Análisis Noticiosos
Un poco de esperanza para las víctimas de Baby Doc; ¿continuará Estados Unidos siendo un obstáculo a la justicia?
Por Dan Beeton, Alexander Main y Jake Johnston*
En Argentina, Guatemala, Perú y otros países en la región, exdictadores y algunos de los responsables por las violaciones de derechos humanos bajo regímenes autoritarios han sido, o están en el proceso de ser enjuiciados por sus crímenes. En Haití, por la primera vez parece haber una verdadera esperanza de que el exdictador Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier tendrá que hacer frente a acusaciones de violaciones de derechos humanos. Pero el camino de la justicia es todavía largo y escarpado y uno de los obstáculos podría ser el gobierno de Estados Unidos.
Después de que Duvalier se negó varias veces a presentarse para la audiencia sobre derechos humanos el 7 de febrero, un juez haitiano ordenó a que apareciera en una audiencia citada para el 28 de febrero. Esto significa que Duvalier debería ser escoltado a la corte por las autoridades. Si Duvalier finalmente se presenta en la corte, será la primera vez que será obligado a hablar del tema de la violencia política que ocurrió durante su dictadura, que duró 15 años (1871-1986), y que siguió la dictadura de su padre Francois “Papa Doc” Duvalier (1857-1971).
Actualmente, Duvalier está enfrentando cargos de corrupción en las cortes haitianas. Pero el 30 de enero de 2012, Juez Carves Jean rechazó los cargos de crímenes de derechos humanos en contra del exdictador, usando el argumento de que ya había pasado el estatuto de limitaciones. Las audiencias a las que se lo ha llamado a Duvalier recientemente han sido convocadas para abordar la apelación a la decisión del juez, por parte de los abogados de las víctimas.
La decisión del Juez Jean dejo la comunidad de derechos humanos consternada, ya que Duvalier ha sido considerado uno de los dictadores más nefastos y brutales del hemisferio, conocido por haber destrozado brutalmente la oposición con la asistencia de la policía secreta “Tonton Macoute” y las fuerzas armadas de Haití durante los 15 años que estuvo en el poder. Bajo su gobierno, miles fueron matados- muchos de ellos enterrados en fosas comunes- y miles torturados. Cientos de miles más huyeron del país, muchos obligados a volver al ser descubiertos por barcos estadounidenses que buscaban prevenir su llegada a las costas de Estados Unidos.
Amnistía Internacional condenó las tácticas dilatorias por parte del poder judicial haitiano, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “tortura, ejecuciones extrajudiciales, y desapariciones forzadas cometidas durante el régimen de Jean-Claude Duvalier son crímenes de lesa humanidad que, de tal manera, no son sujetos ni a un estatuto de limitaciones ni a leyes de amnistía.”
Un factor externo importante, concuerdan varios observadores, es la reacción callada de Estados Unidos al caso. Cuando le preguntaron sobre Duvalier, después de su retorno a Haití en enero de 2011, la entonces Secretaria de Estado Hillary Clinton indicó que los abusos de Duvalier eran viejas noticias, y que enjuiciarlo podría impedir los esfuerzos realizados para “estabilizar” el país, y que “fundamentalmente, una decisión sobre que hacer es decisión del gobierno y del pueblo de Haití,” una posición que ha sido repetida seguidamente en informes a la prensa y otros foros. Aún más inquietante es que el expresidente Bill Clinton llegó a darle la mano a Duvalier en un evento de alto perfil el año pasado, marcando el segundo aniversario del terremoto en Haití – como también lo hizo el presidente Michel Martelly.
Pero esta posición se encuentra en fuerte contraste a la posición de Estados Unidos en cuanto a otros exdictadores. Como describió Human Rights Watch en junio del año pasado, Hillary Clinton prometió “continuar a empujar vigorosamente acción por parte de Senegal para finalmente llevar [al exdictador de Chad Hissène] Habré a dar cuenta,” por ejemplo si, “no hubiese progreso en los esfuerzos a favor de su extradición o enjuiciamiento.”
Todavía peor, el gobierno de Estado Unidos podría estar obstruyendo la justicia al retener documentos que podrían ser usados como evidencia en contra de Duvalier, a pesar de que en situaciones similares Estados Unidos ha hecho público documentos sobre el exdictador chileno Augusto Pinochet y miembros de la Junta argentina, por ejemplo, antes que ocurrieran los juicios en esos países.
