Las autoridades realizaron 1,468 operativos y 17 allanamientos en seis provincias del Norte y Nordeste del país, donde también ocuparon dinero en efectivo, teléfonos celulares, radios de comunicación, motocicletas y otros objetos vinculados a las investigaciones.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), en coordinación con el Ministerio Público y con el apoyo de la Policía Nacional, informó que arrestó a 169 personas y ocupó 29,787.3 gramos de presuntas sustancias narcóticas durante una semana de intervenciones dirigidas a combatir el microtráfico en las regiones Norte y Nordeste del territorio nacional.

Las acciones fueron desarrolladas en las provincias Santiago, Espaillat, Puerto Plata, María Trinidad Sánchez, Samaná y Duarte, donde los agentes ejecutaron 1,468 operativos y 17 allanamientos contra presuntos puntos de distribución y comercialización de drogas.

Según el informe del organismo antinarcóticos, entre las sustancias ocupadas figuran 27,540.9 gramos de presunta cocaína, 2,077.1 gramos de marihuana, 155.8 gramos de crack y 13.5 gramos de molly.

Santiago y Duarte entre las provincias con mayores decomisos

En Santiago, incluyendo los distritos municipales de Santiago Oeste y el municipio de Villa Bisonó, conocido como Navarrete, las autoridades realizaron 321 operativos y cuatro allanamientos, que dejaron 44 personas detenidas.

Durante esas intervenciones fueron ocupados 9,338.5 gramos de presunta cocaína, 868.5 gramos de marihuana y 57.5 gramos de crack.

Mientras tanto, en la provincia Duarte, principalmente en San Francisco de Macorís, se desarrollaron 315 operativos y tres allanamientos, con un saldo de 29 hombres arrestados.

En esa demarcación, los agentes decomisaron 10,709 gramos de presunta cocaína, 386.1 gramos de marihuana, 43.5 gramos de crack y 13.5 gramos de molly.

También fueron ocupados RD$3,100 en efectivo y un chaleco antibalas.

María Trinidad Sánchez registra más de 400 operativos

En María Trinidad Sánchez se efectuaron 409 intervenciones y tres allanamientos, durante los cuales fueron detenidas 28 personas, entre ellas una mujer.

Los agentes ocuparon 4,105.1 gramos de presunta cocaína, 461.8 gramos de marihuana, 28.3 gramos de crack y RD$15,805 en efectivo.

Por otra parte, en Espaillat se realizaron 125 operativos que dejaron 18 personas detenidas, además del decomiso de 1,359.6 gramos de presunta cocaína y porciones de otras sustancias controladas.

En Samaná, los organismos de seguridad ejecutaron 200 intervenciones, arrestaron a 25 personas y ocuparon 1,040.8 gramos de presunta cocaína y 158.3 gramos de marihuana.

Asimismo, en Puerto Plata se efectuaron 98 operativos y siete allanamientos, que permitieron la detención de 25 personas y la incautación de 987.9 gramos de presunta cocaína, 120.5 gramos de marihuana y 25.8 gramos de crack.

Ocupan dinero, celulares y equipos de comunicación

Además de las sustancias narcóticas, las autoridades informaron sobre la ocupación de RD$45,265 en efectivo, cuatro dólares estadounidenses, varias papeletas de euros y 36 teléfonos celulares.

También fueron incautados siete radios de comunicación, cinco balanzas digitales, tres motocicletas, herramientas de corte y un chaleco antibalas.

Estos objetos forman parte de las evidencias que serán examinadas durante las investigaciones correspondientes.

Ministerio Público dará seguimiento a los casos

La DNCD precisó que, de las 169 personas detenidas durante las operaciones, 168 son hombres y una es mujer.

Tanto los arrestados como las evidencias ocupadas fueron puestos a disposición del Ministerio Público en las jurisdicciones correspondientes, para que se realicen las investigaciones y se determinen las posibles responsabilidades penales.

El organismo antinarcóticos indicó que las intervenciones forman parte de las estrategias de persecución del microtráfico, orientadas a desarticular puntos de venta de drogas y reducir la distribución de sustancias ilícitas en diferentes comunidades.

Las autoridades reiteraron que mantendrán las acciones coordinadas contra el comercio ilegal de narcóticos, respetando los procedimientos establecidos por la legislación dominicana y las garantías fundamentales de las personas investigadas.

