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Editorial

Un Panorama que Proyecta que el País Camina Disparejo en la Buscada de la Institucionalidad.

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En la República Dominicana son muy pocos los que se avocan a interpretar la problemática nacional desde una perspectiva integral.

Los análisis al margen del fenómeno de la falta de institucionalidad, que impacta toda la vida social, económica y cultural  del país, es una de la causa de que en la nación no haya la certeza de cómo enfrentar el problema de las grandes deficiencias que nos afectan.

Si recurriéramos a un problema ancestral que se observa a leguas, como lo es el caos y desorden jerarquizados en el transito vehicular, observaremos que si el mismo se analiza desde una óptica individual, difícilmente se encuentre respuesta a un fenómeno que tiene implicaciones profundamente culturales y que constituye  una explicación de lo que es una nación con bajos niveles de institucionalidad como resultado de valores histórico-culturales.

La solución a esta problema sólo puede ser posible mediante la modificación de prácticamente todas las leyes sobre la materia, pero que al propio tiempo se creen mecanismos para que la ejecución de las sentencias que se deriven de las mismas no tengan ningún tipo de debilidad que generan su violación.

Un buen ejemplo de lo que decimos a este respecto fue la experiencia que tuvo el país cuando se creó la Policía Metropolitana de Transporte (AMET), la cual jugó un papel muy importante en el proceso de mejoramiento del tránsito, pero el hecho de que lamentablemente se trató de una solución no integral, la misma fue impactada negativamente por los demás órganos y entes del Estado que iban en una dirección diferente.

De manera, que lo mismo se debe decir en lo referente al Tribunal Constitucional y todas sus sentencias que buscan enderezar la vida nacional, ya que son muchas las decisiones de esta alta corte que plantean o disponen soluciones a problemas muy graves de la sociedad, pero que ellas no son ejecutadas y entonces es como si nada se produjera en este sentido.

En consecuencia, si en el país no hay una sintonía entre la obra que desarrolla el Tribunal Constitucional y las instituciones del poder público que deben ejecutar sus sentencias, entonces es muy poco lo que se puede lograr en materia institucional y de derechos humanos.

Se requiere que las demás instituciones, sobre todo públicas, vayan por el mismo sendero del Tribunal Constitucional para que el país pueda arribar a un estado de progresos y bienestar general como resultado de la seguridad jurídica que imperaría en la nación.

Por esta razón, si bien se debe reconocer y estimular la extraordinaria labor del Tribunal Constitucional, también se debe advertir que el camino será mucho más largo y tormentoso si no se implementan los instrumentos que obliguen a la ejecución de las sentencias que emite esta alta corte y para que al  pasar los años cuando se haga una evaluación, el país tendría todas las leyes que necesita y las decisiones que podrían en enderezar la nación, pero que las mismas serían letras muertas que no surten ningún efecto en los propósitos buscados.

Ahora lo que se impone es crear mecanismos de sancion eficiente en contra de los desacatos que se producen en las instituciones del pais, incluidos los tribunales que no acatan los mandatos del Tribunal Constitucional mediante los precedentes vinculantes y entonces podra hablarse de resultados diferentes.

Ahí no debe haber vueltas flojas

 

 

 

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Editorial

Un problema que no se ve a simple vista.

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La educación superior dominicana, que como bien se establece en el reportaje que aparece en la sección “De Portada” de este diario, implica un problema que debe motivar profundas reflexiones para que el país se avoque a pasar de la deficiencia a la calidad de la enseñanza universitaria.

Pero este es un asunto que sólo puede solucionarlo el Estado, el cual no está en capacidad de dar los pasos para que al cabo de algunos años el cuadro pueda dar un giro positivo.

La tendencia entre los dominicanos es sólo ver lo que está frente a ellos, sobre todo en materia de educación universitaria, pero no hay forma de llevar su mirada crítica a lo que requiere de un esfuerzo más profundo y exhaustivo.

El gran problema de la educación superior del país es que no sólo la situación depende de la negligencia y la deficiencia del Estado, sino que además que no se cuenta con una cultura para crear un cuerpo profesoral preparado para impartir docencia a nivel universitario, aunque, naturalmente, una cosa depende de la otra.

De manera, que los resultados no pueden ser peores, cuyos egresados, penosamente, terminan su carrera con una formación tan precaria que en la práctica son analfabetos funcionales.

Lo peligroso del fenómeno es que la sociedad está frente a médicos que puedan matar al paciente, ingeniero civil que construya una obra que puede caerle en la cabeza en cualquier momento a sus propietarios y un abogado que no puede asesorar idóneamente a su clientes y en consecuencia poner en peligro, por su poca formación, la tutela judicial efectivo, el debido proceso y el derecho a la defensa.

De manera, que el asunto no es como se puede ver a simple vista, sino que se trata de una deficiencia que aparte de hablar muy mal de toda la sociedad, amenaza la seguridad nacional, todo como resultado de un problema integral que impacta a todo el Estado.

Lo grave del problema es que no se ven soluciones fáciles en el camino, porque además la explicación de una educación superior fundamentada más en el negocio vulgar que en un plan nacional para lograr los índices de desarrollo del mundo competitivo de hoy, es parte de una cultura nacional y de un neoliberalismo salvaje que se lleva de paso todo lo bueno.

