Análisis Noticiosos
Un desafío definitivo de Danilo a Leonel que podría generar la división del PLD
Por Juan Bolívar Díaz
Tanto por la forma en que favoreció a su delfín Gonzalo Castillo, en la competencia para definir un solo precandidato danilista, como por el desenfado con que arrancó la recta final para la elección primaria del 6 de octubre, el presidente Danilo Medina demuestra que no respetará ningún límite para mantener su poder más allá del próximo 2020.
Pero como Leonel Fernández sigue demostrando firmeza y un gran respaldo en todas sus actividades, la irrupción del Estado podría ser cada vez más desenfrenada y generar mayores incertidumbres nacionales en las próximas semanas y hasta la división definitiva del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Gonzalo sin importar costo. Desde que Gonzalo Castillo anunció su decisión de lanzarse a la búsqueda de la candidatura presidencial del PLD, una semana después del dramático discurso del presidente Danilo Medina el 22 de julio, quedó claro que era el elegido, el delfín del mandatario, pero no se esperaba que este mostrara tanta parcialidad frente a los competidores de su propio ámbito político, a los que había incentivado a correr más de un año antes.
Los aprestos para buscar la candidatura presidencial en relevo de Medina comenzaron desde junio del 2017 cuando Felucho Jiménez informó que el mandatario lo había autorizado a decir que no sería candidato para el 2020. Desde entonces tres ministros presentaron renuncia para emprender la carrera: Francisco Domínguez Brito dejó el Ministerio de Medio Ambiente en abril del 2018. Un mes después Carlos Amarante Baret renunció de Interior y Policía, y en febrero pasado lo hizo Andrés Navarro, del Ministerio de Educación.
Otro que tomó en serio el estímulo presidencial, después de una reunión de aspirantes con Medina, fue el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, y lo anunció también en mayo del 2018. Este, como Domínguez y Amarante invirtieron amplios recursos y todo su tiempo movilizando seguidores por todo el país durante más de 15 meses, Navarro en los últimos seis meses, y Temístocles Montás, desde octubre, mientras Radhamés Segura apenas se inscribió.
Todos corrieron con las riendas tensas e inconformes mientras Medina seguía acariciando la posibilidad de continuar, y cuando este declinó y los volvió a reunir en el Palacio para que corrieran fuerte, aún sin Gonzalo Castillo, todos convinieron en una campaña de un mes para, mediante encuestas definir que solo uno de ellos competiría por el “sector danilista”.
Sin el menor escrúpulo. Al parecer, Medina no confiaba en sus seis precandidatos y lanzó a su ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, por lo que cuando este anunció su aspiración, el 31 de julio, ya se le consideraba como el delfín, por lo que salió con recursos que superaban a todos los demás en conjunto. Para no dejar dudas, el presidente no le aceptó la renuncia al potente ministerio de Obras Públicas, como había hecho con Domínguez, Amarante y Navarro, en medio de denuncias de que utilizaba sus recursos para promoverse. En agosto la nómina de ese ministerio, en manos de subordinados de Castillo, creció 8 millones de pesos en relación a julio e invertían muchos millones en propaganda y para repartir mochilas escolares.
A tres días de lanzarse, ya Gonzalo contaba con el apoyo de 126 alcaldes y directores municipales, cuyas expectativas de reelegirse se alimentan con el asfaltado de calles que generosamente dispone el Ministerio de Obras Públicas. El ministro se benefició de cocteles donde se invitaba a contratistas y suplidores a contribuir con 500 mil pesos, y se dice que en uno con personas del mundo financiero, las sugerencias fueron de un millón de pesos. La apabullante publicidad de Gonzalo por todos los medios, con páginas diarias en todos los periódicos, se convirtió en un escándalo.
Todo ello provocó las renuncias de Amarante y Reinal Pared, denunciando desigualdad y ofendidos por lo que entendían “juego desleal” del mismo Medina. Los otros danilistas que pactaron las encuestas y tuvieron que admitir después la participación de Gonzalo, quedaron fulminados y nadie se sorprendió con el resultado.
