Análisis Noticiosos
Un Nuevo Instrumento de Lucha Política.
Por José Cabral
Desde hace algunos años sobre la República Dominicana se ciernen serios y graves peligros que amenazan la integridad física y moral de toda la sociedad, a los de abajo y a los de arriba, a víctimas y victimarios, a gobernantes y gobernados.
Es un problema que descansa en una cadena de complicidad e impunidad que comienza en el propio Palacio Nacional, penetra a un amplio sector del empresariado, abarca a una buena parte de los medios de comunicación de masas y nadie sabe dónde termina porque se convierte en un cometa.
Ese flagelo tan complejo y preocupante que se puede observador en el tránsito vehicular, la irracionalidad ciudadana, la violencia, la delincuencia, el consumo y el tráfico de drogas en barrios, calles, centros de diversión y en la descomposición familiar, así como en la corrupción generalizada, constituye la causa del paso dado por un grupo numeroso de hombres y mujeres.
Cada día que pasa aumentan la crisis de valores, la falta de institucionalidad y la impunidad, lo que lleva al dominicano preocupado a que sienta que la República Dominicana se hace insalvable, que está al borde de la disolución.
Por todas estas razones un grupo de comerciantes, empresarios y profesionales del territorio nacional y el exterior llegaron a la convicción de que hay que canalizar las preocupaciones que causan estos peligros a través de un mecanismo de lucha política que llevará como nombre “Dominicanos por el Orgullo Nacional (DON), el cual fundamentará su accionar en la democracia participativa.
Muchas personas se preguntarán por qué crear una nueva organización y no sumarse a las ya existentes. Sencillamente porque a nuestro juicio todavía en la República Dominicana predominan una serie de valores culturales machistas, paternalistas, caudiliistas y jefistas, lo que genera que los creadores de los llamados partidos alternativos sean profundamente anti-democráticos y en tal virtud éstos se convierten en los candidatos eternos a la presidencia de la República.
Ir a un local de algunos de los partidos alternativos da la impresión de que son menos democráticos que los tradicionales, los cuales han sumido a la República Dominicana en la miseria y en una corrupción que amenaza con tragarse al país.
Un proyecto político anti-democrático constituye una retranca para acabar con el estado de cosas que hoy predomina en la tierra de Juan Pablo Duarte y Gregorio Luperón, en virtud de que esa forma de hacer política mata los sueños de los hombres y mujeres que buscan organizarse para detener el deterioro de la tierra que les vio nacer.
Somos de los que creen que la política se parece mucho al beisbol, dado que el joven prospecto que busca ocupar una posición regular en su equipo tiene que coger y batear mucha pelota, porque no bastaría que el aspirante sea hijo del dueño del conjunto.
De manera, que el que se considera muy bueno no tiene por qué temer enfrentarse a un buen pitcher y viceversa, ya que sus condiciones se constituyen en una garantía de que estaría en la alineación regular del equipo.
Así debe y tiene que ser la política, ya que si el que fundó el partido se considera con tantas condiciones debe sentirse seguro de que no lo derrotaría nadie, pero si así ocurriera, entonces ello se convierte en un elemento importante para construir una propuesta que acabe con la inequidad social y la carencia de la igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos.
La escogencia caprichosa de un candidato a cualquier posición electiva evita que se lleve lo mejor y en consecuencia ésto imposibilitaría el crecimiento cualitativo y cuantitativo de la propuesta que podría desplazar del poder a los tres partidos que echaron a Pedro entre el pozo, pero que en realidad no se trata de un pozo , sino de un pantano, cuya víctima es más bien las grandes mayorías nacionales.
Creemos en un proyecto político que permita la legitimación de la candidatura presidencial a través del sometimiento al escrutinio popular de todos los aspirantes, a fin de que sea el propio pueblo el que lo escoja, lo que constituye una garantía de una buena elección.
Esa sería una formula profundamente democrática, apoyada en la democracia participativa y en una metodología incluyente, en la que todos los miembros tienen la misma oportunidad y privilegio.
Dominicanos por Orgullo Nacional (DON) nace con la convicción de que a la mayor brevedad posible debe estructurarse un gran bloque nacional que permita a partir del año 2016 encaminar el país por un nuevo sendero de decencia y dignidad, en el que se acabe de una vez y por siempre la corrupción generalizada y la falta de seguridad nacional con la construcción de una nueva República Dominicana.
El próximo viernes un grupo de empresarios y profesionales dan el paso de construir una herramienta política ampliamente democrática y abierta a la unidad, sobre la base del respeto mutuo y el reconocimiento de la diversidad.
No importa que se sea de la izquierda o de la derecha, dado que sólo cuenta su condición de ciudadano dominicano sin deudas económicas o de sangre con el pueblo y que busca el rescate de la ética, la moral, el orgullo y la dignidad nacional.
Por José Cabral.
