Editorial
Un Pedido Sospechoso
La jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán, ha solicitado al presidente del alto tribunal que la excluya del expediente que habrá de ser sometido en los próximos días en contra de los supuestos sobornados por la companía brasileña Odebrecht.
El pedido de la magistrada se produce luego de que circulara por las redes sociales una supuesta reunión entre ella y el señor Víctor de la Rúa, uno de los personajes del gobierno que encabezó Leonel Fernández, señalado como responsable de una serie de actos de corrupción.
La decisión de inhibirse de la magistrada, considerada una de los jueces más serios y rectos en la judicatura nacional, genera una serie de sospechas porque como que no tiene mucha lógica el pedido al respecto por la simple difusión de una versión que muy bien pudo caer en el campo de la especulación.
Sin embargo, la versión que dio la impresión de ser una campaña para hacer daños, parece confirmarse, sobre todo después de que el propio de la Rúa declaró que es amigo de la persona de Miriam Germán, pero no necesariamente de la jueza.
La verdad es que en la República Dominicana se dan cosas que parecen sólo ser propias de un país con muchas carencias, donde todo es posible, incluso hasta lo que acaba de ocurrir.
Por la decisión tomada por la magistrada y la posterior declaración de la Rúa se puede colegir que parece ser cierta la versión de que se produjo varias reuniones entre ambos, lo cual aparentemente desmiente todo lo que se dice sobre esa jueza, porque si se respetara de verdad no incurre en la comisión de semejante disparate.
Necesariamente habría que preguntarse ¿y si no se difunde la supuesta reunión que se produjo entre un protagonista principal de la corrupción en la República Dominicana y una jueza que tiene fama de seria y que pidió inhibirse en el acaso Odebrecht, acaso con su actitud no le da la razón a los que difundieron la versión?
La República Dominicana definitivamente está inmersa en una grave crisis moral, lo hemos dicho en muchas ocasiones, donde nadie está libre de culpa.
Es un asunto más grave de lo que cualquiera pueda imaginarse.
El caso Odebrecht es un espejo de que no son pocos los dominicanos que se manejan en el escenario nacional con una doble moral que manda madre.
Sólo hay que valorar que de ser cierta la inclusión en este listado de personajes como Temístocles Montás, un hombre que criticó áxidamente al ex-presidente Leonel Fernández, por la misma causa, así como la inclusión de algunos dirigentes de la oposición que han tenido un cierto protagonismo en la Marcha Verde, la cual respetamos y admiramos, pero en algún momento advertimos que habían individuos que no sé por qué estaban ahí.
Los vínculos de Temístocles Montás con el llamado hombre del maletín, Ángel Rondón, crea sospechas legitimas y sólo eso justifica que sea sometido a un intenso interrogatorio, ya que hay una famosa expresión que dice: “Dime con quien anda y te diré quien eres”.
Otro que también aparece por lo menos en los listados que han circulado por las redes sociales es el senador por Santiago, Julio César Valentín, quien incluso se la pasa dando cátedras de moral y cívica y aunque no tenemos ningún elemento de pruebas para decir que éste fue sobornado por Odebrecht cuando se conocieron proyectos relacionados con esta corrupta compañía brasileña en momentos en que él precedía la Cámara de Diputados de la República Dominicana, pero su sola mención pone a cualquiera a pensar.
No existe la certeza por nuestra parte de quién incurrió en el delito de recibir dinero para perjudicar el Estado y beneficiar a una empresa privada extranjera, pero de lo que sí tenemos una seguridad es de que en la República Dominicana la doble moral ya es parte de una cultura en el país, que cualquiera pudiera decir, para también utilizar otra expresión popular, que es un problema que manda madre.
Esta cultura de la doble moral, la falta de transparencia y la corrupción generalizada hoy es un motivo de una gran preocupación para aquellos dominicanos que quieren lo mejor para su país y de igual modo para sus hijos y nietos.
Qué barbaridad!
