Editorial
Un Mensaje que Perdurará para Siempre.
A propósito de hoy lunes celebrarse en la República Dominicana el Día de la Altagracia, el papa Juan Pablo II, ese hombre de rostro angelical que dirigió la Iglesia Católica hasta su muerte, pronunció unas palabras en la basílica de la Virgen de la Altagracia en Higuey que merecen ser recordadas por su gran trascendencia, su penetrante contenido, sobre todo en unos días en que la violencia, la avaricia, el egoísmo y el interés enfermizo sólo por la consecución de bienes materiales, mientras la debilidad espiritual se apodera de nuestros hijos, nuestros padres, nuestras familias en sentido general, toman cuerpo y se hacen gigantes, imponiendo una nueva cultura que pone en peligro la integridad física y moral de toda la sociedad.
En su mensaje desde la basílica de Higuey decía Juan Pablo II, luego de invocar la bondad y la grandiosidad de la Virgen de la Altagracia, patrona del pueblo dominicano, que «interceda ante tu hijo para que esta tierra sea de paz y de esperanza, donde el amor venza al odio, la unidad a la rivalidad, la generosidad al egoísmo, la verdad a la mentira, la justicia a la iniquidad, la paz a la violencia y haz que sea respetada siempre la vida y la dignidad de cada persona, la identidad de las minorías étnicas, los legítimos derechos de los indígenas, los genuinos valores de la familia y de las culturas autóctonas».
Esas palabras de Juan Pablo II, un ser que irradiaba confiabilidad, amor hacia todos y todas, tienen mucho mayor dimensión y deben ser tomadas en cuenta hoy y siempre, cada día, cada minuto, cada segundo de nuestras vidas para que construyamos una sociedad mejor; menos violenta, más humana, más justa, donde nuestros hijos y nuestros nietos tengan derecho a disfrutar de una vida mejor.
El mensaje de Juan Pablo II, el Papa viajero como se le conocía, implica en sí mismo un verdadero estado de derecho, el cual sólo puede ser posible en una sociedad regida por valores auténticamente democráticos que propicien una mejor distribución de las riquezas nacionales y donde el Estado sea lo suficientemente garantista, sobre todo para los que menos tienen, para las amplias mayorías nacionales a través del cumplimiento de su rol de satisfacer necesidades sociales.
La devoción por la Virgen de la Altagracia en la República Dominicana propicia un día de reconciliación, de paz en todos los estratos de la sociedad, porque como muy bien lo dijo Juan Pablo II, «decir América es decir María» y agregaba » te venero con todos los pastores y fieles de este continente, en todos los santuarios e imágenes que llevan tu nombre, en las catedrales, parroquias y capillas, en las ciudades, las aldeas, junto a los océanos, ríos y lagos, en medio de la selva y las altas montanas te invoco con los idiomas de todos sus habitantes a lo largo y ancho de estas tierras benditas, que son tuyas».
Y exactamente así pasa en la República Dominicana porque la Virgen de la Altagracia forma parte de la dominicanidad, viene de las propias entrañas de un pueblo que ama el trabajo, el progreso y que históricamente ha sido hospitalario, solidario y desprendido, sobre todo con el más necesitado.
La República Dominicana es un país que debía tener mejor suerte, porque es tierra de gente buena, donde el vecino siempre ha estado dispuesto a repartir su bocado de comida con el hambriento, con aquel que no puede producir para el sustento diario de la familia, fruto de que las políticas públicas equivocadas nos han llenado de pobreza, miseria y de enfermedades infectocontagiosas.
Hoy 21 de enero, día de la Virgen de la Altagracia, deben permanecer en un pedestal muy alto las palabras de un papa que repartió amor, con sinceridad y abnegación.
Las palabras de Juan Pablo II el 12 de octubre de 1992, fecha en que visitó la República Dominicana, al cumplirse 500 años del llamado descubrimiento de América y de la evangelización, fue un mensaje para que perdurara para siempre y se convirtiera en un documento de consulta para gobernantes y gobernados, para todos, absolutamente para todos.
Aunque el título de este editorial no busca sobreponer los huracanes a otro fenómeno natural como son los terremotos, pero el mismo sólo persigue darle la trascendencia que tiene el problema de la falta de prevención que caracteriza al país.
Sin lugar a dudas que lo ocurrido en Venezuela debe servir de voz de alarma para el país, máxime que los terremotos están asociados a una falla tectónica que también abarca a la República Dominicana.
La cuestión es que cada vez que hay un evento de esta naturaleza resurgen las advertencias sobre el peligro que amenaza a la República Dominicana, cuya deficiencia es parte de un todo que no hay forma de superar por razones profundamente culturales.
