Análisis Noticiosos
Un desafío definitivo de Danilo a Leonel que podría generar la división del PLD
Por Juan Bolívar Díaz
Tanto por la forma en que favoreció a su delfín Gonzalo Castillo, en la competencia para definir un solo precandidato danilista, como por el desenfado con que arrancó la recta final para la elección primaria del 6 de octubre, el presidente Danilo Medina demuestra que no respetará ningún límite para mantener su poder más allá del próximo 2020.
Pero como Leonel Fernández sigue demostrando firmeza y un gran respaldo en todas sus actividades, la irrupción del Estado podría ser cada vez más desenfrenada y generar mayores incertidumbres nacionales en las próximas semanas y hasta la división definitiva del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Gonzalo sin importar costo. Desde que Gonzalo Castillo anunció su decisión de lanzarse a la búsqueda de la candidatura presidencial del PLD, una semana después del dramático discurso del presidente Danilo Medina el 22 de julio, quedó claro que era el elegido, el delfín del mandatario, pero no se esperaba que este mostrara tanta parcialidad frente a los competidores de su propio ámbito político, a los que había incentivado a correr más de un año antes.
Los aprestos para buscar la candidatura presidencial en relevo de Medina comenzaron desde junio del 2017 cuando Felucho Jiménez informó que el mandatario lo había autorizado a decir que no sería candidato para el 2020. Desde entonces tres ministros presentaron renuncia para emprender la carrera: Francisco Domínguez Brito dejó el Ministerio de Medio Ambiente en abril del 2018. Un mes después Carlos Amarante Baret renunció de Interior y Policía, y en febrero pasado lo hizo Andrés Navarro, del Ministerio de Educación.
Otro que tomó en serio el estímulo presidencial, después de una reunión de aspirantes con Medina, fue el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, y lo anunció también en mayo del 2018. Este, como Domínguez y Amarante invirtieron amplios recursos y todo su tiempo movilizando seguidores por todo el país durante más de 15 meses, Navarro en los últimos seis meses, y Temístocles Montás, desde octubre, mientras Radhamés Segura apenas se inscribió.
Todos corrieron con las riendas tensas e inconformes mientras Medina seguía acariciando la posibilidad de continuar, y cuando este declinó y los volvió a reunir en el Palacio para que corrieran fuerte, aún sin Gonzalo Castillo, todos convinieron en una campaña de un mes para, mediante encuestas definir que solo uno de ellos competiría por el “sector danilista”.
Sin el menor escrúpulo. Al parecer, Medina no confiaba en sus seis precandidatos y lanzó a su ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, por lo que cuando este anunció su aspiración, el 31 de julio, ya se le consideraba como el delfín, por lo que salió con recursos que superaban a todos los demás en conjunto. Para no dejar dudas, el presidente no le aceptó la renuncia al potente ministerio de Obras Públicas, como había hecho con Domínguez, Amarante y Navarro, en medio de denuncias de que utilizaba sus recursos para promoverse. En agosto la nómina de ese ministerio, en manos de subordinados de Castillo, creció 8 millones de pesos en relación a julio e invertían muchos millones en propaganda y para repartir mochilas escolares.
A tres días de lanzarse, ya Gonzalo contaba con el apoyo de 126 alcaldes y directores municipales, cuyas expectativas de reelegirse se alimentan con el asfaltado de calles que generosamente dispone el Ministerio de Obras Públicas. El ministro se benefició de cocteles donde se invitaba a contratistas y suplidores a contribuir con 500 mil pesos, y se dice que en uno con personas del mundo financiero, las sugerencias fueron de un millón de pesos. La apabullante publicidad de Gonzalo por todos los medios, con páginas diarias en todos los periódicos, se convirtió en un escándalo.
Todo ello provocó las renuncias de Amarante y Reinal Pared, denunciando desigualdad y ofendidos por lo que entendían “juego desleal” del mismo Medina. Los otros danilistas que pactaron las encuestas y tuvieron que admitir después la participación de Gonzalo, quedaron fulminados y nadie se sorprendió con el resultado.
