Opinión
Un Enfoque Fuera de Contexto
Por José Cabral
La gran mayoría de la gente y los propios periodistas casi siempre se llevan de la apariencia y de lo que mucho repiten sin irse al fondo del problema, lo cual ha ocurrido con Merlín Martínez, madre del confeso asesino de la joven Emely Peguero, quien ha demostrado hasta la sociedad que carece de toda sensibilidad y que por lo menos en el presente caso ha actuado como uno de los peores seres humanos.
El crimen siempre ha sido atribuido a que la madre del criminal y cómplice del asesinato se oponía a que éste tuviera un hijo con una muchacha de una clase social media baja, cuando en realidad desde cualquier perspectiva que se analice el asunto puede llevar a la conclusión de que los Martínez pudieron considerarse superiores a la víctima porque podían disponer de algunos recursos económicos, pero que en realidad no se puede alegar, bajo ningún concepto, un problema social o de abolengo.
En lo que respecta al confeso asesino cuando se le observa detenidamente uno puede darse cuenta que podrían haber diferencias en lo que respecta a tener algunos bienes materiales, pero cuando uno se adentra en el perfil de ambas familias e incluso en los vínculos existentes entre ellas, puede llegarse a la conclusión de que la diferencia sociales no eran tales, sino que el asunto tiene que ver con alguna posesión económica.
Todo esto parece ser así, porque incluso si el Ministerio Público tuviera más capacidad investigativa podría encontrarse con otro delito o crimen muy grave de la señora Marlin Martínez, en virtud de que todo parece indicar que estamos frente a una persona que está involucrada con el bajo mundo de las drogas o del lavado de activos.
Las evidencias al respecto provienen primero de la versión que círculó por los medios de comunicación de que la finca donde fue llevada la menor asesinada era propiedad de la señora Marlín Martínez, pero ahora resulta que el padre de su supuesto novio dice que ese inmueble es de su familia y no de ella.
Otra versión fue que el novio de la señora Marlon es un hombre deportado de los Estados Unidos, lo cual éste admitió frente a Nuria Piera, pero el padre aclara que el real comprometido de la inculpada en el crimen contra Emely Peguero es un hermano de éste que vive en los Estados Unidos.
Ahora habría que preguntarse y si la finca es propiedad de la familia como dice el padre del presunto novio de Marlín Martínez, por qué ella tenía tanto poder de decisión en esa propiedad, incluida la autoridad para darle ordenes a un capataz de la misma a pesar de que el padre de su supuesto novio no quería saber de ella.
Frente a cualquier persona con conocimientos rústicos o elementales de investigaciones criminales, ahí podrían haber gatos entre macutos, porque todo lo revelado hasta ahora no refleja que la señora Marlin Martínez provenga de una familia adinerada y de abolengo, sobre todo después de la publicación de la casita donde vive su madre y abuela del presunto criminal en el populoso sector de Cristo Rey de la capital dominicana.
Todos estos detalles podrían llevar a cualquier investigador a determinar que en el presente caso parece haber un segundo ilícito penal que tiene que ver con narcotráfico y lavado de activos, ya que las propiedades que aparecen en nombre de esta mujer podrían pertenecer a otra persona, que muy bien podría ser su novio que vive en los Estados Unidos y que ella haya sido utilizada como testaferro del real dueño.
Naturalmente, esto sólo podrá determinarlo si el Ministerio Público mediante una solicitud de colaboración de la fiscalía del estado donde vive el supuesto novio de la señora Martínez para que se realice una investigación a fin de determinar a qué se dedica y si ha tenido problemas con la ley el compañero sentimental de ésta, como por el ejemplo su hermano, que fue deportado de los Estados Unidos y donde admitió que cumplió una pena.
Es muy posible que el asesinato de Emilin Peguero pueda servir para descubrir otro crimen de igual o de más grande magnitud del conocido hasta ahora, porque todo indica que la actuación de esa mujer deja mucha tela por donde cortar e incluso para revelar lo que podría ser muy bien una asociación de malhechores para cometer delitos con secuelas muy dañinas para la sociedad.
El perfil de ambas familias, la de Marlon y la de Emelin, parecen tener la misma procedencia social por los vínculos existentes e incluso por el hecho de que ambas viven o vivían en el mismo entorno, lo cual lleva a pensar que se trata de un disparate hablar de abolengo o de diferencias sociales entre la victima y los victimarios.