El despliegue del Estado. Si el presidente Danilo Medina no respetó la equidad en la competencia entre los que se consideraban de su grupo, para nada puede sorprender que se haya desplegado el alto funcionariado del Estado para tratar de vencer a Leonel Fernández en una campaña de apenas cuatro semanas. La desproporción publicitaria de Gonzalo, que había llegado a la inversión de tres millones de pesos en un concurso de canciones a su favor, siguió disparándose y el jueves trascendió que catorce ministros y más de una veintena de directores y funcionarios de organismos estatales más algunos legisladores estaban encargados de su campaña en todo el país.
Para el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo se crearon comandos separados, y otros ocho por regiones. El despliegue incluyó a funcionarios del Estado alejados de la política partidista, como los administradores de los Banco de Reservas y Agrícola, el director de Impuestos Internos, el Superintendente de Bancos, o el director de Aduanas. De los ministros solo se salvaron el de la Presidencia y el de Energía y Minas, quienes habrían favorecido la precandidatura de Domínguez Brito, el canciller Miguel Vargas y la de la Mujer, Janet Camilo, del aliado PRD, así como la Ministra de Educación Superior, vinculada a Leonel Fernández.
Ese nivel de involucramiento del gobierno solo tiene precedente en las campañas electorales del PLD, del 2012 y 2016, que dieron la presidencia a Medina. Burla principios constitucionales de igualdad en las competencias electorales, las leyes de Partido y del Régimen Electoral y la Ley de la Función Pública, y pone en aprieto a la Junta Central Electoral encargada de cautelar la equidad en las campañas electorales.
Genialidad política de DM. Con el despliegue del gobierno en la campaña interna aumentan las posibilidades de que Danilo Medina pueda lograr su objetivo de impedir la candidatura presidencial de su rival interno Leonel Fernández, lo según comentaristas, demostrarían su “genialidad política”. Ese salvajismo político parece normal para la cultura política tradicional, incluyendo a los que ahora son sus víctimas. Ese despliegue del gobierno es también un preaviso de lo que ocurriría en la campaña para las elecciones generales del año próximo, sobre todo si Medina logra llevar a Castillo de candidato presidencial, y a muchos seguidores para los cargos congresuales y municipales.
Contradice el último discurso del presidente de Medina, el del 22 de julio al declinar la búsqueda de la segunda reelección, cuando llamó al liderazgo político a “actuar con la máxima responsabilidad y transparencia para que avancemos en la consolidación de nuestras instituciones y que los resultados electorales sean un reflejo de la voluntad democrática del pueblo dominicano”. Agregó que confiaba “en que presenciaremos una campaña limpia, basada en propuestas… y que esté regida por el civismo y la sana competencia”.
Aumentarán incertidumbres. La irrupción del gobierno en pleno en la lucha por la candidatura presidencial del PLD, podría tener como primer efecto un incremento de las incertidumbres generales que ya a mitad del año afectaron hasta la economía nacional por la fiereza con que se buscaba una reforma constitucional para la prolongación de Medina en el poder. Esta vez por los temores de que pueda sellar la progresiva división del partido gobernante, que tuvo expresión cuando el jueves el expresidente Leonel Fernández pidió la presencia del pleno de la JCE para reclamar y obtener su propio representante ante ese organismo, porque el delegado político, el ministro de Interior Monchy Fadul, es del comando de campaña de Gonzalo Castillo.
Es cierto que Castillo ha recibido el apoyo de la mayoría de los miembros del Comité Político del PLD, y de la mayoría de los senadores y alcaldes, claves en la campaña territorial, por lo que adquiere una fuerza que no se le sospechaba, pero el secretario general Reinaldo Pared, aunque se declarara neutral, está ahora cerca de Leonel Fernández, ya que su esposa y su equipo de campaña decidieron apoyar al expresidente. No se sabe si Amarante Baret dejará atrás su indignación con Danilo Medina, lo que podría ocurrir si le compensan parte de las decenas de millones de pesos que le costó su campaña de 15 meses. Domínguez Brito aceptó a Gonzalo, pero aparece distante.
