Editorial
Un Gran Reto para el Gobierno.
El expediente elaborado por el Ministerio Público en contra de una red de corrupción que supuestamente encabezaba el exprocurador general de la República , Jean Alain Rodríguez, envía dos mensajes a la vez, uno en cuanto a la disposición del órgano persecutor en combatir el principal flagelo que daña a la sociedad dominicana y un segundo que indica hasta dónde están metidas las garras de este fenómeno en el seno del Poder Ejecutivo.
El hecho de que la familia Macarrulla esté metida en un entramado de corrupción bochornoso para el país constituye un golpe duro para un gobierno que su principal carta de presentación es su lucha en contra de este flagelo, pero que al propio tiempo mantenga en su seno a figuras que parece que juegan un papel estelar en este fenómeno con perfiles culturales.
Se trata de una evidente contradicción entre ambas cosas y entonces necesariamente no puede tener credibilidad lo que se ha pregonado desde el Poder Ejecutivo, a menos que en las próximas horas se tomen decisiones que fortalezcan o consoliden las políticas de adecentamiento de la vida pública y privada del país.
Lisandro Macarrulla Tavarez representa una piedra en el zapato del presidente Luis Abinader, sobre todo a partir de que todo el mundo sabe que él es una quinta columna de un grupo económico que sólo vela por sus intereses corporativos y como que las acusaciones en contra de una empresa de la que es la principal figura revela conflicto de intereses y un problema ético-moral que quita legitimidad a lo proclamado por el Gobierno.
El caso Medusa pasa ahora a su juicio preliminar en el que los jueces deben determinar si el expediente tiene mérito a partir de las pruebas presentadas para ir a un juicio de fondo y entonces será muy poco lo que se pueda decir al respecto.
Naturalmente, en derecho se tiene ganancia de causa cuando el caso está irrevocablemente juzgado después de haber recorrido primera instancia, apelación, casación e incluso el recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Constitucional.
Ahora la pregunta que se impone es si políticamente a Luis Abinader le conviene que las cosas lleguen hasta ese punto o realmente no es así, ya que incluso por los grupos económicos involucrados habría que ver si hay jueces en capacidad de procesar al imputado en función de las evidencias o de las influencias de los tienen una fortuna prácticamente inmedible.
Definitivamente se trata de un asunto muy complejo desde la perspectiva política y también de igual modo desde lo legal, por lo que si el presidente no toma las medidas que recomienda la prudencia y la lucha en contra de la corrupción, los principales perdedores son el Estado y la sociedad, aunque también incluya el fracaso político de Luis Abinader.
El presidente Abinader debe jugar muy bien la ficha del ajedrez político, social y económico , la cual no debe consistir jamás en inclinar la balanza a favor del imputado y de los grupos económicos que están detrás de él, porque los perdedores serían en realidad los que quieren vender y ofrecer lo que no pueden dar.
El año que recién se ha iniciado tiene serias implicaciones para el sistema democrático por la vocación dictatorial de Donald Trump.
En la medida de que el mandatario de los Estados Unidos toma impulso mayores son los peligros para las democracias más liberales de Latinoamérica y el mundo.
Estos bríos antidemocráticos han salido más a la superficie a propósito del cerco marítimo y finalmente con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Este acontecimiento ha dejado claro la pretensión con todo el que él considere que no tolera las travesuras de su administración.
Trump ha advertido a los países latinoamericanos que se vean en el espejo de Venezuela, cuyo mensaje lo envió de forma directa al presidente de Colombia, Gustavo Petro.
Pero igual lo ha hecho contra Brasil y Honduras, donde auspició un candidato presidencial que resultó triunfador en las recién pasadas elecciones.
Es decir que se trata de una política de dominación sin disimulo, sino avasalladora y atropellante.
Tras el apresamiento de Maduro Tromp no ha escondido sus pretensiones de convertir a Venezuela en Colonia como en los pasados siglos.
Dice Trump que quiere controlar la riqueza petrolera de Venezuela, lo que plantea un serio reto para las democracias, no sólo latinoamericanas, sino de todo el mundo.
