Editorial
Un Ensayo Preocupante
Todo el mundo sabe que a nivel de la justicia hay una famosa expresión que dice que los jueces hablan mediante sentencias.
Esta expresión, la cual no ha sido menos de ahí tradicionalmente en prácticamente todo el mundo, pero la misma fue desviada con lo ocurrido en la audiencia de la imposición de medidas de coerción a los inculpados en la operación Anti Pulpo por asociación de malhechores, lavado de activos, entre otros ilícitos penales.
El juez de Atención Permanente, Alejandro Vargas, antes del anuncio de las medidas de coerción en contra de los imputados, pronunció un discurso, que aunque no está prohibido en el sistema de justicia, ubicó a la gente en un escenario diferente al que se estila en las salas de audiencias.
Lo más grave de la idea proyectada por el juez Vargas es que pareció un juicio doble en el que se juzgaba la conducta de los imputados y al propio tiempo la culpabilidad o no del expresidente Danilo Medina.
En esa especie de defensa de Medina el juez apeló a una serie de detalles que sufren las personas que ocupan la más alta posición pública y la forma como los dejan solos y muchas veces mueren de una forma muy triste e ilustró estos casos con lo acontecido con Salvador Jorge Blanco.
El discurso del juez Vargas dio la impresión de estar dirigido a limpiar a Danilo Medina de una serie de conjeturas que se tejen sobre su responsabilidad con los hechos.
Lo cierto es que la culpabilidad o inocencia del expresidente debe ser parte de una profunda investigación sobre el particular, porque hay cosas que nadie puede entender y además en el Gobierno que él presidió la corrupción fue como una especie de norma.
Así como se ha iniciado la investigación que continuó este martes con las medidas de coerción, tendrá que proseguir con otras indagatorias sobre los escándalos en los que se vieron involucrados una serie de personajes del entorno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entre cuyos principales actores está su propio candidato presidencial, Gonzalo Castillo.
El asunto es que este proceso no debe parar y llegar hasta donde tenga que llegar porque la corrupción es el lastre más pesado que tiene el Estado, lo cual se traduce en una serie de carencias y deficiencias en los servicios públicos y cuyos principales afectados son la gran mayoría de los dominicanos.
No se puede permitir que politiqueros vayan al Estado a alzarse con los recursos del patrimonio nacional sin que haya un régimen de consecuencias, lo cual ha sido consustancial a la República Dominicana desde los tiempos de la colonia.
La justicia sólo debe cumplir con su misión de juzgar a los inculpados a partir de la presunción de inocencia para en función de las pruebas liberar a los inocentes y condenar a los culpables.
No se puede pedir más ni menos de ahí.
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana