Opinión
Un discurso y dos panfletos
Por Andrés L. Mateo
¿Puede alguien que es Presidente de la República creer que habla y actúa por azar, cuando sus mentiras prefiguran nuestro destino?
EL DISCURSO
Danilo Medina habla tan distanciado de lo que dice, que ejercita siempre una salmodia de ventrílocuo. Él mismo no cree lo que pregona. El rostro divorciado de la palabra lo dejan ver como un manipulador consciente que se aprovecha de la ignorancia y la miseria material de este país, para robarnos incluso la realidad más cruda. Ni siquiera es buen orador, sino la viva estampa del “parecer” sobre el “ser”. Aunque, hablando desde el poder, se juzga a sí mismo dueño de un dechado de saberes que le llegan por ósmosis. Ayer lo vi hablando desde el Palacio, y me quedé azorado mirándole los guindajos de la retórica. ¿Quién habita ese país que él describe? ¿Cómo es posible que el gobernante de todos los dominicanos hable como si no ocupáramos el mismo espacio geográfico, como si la realidad se pudiera esfumar con el signo suficiente del lenguaje? ¿Cómo puede alguien, cuya responsabilidad es resolver nuestros problemas pretender diluir la realidad que todos los dominicanos sufrimos día por día? ¿Puede alguien que es Presidente de la República creer que habla y actúa por azar, cuando sus mentiras prefiguran nuestro destino? ¿Somos un país de clase media? ¿ Es verdad que su gobierno ha logrado transformar la vida verdadera en los barrios? ¿Es verdad que estamos a un tris de alcanzar a los países desarrollados? ¿El sistema hospitalario no tiene nada que envidiarle al de los países ricos? ¿Hay empleos abundantes para los jóvenes que entran a la etapa de ser económicamente productivos? ¿Es verdad que su gobierno acabó con el 47 % de dominicanos hacinados en la línea de la pobreza? Uno no sabe a qué atenerse, cuando habla Danilo.
PRIMER PANFLETO
Vivimos en un país subjuntivo. El país que describen los políticos dominicanos cuando hablan desde el poder no existe, es un subjuntivo destinado a aplacar la decepción de la historia. Más de ciento cincuenta años de autoritarismo es flagrantemente una violencia empotrada en la personalidad nacional. La gente dice y repite que de alguna manera todos llevamos un “trujillito” por dentro, y si las palabras deben ser usadas para comprender y explicar, no para controlar y oprimir, ese “trujillito” por dentro es una advertencia respecto de una historia de azarosas complacencias opresivas. ¿Es posible que, después de treinta y un años de dictadura, vivamos de nuevo la atmósfera de la opresión y el desasosiego del poder absoluto? ¿Cómo imaginar una justicia que disfraza “jueces” poniéndoles togas y birretes a militantes del PLD, y dotándolos de un rostro marmóreo, inmune a la repulsa social? ¿No es el juego formal de la democracia en el discurso lo que vivimos, mientras los miembros del partido oficial hacen lo que les da la gana con los dineros públicos, y nada pasa, y un manto de impunidad los cubre? Ni el progresismo evolucionista, ni el racionalismo democrático han normado la vida de relación del dominicano. Ese “trujillito” que llevamos por dentro salta de donde menos lo esperamos. Y ahí está, impertérrito, recién estrenado.
SEGUNDO PANFLETO
No me quiero apabullar a mí mismo con la metafísica de la certeza, pero aquí como que no ocurre nada. Nuestro modelo continuista no registra las etapas por las cuales pasan los pueblos a través del tiempo. La historia no es una novela, pero aquí como que regresan los mismos pendejos a “salvarnos”. No hay historia en éste país, sino arqueología. Y es por eso que escribo estos panfletos que comienzan con Danilo Medina hablando desde el palacio, desplegando su incompetencia tras los discursos rituales. Este es un país subjuntivo, sólo existe en el futuro, se proyecta como posibilidad, casi antítesis del amargo de retama del presente. Y mientras tanto, quienes nos gobiernan nos roban el presente, se lo roban todo. Esa es la disyuntiva subversiva, porque hasta podríamos haber aceptado nuestro destino de vivir en ése país subjuntivo que una boca mentirosa nos pinta; pero, ¿y qué hago con el presente?
Por Narciso Isa Conde
Santo Domingo.– Al aceptar la determinación de Trump y del Pentágono, de intervenir militarmente los aeropuertos de San Isidro y Las Américas, el espacio aéreo y aguas territoriales de nuestro país, para agredir militarmente a Venezuela y a otros países de la región, Luis Abinader ha cometido el delito de traición a la patria dominicana y la peligrosa afrenta de sumarse al plan de guerra e intervención de EE.UU. en esta región.
