Editorial
Un Ensayo Preocupante
Todo el mundo sabe que a nivel de la justicia hay una famosa expresión que dice que los jueces hablan mediante sentencias.
Esta expresión, la cual no ha sido menos de ahí tradicionalmente en prácticamente todo el mundo, pero la misma fue desviada con lo ocurrido en la audiencia de la imposición de medidas de coerción a los inculpados en la operación Anti Pulpo por asociación de malhechores, lavado de activos, entre otros ilícitos penales.
El juez de Atención Permanente, Alejandro Vargas, antes del anuncio de las medidas de coerción en contra de los imputados, pronunció un discurso, que aunque no está prohibido en el sistema de justicia, ubicó a la gente en un escenario diferente al que se estila en las salas de audiencias.
Lo más grave de la idea proyectada por el juez Vargas es que pareció un juicio doble en el que se juzgaba la conducta de los imputados y al propio tiempo la culpabilidad o no del expresidente Danilo Medina.
En esa especie de defensa de Medina el juez apeló a una serie de detalles que sufren las personas que ocupan la más alta posición pública y la forma como los dejan solos y muchas veces mueren de una forma muy triste e ilustró estos casos con lo acontecido con Salvador Jorge Blanco.
El discurso del juez Vargas dio la impresión de estar dirigido a limpiar a Danilo Medina de una serie de conjeturas que se tejen sobre su responsabilidad con los hechos.
Lo cierto es que la culpabilidad o inocencia del expresidente debe ser parte de una profunda investigación sobre el particular, porque hay cosas que nadie puede entender y además en el Gobierno que él presidió la corrupción fue como una especie de norma.
Así como se ha iniciado la investigación que continuó este martes con las medidas de coerción, tendrá que proseguir con otras indagatorias sobre los escándalos en los que se vieron involucrados una serie de personajes del entorno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), entre cuyos principales actores está su propio candidato presidencial, Gonzalo Castillo.
El asunto es que este proceso no debe parar y llegar hasta donde tenga que llegar porque la corrupción es el lastre más pesado que tiene el Estado, lo cual se traduce en una serie de carencias y deficiencias en los servicios públicos y cuyos principales afectados son la gran mayoría de los dominicanos.
No se puede permitir que politiqueros vayan al Estado a alzarse con los recursos del patrimonio nacional sin que haya un régimen de consecuencias, lo cual ha sido consustancial a la República Dominicana desde los tiempos de la colonia.
La justicia sólo debe cumplir con su misión de juzgar a los inculpados a partir de la presunción de inocencia para en función de las pruebas liberar a los inocentes y condenar a los culpables.
No se puede pedir más ni menos de ahí.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.