Nadie puede negar que la República Dominicana está en medio de la gran posibilidad de que pueda surgir un “outsider” en la política nacional, aunque el problema descansa en que no se ha articulado una propuesta que responda al nicho que se ha creado en esta dirección.
Prácticamente todas las encuestas colocan en un 54 ó 55 por ciento, aunque se piensa que es mucho mayor, las personas que no sienten ningún respeto ni vinculación con los partidos políticos, los cuales han llegado a un nivel de descrédito que nadie podía imaginarse.
Es tan grave el problema que esa realidad amenaza la democracia representativa, ya que en las últimas elecciones el país ha terminado con autoridades que no cuentan con la legitimidad necesaria para garantizar una buena gobernabilidad.
Pero frente a esa realidad la pregunta que todo el mundo se hace es si valdría la pena que en el país se produzca el fenómeno del “outsider” como que ya ha pasado en muchas naciones latinoamericanos e incluso en los Estados Unidos de América.
El último caso de este tipo se ha producido en Colombia, donde un abogado penalista, un depravado, defensor de narcotraficantes, de evasores de impuestos y de los paramilitares ha quedado en primer lugar en las elecciones presidenciales.
A Abelardo de la Espriella, un ultraderechista, sin ningún mérito, pero sin venir de las estructuras tradicionales del partidarismo político, se ha colocado en la puerta de la presidencia de Colombia, con un discurso agresivo y con una visión de cuestionamiento del derecho internacional que lo acerca al actual jefe de Estado de los Estados Unidos, Donald Trump, quien incluso ya lo ha apoyado.
El asunto es que este tipo de “outsider” no es saludable para que ningún país del mundo, porque representa un antivalor, un enemigo del derecho internacional y además un depravado que no respeta absolutamente nada ni a nadie.
Entonces, si la República Dominicana se viera en ese espejo estaría en un escenario que significa un evidente retroceso al bienestar que se supone debe garantizar todo aquel que se opone a la partidocracia, que nadie puede negar que en todas estas naciones ha implicado una gran desgracia para los pueblos.
Por esta razón es que creo que, si en la República Dominicana se crean las condiciones, como ya parece que ocurre, para desplazar del poder a los partidos políticos, tiene que ser para bien, no para mal, ya que debe ser un “outsider” que cuente con un plan programático y estratégico a corte, mediano y largo plazo para poder lograr las transformaciones que demanda la sociedad.
Naturalmente, la preocupación de que el problema del país no sólo descansa en el funcionario público, el cual procede de los partidos políticos, instancias totalmente corrompidas y enemigas del progreso nacional, sino también en la visión y actitud distorsionada del ciudadano como resultado del neoliberalismo salvaje introducido en el país por Leonel Fernández.
Tal vez ahí esté la explicación de que una opción con una visión colectiva, no individual, no haya podido consolidarse en el país, ya que articular este tipo de propuesta implica, según lo que se ve, romper con lo que luce ser una utopía por la forma en que el neoliberalismo se ha apropiado de la mente y el sentir de la gente.
Pero si Dios quiere y en razón de que las condiciones están dadas para que en el país surja un “outsider”, ojalá sea para bien y no para mal, contrario a como se observa que se produce en Colombia y en otros países latinoamericanos.
El “outsider” dominicano tiene que ser para romper con la vieja política, a los fines de acabar con la corrupción y los principales males que aquejan a la sociedad en asuntos tan fundamentales para tener crecimiento y desarrollo nacionales como el empleo, la institucionalidad, la seguridad pública y ciudadana y en otros aspectos que durante décadas han representado una retranca para la nación.
Por José Cabral.
Los jueces y juezas son considerados emperadores que tienen el privilegio de juzgar la conducta de los demás, pero nunca la de ellos, convirtiéndose muchas veces en los funcionarios públicos que violan más que cualquier otro agente del Estado los derechos de las personas.
La explicación del abuso de poder desde la condición de juez, jueza o fiscal consiste en que somos una nación donde la democracia existe más de apariencia que de realidad y que ello obedece a la herencia patriarcal, machista, caudillista y de amiguismo que genera mucha tolerancia con el que infringe la ley desde la sombrilla del Estado, cuya visión descansa en la herencia histórico-cultural anti-democrática.
La República Dominicana ha pretendido desarrollar una democracia en la que prevalezca el principio de legalidad, juridicidad y de igualdad, pero este propósito ha resultado ser una utopía porque los tiempos de dictaduras tienen un fuerte peso en la vida nacional.
En el Estado democrático los derechos no están por encima de los deberes, ambos van de la mano, pero en los países con escaso nivel de desarrollo la gente piensa que no tiene que cumplir con sus obligaciones y que los derechos son absolutos.
Hace muy pocos días que los actores del sistema de justicia se lanzaron a un paro de labores en demandas de mejores condiciones salariales y de trabajo en sentido general, lo que nadie le regatea porque la realidad es que las mismas son deprimentes, aunque ello no justifica la forma en que muchos tribunales se manejan en los casos que les llegan.