El despliegue del Estado. Si el presidente Danilo Medina no respetó la equidad en la competencia entre los que se consideraban de su grupo, para nada puede sorprender que se haya desplegado el alto funcionariado del Estado para tratar de vencer a Leonel Fernández en una campaña de apenas cuatro semanas. La desproporción publicitaria de Gonzalo, que había llegado a la inversión de tres millones de pesos en un concurso de canciones a su favor, siguió disparándose y el jueves trascendió que catorce ministros y más de una veintena de directores y funcionarios de organismos estatales más algunos legisladores estaban encargados de su campaña en todo el país.
Para el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo se crearon comandos separados, y otros ocho por regiones. El despliegue incluyó a funcionarios del Estado alejados de la política partidista, como los administradores de los Banco de Reservas y Agrícola, el director de Impuestos Internos, el Superintendente de Bancos, o el director de Aduanas. De los ministros solo se salvaron el de la Presidencia y el de Energía y Minas, quienes habrían favorecido la precandidatura de Domínguez Brito, el canciller Miguel Vargas y la de la Mujer, Janet Camilo, del aliado PRD, así como la Ministra de Educación Superior, vinculada a Leonel Fernández.
Ese nivel de involucramiento del gobierno solo tiene precedente en las campañas electorales del PLD, del 2012 y 2016, que dieron la presidencia a Medina. Burla principios constitucionales de igualdad en las competencias electorales, las leyes de Partido y del Régimen Electoral y la Ley de la Función Pública, y pone en aprieto a la Junta Central Electoral encargada de cautelar la equidad en las campañas electorales.
Genialidad política de DM. Con el despliegue del gobierno en la campaña interna aumentan las posibilidades de que Danilo Medina pueda lograr su objetivo de impedir la candidatura presidencial de su rival interno Leonel Fernández, lo según comentaristas, demostrarían su “genialidad política”. Ese salvajismo político parece normal para la cultura política tradicional, incluyendo a los que ahora son sus víctimas. Ese despliegue del gobierno es también un preaviso de lo que ocurriría en la campaña para las elecciones generales del año próximo, sobre todo si Medina logra llevar a Castillo de candidato presidencial, y a muchos seguidores para los cargos congresuales y municipales.
Contradice el último discurso del presidente de Medina, el del 22 de julio al declinar la búsqueda de la segunda reelección, cuando llamó al liderazgo político a “actuar con la máxima responsabilidad y transparencia para que avancemos en la consolidación de nuestras instituciones y que los resultados electorales sean un reflejo de la voluntad democrática del pueblo dominicano”. Agregó que confiaba “en que presenciaremos una campaña limpia, basada en propuestas… y que esté regida por el civismo y la sana competencia”.
Aumentarán incertidumbres. La irrupción del gobierno en pleno en la lucha por la candidatura presidencial del PLD, podría tener como primer efecto un incremento de las incertidumbres generales que ya a mitad del año afectaron hasta la economía nacional por la fiereza con que se buscaba una reforma constitucional para la prolongación de Medina en el poder. Esta vez por los temores de que pueda sellar la progresiva división del partido gobernante, que tuvo expresión cuando el jueves el expresidente Leonel Fernández pidió la presencia del pleno de la JCE para reclamar y obtener su propio representante ante ese organismo, porque el delegado político, el ministro de Interior Monchy Fadul, es del comando de campaña de Gonzalo Castillo.
Es cierto que Castillo ha recibido el apoyo de la mayoría de los miembros del Comité Político del PLD, y de la mayoría de los senadores y alcaldes, claves en la campaña territorial, por lo que adquiere una fuerza que no se le sospechaba, pero el secretario general Reinaldo Pared, aunque se declarara neutral, está ahora cerca de Leonel Fernández, ya que su esposa y su equipo de campaña decidieron apoyar al expresidente. No se sabe si Amarante Baret dejará atrás su indignación con Danilo Medina, lo que podría ocurrir si le compensan parte de las decenas de millones de pesos que le costó su campaña de 15 meses. Domínguez Brito aceptó a Gonzalo, pero aparece distante.
Si “la genialidad” del presidente se extrema, y se reproduce en todo el país, la lucha de las semanas finales podría ser dramática entre más de 7 mil aspirantes a las candidaturas para los más de 4 mil cargos electivos, que en provincias y municipios estarán divididos entre las dos facciones que se disputan el control del partido gobernante. Peor si, como se teme, corre el dinero para “incentivar” a votar a la inmensa reserva de ciudadanos que no son del PLD, razón fundamental para que el danilismo impusiera el padrón abierto en su elección primaria. Hay quienes creen que resuelven venciendo a Leonel en las Primarias, porque la Ley de Partidos impide ser candidato por otra organización al que pierda en la propia.
