Análisis Noticiosos
Un desafío definitivo de Danilo a Leonel que podría generar la división del PLD
Por Juan Bolívar Díaz
Tanto por la forma en que favoreció a su delfín Gonzalo Castillo, en la competencia para definir un solo precandidato danilista, como por el desenfado con que arrancó la recta final para la elección primaria del 6 de octubre, el presidente Danilo Medina demuestra que no respetará ningún límite para mantener su poder más allá del próximo 2020.
Pero como Leonel Fernández sigue demostrando firmeza y un gran respaldo en todas sus actividades, la irrupción del Estado podría ser cada vez más desenfrenada y generar mayores incertidumbres nacionales en las próximas semanas y hasta la división definitiva del Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
Gonzalo sin importar costo. Desde que Gonzalo Castillo anunció su decisión de lanzarse a la búsqueda de la candidatura presidencial del PLD, una semana después del dramático discurso del presidente Danilo Medina el 22 de julio, quedó claro que era el elegido, el delfín del mandatario, pero no se esperaba que este mostrara tanta parcialidad frente a los competidores de su propio ámbito político, a los que había incentivado a correr más de un año antes.
Los aprestos para buscar la candidatura presidencial en relevo de Medina comenzaron desde junio del 2017 cuando Felucho Jiménez informó que el mandatario lo había autorizado a decir que no sería candidato para el 2020. Desde entonces tres ministros presentaron renuncia para emprender la carrera: Francisco Domínguez Brito dejó el Ministerio de Medio Ambiente en abril del 2018. Un mes después Carlos Amarante Baret renunció de Interior y Policía, y en febrero pasado lo hizo Andrés Navarro, del Ministerio de Educación.
Otro que tomó en serio el estímulo presidencial, después de una reunión de aspirantes con Medina, fue el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, y lo anunció también en mayo del 2018. Este, como Domínguez y Amarante invirtieron amplios recursos y todo su tiempo movilizando seguidores por todo el país durante más de 15 meses, Navarro en los últimos seis meses, y Temístocles Montás, desde octubre, mientras Radhamés Segura apenas se inscribió.
Todos corrieron con las riendas tensas e inconformes mientras Medina seguía acariciando la posibilidad de continuar, y cuando este declinó y los volvió a reunir en el Palacio para que corrieran fuerte, aún sin Gonzalo Castillo, todos convinieron en una campaña de un mes para, mediante encuestas definir que solo uno de ellos competiría por el “sector danilista”.
Sin el menor escrúpulo. Al parecer, Medina no confiaba en sus seis precandidatos y lanzó a su ministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, por lo que cuando este anunció su aspiración, el 31 de julio, ya se le consideraba como el delfín, por lo que salió con recursos que superaban a todos los demás en conjunto. Para no dejar dudas, el presidente no le aceptó la renuncia al potente ministerio de Obras Públicas, como había hecho con Domínguez, Amarante y Navarro, en medio de denuncias de que utilizaba sus recursos para promoverse. En agosto la nómina de ese ministerio, en manos de subordinados de Castillo, creció 8 millones de pesos en relación a julio e invertían muchos millones en propaganda y para repartir mochilas escolares.
A tres días de lanzarse, ya Gonzalo contaba con el apoyo de 126 alcaldes y directores municipales, cuyas expectativas de reelegirse se alimentan con el asfaltado de calles que generosamente dispone el Ministerio de Obras Públicas. El ministro se benefició de cocteles donde se invitaba a contratistas y suplidores a contribuir con 500 mil pesos, y se dice que en uno con personas del mundo financiero, las sugerencias fueron de un millón de pesos. La apabullante publicidad de Gonzalo por todos los medios, con páginas diarias en todos los periódicos, se convirtió en un escándalo.
Todo ello provocó las renuncias de Amarante y Reinal Pared, denunciando desigualdad y ofendidos por lo que entendían “juego desleal” del mismo Medina. Los otros danilistas que pactaron las encuestas y tuvieron que admitir después la participación de Gonzalo, quedaron fulminados y nadie se sorprendió con el resultado.
El despliegue del Estado. Si el presidente Danilo Medina no respetó la equidad en la competencia entre los que se consideraban de su grupo, para nada puede sorprender que se haya desplegado el alto funcionariado del Estado para tratar de vencer a Leonel Fernández en una campaña de apenas cuatro semanas. La desproporción publicitaria de Gonzalo, que había llegado a la inversión de tres millones de pesos en un concurso de canciones a su favor, siguió disparándose y el jueves trascendió que catorce ministros y más de una veintena de directores y funcionarios de organismos estatales más algunos legisladores estaban encargados de su campaña en todo el país.
