Editorial
Un Gran Reto para el Gobierno.
El expediente elaborado por el Ministerio Público en contra de una red de corrupción que supuestamente encabezaba el exprocurador general de la República , Jean Alain Rodríguez, envía dos mensajes a la vez, uno en cuanto a la disposición del órgano persecutor en combatir el principal flagelo que daña a la sociedad dominicana y un segundo que indica hasta dónde están metidas las garras de este fenómeno en el seno del Poder Ejecutivo.
El hecho de que la familia Macarrulla esté metida en un entramado de corrupción bochornoso para el país constituye un golpe duro para un gobierno que su principal carta de presentación es su lucha en contra de este flagelo, pero que al propio tiempo mantenga en su seno a figuras que parece que juegan un papel estelar en este fenómeno con perfiles culturales.
Se trata de una evidente contradicción entre ambas cosas y entonces necesariamente no puede tener credibilidad lo que se ha pregonado desde el Poder Ejecutivo, a menos que en las próximas horas se tomen decisiones que fortalezcan o consoliden las políticas de adecentamiento de la vida pública y privada del país.
Lisandro Macarrulla Tavarez representa una piedra en el zapato del presidente Luis Abinader, sobre todo a partir de que todo el mundo sabe que él es una quinta columna de un grupo económico que sólo vela por sus intereses corporativos y como que las acusaciones en contra de una empresa de la que es la principal figura revela conflicto de intereses y un problema ético-moral que quita legitimidad a lo proclamado por el Gobierno.
El caso Medusa pasa ahora a su juicio preliminar en el que los jueces deben determinar si el expediente tiene mérito a partir de las pruebas presentadas para ir a un juicio de fondo y entonces será muy poco lo que se pueda decir al respecto.
Naturalmente, en derecho se tiene ganancia de causa cuando el caso está irrevocablemente juzgado después de haber recorrido primera instancia, apelación, casación e incluso el recurso extraordinario de revisión ante el Tribunal Constitucional.
Ahora la pregunta que se impone es si políticamente a Luis Abinader le conviene que las cosas lleguen hasta ese punto o realmente no es así, ya que incluso por los grupos económicos involucrados habría que ver si hay jueces en capacidad de procesar al imputado en función de las evidencias o de las influencias de los tienen una fortuna prácticamente inmedible.
Definitivamente se trata de un asunto muy complejo desde la perspectiva política y también de igual modo desde lo legal, por lo que si el presidente no toma las medidas que recomienda la prudencia y la lucha en contra de la corrupción, los principales perdedores son el Estado y la sociedad, aunque también incluya el fracaso político de Luis Abinader.
El presidente Abinader debe jugar muy bien la ficha del ajedrez político, social y económico , la cual no debe consistir jamás en inclinar la balanza a favor del imputado y de los grupos económicos que están detrás de él, porque los perdedores serían en realidad los que quieren vender y ofrecer lo que no pueden dar.
La violación sexual de una adolescente haitiana durante un operativo de la Dirección General de Migración representa una afrenta en contra de toda familia sin importar en qué lugar del mundo ocurra y la nacionalidad de la víctima.
Puede producirse en cualquiera de los continentes que conforman el mundo y no hay forma de justificar semejante aberración.
Todo el que tiene algún sentimiento paternal tiene que indignarse con semejante aberración, la cual constituye la que más heridas psicológicas y físicas produce en sus víctimas.
Esa es una forma de arruinarla la vida un ser que apenas comienza a vivir, cuyos traumas la acompañarán durante el resto de su existencia.
No hay forma de concebir semejante crimen, porque en realidad la violación sexual es uno de los peores recursos de cualquier degenerado en contra de sus víctimas.
Cualquier buen ciudadano, no importa que tan poca o muy civilizada sea su nación de procedencia, no puede sentirse cómodo con que un degenerado sobre la base del poder público cometa semejante agresión, pero peor aun en contra de una persona que todavía se puede definir como una niña.
Ya el Gobierno ha reaccionado al respecto, pero el asunto no permite dilaciones, porque el remedio tardío puede ser mucho peor que la enfermedad y la sociedad dominicana no puede darse el lujo de proyectarse ante la comunidad internacional como una nación de salvajes y de perversos que se escudan en la ley para cometer sus atrocidades.
No hay forma de justificar semejante acción, sin importar las diferencias migratorias y a otros niveles con los haitianos, porque el crimen cometido por miembros de la Dirección General de Migración trasciende todas las fronteras.
El que viola a una haitiana de igual lo hace con una dominicana o con cualquier otra persona, porque se habla de un enfermo que merece tratamiento clínico y de la sanción que dispone la ley para este tipo de conducta.
