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Giro inesperado en el enfoque político y económico en discurso de la embajadora Campos
La embadora de los Estados Unidos en el país ha dado un giro inesperado en su discurso que redefinen el enfoque de la potencia del norte hacia la Republica Dominicana de la administracion Trump.
La intervención, marcada por un tono personal, abiertamente religioso y políticamente directo, envió varios mensajes clave con implicaciones en seguridad, comercio, presiones políticas y relación bilateral. Algunos de esos mensajes representan rupturas explícitas con la postura estadounidense reciente en temas sensibles como Haití y el escrutinio a grandes empresas con operaciones en el país.
Haití y las fronteras
Fiel a su estilo no convencional, la embajadora reveló que la administración Biden presionó a República Dominicana para mantener abierta la frontera con Haití en momentos de crisis, una postura que ella relacionó con la política de «fronteras abiertas» de Washington y que calificó como desacertada.
Debió ser reabierta al comercio bilateral, aunque se mantienen restricciones al tráfico de personas. El tema de la seguridad advino con el rápido desplome del orden en el vecino país.
El contraste ahora es marcado. EE. UU. está «100% alineado» con el gobierno del presidente Abinader en su política de seguridad fronteriza y en la valoración de la soberanía territorial como prioridad.
Es, en términos diplomáticos, una admisión de que el ciclo de fricciones bilaterales por la frontera, incluidas advertencias de agencias y comunicados de derechos humanos, queda clausurado por decisión política del nuevo gobierno estadounidense.
Durante el año precedente, informes, declaraciones de funcionarios de EE. UU. y coordinaciones con organismos multilaterales habían colocado a República Dominicana bajo presión por sus controles migratorios, particularmente en lo relativo a detenciones, deportaciones y trato a migrantes haitianos. En el discurso, ese capítulo desaparece.
Campos no mencionó ninguna preocupación humanitaria ni de derechos humanos ligada a Haití, ni al manejo interno dominicano de la movilidad fronteriza. Por el contrario, su énfasis fue exclusivamente de seguridad: reforzar vigilancia, contener amenazas transfronterizas, enfrentar redes delictivas y evitar desestabilización regional.
La embajadora incluso enmarcó la inestabilidad haitiana como una preocupación de seguridad tanto para RD como para EE. UU., no como un problema humanitario.
El énfasis deja ver un cambio de prioridades: la diplomacia norteamericana ya no condicionará su relación con Santo Domingo al tratamiento de población migrante y deja de lado un discurso que en administraciones anteriores era habitual.
Ese silencio no se limita al tema haitiano. Durante todo el discurso, Campos evitó referirse a asuntos de derechos humanos en sentido amplio. Lo más cercano fue la mención del regreso del país al nivel dos en el último informe del Departamento de Estado sobre trata de personas.
No es una novedad histórica, sino un retorno a una posición que el país ha ocupado varias veces en la última década. En el discurso de Campos, la mención aparece estratégicamente vinculada a los «valores compartidos» y a los otros pilares de la relación bilateral, no como un análisis técnico de la situación.
La pieza, centrada en seguridad, prosperidad económica, comercio y valores religiosos compartidos, se aparta del estilo tradicional del Departamento de Estado, que suele incluir al menos menciones formales a derechos fundamentales.
Se acabaron las sanciones
La omisión es significativa no tanto por lo que dice, sino por lo que ya no se dice. Bajo la nueva administración estadounidense, la agenda de derechos humanos pierde peso visible en la relación bilateral.
Eso se enlaza con otro mensaje directo del discurso: el aviso de que la embajada no permitirá la «politización de asuntos comerciales» ni «insinuaciones o acusaciones falsas» promovidas por «sectores activistas» dentro de Estados Unidos.
La frase, inusual en boca de un embajador, apunta claramente a grupos de presión, organizaciones sindicales y ONG que tradicionalmente han influido en la política comercial y laboral de EE. UU., sobre todo en relación con productos agrícolas y manufactura en países socios.
Bajo esa advertencia se lee una toma de distancia de la diplomacia estadounidense respecto a esos grupos, a los que identifica como actores que no deben interferir en la relación económica con República Dominicana.
Demostración del nuevo enfoque es el anuncio de su «primera visita oficial» como embajadora al Central Romana, principal proveedor de azúcar dominicano bajo cuota preferencial de EE. UU. y compañía que estuvo bajo sanciones laborales durante casi dos años.