Si “la genialidad” del presidente se extrema, y se reproduce en todo el país, la lucha de las semanas finales podría ser dramática entre más de 7 mil aspirantes a las candidaturas para los más de 4 mil cargos electivos, que en provincias y municipios estarán divididos entre las dos facciones que se disputan el control del partido gobernante. Peor si, como se teme, corre el dinero para “incentivar” a votar a la inmensa reserva de ciudadanos que no son del PLD, razón fundamental para que el danilismo impusiera el padrón abierto en su elección primaria. Hay quienes creen que resuelven venciendo a Leonel en las Primarias, porque la Ley de Partidos impide ser candidato por otra organización al que pierda en la propia.
Pero si le ponen la soga al cuello, Leonel tendría la opción de retirarse días antes, motivándolo en inaceptable abuso del Estado, y alegar que al no haber perdido, puede ser postulado por otro partido. Se dividiría el PLD en proporciones que lo expondría a perder el poder, con alto costo para Danilo Medina.
Análisis Noticiosos
Necesidad de nuevo objetivo de financiamiento climático para América Latina y el Caribe
Los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por la exportación de combustibles fósiles que por enfrentar el cambio climático y la pérdida de biodiversidad
Por años el cambio climático ha representado una grave amenaza para América Latina y el Caribe. Sin embargo, los retos para atenderlo se han ido acrecentando con el tiempo. Pese a los intentos de varios países para hacerle frente, persisten desafíos para desacoplar sus economías de actividades contaminantes. Así, mientras algunos países profundizan su dependencia a los combustibles fósiles, otros sufren las consecuencias de los impactos negativos de la crisis climática.
De acuerdo con el Índice de Finanzas Sostenibles 2024 (IFS) del Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe, existe una gran brecha entre los ingresos generados por actividades intensivas en carbono y aquellos destinados a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. En conjunto, los 20 países con mayores emisiones de la región reciben 19 veces más ingresos por actividades relacionadas con la exportación de combustibles fósiles que por temas asociados a la conservación de la naturaleza. Además, destinan 12 veces más recursos a proyectos para la producción de combustibles fósiles que a iniciativas que a las segundas dos iniciativas.
Este desequilibrio refleja la histórica dependencia de la región en sectores como la minería, el petróleo, el carbón y el gas, aunque también representa una oportunidad para reorientar los flujos financieros. Hay que reconocer que la transición a economías bajas en carbono no solo es una cuestión de mitigación del cambio climático, sino también de adaptación, de protección de la naturaleza y de competitividad económica a largo plazo.
A nivel nacional los países de América Latina y el Caribe deben acelerar su transición hacia finanzas más sostenibles. La dependencia económica de las actividades en carbono no solo ponen en riesgo el cumplimiento de los objetivos climáticos internacionales, sino que también exponen a la región a los devastadores impactos del cambio climático, como los desastres naturales y las migraciones forzadas.
El IFS 2024 subraya la urgencia de un cambio radical en la asignación de recursos. Actualmente, la mayoría de los países de la región destinan menos del 1% de sus presupuestos a proyectos que ayudarán a combatir el cambio climático y a proteger la biodiversidad. El Salvador es una de las pocas excepciones, destinando más del 3% de su presupuesto a iniciativas climáticas y sostenibles, pero muchos otros países permanecen rezagados, lo que limita su capacidad para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático.
La tarea no es sólo de los países de la región. Es muy importante que a nivel internacional se tengan compromisos de financiamiento, como la creación de un nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento climático que ayude a los países a financiar acciones urgentes. Este, se ha repetido, no solo debe estar enfocado en la adaptación, sino darse mediante financiamiento público en forma de donaciones para evitar el aumento de los niveles de deuda de los países. Se trata de un nuevo objetivo que se aprobará en la COP29 que se desarrollará en Bakú y que será crítico para incentivar a los países de la región a avanzar hacia finanzas más sostenibles.