Para el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo se crearon comandos separados, y otros ocho por regiones. El despliegue incluyó a funcionarios del Estado alejados de la política partidista, como los administradores de los Banco de Reservas y Agrícola, el director de Impuestos Internos, el Superintendente de Bancos, o el director de Aduanas. De los ministros solo se salvaron el de la Presidencia y el de Energía y Minas, quienes habrían favorecido la precandidatura de Domínguez Brito, el canciller Miguel Vargas y la de la Mujer, Janet Camilo, del aliado PRD, así como la Ministra de Educación Superior, vinculada a Leonel Fernández.
Ese nivel de involucramiento del gobierno solo tiene precedente en las campañas electorales del PLD, del 2012 y 2016, que dieron la presidencia a Medina. Burla principios constitucionales de igualdad en las competencias electorales, las leyes de Partido y del Régimen Electoral y la Ley de la Función Pública, y pone en aprieto a la Junta Central Electoral encargada de cautelar la equidad en las campañas electorales.
Genialidad política de DM. Con el despliegue del gobierno en la campaña interna aumentan las posibilidades de que Danilo Medina pueda lograr su objetivo de impedir la candidatura presidencial de su rival interno Leonel Fernández, lo según comentaristas, demostrarían su “genialidad política”. Ese salvajismo político parece normal para la cultura política tradicional, incluyendo a los que ahora son sus víctimas. Ese despliegue del gobierno es también un preaviso de lo que ocurriría en la campaña para las elecciones generales del año próximo, sobre todo si Medina logra llevar a Castillo de candidato presidencial, y a muchos seguidores para los cargos congresuales y municipales.
Contradice el último discurso del presidente de Medina, el del 22 de julio al declinar la búsqueda de la segunda reelección, cuando llamó al liderazgo político a “actuar con la máxima responsabilidad y transparencia para que avancemos en la consolidación de nuestras instituciones y que los resultados electorales sean un reflejo de la voluntad democrática del pueblo dominicano”. Agregó que confiaba “en que presenciaremos una campaña limpia, basada en propuestas… y que esté regida por el civismo y la sana competencia”.
Aumentarán incertidumbres. La irrupción del gobierno en pleno en la lucha por la candidatura presidencial del PLD, podría tener como primer efecto un incremento de las incertidumbres generales que ya a mitad del año afectaron hasta la economía nacional por la fiereza con que se buscaba una reforma constitucional para la prolongación de Medina en el poder. Esta vez por los temores de que pueda sellar la progresiva división del partido gobernante, que tuvo expresión cuando el jueves el expresidente Leonel Fernández pidió la presencia del pleno de la JCE para reclamar y obtener su propio representante ante ese organismo, porque el delegado político, el ministro de Interior Monchy Fadul, es del comando de campaña de Gonzalo Castillo.
Es cierto que Castillo ha recibido el apoyo de la mayoría de los miembros del Comité Político del PLD, y de la mayoría de los senadores y alcaldes, claves en la campaña territorial, por lo que adquiere una fuerza que no se le sospechaba, pero el secretario general Reinaldo Pared, aunque se declarara neutral, está ahora cerca de Leonel Fernández, ya que su esposa y su equipo de campaña decidieron apoyar al expresidente. No se sabe si Amarante Baret dejará atrás su indignación con Danilo Medina, lo que podría ocurrir si le compensan parte de las decenas de millones de pesos que le costó su campaña de 15 meses. Domínguez Brito aceptó a Gonzalo, pero aparece distante.
Si “la genialidad” del presidente se extrema, y se reproduce en todo el país, la lucha de las semanas finales podría ser dramática entre más de 7 mil aspirantes a las candidaturas para los más de 4 mil cargos electivos, que en provincias y municipios estarán divididos entre las dos facciones que se disputan el control del partido gobernante. Peor si, como se teme, corre el dinero para “incentivar” a votar a la inmensa reserva de ciudadanos que no son del PLD, razón fundamental para que el danilismo impusiera el padrón abierto en su elección primaria. Hay quienes creen que resuelven venciendo a Leonel en las Primarias, porque la Ley de Partidos impide ser candidato por otra organización al que pierda en la propia.