Pero si le ponen la soga al cuello, Leonel tendría la opción de retirarse días antes, motivándolo en inaceptable abuso del Estado, y alegar que al no haber perdido, puede ser postulado por otro partido. Se dividiría el PLD en proporciones que lo expondría a perder el poder, con alto costo para Danilo Medina.
Análisis Noticiosos
Naciones de la Amazonia boliviana trazan planes de vida para evitar su extinción
Seis pueblos del norte y noroeste del país plasman su lengua, costumbres y demandas en autodiagnósticos
Bolivia ha sido históricamente proyectada como el país más indígena de Sudamérica. La presidencia más longeva a cargo de un mandatario de origen nativo estuvo acompañada de un largo proceso institucional y social para reconocer la diversidad de sus habitantes. Por la cantidad de sus miembros y su empuje político, las culturas andinas, la aimara y la quechua, han protagonizado las mayores conquistas. Sin embargo, 30 de los 36 pueblos originarios reconocidos en la constitución boliviana provienen de la parte tropical y amazónica del país. La reducida cantidad de sus pobladores y su aislamiento geográfico los han llevado a ser constantemente postergados por el Estado. Tal vez de ahí surge un sentido de orgullo que los impulsa a mantener intacto su idioma y su vocación de gobernarse bajo sus propias normas.
La capacidad de reconocer el sonido de cada una de los cientos de especies de pájaros que existen, las miles de experimentaciones realizadas con plantas para descubrir qué dolores alivian o la herida generacional de la fiebre del caucho que obligó a su dispersión. Las naciones situadas en la parte de Bolivia atravesada por la Amazonia, en el norte y noroeste, comparten todas estas características, pero también padecen las mismas carencias. Las carreteras desde los poblados hasta las capitales más cercanas son precarias, al punto de volverse intransitables en época de lluvias, y a otras comunidades solo se llega en embarcación. Esto convierte en travesías el arribo de medicamentos, profesores y, en general, cualquier forma de conectividad con el exterior.
Como parte de la actual revalorización occidental del “pulmón del mundo”, la Cooperación Española ha puesto su atención en estas comunidades, asesorándolas para elaborar planes de vida y organizar sus demandas con el fin de generar incidencia. Ross Amils, integrante de la Cooperación Española dedicada al proyecto, denomina al proceso —que duró dos años— como autodiagnósticos comunitarios: “Son documentos creados por los pueblos para gestionar su relacionamiento con la administración del Estado. Hubo reuniones con instancias del gobierno local y municipal para plantear los principios de los planes de vida. Además, brindan un contexto de las naciones y de las necesidades que ellos perciben”.
Se elaboraron seis planes de vida para seis naciones (esse ejja, machineri, yaminahua, yuqui, kabineño y tacana), a partir de diagnósticos en 33 comunidades. Participaron instituciones como el Fondo Indígena para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe, la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano (Cidob) y el Centro de Formación y Realización Cinematográfica. El proyecto también dio lugar a una exposición fotográfica en la oficina de la Cooperación Española en Santa Cruz de la Sierra, abierta hasta el 20 de mayo, donde se exhiben cortos documentales y objetos de algunas de las tribus.
El resultado es la fotografía de una región con culturas vivas y latentes. Lo que más sorprende, dada la reducida cantidad de habitantes en muchos casos, es la pervivencia de la lengua. La nación Yaminahua, por ejemplo, está conformada por 131 personas, de las cuales casi el 70 % domina el idioma homónimo, de acuerdo con los planes de vida. “El idioma no lo perdemos. Hasta los jóvenes, cuando salen a la ciudad, lo mantienen. Lo vemos como una ventaja”, explica la primera concejal de Puerto Yaminahua, Pilar Duri. Es más, como se indica en su documento pertinente, los 953 esse ejja dominan su idioma y aprendieron a hablar castellano solo al ingresar al colegio, porque es la lengua que dominan los profesores.
