Análisis Noticiosos
Un Pacto Político Social para un real Pacto Fiscal
Por Juan Bolívar Díaz
La experiencia del 2012 cuando este Gobierno impuso una simple reforma tributaria, en vez del Pacto Fiscal a que se comprometió en principio, debería ser suficiente para que los sectores empresariales, sociales y políticos comprendieran la necesidad de una firme compactación que equilibre el poder absoluto y rescate la institucionalidad democrática.
El liderazgo del empresariado organizado, economistas e importantes sectores sociales han planteado con mucha claridad los alcances del Pacto Fiscal que se impone, pero hay dudas de que comprendan que solo pueden salir adelante con un gran concierto que implique las energías que en años pasados impulsaron importantes avances institucionales.
Correctivos ineludibles
El Gobierno, el empresariado, las élites sociales, los economistas y el liderazgo social saben que, como han advertido organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la economía nacional va por el camino de la insostenibilidad, que se aproxima al límite de los déficits fiscales cubiertos con enorme endeudamiento y que hay que corregir el rumbo en búsqueda de un crecimiento más sano y un equilibro social que garantice productividad, fortalecimiento institucional y seguridad general.
Todos saben también que una vez más el interés electoral disparó el déficit fiscal, proyectándose que superará los 75 mil millones de pesos presupuestados para el año, tanto que el empresarial Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles lo estima al doble, unos 150 mil millones de pesos, que obligaría a buscar financiamiento adicional de por lo menos 1,500 millones de dólares.
El apremio llevó al ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, a pedir concentración en el pregonado Pacto Fiscal, y a la directora de Proindustria, Alexandra Izquierdo, a sugerir una reforma tributaria “transitoria”, consciente de que para que sea fiscal integral se requerirá mucho tiempo de transacciones.
Con un ingreso fiscal que quedará en unos 15 mil millones de pesos menos de lo presupuestado, el Gobierno está urgido de una reforma que le permita elaborar un presupuesto realista para el 2017, afrontando problemas de financiamiento para proyectos fundamentales como las plantas de carbón, en las que desde hace cuatro años cifra sus expectativas de afrontar la crisis energética, y de recursos para emprender programas integrales que mitiguen la abrumadora inseguridad ciudadana.
Reclamado Pacto Fiscal. Como ahora hace cuatro años, al inicio de este Gobierno se expresaba un consenso sobre la necesidad del Pacto Fiscal, pero ante las primeras dificultades y también apremiado por un enorme déficit, el Gobierno optó por el camino tradicional, con la complicidad del liderazgo empresarial, marginando a los sectores sociales representados en el Consejo Económico y Social e ignorando a la oposición política que acababa de obtener 49 por ciento de los votos.
Las principales organizaciones empresariales, encabezadas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias, Asociación de Industriales de Herrera, la de Jóvenes Empresarios y múltiples sectoriales y regionales, han reformulado sus reclamos del Pacto Fiscal en términos contundentes, rechazando la prisa e incluso condicionándolo a la previa aprobación del Pacto Eléctrico que se discute hace dos años.
El CONEP lo fundamenta en racionalizar el gasto público, la Ley de Responsabilidad Fiscal, y reorientación del sistema tributario para la promoción de la producción y la exportación.
Rafael Blanco Canto, presidente del CONEP, dijo a HOY esta semana que realizan esfuerzos por unificar posiciones del sector empresarial, como hicieron para el Pacto Eléctrico, pero al mismo tiempo expresó temor de que los empresarios “busquen su acomodo de manera particular”, por lo que llamó al consenso para evitar que el Gobierno imponga otra reforma o simple parche tributario.
La fortaleza Institucional. Bien concretos y abarcadores han sido los dirigentes de la Asociación de Industrias, al reclamar límite a los déficits fiscales y desactivación de la “bomba del endeudamiento”, reconociendo la necesidad de reducir la evasión fiscal. Su presidente, Campos de Moya, ha señalado iniciativas para el desarrollo institucional y la competitividad, incluyendo la transparencia y cumplimiento de compromisos constitucionales fundamentales para la institucionalidad democrática de la nación, recordando que en agosto hay que renovar la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas.