Pero si le ponen la soga al cuello, Leonel tendría la opción de retirarse días antes, motivándolo en inaceptable abuso del Estado, y alegar que al no haber perdido, puede ser postulado por otro partido. Se dividiría el PLD en proporciones que lo expondría a perder el poder, con alto costo para Danilo Medina.
El presidente José Raúl Mulino asegura que el tránsito de personas se ha reducido este año en un 98%. Coincide con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca
Bogotá.-El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, ha anunciado este jueves el cierre de los centros migratorios que ha formado parte de la ruta del Tapón del Darién, la zona selvática que han cruzado más de un millón de inmigrantes desde 2016. Mulino asegura que el tránsito de personas que se dirigían a Estados Unidos ha disminuido un 98%. Las deportaciones masivas ordenadas por Donald Trump han disuadido a muchos inmigrantes, que incluso realizan el camino de vuelta a sus países por este mismo paso fronterizo, solo que en sentido contrario.
“No permitiremos más migrantes en esa zona del Darién y cerramos una operación que comenzó en el año 2016. Me da mucha complacencia haber cumplido y haber cerrado el Darién, con lo que eso significa para la seguridad regional y panameña”, ha dicho en rueda de prensa. Mulino hace este anuncio el mismo día que la NBC ha revelado que Trump le ha pedido al Pentágono varios planes para tomar el control del Canal de Panamá, la joya sobre la que gira la economía de este país.
El Darién lo cruzaban sobre todo venezolanos que huían de la catastrófica situación económica de su país, pero también colombianos, ecuatorianos y hasta gente llegada desde lugares remotos, como Vietnam, Afganistán o Congo. El paso desde la zona colombiana lo controlaban grupos paramilitares que han ganado cientos de millones de dólares con este negocio. Cada migrante debía desembolsar unos 350 dólares si quería tener derecho a pasar. Un número indeterminado de personas ha muerto en estos años víctima de los peligros de la selva, crecidas de ríos y atracos y violaciones de bandas de delincuentes.
El lado panameño lo controlaba el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront), que vigilaba el cruce de los viajeros. Antes de abandonar la selva, tenían que parar en Bajo Chiquito y Canaan Membrillo, donde las autoridades panameñas hacían control de pasaportes y atendía médicamente a los inmigrantes. Una veintena de oenegés y entidades de Naciones Unidas se ocupaban también de darles asistencia, cuidar de los menores y proveerles de agua potable, duchas y alimentos.
El paso migratorio también le cambió la vida a los pueblos indígenas que viven a orillas del río que cruza la selva, mayormente de origen embera. Los habitantes de estas pequeñas poblaciones llevaban en barca a los migrantes y les daban techo y les vendían comida. De repente tuvieron unos ingresos económicos extraordinarios. El cierre supone un golpe económico muy grande para sus comunidades. La caída del flujo de inmigrantes, de acuerdo al presidente de Panamá, ha sido estrepitosa: “Hace un año teníamos 36.841 migrantes cruzando por Darién, hoy marzo llegamos a 112. Una disminución importantísima, que representa de entre el 97-98 % de éxito por parte de las autoridades de Migración y el Senafront”.
El Darién como paso importante empezó a ser relevante cuando en 2016 empezaron a cruzarlo ciudadanos de nacionalidad cubana. Abierta esa vía que parecía más factible que la marítima, las cifras se elevaron en 2021 con 133.726 migrantes, 248.284 en 2022 y 520.000 en 2023. Se convirtió en el cruce fronterizo más importante del mundo. Después llegaban a Costa Rica, donde continuaban hasta México. Desde el norte de ese país entraban en Estados Unidos. La llegada de Trump a la Casa Blanca lo ha cambiado todo. Por ahora, el cruce del Darién queda clausurado.
elpais.com
El último lance entre las dos instituciones pone en evidencia cómo se ha menoscabado la autoridad del Poder Judicial en México
México.-Una de las enseñanzas inesperadas de la reforma judicial en México es que las autoridades pueden desobedecer las sentencias de los jueces, o acatarlas a conveniencia, cuando una mayoría democráticamente electa controla todas las palancas del poder en el Ejecutivo y el Legislativo. El último episodio de la crisis institucional lo ejemplifica el intento del Tribunal Electoral (TEPJF), dominado por una mayoría oficialista, de disputar las facultades de la Suprema Corte de Justicia para revisar los juicios de amparo. Detrás del conflicto está la lluvia de suspensiones dictadas por jueces para frenar las elecciones del 1 de junio, en las que los mexicanos votarán a miles de cargos de la Judicatura. El Supremo echó abajo esas suspensiones y dejó a salvo la elección judicial —pues no procede el amparo en materia electoral y menos contra una reforma constitucional—, no sin antes observar que los magistrados del TEPJF se arrogaron facultades inexistentes para invalidar las resoluciones de los jueces en su intento de desatorar el proceso.