Dice una famosa expresión que no hay peor diligencia que aquella que no se hace, lo cual muy bien puede ser aplicado a un país como la República Dominicana, donde se observa un acomodamiento con la inversión de valores y lo mal hecho.
Es tan grave el problema que el dinero es la regla del juego que prevalece y las cosas son buenas o males a partir de qué tanto se puede dar, es decir, que mediante esa regla, pero no de cualquier mercado, sino de aquel que no importa cómo se haya conseguido lo monetario o bienes materiales, sino que lo que importa es qué se tiene materialemte hablando.
Y esto, naturalmente, impacta el escenario en el que se mueve el que quiere ascender al control del Estado y del patrimonio público, porque la gente mide el éxito del individuo a partir de lo que tiene, no importa que para adquirirlo le haya cortado la cabeza a su vecino.
Además, una sociedad donde la promoción social y económica esté soportada en fenómeno como el amiguismo, no en el mérito, las cosas prácticamente se vuelven inmanejables, exactamente lo ocurre en la sociedad dominicana.
El amiguismo permite que cualquier persona entre a cualquier circulo de poder para depredar el patrimonio público e incurrir en cualquier travesura que debe pagar el ciudadano que cumple con sus obligaciones en procura de la consecución de una mejor sociedad.
Ese fenómeno del amiguismo es una puerta abierta para que cualquier inescrupuloso o incapaz entre a controlar instituciones públicas que a la postre crea grandes daños al Estado y a toda la sociedad, porque ése, generalmente, no mide consecuencias, dado que no tiene la capacidad o la formacion para discernir el daño que pueee causar..
De manera, que la incapacidad para dirigir el Estado, la falta de ética y de moral para ocupar una función estatal representa una grave amenaza para todos y cada uno de los ciudadanos de cualquier sociedad que tenga como objetivo superar su estado de pobreza, lo que impacta negativamente los enunciados de los derechos fundamentales consignados constitucionalmente.
La contradicción entre los textos legales y la realidad crea grandes escollos para que las naciones, sobre todo las del tercer mundo, puedan trascender a un estado de justicia social y económica propias de los nuevos tiempos.
Sin embargo, todo descansa en qué medida los niveles de institucionalidad, cuyas principales expresiones son el respeto del principio de legalidad y de la conciencia de los ciudadanos para empoderarse y hacer de la nación una nueva y con perspectiva diferente de vida, en la que pase a un segundo plano la incapacidad, la improvisación y el no apego a lo ético-moral
La credibilidad de los senadores y diputados, que conforman el Congreso Nacional, el primer poder del Estado. se encarga de poner en tela de juicio la existencia real e institucional del Estado dominicano.
El asunto de las candidaturas independientes plantea un problema jurídico y de la existencia legal del Estado dominicano, que debe ser un motivo para que todos los sectores que conforman la vida nacional reaccionan ante unos intentos que ponen en peligro la débil democracia nacional.
La contradicción es tan grande de los partidos políticos, que no están en capacidad de darse cuenta, de captar la idea, de que lo que ocurre con la Constitución y los derechos fundamentales, son la guía de cualquier democracia de los nuevos tiempos.
La partidocracia no logra entender que el neo-constitucionalismo es un fenómeno jurídico que arropa a todo el planeta y que no hay fuerza alguna que pueda impedir su avance y empoderamiento en el mundo.
Los partidos políticos deben entender que los tiempos de las cavernas ya pasaron y que muchas de las cosas malas que hoy ocurren son el resultado de sus propias acciones, ya que la ley que le otorga el poder de interpretación de las normas al TC fue aprobado por el Congreso Nacional y que la misma no es una imposición de nadie, sino del peso del proceso de la constitucionalización del derecho.
Además, no se entiende cuál es la lógica para cogerle miedo a las candidaturas independientes porque alegadamente podrían arruinar a los partidos políticos, pero si de lo que se trata es de que predomine la razón, entonces no hay por qué tenerle miedo a una vía de derecho y que es parte del juego democrático.