¿Qué implica la intervención militar en bases dominicanas?
La base militar de San Isidro es la más grande del país, concentra el mayor poder de fuego (aviación, cuerpo de paracaidistas, infantería y blindados) y pasa a ser intervenida por el Comando Sur del Pentágono.
No se había visto una cosa parecida luego de la intervención militar de abril de 1965: en los últimos 60 años la intervención militar de EE.UU. se mantuvo camuflada como «asesorías», «visitas», «ejercicios» y «operaciones» puntuales; pero ahora la intervención se asume directa, invasiva, indefinida y con tropas especializadas.
La Constitución vigente -a pesar de lo conservador, autoritario y neoliberal de su contenido- obliga a Abinader a rechazar cualquier agresión a nuestra soberanía y cualquier intervención en los asuntos internos de otros países.
¿Cuál es el contexto político y regional de esta acción?
En verdad, no se trató de un «acuerdo», sino de una orden de Trump y el Pentágono, fielmente cumplida por Abinader, en medio de un despliegue naval en el Caribe y áreas del Pacífico; apuntando contra Venezuela y Cuba, en primer lugar y sucesivamente.
Pero también contra los gobiernos de México y Colombia (Colombia ya invadida por 10 bases militares), sin descartar Nicaragua, ni a otros países que no se le dobleguen a un imperio furioso por su decadencia, empecinado en saquear petróleo, gas, minerales estratégicos, biodiversidad y fuentes de agua en Nuestra América.
El cartel mayor del Hemisferio Occidental es Wall Street y el mercado más grande es el Norte Revuelto y Brutal, mientras aquí abundan las narco-complicidades en altas instancias del Estado.
Este es un narco-estado y si no lo creen, examinen los largos años de impunidad de altos funcionarios civiles, militares y empresarios protectores de los capos Quirino, Figueroa Agosto, Toño Leña, Cesar El Abusador, Arturo del Tiempo, Nelson Solano, Miguel Gutiérrez, Miki López, Yamil Abreu y los capos del Cartel del Cibao, que primero financió al PLD y luego al PRM.
Examinen la narco-política del PRM y por qué las conexiones del narco con sus jefes políticos en funciones gubernamentales no se atacan ni se sancionan.
Por Isaías Ramos
Santiago nos golpeó con dos tragedias que el país no puede normalizar. Noelvin Jeremías Cabrera, de 14 años, murió tras un conflicto vinculado al entorno escolar luego de salir del Politécnico Simón Antonio Luciano Castillo; otro adolescente guarda prisión preventiva mientras se conoce el proceso.
Días después, Stephora Anne‑Mircie Joseph, de 11 años, falleció por ahogamiento durante una excursión escolar del Colegio Leonardo Da Vinci. Según informó el Ministerio Público, el caso se investiga como homicidio involuntario y se detuvo a cuatro personas, alegando presuntas fallas graves de supervisión y seguridad.
Estos episodios no son accidentes desconectados. Son síntomas de un deterioro profundo: en demasiados entornos escolares se ha debilitado la fuerza formativa, la autoridad moral y la coherencia institucional. Durante casi treinta años, la formación moral y cívica ha sido relegada y, al mismo tiempo, la disciplina ha sido malinterpretada como autoritarismo, dejando un vacío que hoy se expresa en conductas violentas, negligencia, irrespeto y una cultura escolar sin límites claros.
El Gobierno reaccionó anunciando una mesa interinstitucional “permanente” entre el Ministerio de Educación y la Procuraduría, enfocada en prevención, monitoreo y protocolos de actuación. Es un paso necesario. Pero debemos ser honestos: la República Dominicana está cansada de anuncios que no pasan de la rueda de prensa. La ciudadanía exige resultados medibles, responsables identificables y continuidad real. Lo que no se supervisa se pierde; lo que no se mide se diluye.
El problema de fondo excede cualquier mesa técnica. La Constitución es clara: el artículo 63, numeral 13, ordena como obligatoria en todas las escuelas —públicas y privadas— la formación social, cívica y ética, la enseñanza de la Constitución, los derechos fundamentales y la convivencia pacífica. La Ley 66‑97 insiste en principios como el respeto a la vida, la democracia, la solidaridad, la verdad y los valores que sostienen la dignidad humana. Sin embargo, entre la teoría legal y la práctica cotidiana hay un abismo que seguimos pagando con vidas jóvenes.