Para el nivel secundario, son pocos los docentes que se animan a emprender la travesía hacia estas poblaciones. Fátima Monje, presidenta de la comunidad Las Amalias —la más alejada de las seis que conforman a los esse ejja— explica cómo llegar desde la urbe más cercana: “Se debe navegar desde Riberalta durante 24 horas en embarcación fluvial. Existe otra vía, disponible solamente en época seca (de junio a noviembre): saliendo desde Riberalta, se viaja por una carretera sinuosa durante 11 horas hasta llegar a Ingavi; desde allí, se debe navegar dos horas hasta Las Amalias”.
Los machineri, por ejemplo, aprovechan su ubicación fronteriza con Brasil, sobre el río Acre, para cruzar al país vecino en busca de salud y otros servicios básicos. “Compramos todo en Brasil. Assis Brasil está a 10 kilómetros de nuestra comunidad, San Miguel de Machineri; Cobija —la capital de Pando, el único departamento de Bolivia totalmente amazónico— está a 110 y la carretera no siempre es transitable”, cuenta el capitán grande de esta nación, Leomir Flores. Los machineri, como los pueblos vecinos, viven en una Tierra Comunitaria de Origen (TCO), lo que les permite regirse por su propia forma de gobierno y sus normas internas.
Este logro fue conseguido tras el histórico desplazamiento a pie de más de 600 kilómetros desde el oriente del país hasta la sede de Gobierno en La Paz, en 1990, conocido como la Marcha por el Territorio y la Dignidad. El Estado se vio obligado a reconocer oficialmente, por primera vez, los territorios indígenas en tierras bajas y a otorgarles autonomía sobre su suelo. Como responsable de su nación, Flores se muestra preocupado. Las ayudas locales e internacionales prometidas suelen quedarse en anuncios o a medio ejecutar: “Visité Santa Cruz en 2024, La Paz el año pasado y en septiembre tuvimos una reunión con la Unión Europea. A todos les digo lo mismo: ‘No coordinen con la gente de la ciudad; somos nosotros quienes sufrimos’”.
Es común que en estos poblados alejados —relata Flores— existan centros de salud, pero sin equipamiento adecuado y casi nunca con médicos permanentes; el hospital más cercano puede estar a un día de distancia. “Cuando nos enfermamos, nos salvamos con remedios caseros o pidiendo a Dios que nos proteja; es la única forma”, lamenta el capitán. La medicina tradicional es de uso frecuente en la selva. En el plan de vida de los tacana, la población más numerosa del proyecto —poco más de 4.000 personas—, pero también la más dispersa, se detalla con qué plantas de su entorno se combate cada dolencia: para el reumatismo se hierve jengibre, eucalipto y una cabeza de ajo. En caso de diarrea, se toma como infusión la hoja de guayaba hervida junto con el cogollo del cayó.
El 30 % de los tacana combina medicina occidental y tradicional, y un 8 % confía únicamente en la segunda, según los documentos elaborados. El dato refuerza la visión de estas naciones: identidad y saber ancestral frente a la marginación. Duri sintetiza el sentir: “Ojalá tengamos un poco más de importancia como pueblo fronterizo. Aquí nacieron nuestros abuelos, nuestros padres y ahora nosotros nos vemos en la obligación de dejar la comunidad por las condiciones precarias. A migrar con nuestros hijos”.
elpais.com
Por José Cabral
La constitucionalización del derecho es un proceso definitivamente hermoso, ya que se apoya en el respeto y la preservación de los derechos fundamentales.
Sin embargo, cuando vamos a la realidad la perspectiva cambia y entonces cualquier ciudadano pasa de la emoción a la frustración.
Y no digo eso por la no ejecución de muchas de las sentencias emitidas por el Tribunal Constitucional, aunque no es para menos, sino porque se observa una especie de complicidad de todo el sistema para que el proceso de constitucionalización no tenga credibilidad.
Este criterio lo sustento porque en el marco del derecho es una de las metas más admiradas en una sociedad cuyas tradiciones son precisamente de no respeto a los derechos fundamentales.
El país siempre ha estado muy marcado por las conductas autoritarias, desde que nació como República, cuya superación han sido muy difícil por no decir imposible.
Las violaciones al principio de legalidad y de juridicidad es el pan de cada día en todo el sistema de justicia, pero que la respuesta a este problema es la posibilidad que tiene el justiciable de recurrir para hacer valer sus derechos.
La más seria debilidad de la democracia dominicana es la poca conciencia de su gente para que proceso como el de constitucionalización del derecho tenga éxito, pese a que se entiende que son muchos los que se inclinan por su fracaso.
