Editorial
Un Panorama que Proyecta que el País Camina Disparejo en la Buscada de la Institucionalidad.
En la República Dominicana son muy pocos los que se avocan a interpretar la problemática nacional desde una perspectiva integral.
Los análisis al margen del fenómeno de la falta de institucionalidad, que impacta toda la vida social, económica y cultural del país, es una de la causa de que en la nación no haya la certeza de cómo enfrentar el problema de las grandes deficiencias que nos afectan.
Si recurriéramos a un problema ancestral que se observa a leguas, como lo es el caos y desorden jerarquizados en el transito vehicular, observaremos que si el mismo se analiza desde una óptica individual, difícilmente se encuentre respuesta a un fenómeno que tiene implicaciones profundamente culturales y que constituye una explicación de lo que es una nación con bajos niveles de institucionalidad como resultado de valores histórico-culturales.
La solución a esta problema sólo puede ser posible mediante la modificación de prácticamente todas las leyes sobre la materia, pero que al propio tiempo se creen mecanismos para que la ejecución de las sentencias que se deriven de las mismas no tengan ningún tipo de debilidad que generan su violación.
Un buen ejemplo de lo que decimos a este respecto fue la experiencia que tuvo el país cuando se creó la Policía Metropolitana de Transporte (AMET), la cual jugó un papel muy importante en el proceso de mejoramiento del tránsito, pero el hecho de que lamentablemente se trató de una solución no integral, la misma fue impactada negativamente por los demás órganos y entes del Estado que iban en una dirección diferente.
De manera, que lo mismo se debe decir en lo referente al Tribunal Constitucional y todas sus sentencias que buscan enderezar la vida nacional, ya que son muchas las decisiones de esta alta corte que plantean o disponen soluciones a problemas muy graves de la sociedad, pero que ellas no son ejecutadas y entonces es como si nada se produjera en este sentido.
En consecuencia, si en el país no hay una sintonía entre la obra que desarrolla el Tribunal Constitucional y las instituciones del poder público que deben ejecutar sus sentencias, entonces es muy poco lo que se puede lograr en materia institucional y de derechos humanos.
Se requiere que las demás instituciones, sobre todo públicas, vayan por el mismo sendero del Tribunal Constitucional para que el país pueda arribar a un estado de progresos y bienestar general como resultado de la seguridad jurídica que imperaría en la nación.
Por esta razón, si bien se debe reconocer y estimular la extraordinaria labor del Tribunal Constitucional, también se debe advertir que el camino será mucho más largo y tormentoso si no se implementan los instrumentos que obliguen a la ejecución de las sentencias que emite esta alta corte y para que al pasar los años cuando se haga una evaluación, el país tendría todas las leyes que necesita y las decisiones que podrían en enderezar la nación, pero que las mismas serían letras muertas que no surten ningún efecto en los propósitos buscados.
Ahora lo que se impone es crear mecanismos de sancion eficiente en contra de los desacatos que se producen en las instituciones del pais, incluidos los tribunales que no acatan los mandatos del Tribunal Constitucional mediante los precedentes vinculantes y entonces podra hablarse de resultados diferentes.
Ahí no debe haber vueltas flojas
A pesar de que en la sociedad dominicana el que comete el crimen de corrupción administrativa anda casi siempre con el cuerpo del delito arrastro, el cual es regularmente un carro de lujo, una mansión o depósitos en los bancos que no tienen como justificar.
Pero ése que no tenía en que caerse muerto cuando llegó a la administración pública, va a los medios de comunicación y cualquiera lo compra como un angelito.
Lo peor de esa simulación es que la cultura de la apariencia lo traiciona, porque siempre quiere hacerle ver a la gente que le conoce desde la infancia de que ha tenido una buena acumulación económica, no importa como haya sido.
Sus principales defensores son aquellos a los que ese sujeto les da algunas migajas, cuyo buen ejemplo de este cuadro es lo que pasó en el país con el caso Quirino, quien encontró hasta conocidos abogados que consideraban que sus aspiraciones de ser senador por Pedernales eran legítimas e incluso hubo miles de ciudadanos de esa provincia que se lanzaron a las calles para pedir a viva voz su postulación.
Esa situación indica lo mal que anda la sociedad dominicana, tal como ocurre ahora que periodistas nacionales que han explotado porque fueron apresadas las principales figuras del gobierno de Danilo Medina y hablan de que la democracia corre peligro, cuando en realidad la sociedad estuviera seriamente amenazada si en el país no hay una real persecución en contra de los que van al Estado a apropiarse de lo que no es suyo.
El escenario que se presenta en el país por las persecuciones del Ministerio Público deja claro el nivel de distorsión y de corrompimiento, así como de complicidad que prevalece en prácticamente todos los estratos sociales, la cual sí constituye una razón más que suficiente para que todo el mundo esté muy preocupado.
Lo grave y complicado de estos procesos es que comprometen a mucha gente, no importa que no estén imputados, porque su moral está seriamente cuestionada, como por ejemplo la del presidente Luis Abinader, ya que mientras el jefe de Estado no aclare lo que dijo Angel Lockuard, en el sentido de que le donó 400 millones de pesos para la pasada campaña electoral., se mantiene la duda al respecto, sobre todo porque son unos recursos que han sido sustraídos a la administración pública que él ha proclamado que quiere adecentar.
