Opinión
Un Periodismo Relativamente Ético
Por José Cabral
La concentración de la propiedad de los medios de comunicación en grupos económicos impide el ejercicio plenamente ético del periodismo.
La República Dominicana tiene una serie de periodistas que nadie les puede negar que no hacen periodismo por encargo o encomienda, que no aceptan un centavo de nadie para emitir su opinión.
Sin embargo, el hecho de que esos grupos económicos estén vinculados al tráfico de influencia, el lavado de activos, el contrabando y a otras de las variables de la corrupción impide que esos profesionales de la comunicación que trabajan para ellos tengan un ejercicio plenamente ético.
Naturalmente, si se partiera de esa premisa el periodista considerado serio no trabajaría en ningún lado, pero tampoco puede disfrutar de un ejercicio plenamente ético.
Por esta razón, el periodismo, es decir la libertad de prensa, de información y de opinión, están limitados a los intereses de los dueños de los medios, algunos de cuyos grupos económicos tienen inversiones en los diferentes sectores de la economía.
Por ejemplo hay periodistas que dirigen emisoras de radio, periódicos y canales de televisión que tienen serios compromisos con sectores nacionales vinculados a la corrupción promovida por la companía brasileña Odebrecht, lo cual impide que esos medios puedan hacer un enfoque más integral sobre los protagonistas que se han apropiado de miles de millones de pesos del patrimonio público.
Ese sólo es un ejemplo, pero se podrían citar muchos más de un ejercicio periodístico mediatizado y relativamente ético, porque los periodistas que se ven en medio de semejante realidad no tienen otro camino que callarse la boca.
De manera, que en estos momentos en la República Dominicana no se puede hablar de un ejercicio periodístico plenamente ético.
Regularmente en la República Dominicana y en los demás países latinoamericanos el ejercicio libre del periodismo sólo se relaciona con las acciones de los gobiernos, pero no con unos grupos económicos que han corrompido profundamente a la sociedad y que no permiten una libertad de prensa plena y un trabajo profesional completamente ético.
Definitivamente, la libertad de opinión y de la información libre de ataduras es un asunto pendiente en la sociedad dominicana, ya no solo por presiones económicas del Gobierno, sino por los poderosos intereses de unos grupos que tienen profundas raíces en la sustracción del patrimonio publico.
El ejercicio periodístico relativamente ético y la mediatizada libertad de prensa que prevalece en el país, nos coloca en una nación con una democracia mutilada y deficiente,
A partir de esa realidad, podría decirse que en la República Dominicana se disfruta de un ejercicio periodístico relativamente libre, aunque sí de una plena libertad de empresa.
Esa limitada libertad de prensa y en consecuencia el ejercicio relativamente ético del periodismo son grandes escollos para el disfrute de una democracia saludable.
No creo estar equivocado.
Por Narciso Isa Conde
La reacción del pueblo es vital, porque este Estado (en especial sus PN-DNCD-DNI, Inteligencia Militar) está penetrado por mafias hasta el tuétano.
La doble moral es ley en no pocos integrantes de los altos mandos políticos, policiales, militares y empresariales de este país. En estas circunstancias hay que estimular a la gente buena y trabajar para que el pueblo sencillo vuelque su solidaridad hacia Miriam Germán.
· En el delicado rol que le ha tocado desempeñar con dignidad a Miriam Germán -dentro de un Estado e instituciones que cercan y acosan valores, e infiltradas por agentes de la corrupción y de la maldad- solo se debe confiar en defenderse con el pueblo y desde el pueblo.
· Según lo oficiosamente relatado, quien amenaza a Miriam German, cuenta con poder de chantaje y complicidades altas, decidido a amenazar de muerte y agredir moralmente desde un discurso turbio, construido para sembrar dudas, a lo Jean Alain. Un plan múltiple desde infiltraciones protegidas.
· La amenaza a Miriam es más que eso. Parece contemplar otras vertientes perversas, dada la rareza de su curso: llamadas amenazantes identificables desde España, filtración oficiosa de la información a través de enclaves oscuros, precedida de una reunión de alto nivel en Palacio, recogida en forma moderada por otros medios.