Los esfuerzos deben ser mayores para que las cosas ocurran de otra manera e incluso el propio gobierno debía ser parte del montaje de una gran campaña nacional para que el proceso de constitucionalización tenga éxito.
Con ese propósito parte del presupuesto de publicidad del Gobierno debía estar concentrado en que la democracia aumente sus niveles de institucionalidad a través del respeto a la ley y a la Constitución.
Pero, necesariamente, tengo que preguntarme si realmente es posible un esfuerzo conjunto de todos, incluido el Tribunal Constitucional, para exigir, más que demandar o pedir, reforzar el proceso de constitucionalización del derecho mediante una gran campaña nacional a nivel de las escuelas públicas y privadas y de las universidades nacionales para crear conciencia de esta hermosa meta.
Igual debe ocurrir con la celebración de talleres para que el funcionario, incluido el Ministerio Público, actúan más apegado a los derechos fundamentales de la persona humana, lo que nos elevaría como sociedad del siglo XX!
Por José Cabral
La confrontación entre la política y el derecho está presente en prácticamente todos los Estados del planeta, sin importar el continente.
No hay un solo lugar del mundo en que no haya esta confrontación y casi siempre vence la política, porque es la que tiene el control del Estado, el poder público, independientemente de que tanto ha avanzado el derecho constitucional interno y externo de las naciones.
Un escenario donde esta confrontación es vista con mucha preocupación es en los Estados Unidos de América, pionero y principal referente del derecho constitucional difuso y del equilibrio de los poderes, el checks and balances, como se conoce en el derecho inglés, pero que ambos han quedado muy cuestionados a propósito de la llegada a la Casa Blanca de Donald Trump.
El comportamiento de Trump ha puesto en tela de juicio la credibilidad de la democracia representativa, máxime en un país como Estados Unidos donde siempre se ha dicho a través de la sociología política de que es el primer Estado que se forma en el mundo sin influencias feudales, netamente capitalista y con una alta conciencia social.
Sin embargo, Trump no ha respetado la tradición nacida en los Estados Unidos y que ha impactado todo el mundo mediante el derecho constitucional, quien a través de sus órdenes ejecutivas viola el derecho interno y también el internacional con la imposición de aranceles a sus socios comerciales ilegalmente, cuya competencia es del Congreso porque se trata en realidad de un impuesto a las importaciones.
Sin embargo, este viernes la Suprema Corte de los Estados Unidos se empantalonó y declaró inconstitucionales los aranceles de Trump, pero inmediatamente el mandatario esgrimió su autoridad para imponer ahora bajo la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 un diez por ciento a todos los productos que vienen del exterior de la potencia del norte, cuya cláusula legal dice que le otorga poderes al jefe de Estado para abordar ciertos problemas fundamentales de pago internacional a través de recargos y otras restricciones especiales a las importaciones.
De cualquier modo, esta opción que ahora ha escogido Trump, es más controlada teóricamente por el Congreso Nacional de los Estados Unidos, pese a que ya está demostrado que eso para el jefe de Estado norteamericano no significa mucho.
La cuestión es que, pese a que parezca increíble, Donald Trump disfruta de su sueño de ser dictador, aunque sea por un día, en una nación que siempre ha sido ejemplo de institucionalidad para los demás países del planeta, ya que la violación general de las leyes en ese territorio no cabía en ninguna cabeza humana.
La realidad innegable es que la confrontación entre la política y el derecho está al rojo vivo en los Estados Unidos, cuyo mandatario en medio de una rueda de prensa ha lanzado ataques muy fuertes en contra de la Suprema Corte de Justicia que ha declarado ilegales los caprichosos aranceles de Trump.
Este fenómeno, que ocurre en la nación que siempre ha querido ser el ejemplo a seguir por el resto de los países, toma ribetes preocupantes, porque Donald Trump tiene el propósito, no sólo de desarticular y debilitar el derecho internacional para entrar a territorios ajenos como Pedro por su casa, como muy bien dice una expresión popular, sino que pretende hacer trizas el ordenamiento jurídico de la nación del norte para gobernar como todo un jefe de Estado del tercer mundo, donde la ley importa muy poco y las constituciones pueden definirse como de fachadas, es decir, que existen en el papel, pero no en la realidad.