Opinión
Un discurso bikini
Por Hamlet Hermann
Danilo Medina mostró mucho, pero ocultó lo más importante
La alocución que dirigió al país la pasada semana el presidente Danilo Medina parece no haber tomado en cuenta que Leonel Fernández desperdició toda la credibilidad que el Partido de la Liberación Dominicana pudo haber tenido.
Bien merecería ese mensaje presidencial la denominación de “Discurso Bikini”, porque mostró mucho, pero ocultó lo más importante. Los planteamientos fueron expresados en futuro, como si el pasado y el presente no existieran. Todo fue profundizará, hará, empezarán, otorgará, incorporará, entregará. Pero eso no basta. La credibilidad gubernamental anda rondando los mismos niveles del déficit fiscal.
Como de costumbre, hizo muchas promesas en busca de creyentes fieles que las respalden. Sin embargo, Medina no ofreció garantía alguna de cumplimiento que pudiera tranquilizar a los dominicanos. Sus ligeros cambios de maquillaje y bisutería no cuentan para sugerir cambios profundos que amainen la crisis. Menos aún cuando el discurso viene mientras el gobierno todavía está regido por la mayoría de los funcionarios de antes.
Equivocados nosotros si llegáramos a confiar que, por el hecho de haber sido Danilo una víctima de Leonel en 2008, gobernaría de manera diferente. Equivocados también aquellos que pudieran creer que Danilo es un títere de Leonel y su banda. El actual Presidente fue parte importante en la concepción original del estilo de gobierno que hemos sufrido los ocho años recientes hasta crear esta enorme crisis. Ha formado parte, hasta cierto punto, del grupo que diseñó esas políticas y las puso en práctica para llegar hasta el asco de hoy en día. No hay que olvidar que el actual Mandatario fue el personaje más influyente, segundo sólo de Leonel Fernández, y debió estar mínimamente enterado de los manejos extracurriculares que allí se producían. Eso nadie puede negarlo.
Esta “víctima” de Leonel se presenta como el predestinado que salvará al país de una crisis que, aparentemente, cayó del cielo, por lo que nadie es responsable. ¡Cuán parecida es esta línea de análisis a la de los estadounidenses cuando conmemoran los lanzamientos de bombas atómicas contra Hiroshima y Nagasaki! Los gringos siempre olvidan, incluso en los libros de historia, que quien dio la nefasta orden para ese genocidio fue el presidente Harry Truman. Aquí, Medina también olvida en su discurso bikini quien encabezó la gestión de nuestro desastre moral y financiero.
Danilo ha sido proyectado por sus patrocinadores como un político honesto, hasta donde pueden serlo los peledeístas que olvidaron las prédicas morales de Juan Bosch. ¿Cómo podría Danilo convencernos de que su gobierno tendrá un manejo honesto si nos encasquetan un montón de impuestos sin hablar siquiera de reducir el despilfarro? El Presidente parece que todavía no ha descubierto que lo que siempre se le pidió a Leonel fue que no violara las leyes y que respetara la Constitución de la República. Querían llevarlo a su propia legalidad, como pedía Bosch a Balaguer. Apenas rogaban que cumpliera con el juramento que hizo cada vez que tomó posesión de la Presidencia. Pero la arrogancia nunca hizo caso.
Y si otra cosa se le pidió fue que no manipulara tanto las verdades y las cifras estadísticas. El control de los medios de comunicación y el soborno a miles de mercenarios de la comunicación han conducido a los peledeístas a solazarse creyendo sus propias mentiras. ¿Es malo hablar la verdad? ¿Es dañino que se exija con firmeza el cumplimiento de las leyes? Debe haber psiquiatras en el PLD capaces de diagnosticar el síndrome Pinocho que tantos funcionarios sufren a niveles críticos.
Danilo se incrimina al pedir que se olvide el pasado reciente cuando se cometieron los desfalcos descomunales que padecemos. ¿Hasta cuándo debemos borrar nuestras respectivas memorias? Ojalá no les dé por olvidar los desmanes de Trujillo como lo han hecho con Balaguer al fundirse orgánicamente con los principales autores intelectuales de aquellas perversidades.
El gobierno que ahora empieza debía tratar de ganar alguna credibilidad divulgando, y no encubriendo, como un bikini, las manipulaciones de sus antecesores. El estado de negación total ante el evidente colapso financiero no deja margen para olvidar a los causantes del desastre. Más bien, ayudaría a cumplir lo establecido en las leyes. Aclaro, todas las leyes, no sólo las que convengan a los funcionarios.
Artículo publicado originalmente en el periódico HOY.
