Opinión
Un Llamado a la Conciencia Democrática
Por Isaías Ramos
En medio de un escenario político tumultuoso, la reciente exclusión de partidos minoritarios en el debate presidencial constituye una flagrante violación del artículo 39 de la Constitución. Este artículo consagra la igualdad ante la ley y garantiza los mismos derechos y oportunidades para todos, sin discriminación alguna. Esta situación pone en evidencia un alarmante déficit democrático y una profunda desconexión entre las estructuras de poder y las necesidades reales del pueblo dominicano.
La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, al organizar un debate presidencial y decidir excluir a ciertos participantes basándose en criterios arbitrarios como el tamaño del partido, no solo ha perpetrado una discriminación injusta, sino que también ha socavado los principios fundamentales de igualdad y pluralismo. Este acto refleja cómo las élites políticas y económicas intentan perpetuar un sistema injusto que favorece a unos pocos en detrimento de la mayoría.
Es perturbador observar cómo los candidatos que aceptaron participar en este debate sin cuestionar la exclusión de otros no solo muestran una falta de compromiso con los principios constitucionales, sino que también evidencian una falta de ética y responsabilidad cívica. La aceptación de esta situación por parte de los candidatos participantes refuerza la percepción de que su interés por mantener su posición en el estatus quo prevalece sobre el bienestar colectivo y el respeto a la ley fundamental del país.
Los dominicanos se enfrentan no solo a la usurpación de su derecho a recibir información diversa y representativa durante un periodo electoral crítico, sino también a la erosión de su capacidad de tomar decisiones informadas. Limitar la participación en el debate presidencial a los partidos mayoritarios priva a la ciudadanía de explorar una gama más amplia de alternativas políticas y soluciones a los problemas nacionales.
Este contexto demanda un despertar cívico. Los ciudadanos deben exigir que se respeten los principios de igualdad y pluralismo en todos los procesos electorales, promoviendo un cambio hacia debates más inclusivos que permitan la participación de todas las fuerzas políticas sin discriminación. El respeto a la Constitución y a los derechos que esta garantiza es fundamental para construir una democracia verdaderamente representativa y justa.
El Frente Cívico y Social continuaremos abogando por un sistema electoral equitativo donde todos los partidos y candidatos tengan la misma oportunidad de ser escuchados. Es esencial que todos los sectores de la sociedad trabajemos juntos para garantizar que las futuras elecciones sean un reflejo fiel de la voluntad popular, libre de manipulaciones y exclusiones arbitrarias.
Por ello, es imperativo despertar nuestro sentido cívico y exigir un cambio hacia debates más inclusivos y equitativos. No podemos permitir que intereses particulares prevalezcan sobre el bienestar colectivo y la voluntad popular. Debemos ser guardianes activos de nuestra democracia, velando por el respeto irrestricto a nuestra Constitución y luchando contra cualquier intento de manipulación o exclusión.
En el FCS queremos hacer un llamado urgente: no dejemos que aquellos que buscan perpetuar un sistema injusto y opresor nos silencien o nos dividan. Recordemos siempre que la verdadera fuerza radica en la unidad del pueblo consciente e informado. Si el sistema falla en representarnos adecuadamente, debemos manifestarlo con firmeza mediante acciones como la invalidación del voto o la abstención responsable. El poder está en nuestras manos para forjar un país donde cada voz sea escuchada, cada derecho sea respetado y cada sueño pueda realizarse sin obstáculos.
¡Despierta, RD!
Por Robinson Lebrón
En el año 1994 a raíz de la crisis política producto del presunto fraude colosal provocado en las elecciones generales celebrada el 16 de mayo de ese mismo año, encabezado por el líder del Partido Reformista Social Cristiano Joaquín Balaguer, en contra del Dr. José Francisco Peña Gómez y el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), generó el llamado pacto por la Democracia, en el que se planteó la modificación de la constitución, y en esta una series de cambios que incluyó la reducción del mandato presidencial a dos años para luego entregarlo a su más cercano competidor.
Esa propuesta fue rechazada por el candidato del Partido Revolucionario Dominicano (PRD) de entonces, el doctor José Francisco Peña Gómez. Ante esta situación, el presidente Joaquín Balaguer aceptó reducir su período a 18 meses y cedió a la celebración de elecciones presidenciales el 16 de noviembre del año 1995.
Sin embargo, mediante un trastrueque de documentos, se firmó un “Pacto por la Democracia” diferente al acordado por los dos líderes. Y es que Joaquín Balaguer también se había mantenido en conversaciones con el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El convenio firmado definitivamente en la Mansión Presidencial, el día 10 de agosto del año 1994, instituía, entre otros aspectos, convocar a la Asamblea Nacional a fin de reformar la Constitución para establecer una nueva fecha de elecciones presidenciales, el 16 de mayo de 1996, y no en noviembre de 1995 como se había acordado, con lo cual se separaban de las elecciones municipales y congresuales, que serían en mayo de 1998; prohibir la reelección en dos períodos consecutivos, y establecer la segunda vuelta si ningún candidato obtenía más del 50 por ciento de los votos, así como reformas al sistema judicial, en la podemos mencionar la creación del consejo nacional de la magistratura.