La nueva meta de financiamiento climático debe tomar en cuenta estas necesidades y prioridades de los países de la región, como del resto de los países en desarrollo. No debe ser solo un número, aunque sí debe considerar que las necesidades están valuadas en millones de millones de dólares, y ya no solo en miles de millones de dólares. Pero, además, se deben tomar en cuenta aspectos de carácter cualitativo, como mejorar el acceso a dicho financiamiento.
Si bien no hay ningún país que haya logrado armonizar sus finanzas para hacerlas completamente sostenibles, lo cierto es que hay países que han tenido que incrementar sus inversiones públicas en la atención de las pérdidas y los daños causados por el cambio climático, como ha sucedido en países de Centroamérica. Dos ejemplos son el ya citado caso de El Salvador, y el de Guatemala, que presenta una puntuación de 2,6 de 4 puntos en la clasificación de finanzas sostenibles. Esto se debe a que Guatemala ha asignado 35 veces más recursos a actividades que permitirán combatir el cambio climático que a actividades intensivas en carbono; y a que es un país que no depende de la industria fósil para alimentar su economía. No obstante, también presenta retos de acceso a financiamiento climático internacional.
Otros países como Honduras, Jamaica y Panamá también han logrado progresos en cuanto a su asignación de presupuesto público en materia de cambio climático. Esto no quiere decir que no enfrentan retos de acceso a financiamiento internacional, lo que también limita su capacidad de implementación de sus compromisos climáticos adquiridos a nivel internacional.
Brasil y México, las economías más grandes de la región, se encuentran en una posición crítica dentro del contexto de las finanzas sostenibles. Según el IFS 2024, ambos países han obtenido medias y bajas puntuaciones: Brasil, con 2,1 puntos, y México con 1,3 puntos. Estos resultados reflejan una disparidad entre sus ingresos y egresos por actividades intensivas en carbono y el financiamiento asociado a la atención del cambio climático.
En 2023, Brasil generó 33 veces más ingresos provenientes de actividades intensivas en carbono que por fuentes de financiamiento climático internacional, y destinó 1,5 veces más presupuesto a actividades contaminantes que a iniciativas sostenibles. México, por su parte, se enfrenta a una situación más compleja: generó 57 veces más ingresos por actividades intensivas en carbono, mientras que destinó 28 veces más recursos a sectores contaminantes que para atender el cambio climático.
A pesar de estos desafíos, tanto Brasil como México tienen la oportunidad de liderar un cambio crucial en la región. Debido a su peso económico y su influencia política, ambos países podrían movilizar capital de manera significativa hacia proyectos sostenibles, creando un efecto multiplicador que inspire a otras naciones de la región a seguir el mismo camino. Para lograrlo, es fundamental que alineen sus políticas fiscales con los compromisos climáticos internacionales. Esto implica incentivar el desarrollo de energías renovables y mejorar la eficiencia energética, al tiempo que desincentivan las actividades que perpetúan la emisión de contaminantes.
Los países de la región tienen una oportunidad única de liderar la transición global hacia la sostenibilidad, lo que implicará transformaciones nacionales y apoyo internacional. Por ello, el nuevo objetivo colectivo cuantificable de financiamiento es crítico para apoyar el aumento de la ambición de acciones climáticas, tanto de mitigación como de adaptación. Para la región es urgente que se apruebe este nuevo objetivo en la COP 29 y seguir impulsando las transformaciones necesarias a nivel nacional. No hay tiempo que perder. Sin meta no hay planeta.
elpais.com
Un estudio revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones -2.500 millones de dólares- respaldan al sector de la soja, del azúcar y el ganadero a través de préstamos a bajo interés
Bogotá.-Cuando habla de deforestación en Bolivia, Matthew Hansen, científico y docente especializado en el mapeo del cambio de cobertura terrestre, define al país como “el lejano oeste” y los datos lo corroboran. Desde 2001 hasta 2022, Bolivia perdió 3,73 millones de hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa 51% de su pérdida total de cobertura arbórea. A pesar de que es uno de los países con mayor superficie de bosques primarios, también es el tercero de la región que más rápido la está perdiendo. Desde la pandemia, cada año ha ido rompiendo el lamentable récord del desmantelamiento. Y sólo en 2023, el país había perdido un 27% más de bosque que en 2022. La creciente presencia ganadera, los monocultivos y las políticas del Gobierno parecen subrayar lo que para muchos es ya una realidad: la deforestación vino para quedarse. Con todas estas cifras en mente, Stasiek Czaplicki Cabezas, periodista de datos y economista ambiental, se hizo una pregunta: ¿Quién financia esta devastación ambiental? Tres años de investigación después revelaron una parte de la respuesta: los ahorros de los bolivianos.