Al respecto, el 9 de junio Campos de Moya precisó cinco iniciativas: leyes de Partidos y Electoral que iguale el terreno para todos; una Ley Tributaria y Fiscal que rompa las distorsiones que ponen a unos a pagar más y a otros menos, que incluya el control del gasto público y definición del tamaño del Estado; Ley de Pleno Empleo que ayude a regularizar a los informales y garantice seguridad social y pensiones para todos; la despolitización de los órganos estatales, incluyendo la judicatura y la Policía; y prioridades en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Economistas como Alfonso Abreu, Germania Montás, Nelson Suárez y Ernesto Selman, coincidieron esta semana en HOY en defender el Pacto Fiscal, que eleve equitativamente las contribuciones, pero con control del gasto, eliminación de los déficits y limitación del endeudamiento, que ya ronda 24 mil millones de dólares en el Gobierno central, más unos 11 mil millones de dólares del Banco Central, 8 veces la del año 2000.
Concierto político-social. Ningún Gobierno cede parte de su poder a menos que se vea obligado, y menos cuando lo acaba de multiplicar como ocurrió en las elecciones de mayo pasado. El partido gobernante ha demostrado gran capacidad para imponerse hasta por encima de su propio ordenamiento constitucional y legal, o evadiendo las legislaciones fundamentales para la institucionalidad democrática.
Eso incluye múltiples planteamientos constitucionales y casi una veintena de leyes aprobadas en el período 2000-12 para el control financiero y la transparencia de la gestión pública.
Solo una fuerte concertación social, como la que se orquestó para hacer cumplir la ley que destina el 4 por ciento del PIB a la educación, para sancionar los fraudes bancarios, y en los noventa para mejorar el sistema electoral y la justicia, podría lograr una reforma fiscal que contenga el despilfarro, la malversación y la corrupción pública y que ponga límites al uso clientelar del presupuesto, con el cumplimiento de las normativas.
Los senadores acaban de apropiarse el 10 por ciento del presupuesto del Congreso para aumentar la cobertura de su propio y privilegiado plan de pensiones.
La oposición política está también desafiada a reclamar el valor del 38 por ciento de la votación que obtuvo contra todo el Estado en mayo pasado, condicionando el reconocimiento de la legitimidad del Gobierno a que se abstenga al Estado social y democrático de derecho, con las urgentes reformas políticas, institucionales y fiscales, y que proscriba el partidarismo en los organismos estatales.
El Partido Revolucionario Moderno debe reactualizar su planteamiento de la campaña electoral de revisión de unas 7 mil cuentas estatales para ahorrar hasta 70 mil millones de pesos anuales.
Análisis Noticiosos
Un nuevo atlas expande el debate de la justicia climática y social en la Amazonia brasileña
São Paulo.-A menos de cinco meses de la Cumbre de Cambio Climático de Naciones Unidas (COP30), el aumento del crimen organizado y la destrucción ambiental corroe el frágil ecosistema de la Amazonia brasileña. La degradación forestal en esta densa región del país sudamericano ha llegado, en lo que va de año, a los 33.807 kilómetros cuadrados, un aumento del 482% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando el área degradada fue de 5.805 kilómetros cuadrados, según indican los datos del sistema de alerta de deforestación de la ONG Imazon. Esto ocurre a pesar de la caída de la deforestación en todos los biomas del país.
En este contexto, explicar la frenética realidad que compone a una región tan diversa se vuelve esencial. Y eso es lo que ha intentado hacer la Fundación Heinrich Böll, que reunió a 58 autoras y autores amazónicos de diferentes perfiles y vivencias para producir el recién publicado Atlas de la Amazonia Brasileña. Se trata de una compilación inédita de 32 artículos que buscan desmoronar arquetipos sobre esta parte de la mayor selva tropical del planeta, que aborda los desafíos, saberes y las oportunidades que encapsula.
“Existen muchos estereotipos y prejuicios formados sobre esta región, y por eso mismo el Atlas es un material riquísimo y valioso”, dice Angela Mendes, destacada ambientalista brasileña. “La Amazonia es un bioma de gran extensión y complejidad, además de tener una gigantesca importancia ecosistémica, pero las amenazas, las violencias y la degradación de sus ecosistemas son proporcionales a su grandeza”.