Pero es que en esta materia como en ninguna otra el país no ha desarrollado políticas públicas dirigidas a construir una cultura de prevención que por lo menos evite que cualquier tragedia como resultado de un fenómeno natural como los terremotos se pueda llevar de paro medio país.
Hace décadas que se repiten las mismas advertencias y alertas e incluso se han creado leyes para disminuir el impacto de un terremoto de alta potencia como el de más de siete grados ocurrido en Venezuela, pero las mismas, como prácticamente todas las del sistema jurídico nacional, son letra muerta.
De manera, que con el discurrir de los años las construcciones a troche y moche han seguido su curso como si ese comportamiento no tuviera ninguna importancia y sólo se esperan los daños como resultado de un terremoto de alta magnitud como se espera en algún momento en el territorio nacional.
Un buen ejemplo del descuido o negligencia de las autoridades edilicias y del gobierno central son las torres construidos en urbanizaciones como “La Trinitaria de Santiago”, pese a que ya los expertos han advertido de que las mismas se levantan sin tomar en cuenta en su diseño el tipo de suelo que hay en la zona.
Ya ha habido hechos que deben servir de escarmiento a las autoridades para que pare la imprudencia de construir sin miramiento, como fue el desplome de la construcción de un hotel en la calle Del Sol de Santiago por la misma causa del tipo de suelo, pero lo ocurrido sirvió de poco.
El problema está nuevamente sobre el tapete por la gran tragedia que se ha producido en Venezuela, pero la preocupación durará muy poco tiempo, ya que al cabo de los días ya se retorna a la normalidad acostumbrada y se olvidan las construcciones que amenazan la vida de mucha gente por tratarse de una imprudencia que no valora la advertencia de los expertos en la materia.
Sólo falta que la verdad, que ojalá Dios no quiera que así sea, le dé en la cara muy duro a las autoridades nacionales que no hacen el menor esfuerzo para evitarle un gran dolor de cabeza a la sociedad dominicana.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso porque el que tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica o que no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora y que deja en una situación difícil la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también que atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.
La no ejecución de las leyes y la violación de las mismas son, sin lugar a dudas, el principal perfil de un Estado no viable, como ocurre en los países del tercer mundo, incluida la República Dominicana.
En el país se activa la acción del Estado después de ocurrida la tragedia, tanto a nivel público como privado, cuyos buenos ejemplos al respecto son la tragedia del Jet Set y los feminicidios, entre otros delitos y crimines que no tienen un régimen de consecuencia.
Todo como resultado de una cultura que tiene una explicación histórica que ha sido concretada con la expresión popular de que el dominicano le ponga candidato a la casa después que le roban.
Por esta razón el fenómeno se repite permanentemente sin que se produzca la capacidad y la fuerza institucional de ponerle coto a la impunidad que abraza a toda la sociedad dominicana.
El asunto se complica porque quien debe velar por la aplicación de la ley es el primero que la viola, es decir, que el Estado en vez de promover el valor del cumplimiento del orden legal es el primero que no lo respeta.
Esta realidad no es exclusiva para la aplicación de las leyes adjetivas, las llamadas organicas y ordinarias, sino que tampoco se respeta la Constitución de la República, la cual es violada regularmente hasta por propio presidente de la República.
De manera, que se trata de una cultura, de un problema integral que erosiona la credibilidad de la democracia, lo que la lleva a perder su legitimidad, cuyos funcionarios electos carecen del nivel de aprobación que valida el sistema.
Por esta razón no hay nada que funcione, porque todo el que va al poder piensa que llegó ahí para toda la vida y se preocupa muy poco porque las leyes se ejecutan como mandan sus textos.
La cuestión es que el partido del sistema que llega al poder se incorpora a una cadena de complicidad que necesariamente tiene que fortalecer para evitar su enjuiciamiento por la comisión de graves violaciones a la ley, lo cual involucra a los tres poderes del Estado, como ocurre en la actualidad.
Ahí está la razón de que en las encuestas de medición electoral esté prácticamente empatado el ninguno en aceptación popular con el partido oficial, lo que está explicada en que en el país prevalece a nivel político el clientelismo y el que tiene el control del Estado puede manejar los recursos públicos para promover ese antivalor que daña tanto a la democracia, lo cual, naturalmente, es transitorio y circunstancial.
La impunidad es lo que provoca que la autoridad no tenga mucho interés en la ejecución de la ley, lo que estimula fenómenos como los feminicidios y la relación sentimental entre hombres mayores y mujeres adolescentes o niñas menores de 16 años, cuyo impacto social es demoledor para cualquier sociedad que busque su desarrollo humano.