“Si América Latina fuera un salón de clase, los peores alumnos serían Bolivia y Brasil, la diferencia es que Brasil sí tiene políticas públicas. En Bolivia, el Gobierno está aprobando medidas que apoyan el sector agropecuario”, explica Czaplicki, el autor del estudio Las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación, realizado en colaboración con Alianza por la Solidaridad / Actionaid Bolivia y publicado a finales de agosto. Este informe revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones bolivianos, una suma de 2.569 millones de dólares, están financiando los sectores de la soja, el azúcar y la ganadería, los principales responsables de la deforestación en el país. Este monto equivale a casi el triple de la inversión realizada en 2024 a las universidades públicas del país.
Esta cifra, según cuenta el autor, es el resultado de una compleja red de inversiones directas e indirectas a través de la banca y fondos de inversión cerrados (FICs) que terminan financiando los principales sectores que generan la destrucción ecosistémica. “Estos préstamos que les dan no consideran el destino de esos fondos y sus implicaciones socio-ecológicas”, lamenta por teléfono.
Hace años que a Czaplicki le llamaban la atención las supuestas crisis del sector de la soja, así que decidió hacerle seguimiento a esas cuentas. “Hice lo que se conoce como ‘follow de money’ (seguir el dinero). Empecé a encontrar cosas sospechosas, pagos de impuestos muy bajos, utilidades casi inexistentes… ¿Entonces dónde está el negocio?”, se preguntó. “Me di cuenta de que hay dos mecanismos para hacer dinero en el agronegocio. El primero es la especulación comercial de la tierra en la que desmontas el terreno y lo revendes, pero no es tan común. Y la segunda, la especulación financiera. Tener tierras activas para conseguir préstamos. De ahí sale la principal ganancia del agro en Bolivia”.
En la última década, la participación de estos préstamos en la cartera bancaria nacional ha escalado del 11,7% al 18,2%, en un contexto donde el volumen total de créditos se ha cuadruplicado. Paralelamente, los fondos de pensiones han experimentado un crecimiento similar, con la obligación de invertir mayoritariamente en el sector formal boliviano, que representa apenas el 18% de la economía del país. “En otras palabras, a medida que los créditos bancarios e inversiones de los fondos de pensiones aumentaron, también creció la proporción y el volumen destinado al agronegocio”, dice.
Hay tres cosas que le preocupan seriamente al respecto. “Por un lado, lo ético. Ya que los fondos de pensión, siendo ahorros para el futuro, están siendo usados para destrozar los ecosistemas del futuro. Después, está el ámbito económico porque promueven la inequidad. Y por último, es que los fondos de pensiones sirven para alimentar la banca y el sector. Lo peor es que la gente ni lo imagina”, reconoce. De acuerdo con encuestas de WWF que coordinó el autor del estudio, entre el 45 y 55% de la poblacion entre los 18 y los 45 años de La Paz y Santa Cruz no concibe que la ganadería pueda generar deforestación.
Para Czaplicki, economista ambiental, otro de los puntos clave de la investigación es la concentración del capital. En el sector soyero, por ejemplo, sólo ocho empresas reciben el 63% de los créditos bancarios, mayoritariamente en pesos bolivianos y a tasas de interés anual máximas de 6% y, en general, mucho menores. “Esta concentración genera un endeudamiento cuestionable e incrementa el riesgo del sistema bancario y de nuestras pensiones”, critica.
Pese a estas facilidades de financiación, estos sectores son intervenidos y apoyados a menudo, según el estudio. El ejemplo más reciente fue la creación de un fondo público de unos 300 millones de dólares de apoyo a los productores de soja y palma a un 0,5% de interés anual. “Estas condiciones en comparación con las de los préstamos sociales son muy diferentes. Para la vivienda social, el interés anual está entre el 5,5 y el 6,5%”.