La postura tomada por los Estados Unidos podría señalar su renuencia a que Duvalier pague por sus crímenes, lo que no sería una sorpresa ya que el gobierno de Estados Unidos mostró mucho apoyo para Duvalier durante su régimen, con un apoyo significativo –incluyendo entrenamiento militar- que incrementó durante las décadas de los 1970s y 1980s. Cuando un levantamiento popular en 1986 finalmente lo forzó a huir, Estados Unidos lo sacó del país en un avión militar.
La posición de Estados Unidos es también irónica considerando que USAID ha gastado $150 millones en programas de “gobernanza y estado de derecho” en Haití desde que ocurrió el terremoto, y ayudó a crear el Consejo Judicial Superior –que ha sido perseguido por controversias durante su breve existencia. Ni debería haberlos sorprendido a los oficiales de Estados Unidos el retorno de Duvalier. Un cable de WikiLeaks muestra que el regreso posible de Duvalier fue una preocupación incluso en 2006. El cable no menciona ningún deseo por parte del gobierno de Estados Unidos de verlo enjuiciado a Duvalier, ni una mención de cargos de ningún tipo.
La comunidad internacional –incluyendo Estados Unidos- debe estar del lado de la justicia y del pueblo de Haití, y debe apoyar el enjuiciamiento de Duvalier. Si el ex dictador logra evadir la justicia, sería un triunfo para la diplomacia cínica de Estados Unidos y para los criminales de derechos humanos de Haití.
*Los autores son analistas con el Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic and Policy Research – CEPR) en Washington, D.C.
El último lance entre las dos instituciones pone en evidencia cómo se ha menoscabado la autoridad del Poder Judicial en México
México.-Una de las enseñanzas inesperadas de la reforma judicial en México es que las autoridades pueden desobedecer las sentencias de los jueces, o acatarlas a conveniencia, cuando una mayoría democráticamente electa controla todas las palancas del poder en el Ejecutivo y el Legislativo. El último episodio de la crisis institucional lo ejemplifica el intento del Tribunal Electoral (TEPJF), dominado por una mayoría oficialista, de disputar las facultades de la Suprema Corte de Justicia para revisar los juicios de amparo. Detrás del conflicto está la lluvia de suspensiones dictadas por jueces para frenar las elecciones del 1 de junio, en las que los mexicanos votarán a miles de cargos de la Judicatura. El Supremo echó abajo esas suspensiones y dejó a salvo la elección judicial —pues no procede el amparo en materia electoral y menos contra una reforma constitucional—, no sin antes observar que los magistrados del TEPJF se arrogaron facultades inexistentes para invalidar las resoluciones de los jueces en su intento de desatorar el proceso.
El lance puso en evidencia la ruptura institucional en la que se ha sumido el país ante la voluntad de Morena de implementar su reforma sin cortapisas. Ya hace unos días, en el festejo republicano de la Constitución de 1917, la presidenta, Claudia Sheinbaum, decidió no invitar al evento oficial a Norma Piña, titular de la Suprema Corte y del Poder Judicial. Así, solo estuvieron representados dos de los tres Poderes de la Unión: el Ejecutivo y el Legislativo, controlados por Morena. Como represalia a los jueces que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial, el Consejo de la Judicatura Federal —el órgano encargado de vigilar la conducta de los juzgadores, también de mayoría oficialista— acordó denunciarlos penalmente ante la Fiscalía General de la República.
Con esas consideraciones, el TEPJF —siempre gracias a la mayoría de tres magistrados alineada a Morena— estableció que las suspensiones dictadas por los jueces no tenían efectos sobre la elección judicial, y dieron vía libre a las autoridades del Ejecutivo y el Legislativo para ignorar esas resoluciones y continuar con los preparativos de los comicios. El último ejemplo vino luego de que un juez ordenó a los Comités de Evaluación que integraban las listas de candidatos frenar el proceso. Solo el Comité del Poder Judicial acató la instrucción. Los Comités del Ejecutivo y el Legislativo desobedecieron al juez sin ninguna consecuencia.
