Análisis Noticiosos
Un Pacto Político Social para un real Pacto Fiscal
Por Juan Bolívar Díaz
La experiencia del 2012 cuando este Gobierno impuso una simple reforma tributaria, en vez del Pacto Fiscal a que se comprometió en principio, debería ser suficiente para que los sectores empresariales, sociales y políticos comprendieran la necesidad de una firme compactación que equilibre el poder absoluto y rescate la institucionalidad democrática.
El liderazgo del empresariado organizado, economistas e importantes sectores sociales han planteado con mucha claridad los alcances del Pacto Fiscal que se impone, pero hay dudas de que comprendan que solo pueden salir adelante con un gran concierto que implique las energías que en años pasados impulsaron importantes avances institucionales.
Correctivos ineludibles
El Gobierno, el empresariado, las élites sociales, los economistas y el liderazgo social saben que, como han advertido organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, la economía nacional va por el camino de la insostenibilidad, que se aproxima al límite de los déficits fiscales cubiertos con enorme endeudamiento y que hay que corregir el rumbo en búsqueda de un crecimiento más sano y un equilibro social que garantice productividad, fortalecimiento institucional y seguridad general.
Todos saben también que una vez más el interés electoral disparó el déficit fiscal, proyectándose que superará los 75 mil millones de pesos presupuestados para el año, tanto que el empresarial Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles lo estima al doble, unos 150 mil millones de pesos, que obligaría a buscar financiamiento adicional de por lo menos 1,500 millones de dólares.
El apremio llevó al ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, a pedir concentración en el pregonado Pacto Fiscal, y a la directora de Proindustria, Alexandra Izquierdo, a sugerir una reforma tributaria “transitoria”, consciente de que para que sea fiscal integral se requerirá mucho tiempo de transacciones.
Con un ingreso fiscal que quedará en unos 15 mil millones de pesos menos de lo presupuestado, el Gobierno está urgido de una reforma que le permita elaborar un presupuesto realista para el 2017, afrontando problemas de financiamiento para proyectos fundamentales como las plantas de carbón, en las que desde hace cuatro años cifra sus expectativas de afrontar la crisis energética, y de recursos para emprender programas integrales que mitiguen la abrumadora inseguridad ciudadana.
Reclamado Pacto Fiscal. Como ahora hace cuatro años, al inicio de este Gobierno se expresaba un consenso sobre la necesidad del Pacto Fiscal, pero ante las primeras dificultades y también apremiado por un enorme déficit, el Gobierno optó por el camino tradicional, con la complicidad del liderazgo empresarial, marginando a los sectores sociales representados en el Consejo Económico y Social e ignorando a la oposición política que acababa de obtener 49 por ciento de los votos.
Las principales organizaciones empresariales, encabezadas por el Consejo Nacional de la Empresa Privada, la Asociación de Industrias, Asociación de Industriales de Herrera, la de Jóvenes Empresarios y múltiples sectoriales y regionales, han reformulado sus reclamos del Pacto Fiscal en términos contundentes, rechazando la prisa e incluso condicionándolo a la previa aprobación del Pacto Eléctrico que se discute hace dos años.
El CONEP lo fundamenta en racionalizar el gasto público, la Ley de Responsabilidad Fiscal, y reorientación del sistema tributario para la promoción de la producción y la exportación.
Rafael Blanco Canto, presidente del CONEP, dijo a HOY esta semana que realizan esfuerzos por unificar posiciones del sector empresarial, como hicieron para el Pacto Eléctrico, pero al mismo tiempo expresó temor de que los empresarios “busquen su acomodo de manera particular”, por lo que llamó al consenso para evitar que el Gobierno imponga otra reforma o simple parche tributario.
La fortaleza Institucional. Bien concretos y abarcadores han sido los dirigentes de la Asociación de Industrias, al reclamar límite a los déficits fiscales y desactivación de la “bomba del endeudamiento”, reconociendo la necesidad de reducir la evasión fiscal. Su presidente, Campos de Moya, ha señalado iniciativas para el desarrollo institucional y la competitividad, incluyendo la transparencia y cumplimiento de compromisos constitucionales fundamentales para la institucionalidad democrática de la nación, recordando que en agosto hay que renovar la Junta Central Electoral, el Tribunal Superior Electoral y la Cámara de Cuentas.
Al respecto, el 9 de junio Campos de Moya precisó cinco iniciativas: leyes de Partidos y Electoral que iguale el terreno para todos; una Ley Tributaria y Fiscal que rompa las distorsiones que ponen a unos a pagar más y a otros menos, que incluya el control del gasto público y definición del tamaño del Estado; Ley de Pleno Empleo que ayude a regularizar a los informales y garantice seguridad social y pensiones para todos; la despolitización de los órganos estatales, incluyendo la judicatura y la Policía; y prioridades en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo.
