Opinión
Un País en Tinieblas
Por Isaías Ramos
El país se encuentra nuevamente al borde de un abismo que amenaza no solo con oscurecer nuestras calles, sino con apagar la esperanza de un pueblo que lucha por un futuro mejor. Desde octubre de 2024, el sistema eléctrico nacional ha entrado en un estado de colapso programado, reviviendo los fantasmas de tragedias pasadas como las de 1984 y 2002. Apagones de hasta 16 horas diarias no solo paralizan nuestra vida cotidiana, sino que exponen la desgarradora realidad de un modelo energético corrupto, negligente y diseñado para el lucro de unos pocos a costa de la dignidad de muchos.
Mientras la paciencia de los ciudadanos se agota, el gobierno, incapaz de asumir su responsabilidad, recurre a la excusa de que 800 mil usuarios son «ilegales». Pero esta narrativa no solo es ofensiva, sino que oculta el verdadero problema: estamos atrapados en un sistema diseñado para el saqueo y la explotación, un sistema donde la energía, un derecho humano fundamental, se ha convertido en un negocio para las élites.
Esta crisis no es casualidad ni un accidente. Es el resultado de décadas de decisiones políticas equivocadas que comenzaron con la Ley de Capitalización 141-97. Bajo la promesa de «eficiencia» y «estabilidad», el Estado entregó el sistema eléctrico a manos privadas, prometiendo tarifas justas y un servicio estable. Sin embargo, lo que ocurrió fue el despojo del patrimonio nacional.
Desde entonces, más de 30 mil millones de dólares en “subsidios” han sido transferidos a estas empresas eléctricas, una cifra que hoy pesa como una carga insoportable sobre el endeudamiento nacional. Con esos recursos, podríamos haber instalado 20 mil megavatios de energía solar o 15 mil de energía eólica, garantizando nuestra soberanía energética y dejando atrás este modelo obsoleto. En cambio, seguimos pagando tarifas abusivas, soportando apagones interminables y viendo cómo las ganancias de unos pocos crecen mientras el pueblo vive en la penumbra.
La privatización no solo nos arrebató el control de nuestra energía; nos convirtió en rehenes de un sistema donde la dignidad del pueblo es la moneda más barata.
En lugar de asumir su responsabilidad, el gobierno ha optado por criminalizar al pueblo. Etiquetar a miles de familias como «ladrones» de energía no solo es una muestra de desprecio, sino también una estrategia que intenta desviar la atención de la verdadera raíz del problema.
El pueblo dominicano no es ladrón. Es víctima de un sistema roto y de un liderazgo incapaz de garantizar soluciones reales. Si existen usuarios irregulares, el Estado tiene la obligación de regularizarlos con dignidad y justicia. Ir casa por casa, instalar contadores y garantizar un servicio digno y accesible. Pero lo que vemos es lo contrario: un castigo colectivo que penaliza incluso a quienes cumplen con sus obligaciones.
No podemos ignorar los paralelismos con eventos pasados. En 1984, las decisiones erradas llevaron a un estallido social que dejó más de 100 muertos. En septiembre del 2002, el descontento popular derivó en protestas masivas con resultados de más de una docena de muertos y cientos de heridos que sacudieron al país.
Hoy, la situación es alarmantemente similar. La indignación popular crece, las protestas aumentan y la frustración se siente en cada rincón del país. Las voces de los ciudadanos se alzan en un grito colectivo, exigiendo justicia y soluciones reales. Estas no son señales que se deban ignorar. Hacerlo sería abrir la puerta a un nuevo estallido social que podría superar las tragedias del pasado.
En pleno siglo XXI, la energía no es un lujo ni un privilegio. Es un derecho humano fundamental. Así lo reconoce la ONU en su Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 7, que establece: «Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para todos».
Nuestra nación no puede seguir siendo esclava de un modelo que prioriza el lucro sobre las personas. Es momento de recuperar lo que nunca debimos perder: el control de nuestra energía y el compromiso con el bienestar colectivo.