El lance puso en evidencia la ruptura institucional en la que se ha sumido el país ante la voluntad de Morena de implementar su reforma sin cortapisas. Ya hace unos días, en el festejo republicano de la Constitución de 1917, la presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al evento oficial a Norma Piña, titular de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Así, solo estuvieron representados dos de los tres Poderes de la Unión: el Ejecutivo y el Legislativo, controlados por Morena. Como represalia a los jueces que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal —el órgano encargado de vigilar la conducta de los juzgadores, también de mayoría oficialista— acordó denunciarlos penalmente ante la Fiscalía General de la República.
Con esas consideraciones, el TEPJF —siempre gracias a la mayoría de tres magistrados alineada a Morena— estableció que las suspensiones dictadas por los jueces no tenían efectos sobre la elección judicial, y dieron vía libre a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo para ignorar esas resoluciones y continuar con los preparativos de los comicios. El último ejemplo vino luego de que un juez ordenó a los Comités de Evaluación que integraban las listas de candidatos frenar el proceso. Solo el Comité del Poder Judicial acató la instrucción. Los Comités del Ejecutivo y el Legislativo desobedecieron al juez sin ninguna consecuencia.
El ministro del Supremo Alfredo Gutiérrez preparó un proyecto para resolver el conflicto competencial entre los jueces de distrito y el TEPJF. En su proyecto, el togado ya se lamentaba por “la simplicidad con la que diversos actores institucionales decidieron ignorar los cauces legales cuando estos no convenían a sus intereses”. Antes de la votación del asunto, el pasado jueves, los magistrados del Tribunal Electoral exigieron al propio Gutiérrez, así como a los ministros Norma Piña, Javier Laynez y Jorge Pardo, no participar en la discusión del proyecto por haber hecho anteriormente pronunciamientos contra la reforma judicial, lo que, supuestamente, demostraba que no votarían de manera imparcial. El TEPJF, sin embargo, no consideró necesario pedir también la excusa de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, claramente militantes de Morena y quienes, desde su posición en el Supremo, están en campaña buscando ser “ratificadas” en la elección judicial.
Nunca antes los magistrados del Tribunal Electoral habían intentado dar órdenes a los ministros de la Suprema Corte. Si bien el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, el Supremo es un tribunal constitucional y su presidenta, Piña, es la cabeza de todo el Poder Judicial, por lo que, jerárquicamente, está por encima de cualquier juzgado. Ninguno de los ministros se excusó de la votación del proyecto de Gutiérrez. Hacerlo hubiera dejado a la Suprema Corte solo con seis integrantes, cuando el mínimo para que exista quorum es de siete.
Al final, el Supremo resolvió, como era de esperarse, que no se puede suspender un proceso electoral ni tampoco una reforma constitucional —como la judicial—, y ordenó a los juzgadores dar marcha atrás en sus resoluciones. Los togados también indicaron que el TEPJF no tenía facultades para revisar juicios de amparo y señalaron que sus fallos al respecto debían leerse como una mera opinión de sus integrantes. “Las sentencias [del Tribunal] no pueden tener la capacidad de incidir de manera alguna en las determinaciones de jueces de amparo; no funciona como instancia de revisión y su pretensión de anular los efectos de las suspensiones simplemente carece de cualquier efecto dentro de nuestro orden jurídico”, dice la resolución del Supremo. El ministro Alberto Pérez Dayán fustigó a los magistrados electorales que han actuado a tono con Morena —Mónica Soto, presidenta del TEPJF; Felipe Fuentes y Felipe de la Mata—, a los que se refirió como “la exigua mayoría de un tribunal deliberadamente incompleto, predecible, obvio, complaciente y sesgado con el poder”.
