Editorial
Un Pedido Sospechoso
La jueza de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán, ha solicitado al presidente del alto tribunal que la excluya del expediente que habrá de ser sometido en los próximos días en contra de los supuestos sobornados por la companía brasileña Odebrecht.
El pedido de la magistrada se produce luego de que circulara por las redes sociales una supuesta reunión entre ella y el señor Víctor de la Rúa, uno de los personajes del gobierno que encabezó Leonel Fernández, señalado como responsable de una serie de actos de corrupción.
La decisión de inhibirse de la magistrada, considerada una de los jueces más serios y rectos en la judicatura nacional, genera una serie de sospechas porque como que no tiene mucha lógica el pedido al respecto por la simple difusión de una versión que muy bien pudo caer en el campo de la especulación.
Sin embargo, la versión que dio la impresión de ser una campaña para hacer daños, parece confirmarse, sobre todo después de que el propio de la Rúa declaró que es amigo de la persona de Miriam Germán, pero no necesariamente de la jueza.
La verdad es que en la República Dominicana se dan cosas que parecen sólo ser propias de un país con muchas carencias, donde todo es posible, incluso hasta lo que acaba de ocurrir.
Por la decisión tomada por la magistrada y la posterior declaración de la Rúa se puede colegir que parece ser cierta la versión de que se produjo varias reuniones entre ambos, lo cual aparentemente desmiente todo lo que se dice sobre esa jueza, porque si se respetara de verdad no incurre en la comisión de semejante disparate.
Necesariamente habría que preguntarse ¿y si no se difunde la supuesta reunión que se produjo entre un protagonista principal de la corrupción en la República Dominicana y una jueza que tiene fama de seria y que pidió inhibirse en el acaso Odebrecht, acaso con su actitud no le da la razón a los que difundieron la versión?
La República Dominicana definitivamente está inmersa en una grave crisis moral, lo hemos dicho en muchas ocasiones, donde nadie está libre de culpa.
Es un asunto más grave de lo que cualquiera pueda imaginarse.
El caso Odebrecht es un espejo de que no son pocos los dominicanos que se manejan en el escenario nacional con una doble moral que manda madre.
Sólo hay que valorar que de ser cierta la inclusión en este listado de personajes como Temístocles Montás, un hombre que criticó áxidamente al ex-presidente Leonel Fernández, por la misma causa, así como la inclusión de algunos dirigentes de la oposición que han tenido un cierto protagonismo en la Marcha Verde, la cual respetamos y admiramos, pero en algún momento advertimos que habían individuos que no sé por qué estaban ahí.
Los vínculos de Temístocles Montás con el llamado hombre del maletín, Ángel Rondón, crea sospechas legitimas y sólo eso justifica que sea sometido a un intenso interrogatorio, ya que hay una famosa expresión que dice: “Dime con quien anda y te diré quien eres”.
Otro que también aparece por lo menos en los listados que han circulado por las redes sociales es el senador por Santiago, Julio César Valentín, quien incluso se la pasa dando cátedras de moral y cívica y aunque no tenemos ningún elemento de pruebas para decir que éste fue sobornado por Odebrecht cuando se conocieron proyectos relacionados con esta corrupta compañía brasileña en momentos en que él precedía la Cámara de Diputados de la República Dominicana, pero su sola mención pone a cualquiera a pensar.
No existe la certeza por nuestra parte de quién incurrió en el delito de recibir dinero para perjudicar el Estado y beneficiar a una empresa privada extranjera, pero de lo que sí tenemos una seguridad es de que en la República Dominicana la doble moral ya es parte de una cultura en el país, que cualquiera pudiera decir, para también utilizar otra expresión popular, que es un problema que manda madre.
Esta cultura de la doble moral, la falta de transparencia y la corrupción generalizada hoy es un motivo de una gran preocupación para aquellos dominicanos que quieren lo mejor para su país y de igual modo para sus hijos y nietos.
Qué barbaridad!
Aunque el título de este editorial no busca sobreponer los huracanes a otro fenómeno natural como son los terremotos, pero el mismo sólo persigue darle la trascendencia que tiene el problema de la falta de prevención que caracteriza al país.
Sin lugar a dudas que lo ocurrido en Venezuela debe servir de voz de alarma para el país, máxime que los terremotos están asociados a una falla tectónica que también abarca a la República Dominicana.
La cuestión es que cada vez que hay un evento de esta naturaleza resurgen las advertencias sobre el peligro que amenaza a la República Dominicana, cuya deficiencia es parte de un todo que no hay forma de superar por razones profundamente culturales.
Pero es que en esta materia como en ninguna otra el país no ha desarrollado políticas públicas dirigidas a construir una cultura de prevención que por lo menos evite que cualquier tragedia como resultado de un fenómeno natural como los terremotos se pueda llevar de paro medio país.
Hace décadas que se repiten las mismas advertencias y alertas e incluso se han creado leyes para disminuir el impacto de un terremoto de alta potencia como el de más de siete grados ocurrido en Venezuela, pero las mismas, como prácticamente todas las del sistema jurídico nacional, son letra muerta.
De manera, que con el discurrir de los años las construcciones a troche y moche han seguido su curso como si ese comportamiento no tuviera ninguna importancia y sólo se esperan los daños como resultado de un terremoto de alta magnitud como se espera en algún momento en el territorio nacional.