Economistas como Alfonso Abreu, Germania Montás, Nelson Suárez y Ernesto Selman, coincidieron esta semana en HOY en defender el Pacto Fiscal, que eleve equitativamente las contribuciones, pero con control del gasto, eliminación de los déficits y limitación del endeudamiento, que ya ronda 24 mil millones de dólares en el Gobierno central, más unos 11 mil millones de dólares del Banco Central, 8 veces la del año 2000.
Concierto político-social. Ningún Gobierno cede parte de su poder a menos que se vea obligado, y menos cuando lo acaba de multiplicar como ocurrió en las elecciones de mayo pasado. El partido gobernante ha demostrado gran capacidad para imponerse hasta por encima de su propio ordenamiento constitucional y legal, o evadiendo las legislaciones fundamentales para la institucionalidad democrática.
Eso incluye múltiples planteamientos constitucionales y casi una veintena de leyes aprobadas en el período 2000-12 para el control financiero y la transparencia de la gestión pública.
Solo una fuerte concertación social, como la que se orquestó para hacer cumplir la ley que destina el 4 por ciento del PIB a la educación, para sancionar los fraudes bancarios, y en los noventa para mejorar el sistema electoral y la justicia, podría lograr una reforma fiscal que contenga el despilfarro, la malversación y la corrupción pública y que ponga límites al uso clientelar del presupuesto, con el cumplimiento de las normativas.
Los senadores acaban de apropiarse el 10 por ciento del presupuesto del Congreso para aumentar la cobertura de su propio y privilegiado plan de pensiones.
La oposición política está también desafiada a reclamar el valor del 38 por ciento de la votación que obtuvo contra todo el Estado en mayo pasado, condicionando el reconocimiento de la legitimidad del Gobierno a que se abstenga al Estado social y democrático de derecho, con las urgentes reformas políticas, institucionales y fiscales, y que proscriba el partidarismo en los organismos estatales.
El Partido Revolucionario Moderno debe reactualizar su planteamiento de la campaña electoral de revisión de unas 7 mil cuentas estatales para ahorrar hasta 70 mil millones de pesos anuales.
Por José Cabral
Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.
Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.
Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.
Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.
Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.
El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.
De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.
En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.
El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la satisfacción de necesidades sociales, que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.
Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.
Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.
Por José Cabral
Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.
Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.
No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.
El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.
Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.
El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.
No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.
El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.
Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.
En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.
¡Qué desastre!.
Por José Cabral
Estuvo profundamente convencido de que el presidente Luis Abinader observaría la Ley 13-26 que persigue anular una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.
Sin embargo, me equivoqué porque Abinader escogió la vía de la promulgación de lo que muy bien se puede calificar como un adefesio jurídico.
Pero hay otro elemento que me provoca muchas dudas y me refiero a cuál ha sido el papel jugado en este caso por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y quien ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.
La pregunta surge porque después de la promulgación sigue la publicación en la gaceta oficial de la nueva ley que pone en tela de juicio todo el sistema legal e institucional del país y precisamente ese último paso recae sobre Subero Isa.
Entonces, se impone preguntarse que si independientemente de que Subero Isa no haya compartido la sentencia TC/0788/24 y que incluso se oponga a las candidaturas independientes, tiene acaso otra opción que no sea respetar la jurisprudencia sentada en esta materia por la alta corte, sobre todo por tratarse de un jurisconsulto que nadie pone en tela de juicio su gran formación jurídica.
Considero que Subero Isa si por alguna razón tiene que cumplir con la decisión tomada por Abinader, la cual parece ser parte de un plan del PRM, entonces lo menos que puede ocurrir es que presente su renuncia de la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Cualquier decisión que no se corresponda con respetar lo que ha sido su trayectoria como hombre de ley, coloca a Subero Isa en una contradicción que impacta muy negativamente el respeto que se ha ganado en el entorno de la justicia dominicana.
Subero Isa es uno de los mejores presidentes de la Suprema Corte de Justicia que ha tenido el país, pero no luce como razonable que juegue algún papel para atacar una jurisprudencia que cumple con todos los requerimientos del derecho constitucional moderno o del neo-constitucionalismo.
Todavía me asalta la duda si Subero Isa se ha sumado a un plan que en todo caso debe ser político para poner en cuestionamiento el proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, cuyos fines es preservar y promover los derechos fundamentales.
La verdad que me gustaría saber a ciencia cierta cuál es la posición de Subero Isa frente a la torpeza cometida por Luis Abinader, sin que haya una razón lógica que la explique.