Opinión
Un éxito financiero, un fracaso previsional
Por Isaias Ramos
Nos dicen que quienes cuestionamos la capitalización individual tenemos las neuronas quemadas.
La frase pretende cerrar con una descalificación un debate que la evidencia internacional mantiene abierto. De los 30 países que privatizaron total o parcialmente sus sistemas obligatorios de pensiones entre 1981 y 2014, 18 habían revertido total o parcialmente esas reformas para 2018, según documentó la Organización Internacional del Trabajo.
Entonces el problema no son nuestras neuronas. Ha llegado el momento de revisar el modelo.
Todo profesional puede defender el esquema económico en el que cree, asesorar empresas o representar intereses legítimos. Pero el conocimiento, por vasto que sea, no garantiza ni ética ni sabiduría. A veces recorren caminos muy distintos. Y ningún prestigio académico o profesional otorga derecho a descalificar a quienes pensamos diferente.
Nosotros responderemos con la pregunta que ningún balance financiero puede ocultar: ¿qué pensión digna garantiza realmente este modelo al trabajador dominicano?
Durante años se nos ha mostrado el crecimiento de los fondos como prueba del éxito del sistema: más de un billón de pesos acumulados, rentabilidades, financiamiento al Estado y a empresas, y un mercado de capitales fortalecido con el ahorro obligatorio de los trabajadores.
Todo eso importa. Pero una cosa es que prospere el fondo y otra que prospere el afiliado.
El jubilado no vive del tamaño del fondo. Vive de la pensión que recibe cada mes.
Si las proyecciones siguen anticipando prestaciones insuficientes para muchos afiliados, no necesitamos esperar a que esa insuficiencia se convierta en pobreza para reconocer la falla.
Puede crecer el instrumento y fracasar su propósito.
El problema previsional dominicano comienza mucho antes de la jubilación. Comienza con salarios bajos, informalidad, desempleo e interrupciones laborales.
La cuenta individual registra esas precariedades, pero no las corrige. Un salario bajo genera una contribución baja; menos meses cotizados significan menor acumulación; y aportes insuficientes producen pensiones insuficientes, aun con una administración eficiente.
No existe acción de Apple, Amazon o Nvidia capaz de derogar esa aritmética.
Por eso no puede construirse una pensión digna sobre una vida entera de salarios indignos.
Desde el Frente Cívico y Social sostenemos que la reforma previsional debe caminar junto con una política que dignifique el salario, eleve productividad, formalización y capacidad contributiva. Que quien trabaja pueda vivir dignamente y que quien trabajó pueda retirarse dignamente.
También se repite que el reparto está “quebrado” en todo el mundo.
Los sistemas de reparto enfrentan tensiones cuando envejece la población, disminuye la relación entre cotizantes y pensionados o se prometen beneficios superiores a la capacidad contributiva. Por eso se reforman: ajustan edades, aportes, fórmulas y reglas actuariales.
Mientras tanto, de los treinta países que privatizaron total o parcialmente sus sistemas obligatorios, dieciocho habían revertido esas reformas para 2018.
¿Dónde está entonces la evidencia para afirmar que el reparto fracasó en todo el mundo y que la privatización es inevitablemente superior?
No defendemos un reparto irresponsable. Defendemos un reparto del siglo XXI, basado en cuentas nocionales.
Cada trabajador tendría registrada su historia contributiva en una cuenta individual contable. Sus aportes generarían derechos previsionales transparentes y, al jubilarse, ese saldo nocional se convertiría actuarialmente en una pensión vitalicia.
Eso mantiene la relación entre lo aportado y lo recibido, pero evita convertir la vejez en una apuesta individual contra el mercado, la longevidad y las desigualdades acumuladas durante décadas.
A ese sistema debe sumarse una pensión básica que impida la indigencia y un Fondo Nacional de Reserva Previsional, capitalizado colectivamente y administrado por una corporación pública autónoma, profesional e independiente del Gobierno de turno.
Ese fondo puede invertir dentro y fuera del país. En República Dominicana podría participar en energía, minería, transporte, agua, logística, infraestructura, tecnología y otros proyectos capaces de elevar productividad y desarrollo humano.
Pero con una regla inviolable: primero debe ser una buena inversión para el fondo; después puede ser también una buena inversión para el país.
Cada proyecto debe demostrar rentabilidad ajustada por riesgo, transparencia y gobernanza. El beneficio social puede ser un criterio adicional, nunca una excusa para sacrificar el patrimonio previsional del trabajador.
El fondo también debe poder diversificarse internacionalmente. La diversificación no pertenece a las AFP. Pertenece a una buena administración financiera.
Tampoco es cierto que la capitalización haya eliminado la dependencia del futuro.
Toda pensión depende de la economía futura.
El dinero acumulado durante treinta años no guarda alimentos, medicamentos ni servicios dentro de una bóveda. Representa derechos financieros sobre la producción futura.