La sesión del jueves estuvo plena de referencias al quiebre institucional que ha supuesto la reforma judicial, una circunstancia que el ministro Gutiérrez calificó de “perturbadora”. “Esta Corte ha observado cómo cada transgresión al orden constitucional ha allanado el camino para la siguiente, hasta llegar al punto donde los límites institucionales, que alguna vez parecieron inquebrantables, se han vuelto porosos”, dijo el togado. “Diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la intervención e invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas”, ha añadido.
La presidenta Sheinbaum, que siempre defendió las facultades —no existentes— del TEPJF para interferir en las resoluciones de los jueces de amparo, celebró que se haya aprobado el proyecto de Gutiérrez en el Supremo. “La elección de las y los jueces, ministros, magistrados, ¡va! Ya no tiene ninguna barrera de ningún tipo”, ha dicho en su conferencia Mañanera del viernes. La Corte enfila a su desaparición. En septiembre será reemplazada por un nuevo órgano judicial integrado por nueve ministros electos por voto popular, que presidirá quien obtenga más sufragios en la pasarela. La mayoría de los togados actuales decidió no participar en los comicios. Juez y parte, Batres, Esquivel y Ortiz están en abierta campaña y aspiran a ser las más votadas, para entregar a Morena otra institución en la que tendrá mayoría.
elpais.com
Por Efe
Davos (Suiza).- Prácticamente todo Latinoamérica ha sido excluida de un acuerdo que permitirá a más de un centenar de países tener acceso a medicamentos genéricos que han demostrado tener hasta un 95 % de eficacia para prevenir infecciones con el VIH (virus causante del sida), en momentos en que varios países de la región están experimentando un fuerte aumento de nuevos casos.
“Están excluyendo a países de ingresos medios que podrían producirlas y venderlas más baratas al resto del mundo, países como Brasil, Perú, México y Argentina.
Estos países han participado incluso en los ensayos y ahora son excluidos, lo cual es equivocado y no ético”, declaró en una entrevista con EFE la directora del Programa de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (UNAIDS), Winnie Byanyima. Las compañías en cuestión son Gilead y ViiV.
La primera ha desarrollado un producto que con solo dos dosis de inyectables al año puede prevenir la infección, mientras que la segunda tiene un medicamento que se administra cada dos meses con el mismo propósito.
UNAIDS estima que, a pesar de no ser una cura, si 10 millones de personas en el mundo tuvieran acceso a estos medicamentos en 2025 se podría cumplir el objetivo internacional de erradicar el VIH para 2030.
El acuerdo para poder acceder a sus versiones genéricas son cruciales en vista del exorbitante coste de estos tratamientos, que en el caso del producido por Gilead puede alcanzar los 40.000 dólares anuales, mientras que los genéricos podrían costar solo 40 dólares al año por persona.
“Estamos muy preocupados porque al mismo tiempo que sabemos que tenemos un medicamento preventivo poderoso y altamente eficaz, vemos la misma vieja historia, como lo que ocurrió con los antirretrovirales, que tomaron diez años (para la comercialización de genéricos) durante los cuales doce millones de africanos murieron esperando que su precio bajara”, recordó Byanyima, quien participa en el Foro Económico Mundial de Davos.
Únicamente la exclusión de Brasil, Colombia, México y Venezuela deja fuera al 7 % de las nuevas infecciones a nivel mundial.
La jefa de UNAIDS citó los casos alarmantes de Venezuela y Perú, donde el año pasado los nuevos casos de infecciones con VIH aumentaron un 98 % y 80 %, respectivamente con respecto a 2023, lo que hace urgente que puedan acceder a estos nuevos medios de prevención.
Sobre la razones de esta evolución negativa, dijo que en el caso de Venezuela se trata de una combinación de factores, como el desarraigo de parte de la población convertida en desplazados internos o refugiados, y la precariedad del sistema de salud.
“En Perú vemos que mucha gente no está conectada con el sistema de salud y también mucho estigma y discriminación. Hay muchas personas gais que buscan ayuda muy tarde y mueren por falta de diagnóstico, así que hay múltiples factores que estamos tratando de investigar”, explicó.
Frente a situaciones como éstas, “Gilead está utilizando tácticas para retrasar las cosas, pero nosotros exigimos rapidez y que se aumente la producción.
Queremos lo que ya tienen, lo que han puesto en el mercado en Estados Unidos y en los países ricos, para que llegue a todas las personas, la mayoría de las cuales están en el Sur (países en desarrollo)”, concluyó Byanyima.