· Miriam Germán es factor fundamental de una PGR en lucha contra corrupción mafiosa, pero con enormes limitaciones // Abinader, emplazado a investigar conexiones entre España y RD, dirá lo que le convenga.
· La reacción del pueblo es vital, porque este Estado (en especial sus PN-DNCD-DNI, Inteligencia Militar) está penetrado por mafias hasta el tuétano.
Por. Isaías Ramos
Hoy, el pueblo dominicano vive sorprendido, cuestionándose cómo la delincuencia, el crimen y el caos se apoderaron de nuestras calles, barrios y ciudades. Cada horrendo crimen suena una alarma, pero la realidad es que la mayoría de nuestros barrios ya han sido tomados por el narcotráfico y la delincuencia. Lugares donde la autoridad estatal es casi nula y el crimen organizado actúa a sus anchas.
Durante mucho tiempo, algunos de los «líderes» que gobernaron nuestro país, y que pretenden volver a hacerlo, optaron por «corromper para no matar». Dedicaron hasta un 6% del presupuesto nacional a corromper en lugar de implementar la ley de educación que busca formar ciudadanos íntegros y con principios.
Nos preguntamos: ¿qué podemos esperar de una sociedad guiada por hombres y mujeres que no distinguen lo bueno de lo malo? Confunden libertad con libertinaje. Recordemos una reciente declaración de un ex presidente y aspirante a volver al poder. Cuando se le pidió su opinión sobre el dembow y la 42 de Capotillo, afirmó que eran “expresiones culturales y artísticas que no deben censurarse o prohibirse”. En otras palabras, aceptó como normal que la vulgaridad, la perversión, el desorden y el caos sean parte de las normas sociales.
Nuestro pueblo ha sido dirigido por una clase política mayoritariamente inepta e incapaz durante casi tres décadas. Gente ansiosa de alcanzar el poder para garantizar su impunidad y continuar saqueando, endeudando y pervertiendo nuestros recursos naturales. Han permitido la inundación de nuestro territorio con ciudadanos del vecino país para complacer intereses foráneos, creando un desequilibrio demográfico que, a largo plazo, traerá sangre, sudor y lágrimas a las generaciones futuras.
Han sembrado antivalores, caos, injusticia y gran desigualdad, y es esa la cosecha que estamos viviendo hoy. Esa es la herencia que nos dejan como legado. Somos el resultado de las decisiones tomadas ayer. Seremos mañana lo que decidamos hoy y pasado mañana, el resultado de lo que decidamos mañana.
No podemos permitir que esta clase política siga sembrando desasosiego, perversión, injusticia, caos y desigualdad en este hermoso país. Han demostrado ser expertos en hacer el mal, pero cuando se trata de hacer el bien, parecen olvidar cómo se hace.
No nos han engañado una o dos veces, sino incontables veces. Hemos sido víctimas de su manipulación y engaño repetidas veces, depositando nuestra confianza en aquellos que han demostrado ser enemigos del pueblo y traidores a la patria. Si continuamos por este camino, la certeza es absoluta: seguirán hundiéndonos en la peor de las miserias humanas.
Afortunadamente, la mayoría del pueblo ya no es ingenua. Saben quiénes les han robado el presente y comprometido su futuro.
En el Frente Cívico y Social (FCS), comprendemos que el pueblo dominicano ha sido víctima de una clase política manipuladora. Reconocemos que ha sufrido de la ignorancia respecto a lo que debería y podría conocer. Creemos firmemente que el secreto de una sociedad donde reine el orden, la justicia y la igualdad de oportunidades reside en sus principios y valores.
En FCS, somos y continuaremos siendo diferentes a lo que esta partidocracia representa. Si el pueblo nos brinda la oportunidad, prometemos actuar de manera distinta. Nos comprometemos a devolverle al pueblo la dignidad que le ha sido arrebatada. Solo así podremos comenzar a levantar nuestra bandera bien alta.
