Editorial
Un País Bendecido por el Todo Poderoso
La República Dominicana está amenazada desde hace muchos años de ser devastada por un fenómeno natural, principalmente por terremotos, por ser tierras altamente sísmicas, pero que parece como si la propia naturaleza haya cambiado la ocurrencia cíclica de los sismos.
Un terremoto por encima de los siete grados sería definitivamente mortal para la República Dominicana, pero lo que muchos atribuyen a una bendición del todo poderoso, ha evitado semejante tragedia, porque se sabe de más que por sus niveles de improvisación las consecuencias serían catastróficas.
Sin embargo, la ubicación del país en una zona azotada por una temporada de huracanes muy activa como la actual, agrega otra amenaza muy peligrosa para la República Dominicana, pero la suerte o la bendición divina parece que también en cierto modo nos libera de los daños pronosticados.
Los especialistas coinciden en que Irma se ha condolido de los dominicanos, sobre todo de los más pobres que son los más vulnerables, porque tienen casitas de yaguas, zinc y cartón, además de que no tienen qué comer en cualquier época del año, no importa que seamos o no impactados por este fenómeno de la naturaleza.
De acuerdo a los informes, Irma ha disminuido su intensidad a su llegada al entorno de la República Dominicana y pese a que sus vientos siempre serán una amenaza para la gran mayoría de la gente, sus ráfagas no son tan intensas como cuando azotó a San Martín, Puerto Rico y Barbuda, donde arrasó y convirtió por lo menos ésta última en tierra de nadie.
Las lluvias y los vientos de Irma todavía no han llegado a la República Dominicana con toda su fortaleza, ya que eso será a partir de las tres de la tarde de este jueves, pero se observa que el país no será impactado con tanto fuerza como se esperaba y se advirtió.
De ser así, podríamos proclamar que somos un país protegido por el Todopoderoso, pese a que los dominicanos no hemos tenido la misma suerte con los huracanes políticos que se lo han llevado prácticamente todo a su paso por el escenario nacional.
Podemos asegurar que los daños causados por huracanes como David nunca fueron tantos y tan cuantiosos como los provocados por los fenómenos de la corrupción y la impunidad, cuyos encargados de combatir estos flagelos los promueven de una forma descarada y sin vergüenza.
El último capítulo de corrupción e impunidad es el caso de los Súper Tucanos, en el cual el Ministerio Público, cuya responsabilidad consiste en perseguir el crimen y el delito, termina en una especie de complicidad que daña a todos y cada uno de los dominicanos.
Esa política del Ministerio Público, sin lugar a dudas, ha impactado más negativamente que todos los huracanes que han causado muchos daños en el país, porque han promovido más pobreza e injusticias sociales que cualquier otro fenómeno.
Y ni que hablar de los desplazados, porque son varios millones la cantidad de criollos que ha tenido que largarse del país por los fenómenos de la corrupción y la impunidad, cuyas consecuencias se llevan de paro la igualdad de oportunidades, el bien común y la convivencia nacional.
Gracias al Todopoderoso por protegernos de los fenómenos naturales, lo cual ojalá se haga extensivo hacia los huracanes políticos que azotan al país y en consecuencia a toda nuestra gente desde hace décadas, por no decir siglos.
Aunque el título de este editorial no busca sobreponer los huracanes a otro fenómeno natural como son los terremotos, pero el mismo sólo persigue darle la trascendencia que tiene el problema de la falta de prevención que caracteriza al país.
Sin lugar a dudas que lo ocurrido en Venezuela debe servir de voz de alarma para el país, máxime que los terremotos están asociados a una falla tectónica que también abarca a la República Dominicana.
La cuestión es que cada vez que hay un evento de esta naturaleza resurgen las advertencias sobre el peligro que amenaza a la República Dominicana, cuya deficiencia es parte de un todo que no hay forma de superar por razones profundamente culturales.
Pero es que en esta materia como en ninguna otra el país no ha desarrollado políticas públicas dirigidas a construir una cultura de prevención que por lo menos evite que cualquier tragedia como resultado de un fenómeno natural como los terremotos se pueda llevar de paro medio país.