El Departamento de Trabajo y el CBP de EE. UU. suspendieron las importaciones del azúcar producido por esa empresa por señalamientos de trabajo forzoso y violaciones a estándares laborales. Su inclusión en la llamada «lista de entidades» restringidas, desaprobada ampliamente en los círculos empresariales dominicanos, fue un caso emblemático del activismo laboral estadounidense.
Que la embajadora anuncie esa visita como su primer acto, y que la justifique como un gesto de transparencia y amistad, es un mensaje explícito al mercado y a los grupos de presión.
La nueva administración quiere dar por superado ese episodio y reposicionar a la empresa como un socio legítimo e importante del comercio bilateral.
La señal es doble. Para Washington, implica un viraje desde el escrutinio laboral hacia el apoyo económico a una empresa clave dentro de una cadena comercial estratégica. Para Santo Domingo, supone una validación política de que el conflicto comercial quedó atrás y que el principal comprador del azúcar dominicano respalda al productor local.
Es también un mensaje interno: Campos subraya que la Embajada trabajará para proteger intereses comerciales estadounidenses, pero lo hará «sin activismo» y sin ceder a presiones internas en su país.
Declaración de prioridades
En suma, el discurso de la embajadora Campos fue una declaración de prioridades, y esas prioridades redefinen el marco de la relación bilateral:
- Primero, cierre de tensiones por Haití y alineamiento total en seguridad fronteriza.
- Segundo, un desplazamiento explícito de la agenda de derechos humanos y del escrutinio migratorio.
- Tercero, un respaldo político al sector empresarial, incluyendo a empresas previamente cuestionadas, y una advertencia a grupos de presión estadounidenses.
- Cuarto, un énfasis sostenido en comercio, nearshoring, ciberseguridad y cadenas de suministro como ejes de la cooperación.
La nueva diplomacia estadounidense en Santo Domingo se presenta así más cercana, más política, más alineada con el Gobierno dominicano y menos condicionada por las agendas tradicionales de derechos humanos y activismo laboral.
Un mensaje claro de hacia dónde se mueve Washington en el Caribe y de qué espera de República Dominicana en este nuevo ciclo.
Santo Domingo, R.D.-El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina sostuvo este martes en medio del debate público por los grandes procesos judiciales que involucran a exfuncionarios, que la independencia de los jueces es un derecho de la gente y no un favor del poder.
“El juez tiene que entender, y lo entiende, que su independencia es un derecho para el ciudadano. Garantizar ese derecho es fundamental para que haya un Estado social y democrático de derecho, en el respeto y cumplimiento de la ley”, dijo el magistrado.
Molina aseguró que en República Dominicana ningún juez recibe llamadas ni instrucciones para decidir un caso, ni siquiera desde la propia Suprema Corte.
“Nadie le puede decir a ningún juez cómo fallar un caso. Yo como presidente de la Suprema nunca he llamado a un juez, ni nadie de la Suprema Corte de Justicia para fallar un determinado caso”, afirmó.
Molina habló del tema durante el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAMDR), en un contexto marcado por grandes procesos judiciales por presunta corrupción que involucran a exfuncionarios públicos y que han generado debates en la sociedad sobre la imparcialidad de los jueces.
El presidente de la SCJ reconoció que en cualquier país pueden surgir casos aislados que comprometan la conducta de jueces, como ocurre en Estados Unidos, Europa o en países suramericanos.
Sin embargo, descartó que los jueces dominicanos pasen por ese tipo de situaciones.
“Puede haber casos, no digo que no. Hoy mismo, en un país suramericano, están procesando a una ex jueza de la Suprema Corte de Justicia. En República Dominicana eso no pasa”, aseguró.
Molina dijo que el sistema judicial dominicano ha fortalecido su credibilidad en los últimos años, apoyándose en mediciones internacionales.
Indicó que estudios como los del World Justice Project y el Latinobarómetro reflejan un aumento de la confianza ciudadana en el Poder Judicial durante los últimos cinco años.
A su juicio, esta mayor credibilidad institucional ha contribuido a la estabilidad del país en un entorno regional complejo.