La profesional y sus hijos, de 12 y 7 años, sufrieron graves quemaduras en un apartamento del Distrito Nacional al que se habían mudado menos de 24 horas antes. Familiares reclaman investigar posibles fallas en las instalaciones de gas.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – Una odontóloga de 37 años y sus dos hijos menores de edad permanecen ingresados en unidades de cuidados intensivos tras resultar gravemente heridos durante una explosión ocurrida en un apartamento del residencial Andares del Mirador, ubicado en el kilómetro 7 de la avenida Independencia, en el Distrito Nacional.

La profesional fue identificada como Loida Díaz Lima, quien sufrió quemaduras en aproximadamente el 30 % de su cuerpo, mientras sus hijos, un niño de 12 años y una niña de 7, presentan lesiones de mayor gravedad.

El incidente ocurrió la mañana del viernes 6 de noviembre de 2026, menos de 24 horas después de que la familia se trasladara a su nueva vivienda.

Los familiares denunciaron posibles irregularidades en las instalaciones del apartamento y solicitaron una investigación que permita establecer las causas de la explosión y determinar si existieron negligencias durante la construcción.

Menores permanecen intubados y bajo vigilancia médica

Los dos niños reciben atención especializada en el Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral, donde permanecen bajo ventilación mecánica debido a la gravedad de las lesiones.

La directora del centro hospitalario, Mabel Jones Luciano, informó que ambos presentan una leve mejoría, aunque su condición continúa siendo delicada.

El niño sufrió quemaduras en aproximadamente el 50 % de su superficie corporal, mientras que su hermana presenta lesiones en el 30 %.

Los menores registran quemaduras de segundo y tercer grado, además de afectaciones en las vías respiratorias provocadas por la inhalación de humo caliente.

En tanto, su madre permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Luis Eduardo Aybar, donde se encuentra estable dentro de su condición clínica.

Familia sospecha fallas en tuberías de gas

Kenia Díaz Lima, hermana de la odontóloga, explicó que la familia había adquirido el apartamento mediante financiamiento y se había mudado durante la tarde del jueves 5 de noviembre.

Según las informaciones preliminares recibidas por los familiares, la explosión pudo originarse por una acumulación de gas dentro de la vivienda.

La familia presume que algunas tuberías destinadas a la conexión de electrodomésticos carecían de tapas de seguridad, lo que habría permitido el escape del combustible.

También planteó la posibilidad de que una chispa eléctrica generada al conectar un bebedero desencadenara la explosión.

Sin embargo, estas hipótesis todavía no han sido confirmadas oficialmente, por lo que será necesario esperar los resultados de las investigaciones técnicas.

Autoridades realizan levantamientos en el apartamento

Miembros de la Dirección Central de Investigación (DICRIM), especialistas en explosivos y personal del Cuerpo de Bomberos realizaron inspecciones en el inmueble para determinar el origen del incidente.

La explosión ocasionó importantes daños materiales, incluyendo afectaciones en puertas, ventanales, cristales y otras estructuras del apartamento.

Los investigadores deberán establecer si existieron fugas de gas, deficiencias en las instalaciones, incumplimientos de normas de seguridad o cualquier otra circunstancia que pudiera haber contribuido al accidente.

Familia anuncia posibles acciones legales

Los familiares manifestaron su intención de emprender acciones legales si las investigaciones determinan que la explosión fue consecuencia de fallas de construcción, instalaciones defectuosas u otras actuaciones negligentes.

También solicitaron a las autoridades realizar una investigación exhaustiva para esclarecer lo ocurrido y establecer las responsabilidades que correspondan.

El caso plantea interrogantes sobre los controles de seguridad que deben observarse antes de entregar una vivienda, especialmente en lo relacionado con las instalaciones de gas y electricidad.

La eventual existencia de responsabilidad civil o penal dependerá de los resultados de los peritajes y de las pruebas que se obtengan durante las investigaciones.

Familiares mantienen esperanza de recuperación

Mientras las autoridades continúan las investigaciones, los familiares concentran sus esfuerzos en acompañar la evolución médica de la odontóloga y sus dos hijos.

Los parientes agradecieron las manifestaciones de solidaridad y las oraciones recibidas, al tiempo que expresaron su esperanza de que los tres puedan superar las graves lesiones sufridas.

