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Plan de austeridad que no parece una mala iniciativa, pero que podría ser lo mismo de pasados gobiernos nacionales.
Por Elba García
El presidente de la Republica, Luis Abinader Abinader, acaba de emitir el decreto 396-21 que busca implementar en el Gobierno un plan de austeridad que busca bajar los gastos innecesarios en que incurren los funcionarios de la administración pública.
La medida impone restricciones operativas a las instituciones públicas y a los funcionarios, la cual establece un protocolo para todo lo relacionado con viajes al exterior, compra de vehículos de lujo, remodelaciones de alto costo, agasajos y celebraciones.
El mandatario a través del decreto regula las donaciones, obsequios, uso de instalaciones privadas para la realización de actividades y hasta el uso del personal policial o militar asignado a funcionarios públicos, con muy contadas excepciones.
Este tipo de disposición oficial han ocurrido históricamente en el país, pero sus efectos han sido prácticamente nulos, porque los dispendios y el gasto público en sentido general no ha habido forma de pararlos.
Después del ajusticiamiento del tirano Rafael Leonídas Trujillo Molina en el país son incontables las veces que se ha buscado controlar los gastos superfluos en el Estado, pero todo ha sido un intento fallido, porque en los gobiernos se crean islas de poder prácticamente incontrolables.
Tanto Joaquín Balaguer como Juan Bosch han publicados medidas similares en 1963 y 1966, cuyas disposiciones del segundo comenzaron con la rebaja del sueldo del presidente de la República y de sus funcionarios, así como con la reducción de la nómina pública, sobre todo la del servicio exterior.
Una medida similar adoptó en el año 1982 el doctor Salvador Jorge Blanco, quien se rebajó su sueldo en un 40 por ciento, pero las disposiciones en este sentido nunca han dejado frutos palpables y luego el país ha tomado el derrotero del mal gasto público.
Luego de estos decretos las cosas volvieron a un desorden tan grande que el propio Jorge Blanco terminó enjuiciado y condenado por corrupción y en cuyo Gobierno surgieron fenómenos como el señor Leonel Almonte, quien acumuló una riqueza que nadie entendía mientras se transportaba en el mismo carro presidencial.
Ahora el presidente Abinader recurre al mismo recurso para reducir el gasto público en un país donde la mayor parte del dinero que ingresa al tesoro nacional por concepto de endeudamiento se queda en los bolsillos de una serie de personajes que se colocan en la administración pública por diferentes causas.
Otro presidente que tomó también una medida similar fue Hipólito Mejía, quien dispuso una rebaja de los sueldos de los funcionarios y supresión hasta de los celulares, pero nadie vio el efecto causado por ese plan de austeridad que fue de cuatro meses, pese a que también se prohibieran los almuerzos y cenas con dinero del Estado.
Danilo Medina y Leonel Fernández hicieron lo mismo a su llegada al poder, cuyos decretos sólo sirvieron para dar una percepción que en nada se correspondía con la verdad, porque todo terminó peor que cuando intentaron eliminar o disminuir los gastos innecesarios en el Gobierno.
El turno le ha tocado ahora a Luis Abinader, quien nadie niega que en algunas cosas busca proyectar la imagen de que quiere lo mejor para el país, pero todavía falta ver si se trata de una pose, ya que su partido exhibe una conducta totalmente diferente, el cual tiene un comportamiento que no se diferencia prácticamente en nada con los que con su llegada al poder han depredado el patrimonio público.
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Posición de R.D. sobre Venezuela es acomodamiento a su condición de sometida a nuevos requerimientos de Trump.
Lo planteado por el Gobierno de Luis Abinader de que no comparte la elección de Delcy Rodríguez como presidenta transitoria de Venezuela tras el apresamiento de Nicolás Maduro, revela que República Dominicana quiere incluso superar lo impuesto por Estados Unidos, pero siempre ajustada a los intereses de la potencia del norte.
La realidad es que la pregunta que se impone es y hasta dónde y quién ha dicho que el país tiene la facultad de objetar a una mandataria provisional escogida por el órgano competente y supuestamente sugerida por la Agencia Central de Inteligencia (CIA), aunque el restablecimiento de relaciones comerciales y diplomáticas conlleve algunos requerimientos democráticos.
Sin embargo, la posición dominicana implica la violación del derecho internacional, entre los que se encuentran el de soberanía y autodeterminación de los pueblos, así como la Carta de la ONU.
Evidentemente que el ingrediente introducido por el Gobierno dominicano resulta gracioso para los intereses foráneos que convergen en Venezuela, máxime los que están asociados a los Estados Unidos.
La contradicción dominicana con lo planteado en la Organización de Estados Americanos (OEA) y su práctica en política exterior, ya que el presente Gobierno siempre se inclina por la intromisión en los asuntos internos de otros países, no deja la naci0n buen parada en la comunidad internacional.
Resulta poco entendible que la República Dominicana no haya apoyado abiertamente la incursión ilegal de Estados Unidos en Venezuela, pero que preste su territorio para el apoyo logístico de la acción.
Es una especie de doble moral, pese a que en su lugar debió mantener una posición aparentemente neutral, aunque de cualquiera manera ya estaba involucrada en una intervención armada que viola los principios fundamentales del derecho internacional
De lo que no queda ninguna duda es que el crédito internacional en política exterior del país ha quedado seriamente comprometido con una causa de la que ha sido una víctima en una diversidad de ocasiones como en el 1916 y el 1965.