La realidad es que no es posible poner en orden las universidades nacionales, ya que en el país todo está contaminado con la politiquería, de arriba hacia abajo y lo contrario, de abajo hacia arriba.

Se impone entonces la siguiente pregunta: ¿Quién nos sacará del tremendo tollo de la educación superior nacional, aunque la respuesta más realista es que no hay una respuesta convincente y que satisfaga.

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Editorial

El Oncológico es un espejo de un problema de un gran alcance.

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No son pocos los conflictos originados en sindicatos, clubes culturales y deportivos, cooperativas de ahorros y préstamos y los propios partidos políticos, que son asaltados por grupos de personas que los usan con fines muy particulares.

Puede decirse que se trata de un cáncer que resulta complicado erradicar, con el agravante que esa mala práctica es reproducida cuando personas con la misma filosofía de vida llegan a la administración pública, lo que explica la gran cantidad de casos de sustracciñn de fondos del patrimonio público.

Realmente el país está copado por los que piensan que deben llegar a este tipo de instituciones, las cuales no tienen fines de lucro, para manipular sus recursos y creerse incluso que es algo que legítimamente les pertenece.

Un ejemplo muy elocuente al respecto son los partidos políticos, los cuales son manejados como empresas privadas y propiedad de particulares, pese a que en  realidad se trata de una figura que está legalmente regulada y que no puede ser jamás un patrimonio personal.

Pero el mismo problema es encontrado por doquier, cuyos propiciadores de este tipo de conducta sumergen a la sociedad en un gran dolor de cabeza.

El asunto ahora se puede ver con lo que ocurre en el Patronato Cibao contra el Cáncer, cuya institución juega un papel de primer orden para combatir una enfermedad tan severa y mortal como esa.

El problema del Oncológico del Cibao ha entrado ya a los tribunales competentes y sólo se espera un desenlace que tal vez no sea la panacea al problema, porque se van unos con un criterio equivocado en el manejo de este tipo de organizaciones, pero llegan otros que no difieren, absolutamente en nada, en la forma de ver el asunto.

Independiente de cual sea la decisión del tribunal que conoce el caso, debe admitirse que la sociedad dominicana está frente a una cuestión que lesiona lo más profundo de la sensibilidad humana, sobre todo porque no hay ningún tipo de arrepentimiento.

Hoy ha salido a la superficie el conflicto en el Patronato Cibao contra el Cáncer, pero la raíz del conflicto, con una explicacion profundamente cultural,  es que una gran cantidad de instituciones sin fines de lucro hoy permanecen asaltados por grupos de «vividores» que  ponen en tela de juicio las  bases de la dominicanidad.

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Editorial

Nueva York da un ejemplo al mundo.

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Así como Nueva York es un ejemplo de progresos y de que todo con esfuerzo se puede, este 4 de noviembre ha enviado el mensaje de empoderamiento democrático con el triunfo de un joven musulmán con apenas siete años de haber obtenido la ciudadanía de los Estados Unidos, condición indispensable para ser candidato a la posición política más importante de la ciudad.

Lo más impresionante de este triunfo es el contexto en que se produce y sobre todo por tratarse de un joven nacido en Uganda de ascendencia india, con muy poco tiempo de haber adquirido la ciudadanía estadounidense, pero además amenazado por el presidente Donald Trump de deportarlo si ganaba la contienda electoral.

El triunfo de Zohan Mandami es el vencimiento de la legalidad en contra de la ilegalidad, de la tolerancia contra la intolerancia y de la vulnerabilidad de aquellos que prefieren inclinarse por la dictadura en vez de la democracia.

Es un mensaje muy grande el que ha dado la ciudad de Nueva York cuando en los Estados Unidos se producen unos retrocesos institucionales y democráticos que son motivos de preocupación para el mundo entero.

La situación es tan delicada que el presidente Trump aparentemente ha logrado doblegar a una de las democracias más sólidas del mundo, cuyos logros constitucionales son un ejemplo y emulados por países del planeta entero.

En realidad, se trata de una situación que nadie podía creer que fuera posible, ya que el alto nivel de institucionalidad de los Estados Unidos no permitía que cupiera en cualquier mente humana que los derechos constitucionales y los derechos humanos quedaran al capricho de un mandatario.

El triunfo de Mandami en Nueva York reafirma esa vocación de ciudad de inmigrantes y además de que ciertamente se trata no sólo de la capital del mundo en términos comerciales, económicos y financieros, sino también políticos.

Una nueva visión se impone en la ciudad de Nueva York en tiempos de retrocesos y de preocupantes violaciones a los derechos constitucionales en la mayor potencia del mundo, donde su presidente impone su voluntad como en los tiempos de las más férreas dictaduras.

La República Dominicana por tener millones de sus hijos en la ciudad de Nueva York es beneficiaria de los nuevos aires democráticos que abrazan a la llamada capital del mundo, cuna de una gran riqueza cultural que enorgullece a todo al que vive en ella y tiene el privilegio de visitarla.

La elección de Mandami  no pude ser mejor, porque en momentos de tantas fricciones y tensiones sociales y raciales y religiosas, sobre todo en  el medio oriente, llega la buena nueva de la tolerancia y de que todos bajo la ley y la democracia pueden convivir en paz.

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