La forma de manejarse del Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM) representa un gran reto para la República Dominicana, porque esta entidad no cuenta con un pensamiento y una planificación estratégicas.
Desde su llegada al poder ha quedado demostrado que no piensa nada de lo que hace, lo cual explica la falta de visión de Estado tanto del mandatario que se gasta el país y del partido que lo sustenta.
Abinader le ha buscado una solución incorrecta para satisfacer el pedido de entrega de fondos adicionales a los partidos políticos, incluido el oficial, la cual implica una modificación no pensada de la Ley de Presupuesto.
Pero lo peor de todo es que nadie, absolutamente nadie, somete a la transparencia que manda la Constitución de la República a los partidos políticos que reciben altas sumas de dinero del Estado sin rendirle cuenta a nadie.
En realidad no se sabe de qué se habla cuando se recurre a una expresión muy común de que los partidos son el soporte de la democracia.
Tremenda mentira, porque si a la verdad vamos son la mejor expresión de la desgracia nacional.
La partida que ahora entrega el Gobierno a los partidos políticos no es otra cosa que una vía mas para promover la falta de transparencia y el mal manejo de los dineros de las arcas nacionales.
Esta nueva partida entregada a la partidocracia significa un gran sacrificio para todos los dominicanos en razón de que ello traerá consigo un mayor endeudamiento público, pese a que ya es bastante.
La fiesta del dispendio y de la corrupción de los actores de la vida política nacional son, sin lugar a dudas, la más grave amenaza en contra de los mejores intereses de la nación.
Es una complicidad que involucra a todo el andamiaje oficial, la cual se inicia en el Palacio Nacional, entre a un amplio sector del empresariado, pasa por el Congreso Nacional, el sistema de justicia, incluidos los tribunales Constitucional y Superior Electoral y para colmo el fenómeno no deja fuera a los medios de comunicación social, sobre todo a los más grandes y que más incidencia tienen en la vida nacional.
A Dios que reparta suerte.
En los últimos, digamos, dos años, hemos sido testigos de algunos avances en lo que respecta a la televisión gubernamental, la cual se expresa a través de Radio Televisión Dominicana (RTVD).
La línea grafica de esta estación gubernamental mejora, naturalmente, la percepción que predomina en los países donde hay una verdadera cultura de la televisión pública no se fundamenta sólo en eso, cuyo detalle no implica que el país cuente con un verdadero canal de este tipo.
Es definitivamente mucho lo que falta por hacer, lo cual no depende solamente de que buenos técnicos manejen el asunto, sino también de sacar del entorno gubernamental un proyecto de televisión que tenga el propósito de que el país cuenta con un canal público bajo el estándar que existe en las naciones con grandes avances democráticos.
La televisión pública en la República Dominicana se hace prácticamente imprescindible para atacar la principal distorsión que aquella al país en lo que respecta a sus valores nacionales.
Tanto es así, que la televisión pública sería una muy buena aliada con los planes de mejorar el sistema educativo nacional, el cual, naturalmente, debe tomar sus propias medidas a partir de una visión más integral de ver el Estado dominicano.
Nótese que el pequeño logro en lo que respecta a la televisión gubernamental, no la pública, porque ahí interviene otro concepto, es el resultado de una persona que llega a RTVD y sugiere una serie de cambios en su línea gráfica que la proyectan de mejor manera, pero ello no quiere decir que se ajuste en todo el sentido de la palabra a esta forma de hacer televisión.
En lo referente a la televisión pública no hay forma de desarrollarla que no sea mediante la creación de instancias privadas, llámese fundaciones o patronatos, pero con veedores públicos que garanticen su eficiencia y que en la gestión se cuente con un código de ética que obligue a quienes la controlen a respetar los valores a que hemos hecho referencia.
Y todo parece indicar que hay una herramienta útil para este fin, que no es otra cosa que la Ley 47-20 de alianza público-privada e incluso la misma norma legal que rige a RTVD, la 134-03, la cual en su artículo 3 manda que se procure la descentralización de la televisión gubernamental, lo cual puede dar pie a que nazca en el país una verdadera estación pública.
En términos de televisión pública parece la vía más idónea para que la República Dominicana dé un salto cualitativo en favor de la dominicanidad, la democracia, el arte, el espectáculo y la cultura en general, pero además en el necesario proceso de restablecimiento de valores humanos, sociales, éticos y morales en el marco de la democracia.
El momento es oportuno para hacer cambios importantes en el campo de la televisión con la creación de estaciones públicas, no gubernamentales, para por lo menos promover lo que somos como país de una mejor manera, porque este tipo de televisión puede ser exportable por lo menos para los mercados donde hay una gran cantidad de dominicanos, como Estados Unidos y Europa.