Posteriormente en el año 2002 el entonces presidente constitucional 2000-2004 Rafael Hipólito Mejía Domínguez, con la intención de mantenerse en el poder más allá del periodo para el cual fue electo el 16 de mayo del año 2000, somete ante el congreso de la Republica Dominicana un proyecto de reforma al entonces Articulo 49 de dicha Constitución que establecía lo siguiente:
Cito: “El poder ejecutivo se ejerce por el presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo, no pudiendo ser electo para el periodo constitucional siguiente”.
Cabe destacar que lograda la reforma constitución en el periodo antes mencionado (2000-2004), quedó modificado el Artículo 49 de dicha Constitución que establecía lo siguiente:
Enumero: El poder ejecutivo se ejerce por el presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo, el presidente de la Republica podrá optar un segundo y único periodo de manera consecutivo, no pudiendo postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la Republica.
El Articulo 124 de la Constitución de la República Dominicana que entra en vigencia el día 10 de enero del año 2010 retoma la disposición de la Elección Presidencial del Poder Ejecutivo que se ejercerá por el o la Presidente de la República, quien será elegido cada cuatro años por voto directo y no podrá ser electo para el período constitucional siguiente, el cual posteriormente fue reformado a petición del entonces presidente constitucional del periodo 2012-2016 el Licdo. Danilo Medina Sánchez, y quedó nueva ves instaurada la reelección presidencial para el siguiente periodo de forma consecutiva, con el impedimento de que el presidente pueda optar por otro periodo de forma consecutivo. Lo que queda claro que el presidente no podrá jamás volver a aspirar a la presidencia ni la vicepresidencia de la nación.
Por consiguiente, los ciudadanos y ciudadanas en sus diferentes niveles sociales están totalmente convencidos y convencidas que el punto especifico de la relección presidencial no representa una novedad en nuestra amada carta magna.
En cuanto a la intención de la independencia del ministerio público, dicho estatutos establece su funcionamiento y queda claro que, aunque es un funcionario que depende de la designación del poder ejecutivo, las acciones de sus funciones y sus funcionarios deben estar dirigida a la persecución penal de los crímenes y delitos que afecten a la comunidad y deben ser totalmente independientes y apegados a los principios, constitucionales, legales, éticos y morales.
La iniciativa del poder ejecutivo en la persona del excelentísimo señor presidente, Luis Rodolfo Abinader Corona debe ser vista y analizada minuciosamente, ya que si bien es cierto este propone que el máximo representante del ministerio público sea elegido por 4 años, y que sea el consejo nacional de la magistratura quien lo escoja, no menos cierto es que deja la posibilidad que este importante funcionario sea propuesto por el propio poder ejecutivo en la persona del o la presidente de la Republica Dominicana, es preciso recordar que quien preside el consejo nacional de la magistratura es quien preside el poder ejecutivo.
El autor es abogado y Docente Universitario.
Por Isaías Ramos
La noticia sobre el tren metropolitano en la República Dominicana debería generar esperanza. Sin embargo, en vez de celebración, ha sembrado una inquietud profunda. La reciente decisión del Fideicomiso para el Desarrollo del Transporte Masivo (FITRAM) de cancelar el proceso de licitación para la construcción de la infraestructura del Tren Metropolitano de Santo Domingo y replantearlo bajo el modelo de alianza público-privada, seguida tan solo 24 horas después por la declaración de Gisela Sánchez, presidenta ejecutiva del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), quien expresó su disposición de apoyar en los diseños, estructuración y financiamiento privado, nos trae amargos recuerdos de proyectos que prometieron desarrollo, pero terminaron saqueando al país para beneficio de unos pocos. Hoy, más que nunca, el pueblo dominicano debe exigir transparencia y evitar convertirse en víctima de otro gran atraco.
En su espacio semanal, el presidente anunció que el tren se financiará a través de una concesión o alianza público-privada, pero sin especificar términos ni condiciones. Esto debería encender todas las alarmas: las alianzas público-privadas, fideicomisos públicos y concesiones suelen presentarse como herramientas de progreso, pero en la práctica terminan convirtiéndose en mecanismos de pillaje, latrocinio y depredación, donde las pérdidas se socializan y las ganancias se privatizan. En este sistema tan opaco, ¿cómo podemos asegurar que el bienestar del pueblo será realmente el centro de esta iniciativa?
Recordemos cómo otros modelos, como el tristemente célebre «peaje sombra», resultaron una carga insostenible para el pueblo. Este sistema de financiamiento le costó al país más de dos mil millones de dólares, sin que nadie rindiera cuentas. Es solo uno de los muchos ejemplos de cómo en las últimas décadas la nación ha sido saqueada, acumulando una deuda económica y social insostenible. ¿Permitiremos que el tren metropolitano se convierta en otro fracaso monumental? La República Dominicana no puede soportar otro “peaje sombra” ni seguir endeudándose en esquemas que empobrecen al Estado mientras enriquecen a las empresas financieras.