Hace décadas que se repiten las mismas advertencias y alertas e incluso se han creado leyes para disminuir el impacto de un terremoto de alta potencia como el de más de siete grados ocurrido en Venezuela, pero las mismas, como prácticamente todas las del sistema jurídico nacional, son letra muerta.
De manera, que con el discurrir de los años las construcciones a troche y moche han seguido su curso como si ese comportamiento no tuviera ninguna importancia y sólo se esperan los daños como resultado de un terremoto de alta magnitud como se espera en algún momento en el territorio nacional.
Un buen ejemplo del descuido o negligencia de las autoridades edilicias y del gobierno central son las torres construidos en urbanizaciones como “La Trinitaria de Santiago”, pese a que ya los expertos han advertido de que las mismas se levantan sin tomar en cuenta en su diseño el tipo de suelo que hay en la zona.
Ya ha habido hechos que deben servir de escarmiento a las autoridades para que pare la imprudencia de construir sin miramiento, como fue el desplome de la construcción de un hotel en la calle Del Sol de Santiago por la misma causa del tipo de suelo, pero lo ocurrido sirvió de poco.
El problema está nuevamente sobre el tapete por la gran tragedia que se ha producido en Venezuela, pero la preocupación durará muy poco tiempo, ya que al cabo de los días ya se retorna a la normalidad acostumbrada y se olvidan las construcciones que amenazan la vida de mucha gente por tratarse de una imprudencia que no valora la advertencia de los expertos en la materia.
Sólo falta que la verdad, que ojalá Dios no quiera que así sea, le dé en la cara muy duro a las autoridades nacionales que no hacen el menor esfuerzo para evitarle un gran dolor de cabeza a la sociedad dominicana.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso porque el que tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica o que no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora y que deja en una situación difícil la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también que atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.
La no ejecución de las leyes y la violación de las mismas son, sin lugar a dudas, el principal perfil de un Estado no viable, como ocurre en los países del tercer mundo, incluida la República Dominicana.
En el país se activa la acción del Estado después de ocurrida la tragedia, tanto a nivel público como privado, cuyos buenos ejemplos al respecto son la tragedia del Jet Set y los feminicidios, entre otros delitos y crimines que no tienen un régimen de consecuencia.
Todo como resultado de una cultura que tiene una explicación histórica que ha sido concretada con la expresión popular de que el dominicano le ponga candidato a la casa después que le roban.
Por esta razón el fenómeno se repite permanentemente sin que se produzca la capacidad y la fuerza institucional de ponerle coto a la impunidad que abraza a toda la sociedad dominicana.
El asunto se complica porque quien debe velar por la aplicación de la ley es el primero que la viola, es decir, que el Estado en vez de promover el valor del cumplimiento del orden legal es el primero que no lo respeta.
Esta realidad no es exclusiva para la aplicación de las leyes adjetivas, las llamadas organicas y ordinarias, sino que tampoco se respeta la Constitución de la República, la cual es violada regularmente hasta por propio presidente de la República.
De manera, que se trata de una cultura, de un problema integral que erosiona la credibilidad de la democracia, lo que la lleva a perder su legitimidad, cuyos funcionarios electos carecen del nivel de aprobación que valida el sistema.
Por esta razón no hay nada que funcione, porque todo el que va al poder piensa que llegó ahí para toda la vida y se preocupa muy poco porque las leyes se ejecutan como mandan sus textos.
La cuestión es que el partido del sistema que llega al poder se incorpora a una cadena de complicidad que necesariamente tiene que fortalecer para evitar su enjuiciamiento por la comisión de graves violaciones a la ley, lo cual involucra a los tres poderes del Estado, como ocurre en la actualidad.
Ahí está la razón de que en las encuestas de medición electoral esté prácticamente empatado el ninguno en aceptación popular con el partido oficial, lo que está explicada en que en el país prevalece a nivel político el clientelismo y el que tiene el control del Estado puede manejar los recursos públicos para promover ese antivalor que daña tanto a la democracia, lo cual, naturalmente, es transitorio y circunstancial.
La impunidad es lo que provoca que la autoridad no tenga mucho interés en la ejecución de la ley, lo que estimula fenómenos como los feminicidios y la relación sentimental entre hombres mayores y mujeres adolescentes o niñas menores de 16 años, cuyo impacto social es demoledor para cualquier sociedad que busque su desarrollo humano.