Editorial
Un Estado Débil Desvanece la Esperanza
Muy difícilmente se puedan producir cambios sociales desde una instancia privada, dado que el Estado es el instrumento más poderoso de cualquier sociedad, no importa que sea grande o pequeña.
Una persona tiene la capacidad para ayudar minimamente e impactar positivamente a un conglomerado social, sobre todo con su conducta, pero el Estado lo puede cambiar todo y tiene la fuerza suficiente para hacerlo.
Lo primero que los recursos de una persona son limitados, por muy grandes que sean, mientras los del Estado son inmedibles, porque bien manejados pueden generar además cuantiosas riquezas e imponer un estilo de conducta que impacte positivamente a todos, absolutamente a todos.
El buen manejo ético de una persona sólo es tomada en cuenta por un reducido circulo social, dado que es algo voluntario y que tiene que ver con lo que a cada quien le interesa, pero el ejemplo que proviene del Estado impacta a todos y cada uno de los ciudadanos, sobre todo porque sus acciones o disposiciones no es opcional aceptarlas, sino obligatorio.
El derecho público tiene como principal característica la obligatoriedad, es decir, que nadie puede resistirse a cumplir con lo que dispone el Estado, lo cual difiere del derecho privado, el cual es voluntario y sólo se acoge si la persona lo considera acorde con sus intereses o propósitos.
Por esta razón, la transformación social proviene, principalmente, del Estado, el cual tiene incluso la capacidad de imponer valores o anti-valores.
Cuando el Estado envía el mensaje a través de la conducta de los que lo controlan que hay que respetar o no robarse el patrimonio público, si el propósito es serio e institucional, los resultados siempre serán muy buenos, porque la gente no se expone a sufrir los rigores del monopolio de la violencia que descansa en él , cuya fuerza se expresa a través de la ley, sea mediante la sustantiva o la adjetiva.
Por este motivo se hace prácticamente imposible que los cambios sociales puedan venir desde una instancia privada, porque el Estado regularmente concentra la mayor de las riquezas, lo cual explica que un presidente de la República sea la persona más poderosa de cualquier nación, no importa que pobre o atrasada sea.
Los grandes cambios en cualquier sociedad no pueden llegar a través de instancia privada, sin importar los recursos que se puedan poseer, porque además los individuos manejan sus intereses en función de su filosofía de vida, la cual nunca involucra a todos los ciudadanos, pero que en el caso del Estado sus políticas tienen que impactar a todos y cada uno de sus ciudadanos.
En tal virtud, el que sueñe con producir los grandes cambios para mejorar la sociedad, ya sea través de obras sociales o de grandes inversiones, por decir algo, se equivoca, porque solo el Estado puede disponer de los grandes recursos para hacer un conglomerado social más habitable sobre la base de la convivencia.
No hay ninguna otra forma de lograrlo, porque el Estado, que se supone debe velar por el bien de todo y por la perpetuación de la sociedad, cuyas normativas deben estar fundamentadas en la igualdad de oportunidades, la convivencia nacional y el bien común, cuenta con el poder para producir una profunda transformación social.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.