Todo el mundo sabe o por lo menos constitucionalmente está establecido que los jueces son garantes fundamentales de la justicia y la paz social, ya que su principal papel es administrar justicia mediante la solución de conflictos de manera imparcial, aunque este concepto luce ser una utopía.
Los jueces se supone que actúan como puente mediador entre las leyes y los ciudadanos, asegurando la equidad, el respeto a las garantías constitucionales y la estabilidad del Estado de Derecho, ya que en la sociedad contemporánea el ejercicio de la judicatura abarca funciones esenciales que van más allá de simplemente aplicar la ley escrita, sobre todo en una época en que el derecho ha entrado en un profundo proceso de constitucionalización.
Sin embargo, cuando el sistema de justicia no cumple con su rol, entonces llega la distorsión que tiene que ver con la vía de hecho, dado que éste tiene la misión teórica de darle a cada ciudadano lo que le corresponde, a los fines de evitar hacer justicia con sus propias manos y para garantizar una convivencia ordenada.
La justicia también debe velar porque prevalezca el principio de legalidad y de juridicidad para el control del poder, ya que representa un contrapeso vital al supervisar que los actos de los otros órganos del Estado se ajusten a la Constitución y al bien común, pero todo ello requiere, además, que los jueces, juezas y demás actores de la judicatura nacional también ajusten sus actuaciones a los deberes que les impone la ley sustantiva de la nación y las normas por las que se rige el Poder Judicial.
Análisis Noticiosos
Es imperdonable que Subero Isa haya mal asesorado al presidente de la República.
Por José Cabral
Cuando el Congreso Nacional aprobó en violación de la Constitución la promulgada Ley 13-26 que persigue anular las candidaturas independientes, muchos confiamos en la amplia formación y la vocación democrática del expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, quien ahora se desempeña como Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo.
Siempre pensé que lo mínimo que podía sugerirle Subero Isa a Luis Abinader era no promulgar esa pretendida ley y en su lugar recomendar observarla por constituir una violación muy grave a la Constitución de la República y a una jurisprudencia del Tribunal Constitucional que el jefe de Estado prometió cumplir cuando se juramentó en el cargo.
Pero aun después de la promulgación en una conversación con el promotor de la acción directa de inconstitucionalidad en contra de los artículos 156 y 157 de la Ley 20-23, Alberto Fiallo, éste decía que parece que Subero Isa no había jugado ningún papel en semejante agravio a la democracia y al proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana.
E incluso planteó el amigo Fiallo que Subero Isa no había tenido ninguna participación en semejante disparate jurídico, porque se veía que se trataba de un asunto manejado políticamente desde el Partido Revolucionario Moderno (PRM), lo cual parece lógico en razón de que fue algo manejado por los cuadros más importantes de la organización oficial.
Sin embargo, luego de ver la recomendación al presidente Abinader de Subero Isa en su condición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo de que no se meta en lo referente al conflicto entre los jueces, juezas y demás personal del Consejo del Poder Judicial, todo indica que de igual modo debió haberlo hecho con la promulgación de la Ley 13—26.
No hay ninguna razón de que Subero Isa no haya intervenido en la decisión del presidente en lo que respecta a la promulgación de la Ley 13-26, máxime cuando el consultor jurídico ya había hecho pública su posición en contra de las candidaturas independientes.
De ser así, Subero Isa ha incurrido en su peor error como hombre público y jurista de una larga trayectoria, porque se trata de una acción antijurídica y que de alguna manera desmiente la creencia que nos hemos creado muchos de que este expresidente de la Suprema Corte de Justicia es un profesional del derecho lo suficientemente acabado y formado para el mejor de los consejos.
Si esta hipótesis es cierta entonces estaríamos ante un gran fiasco, porque no sé si Subero Isa sabe que con lo que podría ser esa asesoría a un hombre como el presidente Abinader, quien no tiene la menor idea de asuntos constitucionales, lo ha sumergido en una grave violación al derecho interno y externo, lo cual perdurará para toda la historia del país.
Sería imperdonable que Subero Isa no entienda la importancia que tiene en la democracia nacional el proceso de constitucionalización del derecho que se inicia en el país con la Constitución del 2010 y de la que se deriva la referida figura jurídica y que tampoco digiera el fenómeno que tiene que ver con la defensa y preservación de los derechos fundamentales en la sociedad dominicana, ya que la decisión de Abinader busca arruinar y eliminar el derecho, valores y principios de legalidad, proporcionalidad, pro participación y de dignidad humana.
No es que Subero Isa no tiene el derecho de estar en contra de lo que considere, pero de igual modo se entiende que es totalmente inaceptable que él se ponga en contra de una jurisprudencia que tiene el sustento del mandato de la Constitución.
Considero que la figura de Subero Isa se degrada y queda muy mal parada cuando entra en el juego de la politiquería al recomendar, si fue que así ocurrió, la promulgación de la Ley 13-26, que en buen derecho no es más que un contrasentido jurídico y que no puede tener otro destino que su nulidad.