La diferencia económica entre una familia y otra podría tener que ver con el hecho de que Marlín Martínez se involucró en el bajo mundo del narcotráfico y el lavado de activos y en consecuencia aparentar tener una serie de propiedades que en realidad no son suyas, sino de otra persona que aparentemente maneja negocios ilícitos que han generado la riqueza de que se habla.
Hay muchos detalles en el presente caso que indican que no se trata de una familia con riquezas que provienen de alguna herencia o algo parecido, sino del fenómeno común y corriente de la delincuencia y de aquella persona que entra al negocio del bajo mundo, pero que por los bienes adquiridos no cambia su nivel social, porque sus vínculos son con aquellos con quienes tiene una relación primaria, lo cual aunque cambia su configuración de personas con bienes materiales, no transforma necesariamente sus niveles de educación, sobre todo , aquellos provenientes de la estructura familiar.
El poder que se le atribuye a Marlin proviene más que nada de sus vínculos políticos con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), donde por la plata vale el mono, no importa que los recursos usados o exhibidos provengan del bajo mundo.
De manera, que no importa que los perfiles que presentan las dos familias, la de Marlon y la de Emely, sean aparentemente diferentes, pero ello no les atribuye a los victimarios un abolengo y un nivel social de más alto nivel, ya que cualquier cosa que se parezca a lo que se ha dicho por los medios de comunicación social se trata de una gran distorsión apoyada en la apariencia que adornan a las familias en la República Dominicana, donde la cultura de proyectar lo que no se es predomina, sobre todo, en los estratos más humildes de la sociedad.
Por José Cabral
Siempre he dicho y he reiterado, pero que no se trata de ningún descubrimiento, que el sistema está concebido para responder a los intereses de los partidos políticos.
Los diputados y senadores provienen de ese entorno, el presidente de la República y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), en el que se escogen los jueces, explica el desempeño de cada uno de estos poderes públicos
La conformación del CNM implica que todo el sistema, incluido el de justicia, obedece a los intereses que se expresan en este órgano.
De manera, que, frente a la confrontación del derecho con la política, el primero siempre tiene todas las de ganar cualquier batalla, máxime cuando se trata de aquella que se desarrolla en el campo legal.
Todo este cuadro permite establecer que resulta prácticamente difícil, por no decir imposible, que el derecho pueda salir triunfante frente a la política.
Sin ninguna duda, que ahí descansa la gran debilidad del proceso de constitucionalización del derecho que se produce en el país a partir de la entrada en vigencia de la Constitución del 2010.
Es hermoso en los textos el proceso de constitucionalización, pero el mismo resulta decepcionante en la práctica y cuando se choca con la realidad.
Nadie, absolutamente nadie, puede negar que una herramienta vital para cualquier democracia es una buena administración de justicia, pero en una nación donde la partidocracia es la dueña del sistema esto se vuelve prácticamente difícil, por no decir imposible.
El problema descansa en un Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), cuyo órgano tiene la sagrada misión de escoger los jueces del sistema de justicia nacional, lo que quiere decir que cuando se presenta un conflicto entre el derecho y la política éstos se inclinen por emitir sentencias en favor de la partidocracia.
Los hechos hablan por sí solos y el que no lo crea que revise la mayoría de las decisiones que conllevan sentencias que impactan los intereses de los partidos para que se puedan valorar los resultados.
Sin no se cambia la conformación del CNM es muy difícil que el proceso de constitucionalización del derecho y que tiene como base el respeto de los derechos fundamentales pueda cristalizarse en una sociedad como la dominicana, donde la política está presente predominantemente en todos los escenarios.
De tal forma, que hablar de una buena administración de justicia al margen de los intereses de los partidos políticos, resulta una quimera y que sólo una persona muy ingenua lo puede creer.
Por Isaías Ramos
Ninguna democracia muere el día en que se rompe la Constitución. Muere mucho antes: cuando quienes juraron defenderla comienzan a tratarla como un obstáculo y la ciudadanía empieza a acostumbrarse a ese irrespeto.