De manera, que este tipo de proceso a nivel del delito de cuello blanco no sólo impacta a los que aparecen en primer orden, sino también a otros que incurrieron en la misma irregularidad, pero desde una posición, podría decirse, secundaria.
Pero unos y otros quedan comprometidos con una deuda que tarde o temprano deberán saldar a la sociedad dominicana.
Ahora lo que nunca se debe esperar es que entren en conflicto con su conciencia, porque están formados para cometer este tipo de ilícito y comportarse como si nada hubiera ocurrido, lo cual es propio de todas las organizaciones que conforman la partidocracia, porque van a la política no a servir, sino a servirse.
Es ampliamente conocido que las campañas electorales se desarrollan sin ningún control en el país y que esa realidad hace que muchos con sólo ser candidatos presidenciales de los partidos más grandes tienen garantizada la entrada de grandes fortunas.
La economía subterránea que hay en el país permite que cualquier persona con real vocación de poder sea beneficiada con grandes donaciones económicas provenientes de diferentes sectores que buscan cobijarse con la sombrilla del Estado.
Grupos económicos y delincuentes de todas las procedencias se acercan al que ven como posible triunfador en las elecciones para buscar protección y otras veces para aumentar sus fortunas con favores oficiales.
Por esta razón, hay tantas fortunas económicas que nadie puede justificar, sobre todo porque en el país pesa más la apariencia que la realidad.
Sin embargo, cuando las cosas ocurren como ahora que un imputado en un escándalo de corrupción dice haber donado 400 millones de pesos al entonces candidato y ahora presidente de la República, debe producirse alguna aclaración al respecto.
Sobre todo, porque quien hizo la supuesta donación es un hombre que no es un empresario de grandes éxitos, sino un sujeto que ha estado involucrado en una serie de actos de corrupción y que sencillamente se trata de un abogado que sabe de muchas maniobras para defraudar al Estado, pero no tiene las condiciones para hacer buenos negocios.
Su revelación, de que donó ese dinero a Abinader quiere decir que una asociación de malhechores le roba al Estado más de 19 mil millones de pesos y que pudo haber calculado el seguro triunfo del actual presidente y que en esa virtud la aportación de esa alta suma de dinero, le permitió salirse con la suya.
Sería de un gran valor para la sociedad dominicana que estas cosas se aclaren, porque resulta irresistible que haya un presidente que promueva un supuesto adecentamiento nacional y al propio tiempo esté involucrado en el recibimiento de una donación de campaña de una persona que todo el mundo sabe que no posee una gran fortuna económica, por lo menos bien habida.
Estas son de las cosas que le quitan credibilidad a los procesos que se llevan a cabo en contra de un lastre tan pesado y dañino para el patrimonio nacional como la corrupción administrativa.
El presidente Luis Abinader está compelido a dar una explicación al respecto e incluso el propio Ministerio Público debe comprobar si ciertamente esa donación existió, porque de no hacerlo entonces sí que podría estarse ante la promoción de una falsa percepción de que el órgano persecutor del crimen y el delito actúa con total independencia.
Nadie puede quitar legitimidad a los procesos iniciados en contra de la corrupción por el Ministerio Público, sobre todo el que involucra a Gonzalo Castillo, Donald Guerrero y José Ramon Peralta, entre otros.
Desde hace varios años que la gente clamaba porque se investigara a estos personajes que fueron fichas muy claves en el gobierno de Danilo Medina.
Fue un robo sin control el que se produjo durante los gobiernos peledeístas, incluido el que encabezó el hoy aspirante presidencial Leonel Fernández.
Sin embargo, ello no quita fuerza al reclamo de sus compañeros de partido de que se respete el debido proceso, el cual no debe ser una excusa para dejar por su fuero el lastre de la corrupción administrativa.
Pero es importante que el Ministerio Público para que preserve su credibilidad que la persecución de la corrupción administrativa extienda sus acciones hacia todos los sectores que se entiende que recurren a esta mala maña para la acumulación originaria o para aumentar fortunas que no hay forma como justificarlas.
Esas gestiones del Ministerio Público deben llegar hasta las diferentes instancias del presente Gobierno, el cual, en algunos casos, se ha hecho de la vista gorda.
Tanto es así, que a propósito de la reelección presidencial, el PRM recoge todo lo que encuentra en su camino y la última crápula adquirida es el exsenador de la provincia Hermanas Mirabal, quien tiene mucho que ver con el caso de los Supertucanos.
Pero no sólo él es responsable de ese robo en contra del Estado, sino también su primo hermano que administra en la actualidad el Banco de Reservas, Samuel Pereyra Rojas, cuyas pruebas en contra de ambos están muy bien avaladas.
De manera, que si seriamente se quiere combatir el grave mal de la corrupción, hay que incluir a personajes muy bien colocados en el Gobierno de Luis Abinader y del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
De otra manera, los resultados pudieran parecer buenos, pero al final cualquier tolerancia con el referido lastre hará fracasar los planes para erradicar del escenario nacional el fenómeno de la corrupción administrativa, la cual ya ha afectado otras áreas de la vida nacional al convertirse en una cultura.