Por Rommel Santos Diaz
Se tiene reportado el uso de 250,000 niños soldados en cerca de 50 países. Para completar el panorama, se estima que 20 millones de niños han sido desplazados como consecuencias de las diversas guerras y catástrofes humanitarias, mientras que entre 8,000 y 10,000 niños mueren cada año como consecuencia de utilización de minas antipersonales.
Existen indicios de que la trata de niños en zonas de conflicto es una tendencia que va en aumento y esta vinculada a redes de delincuencia transnacional organizada.
La Corte Penal Internacional es el primer tribunal internacional cuyo Estatuto y Reglas de Procedimiento y Prueba brindan a las víctimas la posibilidad de participar en todas las etapas del proceso.
A diferencia de las actuaciones de las víctimas en otros tribunales internacionales, limitadas a reforzar los argumentos de la defensa o el Fiscal, la Corte Penal Internacional les reconoce derechos que les corresponden por ser quienes han sufrido la grave vulneración de sus derechos humanos y tienen la mayor expectativa de que se haga justicia.
El principal reto de la Corte Penal Internacional será demostrar que sus investigaciones y decisiones no están guiadas por móviles políticos o intereses ajenos a la justicia y la represión de crímenes internacionales.
Finalmente, en la medida en que este sistema se vaya consolidando, siguiendo los parámetros legales del Estatuto de Roma y de las Reglas de Procedimiento y Prueba, es posible que países hoy reticentes hacia la Corte Penal Internacional modifiquen su postura hacia una de ayuda y cooperación. Con esto se lograría tener un sistema penal internacional plenamente universal como complemento a las iniciativas locales por sancionar crímenes de genocidio, lesa humanida, guerra y agresión.
rommelsantosdiaz@gmail.com
Por Nelson Encarnación
El reciente escándalo de corrupción detectado en el Seguro Nacional de Salud (Senasa) ha acentuado la percepción o el convencimiento en algunos de que los políticos acceden a los cargos públicos con la intención de apropiarse de los recursos que manejan.
Ya en otras oportunidades se ha esparcido el mismo convencimiento, en ocasión de hechos judicializados que aún cursan en los tribunales sin sentencias firmes.
Estos y casos anteriores han servido de fundamento a quienes entienden que las formaciones políticas son nidos de bandidos con una amplia vocación hacia la depredación de los recursos públicos, dando lugar, al mismo tiempo, a la prédica contra los políticos y los partidos.
Sin embargo, existen argumentos y evidencias suficientes para desmontar la mala fama contra los políticos. Podemos afirmar, de manera categórica, que los políticos profesionales no roban.
Para remontarnos a los hechos más sonados de persecución a la corrupción, podemos referir el que ha sido, probablemente, el más sonoro de todos, es decir, el procesamiento judicial del expresidente Salvador Jorge Blanco (1982-1986), quien fue condenado a 20 años de prisión por hechos que, evidentemente, no cometió.
Jorge Blanco, que antes de ser político ya era un abogado prestigioso, murió en medio de precariedades materiales, una situación que no concuerda con quien supuestamente fue un corrupto.
Los hechos por los que se condenó al exmandatario no fueron cometidos por él ni por ninguno de sus seguidores con formación y compromiso político, sino por allegados que nada tenían que ver con el Partido Revolucionario Dominicano.
En el caso de los expedientes que todavía se ventilan en la justicia relacionados con hechos registrados—conforme las imputaciones del Ministerio Público—vinculan en primer plano a personeros relacionados al expresidente Danilo Medina, no a dirigentes conocidos del Partido de la Liberación Dominicana.
Y en el más reciente que ocupa la atención del país, es decir, el expediente Senasa, una simple identificación de los encartados permite concluir en que se repite el mismo patrón: los principales señalados no son políticos de militancia.
En consecuencia, si miramos los hechos con un sentido lógico y alejado de la intención de dañar a los partidos y sus dirigentes, podemos proclamar que los políticos profesionales, con formación en el servicio a la sociedad, con compromiso, no roban los fondos del erario. Ahí está la historia.
Por Isaías Ramos
Al despedir 2025 y abrir 2026, es fácil refugiarse en lo cómodo: deseos repetidos, frases bonitas, la ilusión de que todo cambiará solo porque cambia el calendario. Pero la República Dominicana no necesita otro brindis vacío. Necesita una sacudida de conciencia y un cambio de rumbo. Ese rumbo comienza cuando dejamos de mirar la política como un espectáculo ajeno y asumimos que la república —la casa de todos— se sostiene o se cae con la conducta diaria de su gente.
Durante más de tres décadas, una clase política dominante, reciclada en siglas, alianzas y narrativas, ha contribuido a degradar la vida pública. Se normalizó el privilegio. Se hizo costumbre la trampa. El clientelismo dejó de ser excepción y se volvió método. La impunidad dejó de ser temor y se volvió expectativa. El Estado, demasiadas veces, dejó de ser instrumento del bien común para convertirse en botín, refugio o escalera personal. Cuando lo público se vuelve mercancía, el daño deja de ser un asunto de élites y se convierte en una fractura moral, social y espiritual.
No se trata de negar que existan servidores públicos honestos ni ciudadanos decentes. Precisamente por ellos —y por los jóvenes que merecen un país digno— no podemos resignarnos. Los datos aportan contexto a una percepción extendida: el Índice de Percepción de la Corrupción 2024 asigna a la República Dominicana 36/100 y la ubica en la posición 104 de 180 países. El Rule of Law Index 2025 del World Justice Project sitúa al país en el puesto 76 de 143, y en el factor “Ausencia de Corrupción”, en 90 de 143.
La experiencia cotidiana confirma esa brecha. El trámite que solo “camina” por la vía indebida. El contrato opaco. El expediente que duerme. La sanción que nunca llega. Ese desgaste produce algo peor que el enojo: produce resignación. Y cuando una sociedad se resigna, la corrupción no se frena; se perfecciona. Así es como una república se vacía por dentro, aunque conserve su nombre y sus símbolos.
La historia política lo ha advertido con claridad: cuando los ciudadanos se repliegan en el interés personal y abandonan la vida pública, el Estado se debilita y queda a merced de los peores. Cuando un pueblo ama su país, respeta las leyes y vive con sobriedad cívica, es posible avanzar hacia el bienestar compartido. Cuando se instala la indiferencia, el interés particular aísla y la república se convierte en un cascarón.
Si 2026 será un año de esperanza, esa esperanza no puede ser pasiva. Tiene que ser esperanza disciplinada: la que mira el abismo, lo nombra y aun así decide construir un puente. Ese puente se llama Constitución. No como símbolo ceremonial, sino como norma viva. El artículo 6 establece su supremacía y declara nulos los actos contrarios a ella. El artículo 7 nos define como Estado Social y Democrático de Derecho. El artículo 8 fija como función esencial del Estado proteger los derechos de la persona y respetar su dignidad.
Honrar la Constitución no es citarla: es vivirla. Es aceptar que no puede haber Estado de derecho con corrupción estructural; que no puede haber democracia con clientelismo; que no puede haber justicia con privilegios. Honrar la Constitución es convertir el servicio público en honor y no en negocio; proteger el dinero del pueblo como sagrado; poner el mérito por encima del padrino; transparentar compras, obras y nombramientos; y asegurar consecuencias reales a quien robe lo común. Esa es la frontera entre república y fachada.
Por eso, en 2026, el Foro y Frente Cívico y Social debe reforzar en todo el territorio nacional un despertar de conciencia sostenido y pacífico que convierta indignación en organización y esperanza en disciplina. No se trata de incendiar el país; se trata de iluminarlo. No de sustituir instituciones, sino de obligarlas a cumplir su rol constitucional con presión cívica legítima.
La ruta es concreta y verificable: formación cívica territorial, veeduría social continua y defensa constitucional práctica, acompañando denuncias, dando seguimiento público a los casos y exigiendo consecuencias sin selectividad.
Nada de esto se logra solo con organizaciones. Se logra con el ciudadano común. En esta semana de cambio de año, vale la pena asumir un pacto sencillo: renunciar a pagar sobornos, a pedir favores indebidos y a justificar privilegios; comprometerse a informarse antes de opinar, a exigir rendición de cuentas en lo local y a participar más allá del voto. Un país cambia cuando cambia lo que su gente considera “normal”.
Imaginemos, con realismo, la nación que podemos construir si ese giro comienza: una donde no se necesita padrino para un servicio; donde un contrato público no es lotería para unos pocos, sino obligación transparente; donde el funcionario teme más a la justicia y a la vergüenza pública que a la pérdida del cargo; donde el joven respeta al competente y no admira al tramposo. Que Dios —y la conciencia despierta de cada dominicano— nos guíe y nos exija verdad, justicia y rectitud; que el amor a la patria sea conducta diaria; y que la defensa de la libertad sea nuestro sentir y nuestro hacer.
Cerramos 2025 con una verdad incómoda: hemos permitido demasiado. Abrimos 2026 con una verdad poderosa: todavía estamos a tiempo. Honrar la Constitución o perder la República: esa es la elección de nuestro tiempo. Salvemos la patria.
¡Despierta RD!