El ministro del Supremo Alfredo Gutiérrez preparó un proyecto para resolver el conflicto competencial entre los jueces de distrito y el TEPJF. En su proyecto, el togado ya se lamentaba por “la simplicidad con la que diversos actores institucionales decidieron ignorar los cauces legales cuando estos no convenían a sus intereses”. Antes de la votación del asunto, el pasado jueves, los magistrados del Tribunal Electoral exigieron al propio Gutiérrez, así como a los ministros Norma Piña, Javier Laynez y Jorge Pardo, no participar en la discusión del proyecto por haber hecho anteriormente pronunciamientos contra la reforma judicial, lo que, supuestamente, demostraba que no votarían de manera imparcial. El TEPJF, sin embargo, no consideró necesario pedir también la excusa de las ministras Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres, claramente militantes de Morena y quienes, desde su posición en el Supremo, están en campaña buscando ser “ratificadas” en la elección judicial.
Nunca antes los magistrados del Tribunal Electoral habían intentado dar órdenes a los ministros de la Suprema Corte. Si bien el TEPJF es la máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, el Supremo es un tribunal constitucional y su presidenta, Piña, es la cabeza de todo el Poder Judicial, por lo que, jerárquicamente, está por encima de cualquier juzgado. Ninguno de los ministros se excusó de la votación del proyecto de Gutiérrez. Hacerlo hubiera dejado a la Suprema Corte solo con seis integrantes, cuando el mínimo para que exista quorum es de siete.
Al final, el Supremo resolvió, como era de esperarse, que no se puede suspender un proceso electoral ni tampoco una reforma constitucional —como la judicial—, y ordenó a los juzgadores dar marcha atrás en sus resoluciones. Los togados también indicaron que el TEPJF no tenía facultades para revisar juicios de amparo y señalaron que sus fallos al respecto debían leerse como una mera opinión de sus integrantes. “Las sentencias [del Tribunal] no pueden tener la capacidad de incidir de manera alguna en las determinaciones de jueces de amparo; no funciona como instancia de revisión y su pretensión de anular los efectos de las suspensiones simplemente carece de cualquier efecto dentro de nuestro orden jurídico”, dice la resolución del Supremo. El ministro Alberto Pérez Dayán fustigó a los magistrados electorales que han actuado a tono con Morena —Mónica Soto, presidenta del TEPJF; Felipe Fuentes y Felipe de la Mata—, a los que se refirió como “la exigua mayoría de un tribunal deliberadamente incompleto, predecible, obvio, complaciente y sesgado con el poder”.
La sesión del jueves estuvo plena de referencias al quiebre institucional que ha supuesto la reforma judicial, una circunstancia que el ministro Gutiérrez calificó de “perturbadora”. “Esta Corte ha observado cómo cada transgresión al orden constitucional ha allanado el camino para la siguiente, hasta llegar al punto donde los límites institucionales, que alguna vez parecieron inquebrantables, se han vuelto porosos”, dijo el togado. “Diversas autoridades han normalizado lo que debería ser impensable: el desacato selectivo de resoluciones judiciales, la intervención e invención de competencias inexistentes y la subordinación del derecho a consideraciones políticas”, ha añadido.
La presidenta Sheinbaum, que siempre defendió las facultades —no existentes— del TEPJF para interferir en las resoluciones de los jueces de amparo, celebró que se haya aprobado el proyecto de Gutiérrez en el Supremo. “La elección de las y los jueces, ministros, magistrados, ¡va! Ya no tiene ninguna barrera de ningún tipo”, ha dicho en su conferencia Mañanera del viernes. La Corte enfila a su desaparición. En septiembre será reemplazada por un nuevo órgano judicial integrado por nueve ministros electos por voto popular, que presidirá quien obtenga más sufragios en la pasarela. La mayoría de los togados actuales decidió no participar en los comicios. Juez y parte, Batres, Esquivel y Ortiz están en abierta campaña y aspiran a ser las más votadas, para entregar a Morena otra institución en la que tendrá mayoría.
elpais.com
Por Efe
Davos (Suiza).- Prácticamente todo Latinoamérica ha sido excluida de un acuerdo que permitirá a más de un centenar de países tener acceso a medicamentos genéricos que han demostrado tener hasta un 95 % de eficacia para prevenir infecciones con el VIH (virus causante del sida), en momentos en que varios países de la región están experimentando un fuerte aumento de nuevos casos.
“Están excluyendo a países de ingresos medios que podrían producirlas y venderlas más baratas al resto del mundo, países como Brasil, Perú, México y Argentina.
