades de inversión transparentes, fortalecimiento de los servicios consulares y mecanismos efectivos para incorporar conocimientos, emprendimientos y capacidades profesionales de la diáspora.
El dominicano residente en Nueva York no debe sentirse importante para su país únicamente cuando envía dinero.
Debe sentirse parte de él.
La República considera que nuestra diáspora constituye una extensión humana de la nación dominicana.
Reconocerla verdaderamente significa escucharla, proteger sus vínculos con el país y crear condiciones para que sus nuevas generaciones puedan seguir sintiendo que República Dominicana también les pertenece.
Porque los dominicanos que un día salieron buscando oportunidades no abandonaron necesariamente la patria.
En muchos casos, simplemente ampliaron sus fronteras.
El motoconcho forma parte de la cotidianidad dominicana. Está presente en los barrios, municipios, comunidades rurales, mercados, hospitales, centros educativos y alrededores de las principales estaciones y paradas del transporte colectivo.
Negar su importancia sería desconocer una realidad social y económica construida durante décadas.
Para miles de ciudadanos representa una fuente de ingresos. Para muchos otros constituye una alternativa rápida para trasladarse hacia lugares donde el transporte público resulta insuficiente o inexistente.
Por eso, criminalizar indiscriminadamente al motoconchista sería un error.
Pero igualmente irresponsable sería ignorar las consecuencias negativas asociadas a la falta de regulación y al incumplimiento de las normas de tránsito.
República Dominicana cerró 2025 con 3,846,694 motocicletas registradas, equivalentes al 57.9 % del parque vehicular nacional. La motocicleta dejó hace mucho tiempo de ser un elemento marginal del tránsito para convertirse en protagonista de la movilidad nacional.
Y precisamente por eso debe preocuparnos otra cifra: de las 2,992 personas fallecidas en siniestros viales durante 2025, más del 65 % eran motociclistas, según datos divulgados por el INTRANT.
No todos eran motoconchistas. Sería incorrecto afirmarlo. Pero la estadística demuestra que quienes se desplazan sobre dos ruedas constituyen uno de los grupos más vulnerables de nuestras vías.
Frente a esta realidad, el país necesita superar dos posiciones extremas: la persecución indiscriminada del motoconchista y la tolerancia absoluta frente al desorden.
Ni prohibición ni anarquía. Regulación.
Todo conductor dedicado al transporte de pasajeros debe estar identificado, poseer la licencia correspondiente, utilizar una motocicleta debidamente registrada y cumplir rigurosamente las normas de seguridad vial.
El casco protector debe ser obligatorio tanto para quien conduce como para quien utiliza el servicio. Las paradas tienen que estar organizadas y ubicadas de manera que no obstaculicen calles, aceras ni entradas de establecimientos. Y las autoridades deben establecer mecanismos que permitan identificar con facilidad al conductor que presta el servicio.
La formalización también beneficia al motoconchista.
Un trabajador registrado y capacitado adquiere legitimidad frente al ciudadano. Deja de ser visto como parte de una actividad desorganizada para convertirse en prestador reconocido de un servicio de transporte.
Los operativos realizados durante 2026 muestran que las autoridades han comenzado a avanzar en esa dirección. En junio fueron intervenidas 488 paradas en distintos puntos del país dentro del proceso nacional de regularización, mientras la emisión de nuevas licencias categoría 1 para motocicletas aumentó 107.5 % entre marzo y junio.
Es un avance, pero la solución no puede depender exclusivamente de fiscalizaciones temporales.
Hace falta una política permanente.
El Estado debe combinar autoridad con educación, organización con oportunidades de formalización y fiscalización con prevención.
También corresponde responsabilidad a los propios motoconchistas. Quien transporta pasajeros no solamente conduce una motocicleta: lleva consigo una vida humana. Respetar un semáforo, utilizar casco, evitar una maniobra peligrosa o reducir la velocidad puede marcar la diferencia entre terminar un viaje o terminar una vida.
Y existe igualmente una responsabilidad ciudadana. El pasajero debe comenzar a exigir seguridad. No debería aceptar como normal abordar una motocicleta sin casco o viajar con alguien que conduce de manera temeraria.
El motoconchismo ofrece beneficios evidentes: genera ingresos, facilita la movilidad, conecta comunidades y complementa el transporte colectivo. Pero también produce desafíos que no pueden seguir posponiéndose: accidentalidad, informalidad, desorden vial y dificultades de identificación y control.
La solución sensata no consiste en acabar con una actividad de la que dependen numerosas familias.
Consiste en dignificarla.
República Dominicana necesita un motoconcho organizado, seguro y profesional. Un servicio donde trabajar no signifique arriesgar la vida y donde llegar rápido nunca sea más importante que llegar vivo.
La República Dominicana tiene razones para valorar cualquier avance que permita ampliar las oportunidades de trabajo. Pero las estadísticas laborales también obligan a observar una realidad que no debe ser normalizada: durante el primer trimestre de 2026, el 54.1 % de los ocupados se encontraba en la informalidad, frente a un 45.9 % de ocupación formal.
El dato merece atención precisamente porque la economía ha comenzado a recuperar dinamismo. En junio, la actividad económica creció 6.4 % interanual y el primer semestre acumuló una expansión de 4.5 %, según el Banco Central.
El país necesita crecimiento, inversión y empresas capaces de competir. Pero necesita igualmente que el progreso económico pueda sentirse en la estabilidad de los hogares.
Un trabajador no deja de ser productivo porque sea informal, ni un pequeño comerciante debe ser visto automáticamente como alguien que pretende incumplir la ley. En muchos casos, la informalidad es consecuencia de barreras económicas, administrativas y estructurales que el Estado tiene la obligación de comprender y reducir.
Por eso, formalizar no puede significar simplemente aumentar controles. Debe significar abrir puertas.
Las micro y pequeñas empresas necesitan procesos sencillos, financiamiento accesible, capacitación y condiciones que les permitan asumir gradualmente sus responsabilidades. Los trabajadores independientes necesitan mecanismos de protección compatibles con la realidad de sus ingresos. Y los jóvenes necesitan una ruta clara hacia su primer empleo formal.
También corresponde al sector empresarial asumir su responsabilidad. La competitividad no puede construirse sobre la precariedad permanente de la fuerza laboral. Una economía moderna necesita productividad, innovación y capital humano, pero también relaciones laborales capaces de ofrecer seguridad y perspectivas de progreso.
El crecimiento económico debe convertirse en una herramienta para ampliar oportunidades y no solamente en una estadística macroeconómica favorable.
Reducir significativamente la informalidad laboral debe ser una prioridad nacional que trascienda gobiernos y coyunturas. Para conseguirlo será necesario coordinar políticas laborales, tributarias, educativas, productivas y de protección social.
La República considera que el país debe avanzar hacia una nueva etapa en la que la pregunta no sea solamente cuántos empleos se crean, sino qué calidad tienen esos empleos y cuánto contribuyen al bienestar de quienes los desempeñan.
Porque detrás de cada porcentaje existe una persona, una familia y una expectativa de futuro.
El desarrollo será verdaderamente exitoso cuando crecimiento, productividad, oportunidades y dignidad laboral avancen en una misma dirección.