El transporte es un derecho fundamental, no una oportunidad de negocio. Cada dominicano merece un transporte público digno y accesible; la movilidad no es un lujo ni un privilegio, sino una necesidad básica. Un sistema de transporte accesible es clave para construir una sociedad justa, conectando a las personas con oportunidades y servicios esenciales. Pero cuando los intereses privados dominan las decisiones y la transparencia es inexistente, esta promesa de un transporte accesible se convierte en una ilusión vacía.
También vemos cómo los fideicomisos públicos, que deberían proteger el interés de los ciudadanos, muchas veces parecen diseñados para canalizar recursos hacia intereses privados. RD Vial es un claro ejemplo de esto: la mitad de cada peso recaudado se destina únicamente al pago de intereses de la deuda acumulada, dejando apenas el resto para operación, mantenimiento e inversión. Existe además el riesgo de impago, lo que podría llevar a que nuestras carreteras terminen en manos de corporaciones o, peor aún, de fondos buitres. Este tipo de estructura obliga a preguntarse: ¿quién está realmente beneficiándose?
Cada vez que estos proyectos se ejecutan sin escuchar ni informar al pueblo, miles de familias quedan excluidas, luchando por acceso a servicios básicos mientras las inversiones fluyen hacia zonas privilegiadas. Es el momento de exigir transparencia y un compromiso auténtico con el bienestar social. Los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se están utilizando sus recursos y cómo estos proyectos afectarán sus vidas y economías. Los términos de los proyectos que involucren al Estado, ya sea con fondos públicos o privados, no pueden seguir siendo secretos o ambiguos. No permitamos que estos acuerdos se decidan a puerta cerrada, con condiciones ocultas y sin el escrutinio de quienes finalmente pagarán la cuenta.
Desde el Frente Cívico y Social (FCS), hacemos un llamado a la reflexión sobre el tipo de país que queremos construir. Cada ciudadano merece una infraestructura que realmente esté a su servicio, no una que lo endeude o lo excluya. Hoy, más que nunca, estamos convencidos de que el pueblo dominicano está despertando, y que la llama de la justicia social arde con fuerza en nuestros corazones. Hemos comprendido que los bienes comunes no son mercancías para ser negociadas por una élite insensible, sino derechos fundamentales que nos pertenecen a todos.
Este despertar no es solo un grito de resistencia; es un llamado vibrante a construir juntos una nueva realidad, donde el poder del pueblo sea invencible y los sueños colectivos se conviertan en nuestra mayor fortaleza.
¡Despierta, RD!
Por Nelson Encarnación
La noche del 4 de noviembre de 1980, tras conocer su derrota frente al republicano Ronald Reagan, el presidente Jimmy Carter aseguraba que el desenlace electoral no representaba una decepción del pueblo estadounidense con su administración, sino que era el reflejo de la frustración.
Hablaba Carter sobre un descalabro reputacional de los Estados Unidos, en aquel momento representado en la toma de su embajada en Irán justamente un año antes de las elecciones, el 4 de noviembre de 1979, cuyos capítulos pasaron por negociaciones fallidas y una operación de rescate que terminó en un estrepitoso desastre con varios militares fallecidos.
No poder regresar a casa a los estadounidenses retenidos en Teherán, supuso la frustración de los electores que le dieron la espalda a un presidente que luego sería un importante referente de integridad, lo cual perdura hasta hoy cuando acaba de cumplir 100 años de vida.
Para el Partido Demócrata, en las elecciones de hace una semana, no existía un horizonte tan sombrío como el de 1980, pero no hay duda de que importantes segmentos de votantes no estaban a gusto con la administración de Joe Biden.
Los trabajadores, por ejemplo, un bastión tradicional de los demócratas, le dieron la espalda a Kamala Harris en estados que habían mantenido lealtad a los azules, y que, de manera insospechada, votaron a Donald Trump.
Mientras se producía ese desapego hacia los demócratas, se ponía de manifiesto la capacidad única de Trump para conectar con una amplia base de votantes estadounidenses y atráesela.
Esta conexión con Trump y desconexión con los demócratas, no se limita a las promesas de políticas específicas del republicano, sino que tiene que ver con una combinación de su estilo de liderazgo, su dominio de los medios de comunicación y su habilidad para apelar a las emociones, temores y aspiraciones de sectores de la sociedad.
Es decir, un encantador de serpientes, capaz de mentir sin ningún rubor, se encuentra compitiendo con un partido que presenta un candidato visiblemente disminuido, incapaz de mantener un debate fluido y con ostensibles limitaciones físicas y cognitivas.
El presidente Biden, aferrado a una candidatura inviable, de la cual se baja apenas tres meses antes en medio de fuertes tensiones internas en su partido, no dejó margen para armar una opción competidora. En realidad, mucho logró Kamala.