Debemos construir un sistema energético basado en la sostenibilidad, accesible para todos y gestionado con justicia. Pero esta transición debe ir acompañada de un enfoque que respete la dignidad del pueblo.
El futuro de nuestro país está en juego. Cada día que pasa sin soluciones es un paso más hacia el colapso, pero también cada acción, por pequeña que sea, puede encender una luz. Una luz que nos guíe hacia un futuro donde la energía sea un derecho garantizado, no una mercancía para el lucro.
Desde el Frente Cívico y Social (FCS), estamos convencidos de que el país necesita un liderazgo renovado, uno que priorice al pueblo sobre los intereses privados, que construya un sistema energético digno y que transforme la crisis en oportunidad.
La pregunta es clara: ¿Seguiremos siendo esclavos de las tinieblas o nos levantaremos para construir el país que merecemos?
¡Despierta, RD!
Por Rommel Santos Díaz
El 24 de octubre de 1945 entró en vigor la Carta de Naciones Unidas, con lo que se estableció un sistema de seguridad colectiva. El párrafo 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas prohíbe ´´recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones unidas´´
.
La Carta de las Naciones Unidas permite el uso de la fuerza solamente con el propósito de legítima defensa individual o colectiva con la autorización del Consejo de Seguridad.
Sin embargo, la Carta de las Naciones Unidas insta al Consejo de Seguridad a responder a las amenazas a la paz, los quebrantamientos de la paz o actos de agresión. No obstante, no define al concepto de agresión ni la responsabilidad penal individual en los casos de agresión.
Las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial llevaron a cabo los juicios de Nuremberg (1945-1946) y Tokio (194666-1948) para enjuiciar a los responsables de crímenes contra la paz, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
En el Estatuto de Nuremberg se definen los crímenes contra la paz como ´´planificar, preparar, iniciar o librar guerras de agresión, o una guerra que constituya una violación de tratados, cuerdos o garantías internacionales, o participar en planes comunes o en una conspiración algunos de los objetivos anteriormente indicados´´.
No obstante, el Estatuto de Nuremberg no especifica con mayor detalle lo que se entiende por ´´agresión´´. Tras los juicios de Nuremberg y Tokio, la Asamblea General de las Naciones Unidas confirmó los principios de la Carta de Nuremberg y de la sentencia del Tribunal de Nuremberg en la Resolución 95.
Después de décadas de negociaciones, en diciembre de 1974 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Resolución 3314. El propósito de la definición de la agresión anexa a la Resolución era orientar al Consejo de Seguridad en su determinación de la existencia de un acto de agresión.
Cabe destacar, que la definición concierne al acto de agresión de Estado, no el acto de un individuo que pudiera conllevar la responsabilidad del Estado.
La definición del acto de agresión refleja básicamente la noción del uso legal de la fuerza contenida en el párrafo 4 del artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y enumera ejemplos específicos de los actos de agresión, tales como la invasión o el ataque por las fuerzas armadas de un Estado al territorio de otro Estado incluida la ocupación militar relacionada con dicho ataque o invasión, el bombardeo de las fuerzas armadas del Estado contra el territorio de otro Estado.
Finalmente, las disposiciones fundamentales de la definición de crimen de agresión de 1974 (artículos 1 y 31) fueron incorporadas posteriormente a parte de la definición del crimen de agresión en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional.
Por Isaías Ramos
Juana se levanta cada día antes del amanecer en un barrio de La Vega.
Hervir agua y engañar al estómago de sus tres hijos se ha vuelto un ritual.
A veces el arroz no alcanza; otras veces, simplemente no hay nada.
José, en San Cristóbal, pasa el día entero en su motor buscando pasajeros, pero al final apenas le alcanza para el gas y un pan.
Doña Mercedes, jubilada de 68 años, cuenta los medicamentos que ya no puede comprar.
Esas tres vidas —y millones más— componen la estadística más cruel de la República Dominicana: “el 60 % de los dominicanos no tuvo dinero para comprar comida el último mes”, según la encuesta de CID Gallup.
Sesenta por ciento.