La tragedia ha generado preocupación sobre la seguridad de las instalaciones residenciales y la importancia de realizar inspecciones técnicas que permitan prevenir accidentes capaces de poner en peligro la vida de familias enteras.

Equipos electrónicos y sustancias químicas figuran entre los objetos ocupados durante los allanamientos realizados en San Francisco de Macorís. El imputado enfrenta cargos relacionados con terrorismo y amenazas.

SANTO DOMINGO, República Dominicana. – El Ministerio Público continúa profundizando las investigaciones contra Delvinson de la Cruz Sosa, de 29 años, acusado de presuntamente planificar un atentado contra el presidente de la República, Luis Abinader, que habría sido programado para el pasado 6 de noviembre de 2026, durante la conmemoración del Día de la Constitución.

De acuerdo con las autoridades, durante los allanamientos realizados como parte de las investigaciones fueron ocupados dispositivos electrónicos y sustancias químicas que están siendo sometidos a evaluaciones para determinar su posible vinculación con los hechos denunciados.

La investigación también hace referencia a armas de fuego, pertrechos militares y posibles artefactos explosivos, aunque los informes oficiales consultados no precisan que todos estos elementos hayan sido efectivamente incautados.

Fiscalía investiga presunta planificación de atentado

El expediente del Ministerio Público establece que el supuesto ataque habría sido planificado para ejecutarse en la sede del Congreso Nacional, coincidiendo con las actividades conmemorativas del 182 aniversario de la Constitución dominicana.

Las autoridades sostienen que recibieron informaciones de organismos de inteligencia sobre presuntas amenazas contra el mandatario, lo que motivó la apertura de una investigación penal.

El imputado fue arrestado mediante una orden judicial emitida por la jueza Josefina Noemí Díaz Marte, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Francisco de Macorís.

Las diligencias estuvieron a cargo de los fiscales Benedicto Arquímedes Reynoso Sánchez, Pedro Williams Concepción y Elington Santiago Villar, con el apoyo de organismos especializados de inteligencia.

Allanaron vivienda y establecimiento comercial

Como parte de las investigaciones, las autoridades realizaron allanamientos en la residencia del acusado y en la Ferretería Molina, establecimiento ubicado en la avenida Profesor Juan Bosch, donde labora De la Cruz Sosa.

Durante los operativos se ocuparon equipos electrónicos, entre ellos dispositivos que podrían contener información relevante para esclarecer las presuntas amenazas.

Los investigadores también examinan sustancias químicas incautadas, con el propósito de establecer su naturaleza y determinar si guardan relación con la supuesta planificación de actos violentos.

Los materiales permanecen sujetos a evaluaciones técnicas, por lo que su ocupación no constituye, por sí sola, una demostración de que existiera un plan terrorista ejecutable.

Imputación por terrorismo agrava situación judicial

El Ministerio Público atribuye al acusado infracciones relacionadas con terrorismo y amenazas contra el jefe del Estado.

Según la información difundida, determinadas modalidades del delito de terrorismo pueden contemplar sanciones que alcanzan los 40 años de prisión, dependiendo de la calificación jurídica aplicable y de los hechos que lleguen a demostrarse.

Sin embargo, la imposición de cualquier sanción dependerá del desarrollo del proceso judicial, la valoración de las pruebas y una eventual sentencia condenatoria.

Conocerán medida de coerción este martes

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Francisco de Macorís tiene previsto conocer este martes 10 de noviembre de 2026 la solicitud de medida de coerción contra De la Cruz Sosa.

La audiencia fue aplazada anteriormente, mientras el Ministerio Público solicita prisión preventiva contra el imputado por los hechos investigados.

Durante esta etapa, el tribunal deberá evaluar los elementos presentados por el órgano acusador, las posiciones de la defensa y los presupuestos legales necesarios para determinar la medida cautelar correspondiente.

Investigación continúa bajo supervisión judicial

El caso ha generado atención pública debido a la gravedad de las acusaciones y a que involucra presuntas amenazas contra el presidente de la República.

No obstante, corresponde a las autoridades judiciales determinar si las pruebas obtenidas permiten establecer la existencia de un plan delictivo y la eventual responsabilidad penal del investigado.

De la Cruz Sosa conserva el derecho a la presunción de inocencia, a la defensa y al debido proceso, garantías que deben observarse durante todas las etapas de la investigación y del procedimiento judicial.