Para Mendes, más que un registro, se trata de una poderosa herramienta para los movimientos sociales en un año de gran importancia para el liderazgo ambiental de Brasil. “El Atlas puede ser una excelente y fidedigna fuente para la implementación o consolidación de políticas públicas para esta región que tiene los peores IDH (índices de desarrollo humano) del país”, afirma.
Aunque el 75% de la población de la Amazonia brasileña es urbana, la mirada de comunidades que la componen es profundamente diversa y su relación con la naturaleza está especialmente conectada con la conservación de la misma.
El protagonismo del debate, sin embargo, se centra desde hace décadas lejos de quienes vive en la región. Para Aiala Colares Couto, geógrafo e investigador de la Universidad de Pará, que también hizo parte de la coordinación del proyecto, el Atlas busca cambiar este foco, poniendo el debate en las manos de quienes piensan la región, garantizando “que sus voces fueran escuchadas a partir de sus experiencias en la defensa de la región o como observadores de los desafíos que enfrenta la Amazonia”.
El proyecto aborda una amplia gama de materias, como los conflictos por la tierra, la necesidad de regulación territorial, cuestiones ambientales, violencia en la región y crimen organizado. Son, dice Couto, “temas centrales para pensar en alternativas económicas basadas en modelos de desarrollo sostenible”. Además, “presenta discusiones sobre agroecología, saberes ancestrales y la importancia de los conocimientos indígenas y quilombolas en la preservación del bosque y la biodiversidad”. El experto considera que el Atlas es “una especie de manual que describe los enfrentamientos cotidianos de las poblaciones locales, pero también señala caminos para la construcción de un modelo justo, equilibrado y sostenible”.
Para la Fundación Heinrich Böll, uno de los datos más preocupantes en los últimos años fue el récord de deforestación entre 2019 y 2022, durante el Gobierno del expresidente Jair Bolsonaro. También señalan el crecimiento del 90% de la minería ilegal en áreas protegidas y tierras indígenas, y el aumento del 1.020% del número de personas con registro de armas en la Amazonia Occidental.
La crisis climática, la lucha de las comunidades y la violencia contra ambientalistas son otras preocupaciones constantes para los autores, que incluyen a 19 indígenas, cinco quilombolas y dos ribereños. El Atlas también tiene artículos que muestran, según Couto, modelos exitosos basados en la agroecología, el trabajo colectivo, la preservación de la biodiversidad y el respeto a la naturaleza.
La representación de personas de comunidades que tradicionalmente han sido apartadas del debate sobre sus propias vidas en la Amazonia tendrá un gran peso en la COP30, que se celebrará en Belém de Pará, mientras Brasil busca protagonismo climático en un complejo contexto.
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Análisis Noticiosos
América Latina frente a la inteligencia artificial: ¿motor de productividad o generadora de desigualdad?
Las nuevas tecnologías prometen aumentar la productividad y transformar millones de empleos en América Latina, pero la región aún enfrenta barreras estructurales. Un reciente informe del Banco Mundial para la región advierte: el impacto ya es real, y el costo de no actuar podría ser alto
Contento pero escéptico. Así se siente Alfredo Sasso, empresario del sector inmobiliario en Costa Rica, ante el avance de las herramientas de inteligencia artificial generativa en el día a día de su inmobiliaria, ubicada en la ciudad de San José. “Este es un negocio muy difícil de automatizar”, precisa ante la consulta, y enfatiza en la importancia que el cliente le da a la atención personal y humana de quien le asiste en la operación. “Eso no lo puede reemplazar ninguna máquina”, sentencia.
Estas dudas contrastan con la adopción de la inteligencia artificial generativa (GenAI), como ChatGPT, Copilot o Gemini, entre muchas otras plataformas que se extienden con rapidez en el continente. Un reciente informe del Banco Mundial y la Organización Internacional del Trabajo destaca que hasta un 14% de los empleos podrían volverse más productivos cambiando las reglas de juego para miles de empresas, como la de Alfredo. De hecho, Costa Rica, junto con República Dominicana, México y Colombia, se posiciona como uno de los países de la región con mayores oportunidades económicas al introducir estas tecnologías.