Esa cifra debería estremecer las conciencias, pero nuestra clase política parece incapaz de sentir.
Carece de simpatía moral, de empatía humana.
Mientras el pueblo sufre, ellos sonríen.
Mientras el hambre avanza, ellos viajan, posan y celebran.
Han convertido la política en un ejercicio de vanidad y mentira, donde el poder se usa para distraer, no para servir.
Esta semana, mientras el país real sobrevive a base de deudas y rezos, un grupo de funcionarios dominicanos celebraba en Madrid la llamada “Semana Dominicana en España”.
Entre luces, discursos y copas de vino, se habló de “una nación moderna, resiliente y llena de oportunidades”.
El ministro de Industria y Comercio describió al país como “una economía estable y competitiva”.
A miles de kilómetros, Juana seguía mirando su olla vacía.
Esa es la brecha que nos divide: “la República de los discursos y la República del hambre”.
Esta misma semana, el Banco de Reservas anunció que su feria automotriz rompió récords con “más de 8,600 millones de pesos en financiamientos”.
Un logro, dicen.
Pero, ¿de qué sirve ese “crecimiento” en un país donde la mayoría no puede costear la comida?
Nos quieren convencer de que el progreso se mide en autos nuevos, cuando la realidad es que el pueblo se endeuda para sobrevivir.
Y como si el cinismo no tuviera límites, Leonel Fernández, el mismo que en 1996 inició el abandono del campo con su modelo neoliberal, ahora pretende posar de defensor de los productores agrícolas.
Durante su gobierno se desmanteló la soberanía alimentaria, se marginó al campo y se sustituyó la producción nacional por dependencia externa.
Hoy, con su neolenguaje habitual, vuelve a vender ilusiones, como si el pueblo hubiese olvidado quién abrió la puerta a esta crisis.
Mientras ellos gastan millones en propaganda, viajes y banquetes, el pueblo hace milagros para sobrevivir.
Los recursos que malgastan en vanidad deberían servir para matar el hambre del pueblo, pero no lo harán.
Porque no están dispuestos a sacrificar la avaricia ni el lujo en que viven.
Han demostrado que no gobiernan por amor al país, sino por adicción al poder.
Desde el Frente Cívico y Social (FCS) advertimos al pueblo:
no sigamos siendo indiferentes ante esta ruta que nos conduce al precipicio.
Negar al pueblo su derecho a una vida digna es un acto de opresión y perversidad.
Empujarlo al hambre, a la enfermedad y a la muerte es un asesinato efectivo del alma nacional.
Promocionar sectores como zonas francas y turismo —que poco aportan al fisco y explotan la mano de obra sin garantizar ni siquiera el valor de la canasta básica— no es propio de un Estado social de derecho: es propio de un Estado de opresión.
Si hoy callamos, mañana viviremos de rodillas ante los mismos que nos han traicionado una y otra vez.
Pero si despertamos, si el pueblo recobra la memoria y la dignidad, podremos reconstruir una patria donde nadie tenga que hervir agua para engañar al hambre.
En el FCS trabajamos cada día concientizando y organizando los núcleos cívicos en todo el territorio nacional.
Sabemos que solo el empoderamiento del pueblo hará posible cumplir nuestra Constitución y recuperar el verdadero Estado Social y Democrático de Derecho.
Recuperar nuestros campos y apoyar la producción local no es una simple idea: es un deber nacional y una obligación moral del Estado.
Sesenta por ciento.
Esa es la cifra de la vergüenza.
Pero también puede ser el punto de partida de nuestra redención.
Porque el hambre no se tapa con discursos: se combate con justicia.
Y la patria no se vende, se defiende con pan, con verdad y con dignidad.
¡Despierta, RD!
Por Oscar López Reyes
NUEVA YORK.- Libros sobre comunicación, Barahona, biografía, literatura, superación y trágicos, publicados por el periodista y escritor dominicano Oscar López Reyes, han sido colocados en anaqueles y catalogados en bibliotecas de las principales universidades de Estados Unidos, así como de Canadá, Alemania, Londres y Taiwán, que los han adquirido por cuenta propia para ponerlos a disposición de sus estudiantes, profesores e investigadores.
