Todo el mundo sabe que a nivel de la justicia hay una famosa expresión que dice que los jueces hablan mediante sentencias.
Esta expresión, la cual no ha sido menos de ahí tradicionalmente en prácticamente todo el mundo, pero la misma fue desviada con lo ocurrido en la audiencia de la imposición de medidas de coerción a los inculpados en la operación Anti Pulpo por asociación de malhechores, lavado de activos, entre otros ilícitos penales.
El juez de Atención Permanente, Alejandro Vargas, antes del anuncio de las medidas de coerción en contra de los imputados, pronunció un discurso, que aunque no está prohibido en el sistema de justicia, ubicó a la gente en un escenario diferente al que se estila en las salas de audiencias.
Lo más grave de la idea proyectada por el juez Vargas es que pareció un juicio doble en el que se juzgaba la conducta de los imputados y al propio tiempo la culpabilidad o no del expresidente Danilo Medina.
En esa especie de defensa de Medina el juez apeló a una serie de detalles que sufren las personas que ocupan la más alta posición pública y la forma como los dejan solos y muchas veces mueren de una forma muy triste e ilustró estos casos con lo acontecido con Salvador Jorge Blanco.
El discurso del juez Vargas dio la impresión de estar dirigido a limpiar a Danilo Medina de una serie de conjeturas que se tejen sobre su responsabilidad con los hechos.
Lo cierto es que la culpabilidad o inocencia del expresidente debe ser parte de una profunda investigación sobre el particular, porque hay cosas que nadie puede entender y además en el Gobierno que él presidió la corrupción fue como una especie de norma.
Así como se ha iniciado la investigación que continuó este martes con las medidas de coerción, tendrá que proseguir con otras indagatorias sobre los escándalos en los que se vieron involucrados una serie de personajes del entorno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entre cuyos principales actores está su propio candidato presidencial, Gonzalo Castillo.
El asunto es que este proceso no debe parar y llegar hasta donde tenga que llegar porque la corrupción es el lastre más pesado que tiene el Estado, lo cual se traduce en una serie de carencias y deficiencias en los servicios públicos y cuyos principales afectados son la gran mayoría de los dominicanos.
No se puede permitir que politiqueros vayan al Estado a alzarse con los recursos del patrimonio nacional sin que haya un régimen de consecuencias, lo cual ha sido consustancial a la República Dominicana desde los tiempos de la colonia.
La justicia sólo debe cumplir con su misión de juzgar a los inculpados a partir de la presunción de inocencia para en función de las pruebas liberar a los inocentes y condenar a los culpables.
No se puede pedir más ni menos de ahí.