Sasso equilibra su incredulidad inicial con algunas ayudas que ya utiliza para promocionar su negocio: “Tareas como las descripciones de los hogares antes demoraban 15 minutos y ahora lo hago en segundos”. Para él, el ahorro de tiempo es “considerable”, aunque enfatiza en la necesidad del control y la revisión humana para cualquier material generado por la IA.
Pawel Gmyrek, Hernan Winkler y Santiago Garganta, los tres autores del estudio, señalan que los trabajadores asalariados y autónomos —como peluqueros, vendedores, arquitectos y también agentes inmobiliarios— son algunos de los que tienen más probabilidades de beneficiarse del impacto de la GenAI.
La transformación de las actividades, como las que menciona Sasso, se enfrenta con desafíos persistentes que desde hace tiempo lastran el crecimiento económico de América Latina y el Caribe. Por ejemplo, los autores señalan que hasta la mitad de los trabajos que podrían ser más productivos gracias a la GenAI —alrededor de 17 millones de empleos— se ven obstaculizados por brechas en el acceso digital y la infraestructura. Esto significa que millones de personas podrían quedar fuera de los beneficios de esta revolución tecnológica, no por falta de capacidad, sino por falta de infraestructura básica.
“El impacto final de estas herramientas dependerá de múltiples variables difíciles de pronosticar, como por ejemplo el ritmo de adopción de la IA y el desarrollo de habilidades complementarias a esta tecnología”, precisa Hernan Winkler, economista sénior del Banco Mundial y uno de los expertos a cargo del reporte. Este especialista insiste en la relación directa entre la solidez del mercado laboral y el combate contra la pobreza y la reducción de la desigualdad, pese a lo prematuro de los debates.
América Latina, claramente, no está sola frente a este avance tecnológico. Las herramientas digitales como GenAI son cruciales para generar nuevas oportunidades económicas y mejorar servicios como la educación y la salud en todo el mundo. Su avance a un ritmo nunca antes visto hace que el costo de no actuar crezca cada día. Para la región, esta puede ser una llave que desbloquee todo su potencial tras décadas de bajo crecimiento económico.
¿Delegar o automatizar?
Aunque la inteligencia artificial podría ser una vía crucial para aumentar la productividad en los mercados emergentes, también podría agravar las brechas existentes entre los trabajadores. Pese a la progresiva acumulación de capital humano, las economías locales no han logrado avanzar en materia de productividad, quedando rezagadas frente a otras regiones.
Entre el 26 % y el 38 % de los empleos en América Latina y el Caribe podría verse expuesto a la GenAI, señala el informe, lo que pone más presión al mercado laboral. En particular, entre el 2 % al 5 % de los trabajos corren el riesgo de ser automatizados por completo. Los servicios de banca, finanzas y seguros, seguidos por la administración pública, son algunos de los sectores con mayor exposición a la automatización.
No se trata solo de simulaciones teóricas, sino que son procesos que ya están impactando en las firmas de la región. Lo sabe bien Darío Romero Vázquez, un joven ingeniero mexicano: “Ciertas tareas se han vuelto más fáciles: ya no tienes que buscar cómo hacer ciertas tareas, sino que la tecnología las realiza por sí sola”. Esto da lugar, asegura, a que los empleados se enfoquen más en cuestiones de estrategia y de negocios. “Esto no significa que vas a trabajar menos, sino que se triplica la carga en el día a día con cada vez más tareas”, afirma.
Este tipo de beneficios está limitado a ciertos sectores: solo entre el 7% y el 14% de los trabajadores de la región pueden beneficiarse del uso de la GenAI delegando tareas en esta tecnología.
Para Romero Vázquez, que trabaja desde hace tres años en instituciones financieras de primer nivel, el uso de estas tecnologías tendrá sin dudas un impacto en el mercado laboral. “Las empresas de tecnología grandes ya están recortando su plantilla a la espera de recibir beneficios del uso de la GenIA”, subraya. Las consecuencias de los nuevos estándares lo sufrirán más quienes menos experiencia tienen: “Los requisitos para un puesto junior (con menor experiencia) han aumentado: ahora se espera que sepas más antes de incorporarte”, comenta este ingeniero. Esta posibilidad puede amenazar la caída del desempleo juvenil, que se ha reducido en un 5% desde 2016 en la región.