Los senadores y diputados deben sacarse de su cabeza de que el sistema democrático debe descansar solamente en los partidos políticos, sino que debe ser en los ciudadanos, porque si bien se apoyan en el artículo 216 de la Constitución, el cual no les otorga exclusividad para participar en la lucha por el control del Estado, sino que también deben detenerse a interpretar el mandato del artículo 22 de la misma carta magna.
Los diputados y senadores, que se supone que deben estar bien asesorados por ser el primer poder del Estado, pero su ignorancia no puede ser una condena para que la sociedad viva bajo su irracionalidad y audacia antidemocrática.
En el terreno que sea necesario hay que rechazar las pretensiones de unos diputados y senadores recalcitrantes y enemigos de los avances que necesita la sociedad dominicana para entrar en un estadio de progreso material e intelectual para que pase de un tercer a un segundo o primer mundo.
Si los partidos políticos entienden que son portadores de la razón y la verdad, entonces por qué tener miedo a enfrentarse con ventajas, porque las tienen, por lo menos económica, a través de una vía que es un gran aval para construir una democracia más participativa y con mayor legitimidad y eficiencia.
Como muy bien establece el reportaje que sirve de base a este editorial, el negocio legal e ilegal de hacer dinero con la deportación de haitianos erosiona mucho la credibilidad del Estado dominicano en el manejo del problema.
Lo grave del asunto es que no sólo se trata del tráfico humano de personas que únicamente persiguen trabajar en tierras extranjeras para mejorar las condiciones de vida de sus familias, sino que tiene perfiles asociados al bajo mundo, como el tráfico de drogas, la prostitución y el contrabando de una gran variedad.
Es, puede decirse, una vía para que los corruptos produzcan grandes cantidades de dinero de forma fácil, sin muchos esfuerzos, ya que los canales al respecto están totalmente abiertos desde hace una gran cantidad de años.
Este cuadro, que está reforzado con la designación en los consulados dominicanos en Haití de personas de confianza de los gobernantes de turno, también cobran de forma ilegal cantidades respetables por diligencias fuera de los canales instituciones e incluso por el otorgamiento de visas que son vendidas a razón de 500 dólares cada una, cuyo dinero termina en el bolsillo del funcionario, no del fisco nacional.
Todo este entramado de corrupción, que tiene una vinculación innegable con otros igual de dañino para el pais, es el cuadro que termina proyectándose a través de la frontera, convirtiéndose en un problema dramáticamente humano, amén de los componentes degradantes que lo caracterizan.
Y no se trata de quitarle legitimidad a los derechos de cualquier nación de controlar y de establecer políticas, muchas veces rígidas, para controlar la migración ilegal, sino de un problema que trasciende lo legal para entrar en un mundo profundo de la ilegalidad, de violación vulgar de la ley sobre la materia.
La migración haitiana, a pesar de ser una piedra en los zapatos de una sociedad como la dominicana, la cual no está lejos en términos de institucionalidad de la haitiana, no parece dejar de ser un problema que podría poner en peligro la estabilidad de ambas naciones.
Habría que preguntarse si el Estado dominicano está en la capacidad de manejar con una visión diferente el problema de la migración haitiana en un país donde el dinero es el lenguaje que se habla en todos los escenarios y cuando esa mercancía está presente donde quiera y se entrega a cambio de cualquier cosa por tenerla.
Visto desde la realidad nacional, la deportación de haitianos o la implementación de una política migratoria que se corresponda con los planes y los intereses más sanos de la sociedad, parece algo quimérico, por no decir imposible.
El cáncer de la corrupción se come prácticamente la sociedad dominicana, así como la haitiana es abatida por la pobreza y las bandas que hoy están presentes en todos los escenarios de la vida de la hermana nación.
Este periodo confiesa que está pesimista con la aplicación de una política de deportación que no se corresponda con el interés nacional, ya que se trata como de pedir peras al olmo