Hay, sin embargo, una señal alentadora: la Ordenanza 02‑2025 del Ministerio de Educación, que establece la implantación formal de la asignatura Educación Moral, Cívica y Ética Ciudadana en todos los niveles a partir del año escolar 2025‑2026. Es un avance importante, pero no será suficiente si no se acompaña de tres elementos indispensables: formación docente rigurosa, coherencia institucional y supervisión real. Una asignatura sin cultura institucional es como sembrar sin preparar la tierra.
En el Frente Cívico y Social entendemos que volver a educar el carácter implica recuperar la disciplina como virtud cívica, no como castigo. Disciplina significa dar estructura, sostener límites razonables y construir hábitos que fortalezcan la voluntad. Significa ser coherente —los adultos primero—, persistente —todos los días— y consistente —consecuencias claras, justas y previsibles—. La disciplina bien aplicada protege al alumno, dignifica la convivencia y devuelve a la escuela su papel como taller de ciudadanía.
Esta visión ha sido afirmada desde perspectivas distintas pero convergentes. Elena G. de White advirtió que la verdadera educación desarrolla la facultad de pensar y hacer, evitando que los jóvenes sean “simples reflectores del pensamiento de otros”. Y Camila Henríquez Ureña alertó contra reducir la educación a instrucción técnica, recordándonos que formar el ser es más decisivo que enseñar destrezas.
Hoy, en plena era de la inteligencia artificial, esta verdad es más urgente: la información se obtiene en segundos; el carácter se forma con esfuerzo cotidiano y con entornos que sostengan lo correcto cuando haya presión.
En medio de tanta preocupación, pude ver una señal de esperanza. Recientemente compartí con el personal docente y administrativo del Colegio Adventista Salvador Álvarez de Jababa, Moca: la escuela donde estudié de niño, fundada en 1925 y portadora de cien años de legado educativo y cristiano. Allí, en una actividad anual organizada por la familia Álvarez‑Piantini‑Schliemann, reafirmamos un compromiso: trabajar juntos para que este colegio rural se convierta en un referente nacional de educación integral y disciplina con propósito. En tiempos de crisis, los ejemplos valen más que los discursos.
Si queremos honrar a Noelvin y a Stephora, debemos transformar el duelo en acción verificable. Necesitamos un protocolo nacional obligatorio para excursiones escolares y actividades de riesgo, con auditoría anual y sanciones claras cuando se incumpla. Necesitamos indicadores públicos de convivencia —con estricta protección de identidad— y, más importante aún, que se publiquen de forma trimestral por distrito educativo: incidentes reportados, tiempos de respuesta, medidas aplicadas y avances en prevención. Y necesitamos la ejecución seria, no decorativa, de la formación moral y cívica, con acompañamiento docente, supervisión independiente y continuidad sostenida.
Porque una sociedad que educa el carácter reduce la violencia. Y una que renuncia a esa tarea termina llorando a sus hijos.
Despierta, RD!
Por Rommel Santos Diaz
Otro de los derechos accesorios al derecho a la participación es el derecho a la notificación. Una vez que las víctimas sean reconocidas como tales frente a la Corte Penal Internacional, en una situación o en un caso, directamente o a través de sus representantes legales, las víctimas tienen derecho a ser notificadas e informadas de los avances del procedimiento, de las decisiones de la Sala correspondiente, de las fechas de las audiencias, de la interposición de recursos por las partes , entre otras diligencias.
Tanto la publicidad de los procedimientos como la notificación a las víctimas son claves para garantizar que esta pueda ejercer su derecho a la participación.
Esta importancia es reconocida por algunas disposiciones que hacen expresa la necesidad de que las víctimas tengan conocimiento del estado de los procedimientos; por ejemplo la norma 87 establece la obligación explícita del Fiscal de notificar a las víctimas de acuerdo a la regla 50(1) y la regla 92(2). Igualmente, derivado del artículo 15 del Estatuto de Roma, la Secretaría podrá asistir en esta notificación si así es requerida por la Fiscalía.
Igualmente, existe la obligación de notificar y dar adecuada publicidad de las actuaciones por medios generales de acuerdo a las reglas 92(8) y 96(1).
Esta función se encuentra regulada en el Reglamento de la Secretaría de la Corte Penal Internacional en donde se reconoce la importancia de que esta información sea accesible a las víctimas para facilitar el ejercicio de sus derechos.
Finalmente es importante mencionar que los jueces al ser los garantes del debido proceso y el ejercicio de las víctimas, tienen la facultad de rechazar una solicitud de participación si consideran que en ella no se ha acreditado la calidad de víctima frente a la Corte Penal Internacional.
Sin embargo, las víctimas podrán presentar otra solicitud en una etapa ulterior de acuerdo a la regla 89(2).Finalmente las víctimas si así lo desean, podrán retirar su solicitud de participación en cualquier momento si así conviniere a sus intereses.