Editorial
Un evento poco democrático, aunque formalmente se considere lo contrario.
Este domingo se celebran las primarias abiertas y cerradas de los dos partidos que son los únicos que tienen reales posibilidades de continuar o de asumir por primera vez el poder en la República Dominicana.
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el Partido Revolucionario Moderno (PRM) inauguran una nueva forma de escogencia de sus candidatos a los diferentes cargos electivos, cuya metodología parece muy democrática, pero en realidad no es así.
En lo que respecta al PLD, el aspirante del litoral oficialista, Gonzalo Castillo, se sirve con la cuchara grande con el uso de los recursos públicos, el clientelismo y la más descarada malversación de los dineros de las arcas nacionales.
Tanto ha sido así, que este pre-candidato a copado prácticamente todos los medios de comunicación social, desde la televisión, los periódicos y las emisoras de radio convencionales, hasta los digitales.
Fue algo realmente avasallante, aplastante, sin que en lo inmediato se pueda evaluar el alcance del gasto público en una pre-campaña en la que se han invertido miles de millones de pesos, principalmente por parte del aspirante del Gobierno.
En el otro litoral, el que preside Leonel Fernández, no es para menos, porque este aspirante cuenta con una serie de personajes muy corrompidos, con fortunas hechas sobre la base de la llamada acumulación originaria a través de la corrupción administrativa, cuya capacidad de inversión económica no tiene ningún otro político de los que se observan en el escenario nacional.
Ambos aspirantes ya no representan una solución a los problemas que padece la República Dominicana, porque sus compromisos son más con valores anti-democráticos y con una precaria institucionalidad, generadora de todas las diabluras imaginables y no imaginables.
Ni Gonzalo ni Leonel constituyen una garantía de un desarrollo que represente la más mínima posibilidad para construir una nueva República Dominicana, donde los jóvenes no tengan que irse del país para poder sobrevivir o por lo menos tener un empleo digno.
En lo que tiene que ver con el PRM, éste también no ha demostrado que represente un cambio ético en el manejo de la cosa pública, porque no se comporta bien con la administración de los dineros entregados por la Junta Central Electoral, por lo que menos lo va hacer con los pertenecientes al presupuesto nacional.
El PRM, hijo legítimo del PRD, sólo se diferencia en los colores y los rostros de sus dirigentes, pero su conducta frente al patrimonio público es el mismo, ambos con personajes que representan una amenaza para las riquezas nacionales.
Entonces, siendo así, el dominicano está prácticamente huérfano de cualquier cambio real en la conducción de un Estado disfuncional, que adolece de tantos males que en realidad no le permite instaurar un régimen de institucionalidad y decencia nacionales que convierta el país en otro referente.
Las primarias no han sido más que una reafirmación de las distorsiones y las debilidades de que adolece la democracia en un país del tercer mundo llamado República Dominicana, donde todo se vale sin que se tema a un régimen de consecuencia.
No es verdad que este certamen sea un evento democrático como se ha querido vender, sino de la legitimación de la corrupción y la prostitución de prácticamente todos los órganos del Estado, cuyos funcionarios usan sus recursos medalaganariamente sin que pueda ser tomado en cuenta para dar un ejemplo en el ámbito jurisdiccional del sistema de justicia.
Ya terminó la fiesta, no democrática como muchos quieren argumentar, sino del despilfarro y malversación del patrimonio del pueblo dominicano, cuya mayoría sufre una serie de precariedades que prácticamente le impide vivir con decencia y dignidad.
Dice una famosa expresión que no hay peor diligencia que aquella que no se hace, lo cual muy bien puede ser aplicado a un país como la República Dominicana, donde se observa un acomodamiento con la inversión de valores y lo mal hecho.
Es tan grave el problema que el dinero es la regla del juego que prevalece y las cosas son buenas o males a partir de qué tanto se puede dar, es decir, que mediante esa regla, pero no de cualquier mercado, sino de aquel que no importa cómo se haya conseguido lo monetario o bienes materiales, sino que lo que importa es qué se tiene materialemte hablando.
Y esto, naturalmente, impacta el escenario en el que se mueve el que quiere ascender al control del Estado y del patrimonio público, porque la gente mide el éxito del individuo a partir de lo que tiene, no importa que para adquirirlo le haya cortado la cabeza a su vecino.
Además, una sociedad donde la promoción social y económica esté soportada en fenómeno como el amiguismo, no en el mérito, las cosas prácticamente se vuelven inmanejables, exactamente lo ocurre en la sociedad dominicana.
El amiguismo permite que cualquier persona entre a cualquier circulo de poder para depredar el patrimonio público e incurrir en cualquier travesura que debe pagar el ciudadano que cumple con sus obligaciones en procura de la consecución de una mejor sociedad.
Ese fenómeno del amiguismo es una puerta abierta para que cualquier inescrupuloso o incapaz entre a controlar instituciones públicas que a la postre crea grandes daños al Estado y a toda la sociedad, porque ése, generalmente, no mide consecuencias, dado que no tiene la capacidad o la formacion para discernir el daño que pueee causar..
De manera, que la incapacidad para dirigir el Estado, la falta de ética y de moral para ocupar una función estatal representa una grave amenaza para todos y cada uno de los ciudadanos de cualquier sociedad que tenga como objetivo superar su estado de pobreza, lo que impacta negativamente los enunciados de los derechos fundamentales consignados constitucionalmente.
La contradicción entre los textos legales y la realidad crea grandes escollos para que las naciones, sobre todo las del tercer mundo, puedan trascender a un estado de justicia social y económica propias de los nuevos tiempos.