Resulta preocupante la tolerancia de los países del hemisferio e incluso del continente europeo con la vocación dictatorial de Donal Trump.
La advertencia está hecha y si no se ofrece una respuesta contundente al respecto el mundo podría estar ante otro Adolfo Hitler.
El discurrir nacional constituye una repetición de los problemas que arrastra el país desde antes de su nacimiento como república.
Nos asaltan las mismas deficiencias de hace por lo menos medio siglo, falta de un servicio de agua potable eficiente y lo propio hay que decir de la energía eléctrica, pese a que van y vienen préstamos que comprometen la capacidad crediticia per cápita de los dominicanos.
Este fenómeno tiene el agravante de que hace entrada un año que es la antesala de un proceso electoral que, si bien es para escoger a las autoridades nacionales, es una vía también para medir el desempeño de la democracia, la cual luce muy resquebrajada y débil.
El comportamiento ciudadano deja más preguntas que respuestas frente a un panorama tétrica, porque se observan muchos problemas tanto en el gobernante como en el gobernado.
De lo que si se puede estar seguro es que queda muy poco margen para evitar que la democracia entre en una crisis de proporciones insospechadas, dado que no es mucha la posibilidad para contrarrestarla, la cual se podría profundizar en un sistema sin ninguna credibilidad.
El soporte de la democracia nacional cada día sufre un mayor deterioro como consecuencia de que su herramienta principal, que no es otra que los partidos políticos, se mueve sobre la base de repetir una conducta desde el poder de lo mismo que se han pasado criticando a su contrincante cuando están en el gobierno.
Un buen ejemplo al respecto es PRM que fue un crítico en contra del PLD y ahora tras su llegada al control de la cosa publica repite la misma conducta de los morados.
Ello es así, por ejemplo, en política exterior y endeudamiento público, así como en corrupción, no hay forma de saber cuál es peor, pero lo propio hay que decir de Leonel Fernández y su llamada Fuerza del Pueblo.
Sin embargo, se advierte que a pesar del descredito de todos los partidos políticos, todavía no ha surgido en el escenario nacional ninguna propuesta que garantice una mejora del deterioro de la credibilidad de la llamada democracia representativa.
En lo que respecta al año que prácticamente hace su entrada, hay que decir, que si en los primeros seis meses del 2026 en el país no surge una propuesta innovadora, entraríamos en una curva de un retroceso peligroso para la democracia, porque se trata de un enfermo que podría resultar difícil, sino imposible, su sanación.
La promoción de la vía de hecho por la ineficacia de la justicia nacional, son muy pocos los quieren verla, unos por su baja formación y su pensamiento no profundo y otros porque son parte del mal.
Pero lo cierto es que el fenómeno constituye un problema de una magnitud insospechada y de una peligrosidad que amenaza las propias entrañas de la fallida democracia nacional.
El asunto no parece tener una solución fácil en razón de que tiene un componente profundamente político y cultural.
Los debilidad y la vocación de violar la ley suprema y las adjetivas de la noción puede echarlo todo a perder, sobre todo porque no se trata de un mal a nivel de una sola instancia publica, sino de todo el tejido social e institucional.
El nivel de la problemática del sistema de justicia nacional se podría convertir en una falta que también comprometa la responsabilidad civil y penal del Estado porque se trata de la violación de derechos humanos fundamentales protegidos por el derecho internacional,
Son múltiples y variadas las violaciones de los derechos fundamentales en que incurren los tribunales nacionales a través del no respeto de los plazos razonables y en consecuencia de la tutela judicial efectiva, el debido proceso y el derecho a la defensa.
Otros principios constitucionales violados por los actores del sistema de justicia son el de celeridad, economía procesal y el de analogía, así como el del juez natural y el de estatuir ante pruebas aportadas por las partes,
En realidad se trata de un asunto de una dimensión inmedible, cuya solución no parece tan simple y sencilla.
Ahora mismo puede decirse con toda seguridad que la ineficacia y contaminación politiquera del sistema de justicia produce en la nación un efecto que lo daña todo, absolutamente todo.
Es un verdadero cáncer que impacta todo el cuerpo social de la Republica Dominicana