Además de los formatos físicos, obras del actual director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Dominicana OyM están siendo incluidas en WorldCat, el catálogo bibliográfico en línea de acceso público más grande a nivel global, que representa un reconocimiento significativo y aumenta la visibilidad y accesibilidad de sus producciones para investigadores, académicos y bibliotecas del universo.
Libros del profesor López Reyes, que suman 23, han sido colocados en bibliotecas de las universidades norteamericanas Harvard, Yale, Columbia, Princeton, City College de la Ciudad de Nueva York (Cuny), Cambridge, Michigan State, Illinois, Carolina, Brighman Young Provo, Arizona, California, Florida, Chicago, Massachusetts Amherst, Texas, Connectitucut, Motre Dame du Lac, Georgia, Georgetown, Pittsburgh, Cornell, Duke, Wisconsin, Madison, Kansas, Tulane y Puerto Rico.
También, por el Grupo de la Universidad de Toronto (Canadá), la Universidad de Londres, el Instituto Ibero-Americano de Patrimonio Cultural Prusiana de Berlín (Alemania) y la Universidad Wenzao Ursuline de Idiomas (Taiwán), así como por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, la más grande del mundo con sede en Washington, y Biblioteca Pública de Nueva York, situada en la Quinta avenida con calle 42, otra de la más nutrida del planeta.
Las obras físicas del expresidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) y la Asociación Dominicana de Escuelas de Comunicación Social (AdecomRD) fueron adquiridas por las bibliotecas universitarias en Ferias de Libros y en librerías de República Dominicana, y el levantamiento bibliográfico citado fue hecho por el Instituto de Estudios Dominicanos de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (Cuny).
Las obras colocadas en las bibliotecas de los centros de estudios universitarios citados son Poblada y Matanza (1984): tres días de protestas y otros relatos; Crímenes contra la prensa: atentados y censuras en República Dominicana 1844-2007; Casandra Damirón: vida y canto, y No estaba en el avión: crónica sobre la caída del vuelo 587.
Igualmente, Biobibliografía de la Comunicación: Inventarios de Investigaciones Dominicanas 1888-2006; El Otro Periodismo, el de Provincias; Historia del Desarrollo de Barahona; Narración e Interpretación; Historia de los Medios de Comunicación Social de Barahona y Tesoros de Barahona: Educación, Religión y Deporte, que representan un compromiso con la promoción del conocimiento y la cultura dominicana.
Los otros libros publicados por López Reyes son El Miedo Escénico: ¿Qué es y cómo superarlo?, Relaciones Públicas: saber decir. Conceptos y programas para la acción; La Ética en el periodismo (los cinco factores que interactúan en la deontología profesional), El Periodismo en 6 Dimensiones, Comunicación global: Teorías, Usos y Poder, El Periodista: Titulación y ejercicio, Los oligopolios en la Comunicación y Narcisazo: ¿Homicidio o suicidio? -Las dos caras de una ausencia misteriosa- y Persevere y Triunfe. Relato de un viacrucis gremial.
Asimismo, el actual presidente de la Asociación Dominicana de Profesionales de Relaciones Públicas (Asodoprep) ha escrito y editado los libros Estragos de la Infidelidad. Una Novela Recostada en un Asesinato Espantoso, Soplos sin Chimeneas. Cuentos divertidos y poemas verdes; Venas de Secretos Abiertas (poemas) y Brujas en el Jardín (cuentos).
También es co-autor de libros-memorias, como Diversidad tecnológica y comunicación. Una mirada a nuestra América, Universidad Iberoamericana, México; V Congreso de Sexualidad Humana Mujer y Sida, Instituto Apec de Educación Sexual (INSAPEC), Comunicación al Servicio de la Promoción Humana, II Feria de la Comunicación; Antología Concurso de Poesía 1984, Casa de Teatro, y El Libro Blanco del Periodismo Dominicano, Fundación Global Democracia y Desarrollo (FUNGLODE).
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2 de noviembre de 2025.