Sin embargo, todo descansa en qué medida los niveles de institucionalidad, cuyas principales expresiones son el respeto del principio de legalidad y de la conciencia de los ciudadanos para empoderarse y hacer de la nación una nueva y con perspectiva diferente de vida, en la que pase a un segundo plano la incapacidad, la improvisación y el no apego a lo ético-moral
La credibilidad de los senadores y diputados, que conforman el Congreso Nacional, el primer poder del Estado. se encarga de poner en tela de juicio la existencia real e institucional del Estado dominicano.
El asunto de las candidaturas independientes plantea un problema jurídico y de la existencia legal del Estado dominicano, que debe ser un motivo para que todos los sectores que conforman la vida nacional reaccionan ante unos intentos que ponen en peligro la débil democracia nacional.
La contradicción es tan grande de los partidos políticos, que no están en capacidad de darse cuenta, de captar la idea, de que lo que ocurre con la Constitución y los derechos fundamentales, son la guía de cualquier democracia de los nuevos tiempos.
La partidocracia no logra entender que el neo-constitucionalismo es un fenómeno jurídico que arropa a todo el planeta y que no hay fuerza alguna que pueda impedir su avance y empoderamiento en el mundo.
Los partidos políticos deben entender que los tiempos de las cavernas ya pasaron y que muchas de las cosas malas que hoy ocurren son el resultado de sus propias acciones, ya que la ley que le otorga el poder de interpretación de las normas al TC fue aprobado por el Congreso Nacional y que la misma no es una imposición de nadie, sino del peso del proceso de la constitucionalización del derecho.
Además, no se entiende cuál es la lógica para cogerle miedo a las candidaturas independientes porque alegadamente podrían arruinar a los partidos políticos, pero si de lo que se trata es de que predomine la razón, entonces no hay por qué tenerle miedo a una vía de derecho y que es parte del juego democrático.
Los senadores y diputados deben sacarse de su cabeza de que el sistema democrático debe descansar solamente en los partidos políticos, sino que debe ser en los ciudadanos, porque si bien se apoyan en el artículo 216 de la Constitución, el cual no les otorga exclusividad para participar en la lucha por el control del Estado, sino que también deben detenerse a interpretar el mandato del artículo 22 de la misma carta magna.
Los diputados y senadores, que se supone que deben estar bien asesorados por ser el primer poder del Estado, pero su ignorancia no puede ser una condena para que la sociedad viva bajo su irracionalidad y audacia antidemocrática.
En el terreno que sea necesario hay que rechazar las pretensiones de unos diputados y senadores recalcitrantes y enemigos de los avances que necesita la sociedad dominicana para entrar en un estadio de progreso material e intelectual para que pase de un tercer a un segundo o primer mundo.
Si los partidos políticos entienden que son portadores de la razón y la verdad, entonces por qué tener miedo a enfrentarse con ventajas, porque las tienen, por lo menos económica, a través de una vía que es un gran aval para construir una democracia más participativa y con mayor legitimidad y eficiencia.
Como muy bien establece el reportaje que sirve de base a este editorial, el negocio legal e ilegal de hacer dinero con la deportación de haitianos erosiona mucho la credibilidad del Estado dominicano en el manejo del problema.
Lo grave del asunto es que no sólo se trata del tráfico humano de personas que únicamente persiguen trabajar en tierras extranjeras para mejorar las condiciones de vida de sus familias, sino que tiene perfiles asociados al bajo mundo, como el tráfico de drogas, la prostitución y el contrabando de una gran variedad.
Es, puede decirse, una vía para que los corruptos produzcan grandes cantidades de dinero de forma fácil, sin muchos esfuerzos, ya que los canales al respecto están totalmente abiertos desde hace una gran cantidad de años.
Este cuadro, que está reforzado con la designación en los consulados dominicanos en Haití de personas de confianza de los gobernantes de turno, también cobran de forma ilegal cantidades respetables por diligencias fuera de los canales instituciones e incluso por el otorgamiento de visas que son vendidas a razón de 500 dólares cada una, cuyo dinero termina en el bolsillo del funcionario, no del fisco nacional.
Todo este entramado de corrupción, que tiene una vinculación innegable con otros igual de dañino para el pais, es el cuadro que termina proyectándose a través de la frontera, convirtiéndose en un problema dramáticamente humano, amén de los componentes degradantes que lo caracterizan.
Y no se trata de quitarle legitimidad a los derechos de cualquier nación de controlar y de establecer políticas, muchas veces rígidas, para controlar la migración ilegal, sino de un problema que trasciende lo legal para entrar en un mundo profundo de la ilegalidad, de violación vulgar de la ley sobre la materia.
La migración haitiana, a pesar de ser una piedra en los zapatos de una sociedad como la dominicana, la cual no está lejos en términos de institucionalidad de la haitiana, no parece dejar de ser un problema que podría poner en peligro la estabilidad de ambas naciones.
Habría que preguntarse si el Estado dominicano está en la capacidad de manejar con una visión diferente el problema de la migración haitiana en un país donde el dinero es el lenguaje que se habla en todos los escenarios y cuando esa mercancía está presente donde quiera y se entrega a cambio de cualquier cosa por tenerla.
Visto desde la realidad nacional, la deportación de haitianos o la implementación de una política migratoria que se corresponda con los planes y los intereses más sanos de la sociedad, parece algo quimérico, por no decir imposible.
El cáncer de la corrupción se come prácticamente la sociedad dominicana, así como la haitiana es abatida por la pobreza y las bandas que hoy están presentes en todos los escenarios de la vida de la hermana nación.
Este periodo confiesa que está pesimista con la aplicación de una política de deportación que no se corresponda con el interés nacional, ya que se trata como de pedir peras al olmo