En reparto, esos derechos se financian mediante contribuciones e impuestos. En capitalización, mediante intereses, dividendos y venta de activos.
Y cuando parte del ahorro previsional está invertida en deuda del propio Estado, resulta todavía más evidente: esos intereses deberán ser pagados mañana por la economía y los contribuyentes de mañana.
La capitalización no eliminó la restricción intergeneracional. La cambió de forma.
Nuestra Constitución tampoco ordena capitalización ni reparto. Ordena algo superior.
La República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, fundado en la dignidad humana, y reconoce la seguridad social como un derecho.
Queremos crecimiento, inversión, empresas fuertes y mercados de capitales modernos. Pero son medios.
La persona es el fin.
Por eso la pregunta que los defensores del modelo todavía deben responder no es cuánto administran las AFP ni cuánto habría ganado alguien comprando acciones en Wall Street.
Es esta:
¿Qué pensión suficiente, vitalicia y digna garantiza este modelo al trabajador dominicano después de una vida de trabajo?
Si la respuesta vuelve a ser el tamaño del fondo, están respondiendo otra pregunta.
Desde el Frente Cívico y Social proponemos abrir esta discusión sin complejos. No para regresar al pasado, sino para construir algo mejor: cuentas nocionales, reparto actuarialmente responsable, solidaridad, reservas colectivas, inversión profesional y salarios capaces de dignificar el trabajo.
Dignidad mientras se trabaja. Dignidad cuando se deja de trabajar.
Ese es el éxito que un Estado social y democrático de derecho debe aprender a medir: no cuánto acumula el sistema, sino cuánta dignidad garantiza.
Opinión
Un Estado puede ganar un enfrentamiento y, al mismo tiempo, estar perdiendo la batalla contra el crimen.
Por Isaías Ramos
En las últimas semanas, decenas de personas han muerto durante actuaciones policiales calificadas como “intercambios de disparos”. El debate se ha concentrado, comprensiblemente, en determinar si esas actuaciones fueron legítimas, si hubo proporcionalidad en el uso de la fuerza y qué mecanismos pueden establecer con credibilidad lo ocurrido.
Son preguntas indispensables.
Pero hay otra que estamos formulando mucho menos:
¿Estamos desmontando el sistema que produce al delincuente o solamente neutralizando una de sus manifestaciones?
Esta controversia me recuerda una enseñanza que quedó especialmente presente en mí desde que tuve la oportunidad de participar en el Diplomado Internacional Transformación Social y Educativa, vinculado al pensamiento del filósofo francés Edgar Morin.
Morin advertía sobre la “inteligencia ciega”: aquella que fragmenta la realidad, separa sus componentes y termina confundiendo el conocimiento de una parte con la comprensión del todo.
La criminalidad castiga severamente ese pensamiento simplificador.
El hombre armado que aparece en una esquina es apenas la expresión visible de un sistema mucho más amplio. Detrás pueden coexistir tráfico de armas, narcotráfico, microtráfico, lavado de activos, corrupción, financiamiento ilegal, reincidencia, abandono escolar, exclusión social, debilidades penitenciarias y territorios donde las instituciones han perdido capacidad preventiva.
Reducir semejante entramado al último individuo de la cadena constituye un error estratégico.
Porque si hoy cae un delincuente y mañana otro ocupa exactamente su lugar, no hemos desmontado el crimen.
Solamente hemos reemplazado una pieza.
Y mientras celebramos que una pieza cayó, la maquinaria que la incorporó, la utilizó y puede sustituirla sigue funcionando intacta.
Durante aproximadamente tres décadas, distintos gobiernos han administrado una sociedad que ha experimentado crecimiento económico y avances sociales, pero donde persisten brechas educativas, sociales, territoriales e institucionales.
El problema no es solamente cuánto se ha invertido en cada área, sino cuánto hemos sido capaces de articularlas.
Educación, protección social, seguridad, justicia, sistema penitenciario y prevención continúan funcionando demasiadas veces como compartimentos separados.
Ahí reaparece la advertencia de Morin: conocemos las partes, financiamos las partes y administramos las partes, pero perdemos de vista las relaciones que producen el fenómeno completo.
Entonces surge una contradicción preocupante: toleramos durante años condiciones que favorecen exclusión, violencia, economías ilícitas y ausencia de oportunidades y, cuando algunas de sus consecuencias finalmente aparecen armadas en nuestras calles, pretendemos enfrentarlas principalmente mediante fuerza policial.
La seguridad comienza mucho antes de que un policía tenga que sacar su arma.
Existe, además, una diferencia fundamental entre letalidad operativa y eficacia estratégica.
Una intervención policial puede neutralizar una amenaza inmediata y ser tácticamente exitosa. Pero la eficacia estratégica exige una pregunta mucho más importante:
¿Qué poder criminal perdió la sociedad después del operativo?