Además, la automatización puede agigantar más las desigualdades de género. Si bien las mujeres latinoamericanas se adjudicaron el 54% de los nuevos trabajos creados en los últimos nueve años, las diferencias de sueldos se mantienen y, en promedio, ellas ganan un 22 % menos que sus contrapartes masculinas.
“Una proporción significativa de los empleos en riesgo de ser reemplazados por la IA corresponde a trabajos administrativos: precisamente uno de los sectores que impulsó el avance de las mujeres en el mercado laboral durante las últimas décadas, pero que ahora enfrenta una grave amenaza de automatización”, agrega Winkler.
La inteligencia artificial no es un destino inevitable, sino una herramienta que puede ampliar o reducir desigualdades. En América Latina, el desafío no es solo tecnológico, sino profundamente humano: decidir para qué, para quién y cómo se usa esta transformación. ¿Cómo prepararse, entonces? La receta no es nueva, y las mismas herramientas de GenAI responden con claridad: se necesita de una apuesta por la educación, el desarrollo económico y una red de protección social que acompañe la transformación.
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Análisis Noticiosos
Ultraderecha aspira a ganar las siete elecciones presidenciales en Latinoamérica
Por Efe
Este año y el próximo buscarán entrar en los palacios presidenciales de Bolivia, Honduras Chile, Costa Rica, Colombia, Perú y Brasil con planes de gobierno que repudien a la «derecha blanda», a la que acusan de pretener «gestionar lo que la izquierda construyó», evitar el conflicto y no ofrecer resistencia.
Los miembros del Foro Madrid, una alianza internacional de partidos, líderes y organizaciones conservadoras y de derecha y ultraderecha de España e Iberoamérica, manifestaron hoy que su objetivo es ganar las siete elecciones generales previstas en la región para este año y el que viene, según proclamaron en la clausura del encuentro celebrado ayer y hoy en Asunción.
Los participantes en el IV Encuentro Regional del Foro Madrid, que fue ianugurado este jueves por el presidente paraguayo, Santiago Peña, aseguraron que las opciones conservadoras y ultraconservadoras tienen una gran oportunidad de ganar las elecciones que tendrán lugar de aquí a finales de 2026.
«Por primera vez en muchas décadas existe una posibilidad real de abrir una nueva era de libertad y prosperidad con la derrota del socialismo en la región y en todo Occidente», dijo la coordinadora de proyectos de Foro Madrid, Edmaly Maucó, al leer la declaración aprobada al final de la cita celebrada este jueves y viernes en Asunción.
Este año habrá elecciones generales en agosto en Bolivia, y en Honduras y Chile en noviembre, mientras que en 2026 se celebrarán comicios en Costa Rica, Colombia, Perú y Brasil.
Según la declaración final del encuentro, los países de la región han sufrido «en carne propia los estragos» de gobiernos de izquierda, y «han comprendido que el socialismo corrompe las sociedades, destruye la economía, arrasa con las libertades».
«Desde Asunción enviamos a toda la región y al mundo un mensaje de optimismo y esperanza: el triunfo de las libertades, la democracia y el Estado de derecho en Iberoamérica es posible y está al alcance de todos nuestros pueblos», señala el texto.
Santiago Abascal y el presidente de Paraguay
El Foro Madrid es promovido por la Fundación Disenso, el laboratorio de ideas del partido español de ultraderecha Vox, cuyo líder, Santiago Abascal, participó ayer jueves en la inauguración de la reunión, junto con el presidente de Paraguay, Santiago Peña.
El director de Foro Madrid, Eduardo Cader, afirmó este viernes que las fuerzas de derecha pueden volver al poder a menos que, según él, «la izquierda recurra al fraude» o las inhabilitaciones de las candidaturas adversarias.
«Cada elección será una batalla, y cada victoria requerirá coraje, estrategia y, sobre todo, unidad», enfatizó.
Cader cargó contra la que llamó «derecha blanda», a la que atribuyó la pretensión de «gestionar lo que la izquierda construyó», evitar el conflicto y no ofrecer resistencia.