La Constitución no fue escrita para adornar discursos ni para ser invocada cuando conviene al poder. Fue concebida para limitar a quienes gobiernan, proteger a los ciudadanos y garantizar que ningún funcionario, partido, mayoría congresual o presidente coloque su voluntad por encima de la soberanía popular.
Por eso preocupa el rumbo de diversas actuaciones del Congreso Nacional y del Poder Ejecutivo.
En los últimos años se han aprobado normas luego anuladas, corregidas o seriamente cuestionadas por su compatibilidad constitucional. La Ley de la Dirección Nacional de Inteligencia motivó la intervención del Tribunal Constitucional por objeciones relacionadas con derechos fundamentales. La Ley de Facturación Electrónica también requirió su actuación para corregir una disposición que afectaba la privacidad.
Más recientemente, el nuevo Código Penal ha dejado de ser únicamente una inquietud jurídica para provocar un rechazo creciente en amplios sectores de la sociedad. Juristas, periodistas, profesionales, organizaciones sociales y ciudadanos hemos advertido que varias disposiciones, por su amplitud, ambigüedad o desproporción, podrían amenazar la libertad de expresión, la denuncia pública, el ejercicio profesional y la protesta pacífica.
Cuando una legislación penal provoca temor entre quienes informan, denuncian o protestan, el problema deja de ser técnico: amenaza la convivencia democrática.
Pero el caso institucionalmente más delicado es la respuesta legislativa posterior a la sentencia TC/0788/24.
Las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y vinculantes para todos los poderes públicos. Cuando una legislación posterior genera serios cuestionamientos sobre si respeta materialmente el criterio fijado por el máximo intérprete de la Constitución, no estamos ante un simple debate político. Está comprometida la supremacía constitucional, la seguridad jurídica y la confianza ciudadana.
La preocupación no gira solo alrededor de una sentencia ni de las candidaturas independientes. El problema es más profundo: ¿puede el poder político redefinir, limitar o neutralizar derechos protegidos por la Constitución?
La Constitución dominicana no creó una democracia para beneficio de los partidos. Creó un Estado social y democrático de derecho, fundado en la dignidad humana, la soberanía popular, el pluralismo político, la separación de poderes y la protección efectiva de los derechos fundamentales.
El derecho a expresarse no es una concesión del Gobierno.
El derecho a protestar pacíficamente no es un favor del Congreso.
El derecho a elegir y ser elegido no pertenece a los partidos.
Son derechos constitucionales que ningún poder temporal puede apropiarse, reducir ni administrar según su conveniencia.
No sabemos si quienes gobiernan desconocen el espíritu de la Constitución o si, conociéndolo, han decidido apartarse de él. Lo evidente es que demasiadas decisiones han obligado al Tribunal Constitucional y a la sociedad a recordar principios que debieron orientar desde el inicio a los poderes públicos.
No afirmamos que la República Dominicana sea hoy una dictadura. Pero sería irresponsable esperar a que el autoritarismo esté consumado para denunciar las decisiones que pueden abrirle camino.
Las democracias rara vez desaparecen de un día para otro. Se erosionan lentamente cuando se relativiza la supremacía constitucional, se reducen los espacios de participación, aumentan las facultades del poder sin controles suficientes y los derechos fundamentales dejan de orientar la legislación.
Está en juego la República que dejaremos a nuestros hijos: una nación donde la Constitución gobierne al poder o un país donde el poder acomode la Constitución a sus intereses.
Todavía estamos a tiempo de corregir el rumbo.
El pueblo dominicano ha demostrado paciencia, madurez y vocación democrática. Ha recurrido a los tribunales, promovido el debate público y utilizado los mecanismos institucionales reconocidos por la Constitución.
Pero la paz social no puede sostenerse indefinidamente si los reclamos constitucionales no encuentran respuesta. Cuando las instituciones dejan de escuchar, aumenta la presión social. Esa realidad no debe celebrarse ni provocarse; debe prevenirse mediante el diálogo, la rectificación y el respeto a la Constitución.
Este no es un llamado a la confrontación. Es un llamado a la rectificación.
El Congreso debe legislar dentro de los límites constitucionales. El Poder Ejecutivo debe ejercer sus facultades constitucionales con el mismo compromiso que juró al asumir el cargo. Y todos los poderes públicos deben recordar que las decisiones del Tribunal Constitucional no son recomendaciones: forman parte del orden que están obligados a respetar.