Un presunto delincuente capturado con vida puede convertirse, dentro del debido proceso, en una fuente de inteligencia criminal: identificar quién suministra las armas, quién financia, quién distribuye, quién recibe el dinero, quién protege la estructura y quién dirige niveles superiores.
Por eso no basta preguntar quién cayó.
Debemos preguntar:
¿Qué estructura descubrimos?
¿Qué red desmantelamos?
¿Qué información obtuvimos para impedir al próximo?
Un Estado verdaderamente fuerte no es aquel que solamente puede enfrentar a un hombre armado.
Es aquel capaz de investigar, capturar, obtener información conforme a la ley, seguir el dinero, rastrear las armas, identificar conexiones, judicializar responsables y reducir efectivamente el poder de las organizaciones criminales.
Nada de esto significa negar a los agentes policiales su derecho a defenderse ante una agresión real.
Tampoco significa asumir que toda muerte ocurrida durante una intervención policial constituye automáticamente una ejecución.
Precisamente por eso, cuando una persona muere por actuación de agentes del Estado, debe existir un procedimiento independiente y creíble capaz de establecer qué ocurrió.
Eso protege al ciudadano.
Y también protege al policía que actuó legítimamente.
Pero una política moderna de seguridad debe avanzar más.
Necesitamos inteligencia criminal integrada, capaz de conectar armas, personas, territorios, comunicaciones y organizaciones.
Necesitamos persecución financiera y judicial, porque una estructura criminal pierde verdadero poder cuando pierde su dinero, sus armas, su protección y sus mandos.
Y necesitamos prevención focalizada allí donde las redes criminales encuentran las condiciones para reclutar o sustituir continuamente a sus integrantes.
Por eso tampoco deberíamos medir la seguridad únicamente por muertos, detenidos u operativos realizados.
Debemos medirla por redes criminales desarticuladas, armas rastreadas, dinero ilícito intervenido, mandos identificados, funcionarios corruptos sometidos, reincidencia reducida y territorios recuperados.
El verdadero dilema nunca debió ser seguridad contra derechos.
Esa falsa dicotomía es, en sí misma, otra expresión de inteligencia ciega.
La República Dominicana necesita autoridad.
Necesita una Policía capaz de enfrentar el crimen.
Necesita justicia capaz de investigar y sancionar.
Necesita inteligencia capaz de anticipar las redes.
Necesita prevención capaz de reducir el reclutamiento.
Pero, sobre todo, necesita un Estado capaz de comprender que todas esas piezas forman parte del mismo sistema.
Porque neutralizar al delincuente puede resolver la amenaza de hoy.
Desmantelar las redes que reclutan y sustituyen al próximo es comenzar a resolver el problema del país.
Los evangelizadores de la Inteligencia Artificial (IA) cabalgan sin pausas ni paradas, a toda mecha como un lince o un cohete, confiados en sus maravillosos proyectos de inversiones financieras. Y el ritmo rasguea en una constante que no presiente ni anticipa límites ni la potencial burbuja/fin de esta expansionista tecnología, la IA, otra estafa, otra doble estafa universal.
Por Rommel Santos Diaz
El Estatuto de Roma estipula que la Corte Penal Internacional entrará en vigor el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que se deposite en poder del Secretario General de las Naciones Unidas el sexagésimo instrumento de ¨ratificación, aceptación, aprobación o adhesión¨.
La firma del Estatuto de Roma estuvo abierta hasta el 31 de diciembre del año 2000, tal y como lo estipula el referido Estatuto. Para que un Estado devenga parte , este deberá ratificar, aceptar, aprobar o adherirse al tratado.
El término ¨adhesion¨normalmente significa adherirse al Tratado una vez que este haya entrado en vigor, pero también podrá referirse a un proceso específico de un Estado.
Para el Estado que ratifique, acepte, o apruebe el Estatuto posteriormente al depósito del sexagésimo instrumento, la entrada en vigor del Estatuto para dicho Estado será el primer día del mes siguiente al sexagésimo día a partir de la fecha en que haya depositado su instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión al Estatuto de Roma.
Según el Estatuto de Roma los Estados los Estados no podrán hacer reservas al Estatuto. Los Estados Partes deberán aceptar el Estatuto tal y como fue adoptado en la Conferencia de Roma.
No obstante, el Estatuto de Roma dispone que el Estado podrá declarar que ¨ durante un periodo de siete años contados a partir de la fecha en que el Estatuto entre en vigor a su respecto , no aceptará la competencia de la CPI sobre la categoría de crímenes a que se hace referencia en el artículo 8 cuando se denuncie la comisión de uno de esos crímenes por sus nacionales o en su territorio¨.
El objetivo de la disposición indicada anteriormente es brindar a los Estados Partes tiempo suficiente para capacitar a todo su personal militar sobre los requisitos del Estatuto con respecto a los crímenes de guerra, ya que algunas de las disposiciones del Estatuto de Roma podrían ser contrarias a las obligaciones nacionales existentes.