La deforestación no la generan (sólo) los incendios
El experto lamenta que siga existiendo una fuerte estigmatización alrededor de las comunidades indígenas y campesinas vinculada a la deforestación. Estas comunidades suelen usar quemas controladas para sus cosechas. Si bien algunas de ellas se han descontrolado y han causado daños en los ecosistemas, al ser estos muy visibles, la percepción boliviana es que son los principales responsables del desmantelamiento. Sin embargo, el 88% de la conversión de bosques es producto de una deforestación planificada y ejecutada, en gran medida, con maquinaria pesada, sin incendios.
Es por ello que el economista cree que hay que informar más y mejor a la población. “Como sociedad tenemos que exigir una mayor transparencia y empujar la desinversión de actividades de sectores extractivos de las pensiones”, dice. “El problema es que no hay muchos otros sectores donde invertir, tenemos que replantear el presente y el futuro. Estamos hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones venideras”.
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Las autoridades mexicanas reconocen que han ratificado esta herramienta de financiamiento en un entorno de incertidumbre e inestabilidad de los mercados financieros
México .-El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ratificado su línea de crédito flexible a México por 35.000 millones de dólares. El financiamiento, a dos años, fue otorgado al país en 2023 y, ahora, es su evaluación a medio término, el organismo multilateral ha resaltado que el país mantiene los requisitos necesarios para acceder, en caso de que lo requiera a este fondeo. Las autoridades mexicanas han explicado que ante un entorno de riesgos externos y volatilidad han decidido mantener esta herramienta de financiamiento activa. “El entorno externo sigue presentando incertidumbre y riesgos. Entre ellos destacan los derivados de la dinámica de la economía global y de la volatilidad en los mercados financieros. Esta medida refuerza la posición del país frente a escenarios de volatilidad internacional”, indicaron por escrito. La Línea de Crédito Flexible es un instrumento disponible a algunos países del mundo que les permite fortalecer sus reservas y atender choques inesperados.
La Comisión de Cambios, integrada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, han informado este viernes que México continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios para acceder a los recursos disponibles a través de este instrumento, en caso de requerirlo y sin condicionalidad por parte del FMI. “Las autoridades refrendan su compromiso con políticas macroeconómicas prudentes que contribuyan a la estabilidad financiera y al crecimiento económico sostenible e incluyente”, añaden.
El organismo admite que México tiene un historial sostenido en la implementación de políticas macroeconómicas sólidas y sigue contando con fundamentos económicos y marcos de política institucional muy fuertes; un nivel de reservas internacionales adecuado; un historial de acceso a los mercados de capitales en condiciones favorables y finanzas públicas sanas. Además, de un marco de política monetaria y cambiario sólido y un sistema financiero bien capitalizado que se mantiene sólido frente a los riesgos sistémicos del sector financiero.
Entre los riesgos y desafíos, el FMI, advierte de que se espera que el crecimiento económico del país se modere aún más en 2025, debido a la retirada del estímulo fiscal de este año y a la continua restricción monetaria. Se necesita una consolidación fiscal anticipada, respaldada por medidas creíbles y bien identificadas, para reducir la deuda pública a lo largo del tiempo y proporcionar un margen de maniobra en caso de shocks negativos. “Existe una necesidad crítica de fortalecer la gobernanza, combatir la corrupción y el delito, mejorar la infraestructura física y movilizar el ahorro privado para financiar inversiones privadas”, sugiere.
El monto del financiamiento renovado en esta ocasión es igual al de 2023, sin embargo, desde 2018, México ha venido reduciendo la línea de crédito con el FMI. En 2018, México decidió recortar la línea de 88.000 millones de dólares a 74.000 millones de dólares. Esta línea de crédito internacional es un instrumento de carácter precautorio frente a condiciones externas adversas que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa las herramientas de las autoridades mexicanas para preservar la estabilidad económica y financiera.
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