“Miren la zona, miren los países de Centroamérica, miren los países de Sudamérica, y sin lugar a dudas, la estabilidad que hay en República Dominicana también es parte de la existencia de un Poder Judicial que funciona”, afirmó.
Molina admitió que el sistema no es perfecto, pero sostuvo que se acerca cada vez más a ese objetivo.
Como ejemplo, citó una frase del fallecido cantautor cubano Pablo Milanés: “No es perfecto, más se acerca a lo que yo simplemente soñé”.
Santo Domingo, R.D.-Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, salió al frente de los rumores que sugieren un estancamiento en las investigaciones del caso Senasa, hecho por el cual se encuentra guardando prisión el exdirector de esa institución Santiago Hazim y varios de sus colaboradores.
Aseguró que el Ministerio Público no se detiene y que la sociedad puede tener la certeza de que habrá resultados en las investigaciones de ese caso.
Ante la inquietud de sectores de la sociedad sobre si ciertos procesos quedarían en el olvido, la magistrada recordó que fue el propio órgano persecutor quien anunció la continuación de la segunda fase de sus investigaciones en el caso Senasa.
Procuradora afirma que la fase Senasa 2.0 está en marcha y que nunca se ha detenido
«Yo no creo que nadie que conozca la trayectoria de este Ministerio Público pueda tener ninguna duda”. Nosotros anunciamos que estábamos trabajando en una operación 2.0; decir lo contrario es usar fuentes muy malas», afirmó Reynoso.
La magistrada recomendó a quienes cuestionan el avance de los procesos que «cambien de fuente», señalando que el Ministerio Público tiene evidencias que desmienten cualquier teoría de inacción.
La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, habló tras dejar inauguradas las modernas instalaciones de la Procuraduría Especializada contra el Tráfico Ilícito de Migrantes y Trata de Personas (PETT) y la Unidad Especial de Investigación (UEI).
Mientras que el titular de la Dirección de Persecución del Ministerio Público, Wilson Camacho, respaldó las declaraciones de Reynoso y dio un parte de tranquilidad al país respecto a los tiempos procesales. Camacho explicó que, desde la judicialización de la primera parte de estas operaciones, el compromiso de avanzar ha sido ininterrumpido.
«Estamos trabajando sin descanso para que el país tenga noticias de la siguiente fase de este proceso en el mejor tiempo posible», señaló Camacho, aunque mantuvo la reserva estratégica sobre las fechas de nuevas intervenciones.
Al ser consultado sobre cuándo iniciarán los nuevos allanamientos y apresamientos vinculados al caso Senasa, el magistrado Camacho apeló a la prudencia y a la planificación estratégica: «Hay un tiempo para todo debajo del sol».
El evento contó con la presencia de la ministra de Interior y Policía, Faride Rafúl y de altos mandos militares como el ministro de Defensa, teniente general Carlos Antonio Fernández Onofre; el director de la Policía Nacional, mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta; y el director de Migración, vicealmirante Luis Rafael Lee Ballester; el presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), vicealmirante José Manuel Cabrera Ulloa y Miguel Franjul, presidente del Observatorio de Políticas Migratorias y director de Listín Diario.
Santo Domingo, R.D.-Tres meses de prisión preventiva dispuso la Oficina Judicial de servicios de Atención Permanente de San José de Ocoa a Raudin Gregorio del Villar Cabrera, alias “Sandy”, imputado de ultimar de varias estocadas a la adolescente, Awilda Encarnación, de 16 años.
El juez que preside el tribunal, Isael Martinez Guerrero, acogió la petición formulada por el órgano acusador al entender que hay suficientes elementos para enviar a prisión al imputado para la cárcel del 19 de marzo, en Azua.
El hecho en que Villar Cabrera ultimó a la menor ocurrió en horas de la mañana del pasado 19 de enero de los corrientes por el sector Los Mélido, de San José de Ocoa.
Los padres de Awilda Encarnación dijeron a este medio que esperan la pena máxima para Sandy.
«Estamos confiados en Dios en que se hará justicia», expresó Ana Martinez, quien definió a su hija como la más alegre del mundo.
Por su parte, el padre de Awilda, Wilkin Encarnación, pidió la pena máxima para el hombre que acabó con la vida de su hija.
«Si me lo dieran para echarle 35 o 40 años, pero aquí son solo 30 años», expresó.