Editorial
Un Gran Reto para el Gobierno.
El expediente elaborado por el Ministerio Público en contra de una red de corrupción que supuestamente encabezaba el exprocurador general de la República , Jean Alain Rodríguez, envía dos mensajes a la vez, uno en cuanto a la disposición del órgano persecutor en combatir el principal flagelo que daña a la sociedad dominicana y un segundo que indica hasta dónde están metidas las garras de este fenómeno en el seno del Poder Ejecutivo.
El hecho de que la familia Macarrulla esté metida en un entramado de corrupción bochornoso para el país constituye un golpe duro para un gobierno que su principal carta de presentación es su lucha en contra de este flagelo, pero que al propio tiempo mantenga en su seno a figuras que parece que juegan un papel estelar en este fenómeno con perfiles culturales.
Se trata de una evidente contradicción entre ambas cosas y entonces necesariamente no puede tener credibilidad lo que se ha pregonado desde el Poder Ejecutivo, a menos que en las próximas horas se tomen decisiones que fortalezcan o consoliden las políticas de adecentamiento de la vida pública y privada del país.
Lisandro Macarrulla Tavarez representa una piedra en el zapato del presidente Luis Abinader, sobre todo a partir de que todo el mundo sabe que él es una quinta columna de un grupo económico que sólo vela por sus intereses corporativos y como que las acusaciones en contra de una empresa de la que es la principal figura revela conflicto de intereses y un problema ético-moral que quita legitimidad a lo proclamado por el Gobierno.
El caso Medusa pasa ahora a su juicio preliminar en el que los jueces deben determinar si el expediente tiene mérito a partir de las pruebas presentadas para ir a un juicio de fondo y entonces será muy poco lo que se pueda decir al respecto.
Naturalmente, en derecho se tiene ganancia de causa cuando el caso está irrevocablemente juzgado después de haber recorrido primera instancia, apelación, casación e incluso el recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Constitucional.
Ahora la pregunta que se impone es si políticamente a Luis Abinader le conviene que las cosas lleguen hasta ese punto o realmente no es así, ya que incluso por los grupos económicos involucrados habría que ver si hay jueces en capacidad de procesar al imputado en función de las evidencias o de las influencias de los tienen una fortuna prácticamente inmedible.
Definitivamente se trata de un asunto muy complejo desde la perspectiva política y también de igual modo desde lo legal, por lo que si el presidente no toma las medidas que recomienda la prudencia y la lucha en contra de la corrupción, los principales perdedores son el Estado y la sociedad, aunque también incluya el fracaso político de Luis Abinader.
El presidente Abinader debe jugar muy bien la ficha del ajedrez político, social y económico , la cual no debe consistir jamás en inclinar la balanza a favor del imputado y de los grupos económicos que están detrás de él, porque los perdedores serían en realidad los que quieren vender y ofrecer lo que no pueden dar.
La existencia humana es transitoria. El poder termina, las riquezas cambian de manos y las generaciones se suceden. Sin embargo, nuestras acciones pueden dejar huellas que trascienden el tiempo.
En una sociedad donde frecuentemente se confunde el éxito con la acumulación de bienes y el reconocimiento público, resulta necesario reflexionar sobre el verdadero sentido de nuestra existencia.
El valor de una vida no debería medirse por lo que acumulamos, sino por el bien que hacemos, los valores que transmitimos y las oportunidades que creamos para los demás.
La República Dominicana necesita comprender que construir un legado también significa fortalecer la educación, defender la justicia, actuar con honestidad y asumir responsabilidades frente a las futuras generaciones.
Porque, cuando llegue el momento de partir, lo verdaderamente importante no será cuánto tuvimos, sino cuánto contribuimos a mejorar el mundo que dejamos.
La vida pasa, pero el bien que sembramos puede permanecer.
La reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil constituye un acontecimiento de extraordinaria trascendencia política para América Latina, no solamente porque garantiza la continuidad de un gobierno progresista en la principal economía de la región, sino porque representa un significativo revés para el bolsonarismo y las aspiraciones de influencia regional del presidente estadounidense Donald Trump.