Un buen ejemplo del descuido o negligencia de las autoridades edilicias y del gobierno central son las torres construidos en urbanizaciones como “La Trinitaria de Santiago”, pese a que ya los expertos han advertido de que las mismas se levantan sin tomar en cuenta en su diseño el tipo de suelo que hay en la zona.
Ya ha habido hechos que deben servir de escarmiento a las autoridades para que pare la imprudencia de construir sin miramiento, como fue el desplome de la construcción de un hotel en la calle Del Sol de Santiago por la misma causa del tipo de suelo, pero lo ocurrido sirvió de poco.
El problema está nuevamente sobre el tapete por la gran tragedia que se ha producido en Venezuela, pero la preocupación durará muy poco tiempo, ya que al cabo de los días ya se retorna a la normalidad acostumbrada y se olvidan las construcciones que amenazan la vida de mucha gente por tratarse de una imprudencia que no valora la advertencia de los expertos en la materia.
Sólo falta que la verdad, que ojalá Dios no quiera que así sea, le dé en la cara muy duro a las autoridades nacionales que no hacen el menor esfuerzo para evitarle un gran dolor de cabeza a la sociedad dominicana.
La República Dominicana atraviesa por un trance muy peligroso porque el que tiene que velar por el respeto del orden jurídico nacional es el primero que lo viola.
Son numerosos las veces que Luis Abinader incurre en el mismo problema, lo cual implica o que no tiene claras sus funciones y responsabilidades o sencillamente de que se está frente a un gobierno irresponsable.
El país lleva años montado en el mismo caballo, ya que los niveles de ignorancia y de improvisación del presidente Abinader dejan la sensación de que el orden legal es lo que menos importa.
La gravedad de este problema tiene un impacto en la comunidad internacional en razón de que las normas del derecho interno tienen una conexión determinante con aquellas provienen del derecho externo.
Este comportamiento del presidente Abinader no sólo compromete la responsabilidad civil y penal del Estado, sino que la imagen del país se deteriora y que deja en una situación difícil la seguridad jurídica y en consecuencia renglones de la economía nacional como el turismo.
De manera, que la conducta del presidente no sólo representa una amenaza en contra de la imagen del país, sino también que atenta en contra del progreso económico y social.
El presidente debe detener en lo inmediato la violación de la jerarquía jurídica, cuyo lugar cimero ocupa la Constitución de la República, la cual es permanentemente violada por decretos emitidos por el jefe del Poder Ejecutivo.
Lo planteado en este editorial puede parecer una irreverencia en contra del presidente Luis Abinader, pero es que su comportamiento no es para menos.
En lo que respecta a este caso no queda otra expresión que se ajuste más al comportamiento indicado que aquel que dice que el presidente tiene más miedo que vergüenza, porque su proceder indica que le importa poco lo que la gente pueda pensar de él.
Es un caso tras otro.
La no ejecución de las leyes y la violación de las mismas son, sin lugar a dudas, el principal perfil de un Estado no viable, como ocurre en los países del tercer mundo, incluida la República Dominicana.
En el país se activa la acción del Estado después de ocurrida la tragedia, tanto a nivel público como privado, cuyos buenos ejemplos al respecto son la tragedia del Jet Set y los feminicidios, entre otros delitos y crimines que no tienen un régimen de consecuencia.
Todo como resultado de una cultura que tiene una explicación histórica que ha sido concretada con la expresión popular de que el dominicano le ponga candidato a la casa después que le roban.
Por esta razón el fenómeno se repite permanentemente sin que se produzca la capacidad y la fuerza institucional de ponerle coto a la impunidad que abraza a toda la sociedad dominicana.
El asunto se complica porque quien debe velar por la aplicación de la ley es el primero que la viola, es decir, que el Estado en vez de promover el valor del cumplimiento del orden legal es el primero que no lo respeta.
Esta realidad no es exclusiva para la aplicación de las leyes adjetivas, las llamadas organicas y ordinarias, sino que tampoco se respeta la Constitución de la República, la cual es violada regularmente hasta por propio presidente de la República.
De manera, que se trata de una cultura, de un problema integral que erosiona la credibilidad de la democracia, lo que la lleva a perder su legitimidad, cuyos funcionarios electos carecen del nivel de aprobación que valida el sistema.
Por esta razón no hay nada que funcione, porque todo el que va al poder piensa que llegó ahí para toda la vida y se preocupa muy poco porque las leyes se ejecutan como mandan sus textos.
La cuestión es que el partido del sistema que llega al poder se incorpora a una cadena de complicidad que necesariamente tiene que fortalecer para evitar su enjuiciamiento por la comisión de graves violaciones a la ley, lo cual involucra a los tres poderes del Estado, como ocurre en la actualidad.
Ahí está la razón de que en las encuestas de medición electoral esté prácticamente empatado el ninguno en aceptación popular con el partido oficial, lo que está explicada en que en el país prevalece a nivel político el clientelismo y el que tiene el control del Estado puede manejar los recursos públicos para promover ese antivalor que daña tanto a la democracia, lo cual, naturalmente, es transitorio y circunstancial.
La impunidad es lo que provoca que la autoridad no tenga mucho interés en la ejecución de la ley, lo que estimula fenómenos como los feminicidios y la relación sentimental entre hombres mayores y mujeres adolescentes o niñas menores de 16 años, cuyo impacto social es demoledor para cualquier sociedad que busque su desarrollo humano.