Nuestro trabajo se centrará en rescatar nuestros principios y valores a través de la educación ciudadana. Estamos decididos a abordar y solucionar los problemas domésticos que enfrenta la población día a día: la seguridad ciudadana, la salud y la educación. También reconocemos la carencia de servicios fundamentales como el agua, la electricidad, el drenaje sanitario y pluvial y la falta de viviendas confortables.
Impulsaremos un modelo económico de desarrollo inclusivo, que se enfoque en la producción y el ahorro. Queremos una economía que beneficie a todos los dominicanos, no solo a unos pocos.
Es hora de un cambio. Es hora de poner en marcha la máquina del progreso y de la prosperidad para todos. ¡Únete a nosotros en este camino!
La esperanza de un futuro mejor para todos está en nuestras manos. En FCS, creemos en ese futuro, y sabemos que, con tu apoyo, podemos hacerlo realidad.
Despierta RD!
Por Rommel Santos Díaz
Igual que con cualquier tratado internacional, los Estados deben tomar en cuenta si el formar parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional requerirá cambios a sus leyes o a los procedimientos administrativos nacionales, con el fin de cumplir con las obligaciones del tratado.
Respecto a lo anterior, se podrían requerir algunas medidas legislativas para asegurar una efectiva cooperación entre los Estados Partes y la Corte Penal Internacional durante las investigaciones. Si los Estados ya cuentan con legislación nacional sobre la asistencia legal y la extradición, la introducción de estas medidas no será difícil.
En general, al redactar la legislación de implementación, es necesario tomar en cuenta que la Corte Penal Internacional no es un órgano regulador o institucional internacional ordinario.
La Corte Penal Internacional tiene una potestad única para impedir y reprimir¨ los crímenes más graves de trascendencia para la comunidad internacional en su conjunto¨, según lo estipulado en el artículo 5 del Estatuto de Roma.
Cabe señalar que el potencial de la Corte Penal Internacional, al no existir una fuerza policial internacional que pueda llevar a cabo la labor de asistencia con la Corte en sus investigaciones y en el cumplimiento de sus órdenes, será alcanzado sólo si existe plena cooperación por parte de los Estados.
Respecto a lo anterior, se debe de prestar especial atención al apoyo de los Estados a la Corte, en particular para asegurar que estos puedan cumplir con sus obligaciones según el Estatuto de Roma.
La incidencia de los crímenes de la competencia de la Corte Penal Internacional se considera mucho más baja que para aquellos crímenes ¨ordinarios¨ que son procesados regularmente en los Estados.
Por las razones anteriores, se considera como regla general, muchas de las formas de cooperación estipuladas en el Estatuto de Roma ya forman parte del trabajo usual de los sistemas de justicia penal y de los ministerios de relaciones exteriores nacionales , y por lo tanto no requerirán recursos adicionales.
En el marco de las posibles medidas para la implementación del Estatuto de Roma se estima que el proceso de implementación de obligaciones de tratados internacionales varía significativamente de un Estado a otro, de acuerdo con los requisitos políticos y constitucionales de cada Estado.
Todo Estado Parte del Estatuto de Roma tiene la libertad de escoger cómo implementar las obligaciones con el tratado , siempre que proceda de buena fe y responda a todas las obligaciones bajo el Estatuto.
Algunos Estados generalmente ratifican primero los tratados, y así las reglas incluidas en el tratado automáticamente devienen ley nacional luego de su ratificación y publicación en el diario oficial (sistema monista). Otros Estados, especialmente en la Comunidad de Estados Británicos, están obligados por sus constituciones a preparar primero la legislación de implementación, antes de ratificar o acceder a cualquier tratado internacional (sistema dualista).
Cada sistema tiene sus propias ventajas y desventajas, las cuales se deben tomar en cuenta durante el proceso de ratificación e implementación. Por ejemplo, en algunos Estados, el Poder Ejecutivo deberá contar con la aprobación del Poder Legislativo para ratificar, o deberá consultar con el Tribunal Constitucional antes de ratificar. Estos procesos inevitablemente atrasan los procesos de ratificación e implementación, pero también brindan una oportunidad para que se considere el impacto de los tratados en un Estado.