La derrota de Flávio Bolsonaro, heredero político del expresidente Jair Bolsonaro, estrechamente vinculado al mandatario norteamericano, demuestra que el respaldo de una potencia extranjera y las afinidades ideológicas no garantizan el triunfo electoral ni sustituyen la voluntad soberana de los pueblos.
Este resultado adquiere mayor relevancia en momentos en que varios gobiernos latinoamericanos cercanos a Washington enfrentan crecientes cuestionamientos ciudadanos. En Argentina, Javier Milei registra importantes niveles de rechazo, mientras que en Chile, José Antonio Kast, y en Ecuador, Daniel Noboa, afrontan dificultades para mantener la confianza de amplios sectores de sus respectivas poblaciones.
Aunque cada nación presenta circunstancias económicas, sociales y políticas particulares, existe una lección común: los ciudadanos no pueden alimentarse de discursos ideológicos ni resolver sus necesidades mediante alianzas internacionales que no se traducen en beneficios concretos.
La inflación, la inseguridad, el desempleo, la desigualdad y el deterioro de las condiciones de vida terminan imponiéndose sobre cualquier estrategia de propaganda o confrontación política.
Sin embargo, sería prematuro interpretar la victoria de Lula como el inicio inevitable de una derrota generalizada de la derecha latinoamericana. Tampoco significa que la izquierda tenga asegurado el respaldo popular. El propio resultado brasileño evidencia una sociedad profundamente dividida y un electorado que exige respuestas a sus problemas cotidianos.
Lo verdaderamente significativo es que Brasil ha reafirmado su capacidad para decidir su destino político, manteniendo un importante contrapeso frente a los intentos de ampliar la influencia ideológica de Washington en la región.
Donald Trump conserva un considerable poder internacional, pero su influencia tiene límites cuando se enfrenta a la voluntad democrática de sociedades que defienden sus propios intereses.
América Latina necesita gobiernos comprometidos con el desarrollo económico, la justicia social, la institucionalidad democrática y la independencia de sus decisiones. No requiere dirigentes cuya principal fortaleza política sea la cercanía con una potencia extranjera.
El triunfo de Lula deja una enseñanza que debería resonar en todo el continente: la soberanía no se negocia, la confianza ciudadana no se hereda y ningún liderazgo extranjero puede sustituir el derecho de los pueblos a decidir su propio futuro.
La verdadera legitimidad de un gobierno no depende de quién lo respalde desde el exterior, sino de su capacidad para responder a las necesidades y aspiraciones de la sociedad que lo eligió.
La tragedia de la discoteca Jet Set, que dejó 236 fallecidos y más de 180 heridos, debe convertirse en un punto de partida para revisar la seguridad de las edificaciones en República Dominicana. La protección de la vida humana no puede depender de la improvisación ni de que ocurra una desgracia para que las autoridades actúen.
La decisión judicial de modificar la calificación jurídica del caso hacia el homicidio voluntario sustentado en el dolo eventual abre un importante debate sobre la responsabilidad penal de quienes, conociendo riesgos estructurales graves, permiten que sus establecimientos continúen funcionando sin adoptar las medidas necesarias.
Aunque corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad de los imputados, respetando la presunción de inocencia, el caso plantea una interrogante nacional: ¿cuántas edificaciones presentan deterioro, sobrecargas o modificaciones estructurales que podrían poner en peligro a sus ocupantes?
El Estado tiene la obligación de fortalecer la supervisión de los inmuebles, especialmente aquellos donde se concentran grandes cantidades de personas. Pero esta responsabilidad también corresponde a propietarios, administradores y comunidades de condominios, conforme a sus obligaciones legales.
No basta con aprobar planos y otorgar permisos de construcción. Se necesitan inspecciones periódicas basadas en criterios de riesgo, mantenimiento preventivo y medidas correctivas oportunas.
La seguridad estructural no debe considerarse un gasto opcional, sino una inversión indispensable para proteger vidas.
La República Dominicana no puede permitir que las advertencias técnicas sean ignoradas hasta que se produzca una tragedia. El caso Jet Set debe impulsar una verdadera cultura de prevención, fiscalización y cumplimiento de las normas.
Porque la responsabilidad de proteger vidas comienza mucho antes de que un edificio se desplome.