Cumplir la Constitución no debilita al Estado. Lo fortalece.
Respetar los derechos fundamentales no genera desorden. Construye paz.
Abrir la democracia no amenaza la República. La hace más legítima y fuerte.
Desde el Foro Cívico y Social lo afirmamos con claridad: la Constitución no pertenece al Congreso, al Poder Ejecutivo ni a los partidos políticos.
La Constitución pertenece al pueblo dominicano.
Defenderla por las vías pacíficas, democráticas y constitucionales no es un acto de oposición. Es el deber moral, cívico y patriótico de toda generación que aspire a entregar a sus hijos una República más libre, justa y fiel al Estado social y democrático de derecho.
Una nación puede sobrevivir a una mala ley y corregir una mala decisión. Lo que no puede permitirse es acostumbrarse a que el poder deje de obedecer la Constitución.
Por Oscar López Reyes
(A la 18:00 hora local del miércoles 24 de junio de 2026, Venezuela fue sacudida por dos terremotos: el primero en la escala 7.2 (duró un minuto) y 39 segundos después otro de magnitud 7.5 (se extendió por tres minutos), concentrados especialmente en la Guaira y Caracas, con un salto -hasta el 12 de julio de 2026- de más de 50 mil desaparecidos, según la ONU; cerca de 5 mil fallecidos, 20 mil heridos y 20 mil damnificados).
(I)
¡Oh, Venezuela!
Patria inmensa.
¡Caramba!,
Hermanos en Bolívar,
¡qué dolor soberbio!
que oprime las fibras de mi alma,
En tristeza de gritos que escapan
de escombros retorcidos
por furia de un suelo rebelde.
El telúrico conmueve en miradas
de arquitecturas sin piedras ni ventanas,
y melancolías de niños vagando en penumbras,
Sin padres ni estancias.
Y pone a temblar en rememoración de amor
su épica solidaridad y sacrificio de dignidad infinita
en épocas pretéritas, que configura
una vastedad de grandeza histórica
y el patriotismo compartido.
¡Oh, Venezuela, SOS!
(II)
Cuando no haya más lágrimas que derramar,
rebosantes las porcelanas de mortandad,
esa “Tierra de Venecia” y esa “Tierra de Gracia”
dejará de llorar y se levantará en cumbre de cerros,
contemplando
marchas fúnebres y entierros colectivos,
echando la vista a la resurrección de Cristo.
(III)
Heridos que sollozan en ruinas y hospitales,
sobrevivirán en sonidos de esperanza y el susurro
que late desde los vientos que soplan
de mares y montañas, para otro comienzo
de sonrisas en barcas de adversidad.
(IV)
Los fallecidos descansarán en púrpura palmera
y ecosistemas naturales con flores coloreadas
con toques de bellezas íntimas
que evocan la fragancia
en la eternidad de jardines
con pétalos de atardeceres versátiles.
(V)
Y los muchos desaparecidos fertilizarán
los predios erosionados,
para floración de hojas, frutos y plantas aromáticas,
que germinarán emergentes criaturas en vientres
de primaveras de Luna menguante
y otoños de Luna creciente.
(VI)
En su inocencia, niños huérfanos seguirán jugando
en noches tranquilas, abrazados de madres sustitutas
y nutrientes saludables,
que brotarán renovadas energías
en llanuras, bosques y lagos estrellados,
acariciados por paisajes de jazmines
y saltos que gimen en la nostalgia de edificios desplomados.
(VII)
Sumergidos en cenizas de techos agrietados
por terrestres sacudidas bruscas,
pequeños, adultos y veteranos
alzarán vuelos con recuperados bríos,
como aquel ave mítica y pájaro de fuego.
Tendrán casas alfombradas con claveles
y rosadas cestas colgantes,
en calles sin pedruscos y con Sol,
parques con glorietas y toboganes,
escuelas y parroquias para el cambio.
(y VIII)
En brisas de trompetas, hembras y varones
abatidos en estado emocional resurgirán
de pedazos de paredes rotas,
para reconstruir territorios asolados,
en el renacer de paz y progreso,
y entonces entonar, a viva voz: ¡felicidad, felicidad!
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El autor: Periodista, mercadólogo, catedrático, escritor y gremialista.