La verdad que pretender una conducta diferente de la nación frente a la irracionalidad de Trump sería mucho pedir, sobre todo cuando otros países pertenecientes a la Unión Europea y otras superpotencias como Rusia y China también son tolerantes con la agresividad e intromisión del principal imperio del mundo.
No obstante, desde cualquier perspectiva que sea vea el asunto la conclusión no puede ser otra que en la situación pesa más el miedo que la vergüenza y la dignidad del pueblo dominicano.
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La República Dominicana inhabilitada en política exterior en el nuevo escenario imperial de Trump
La República Dominicana con una ocupación militar parcial de Estados Unidos, se proyecta como una presa sin libertad para expresarse libremente en política exterior.
La ocupación militar, aunque sólo se observa en el Aeropuerto Internacional de las Américas, abarca otros entornos que no son necesariamente visibles.
Pero la agresividad o poco disimulada intervención, deja el país y de igual modo a prácticamente toda Latinoamérica, a merced del capricho y la voluntad de los intereses de la nueva cara del imperio.
La República Dominicana ni por asomo se atreve a pronunciarse libremente sobre política exterior sin que esté a tono con la linea trazada o impuesto por la administración Trump.
La pregunta que subyace es si ese nuevo cuadro no implica también un trastorno del régimen legal, porque se podría estar en un escenario en el que los derechos fundamentales pasen a un segundo plano en el que el Estado Social Democrático de Derecho sea una expresión vacía y sin sentido.
Por razones geopolíticas y factores muy particulares, el país se asoma a un resquebrajamiento del proceso de constitucionalización del derecho a nivel interno y retroceder la nación a épocas ya superadas.
La pregunta que se impone es si prevalecerá en el mundo el pregonado derecho internacional cuando las instituciones que lo enarbolan pierden autoridad moral frente a las violaciones provenientes de potencias como los Estados Unidos que ya ni siquiera guarda las apariencias
El problema, que tiene una dimensión mundial, pero impacta más severamente a los países del tercer mundo y que propicia la posibilidad del surgimiento de regímenes de fuerza, aunque con simulaciones democráticas.
La preocupación tiene que ver con el hecho de graves violaciones del derecho internacional en una época en que éste forma parte consustancial del derecho interno y entonces qué se puede esperar como resultado.
El retroceso de la línea trazada por Donald Trump representa una amenaza mundial contra los logros del derecho contemporáneo, no sólo en favor de las personas físicas, sino también de los Estados más pequeños y débiles.
Hay precedentes en esta materia cuando predominaba en el mundo el llamado constitucionalismo clásico, que dio paso a dictaduras como las Adolfo Hitler en Alemania y la de Benito Mussoline en Italia, cuyos resultados fueron realmente catastróficos para la humanidad.
La interrogante que permanece en el nuevo panorama mundial es si va a pesar más el miedo que la vergüenza y la dignidad de los pueblos del mundo.
Por Elba García
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cumple su sueño de ser dictador hemisférico, aunque sea por un día.
La vocación dictatorial de Trump se ha expresado con mayor contundencia tras la entrada ilegal en territorio venezolano y apresar al jefe de Estado de ese país Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Tras este acontecimiento en momentos que se habla de la época del derecho constitucional, el cual incluye el derecho internacional, Trump ha anunciado su pretensión de convertir a Venezuela en una nueva colonia del imperio norteamericano.
El gobernante de los Estados Unidos ha adelantado que busca manejar la riqueza petrolera de Venezuela, una de las principales del mundo.
Pero la violación de Trump llega todavía más lejos al advertir a los demás países latinoamericanos a verse en el espejo de Venezuela.
Tromp hizo una alusión directa contra el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien dice podría correr la misma suerte de Maduro.
Anteriormente lo hizo con Brasil a propósito de la condena por conspiración del expresidente Bolsonoro.
Pero de igual modo se ha comportado con Honduras, donde en sus recientes elecciones presidenciales auspició uno de los candidatos y presionó con advertencias de actuar duramente contra los que estén en contra de sus designios.
Al fin impuso su voluntad, sin que haya reacción fuerte de rechazo a la vocación imperial del presidente de Estados Unidos.
No sé entiende por qué los países latinoamericanos no se unen en un bloque para rechazar la política de dominación y dictatorial de Donald Trump.
Incluso en el rechazo a la violación del derecho internacional por parte de los Estados Unidos pueden incluirse los países de la Unión Europea, que son permanentemente asediados y amenazados de imponerles aranceles y otros castigos como parte de la vocación dictatorial del mandatario norteamericano.
El chantaje de los Estados Unidos incluye también el otorgamiento de visados para ingresar al territorio de la potencia del norte.
La conducta de Trump es como si su administración haya borrado del mapa la supuesta clase gobernante que existe allí.
El problema se torna tan grave que la violación de derechos no solo se produce en Estados Unidos, sino en todo el mundo que parece haber retornado el derecho constitucional clásico, que fue sustituido por el derecho constitucional moderno en que los Estados grandes aplastan a los pequeños.
La época Trump prácticamente ha borrado el legado establecido por Estados Unidos a través del derecho constitucional difuso y sobre el equilibrio de los poderes.
Lo sorprendente de la era Tromp es que hasta la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos luce sometida a una cierta tolerancia del jefe de Estado de la potencia del norte.
Si la mayoría de los países no reaccionan a la política represiva y de dominación de Trump difícilmente pueda sobrevivir el sistema democrático, lo que puede crear serias tensiones y confrontaciones sociales y políticas en todo el planeta.