Estos países han participado incluso en los ensayos y ahora son excluidos, lo cual es equivocado y no ético”, declaró en una entrevista con EFE la directora del Programa de Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA (UNAIDS), Winnie Byanyima. Las compañías en cuestión son Gilead y ViiV.
La primera ha desarrollado un producto que con solo dos dosis de inyectables al año puede prevenir la infección, mientras que la segunda tiene un medicamento que se administra cada dos meses con el mismo propósito.
UNAIDS estima que, a pesar de no ser una cura, si 10 millones de personas en el mundo tuvieran acceso a estos medicamentos en 2025 se podría cumplir el objetivo internacional de erradicar el VIH para 2030.
El acuerdo para poder acceder a sus versiones genéricas son cruciales en vista del exorbitante coste de estos tratamientos, que en el caso del producido por Gilead puede alcanzar los 40.000 dólares anuales, mientras que los genéricos podrían costar solo 40 dólares al año por persona.
“Estamos muy preocupados porque al mismo tiempo que sabemos que tenemos un medicamento preventivo poderoso y altamente eficaz, vemos la misma vieja historia, como lo que ocurrió con los antirretrovirales, que tomaron diez años (para la comercialización de genéricos) durante los cuales doce millones de africanos murieron esperando que su precio bajara”, recordó Byanyima, quien participa en el Foro Económico Mundial de Davos.
Únicamente la exclusión de Brasil, Colombia, México y Venezuela deja fuera al 7 % de las nuevas infecciones a nivel mundial.
La jefa de UNAIDS citó los casos alarmantes de Venezuela y Perú, donde el año pasado los nuevos casos de infecciones con VIH aumentaron un 98 % y 80 %, respectivamente con respecto a 2023, lo que hace urgente que puedan acceder a estos nuevos medios de prevención.
Sobre la razones de esta evolución negativa, dijo que en el caso de Venezuela se trata de una combinación de factores, como el desarraigo de parte de la población convertida en desplazados internos o refugiados, y la precariedad del sistema de salud.
“En Perú vemos que mucha gente no está conectada con el sistema de salud y también mucho estigma y discriminación. Hay muchas personas gais que buscan ayuda muy tarde y mueren por falta de diagnóstico, así que hay múltiples factores que estamos tratando de investigar”, explicó.
Frente a situaciones como éstas, “Gilead está utilizando tácticas para retrasar las cosas, pero nosotros exigimos rapidez y que se aumente la producción.
Queremos lo que ya tienen, lo que han puesto en el mercado en Estados Unidos y en los países ricos, para que llegue a todas las personas, la mayoría de las cuales están en el Sur (países en desarrollo)”, concluyó Byanyima.
Análisis Noticiosos
La comunidad de ricos y famosos de Hollywood que los incendios redujeron a ceniza
Agencia EFE
«Podías vivir la vida perfecta americana aquí: casas preciosas con patio, la perfecta ama de casa, tener tus perfectos hijos. Este barrio es muy caro y por eso se vive tan bien aquí».
Pacific Palisades, EE.UU. –Pacific Palisades, la zona cero de la ola de fuegos más devastadores de la historia de Los Ángeles, ha reducido a cenizas calles enteras, vehículos, mansiones millonarias y la vida que atesoraban miles de familias de un barrio acaudalado que ha pasado de representar un idílico estilo de vida americano a una zona de guerra.
Alexei y Tatyana regresan por primera a la que era su casa, en la avenida Sunset de Pacific Palisades, tres días después de que comenzaran las llamas. No ha quedado nada de aquella vivienda de tres pisos en el condominio en el que residían, que fue de los primeros en arder a causa del virulento incendio que desde el pasado martes ha arrasado con más de 8,200 hectáreas.
«Pensamos que nuestra casa estaría segura, viviendo al lado de una estación de bomberos», cuenta a EFE Alexei nada más aparcar el vehículo y comprobar que no queda nada de su vida en el lugar donde decidió construirla hace 5 años.
Todas sus pertenencias, incluso las de más valor, quedaron dentro del apartamento porque en el momento del estallido de la llamas se encontraban de viaje por Europa. «En una noche prácticamente hemos perdido todo», lamenta.
«Esta casa está perfecta -la aledaña- y la nuestra está reducida a escombros. Es increíble lo que ha pasado», dice Alexei.
Un par de calles más arriba los vehículos están completamente calcinados: las marcas delatan el nivel ingresos de estos vecinos: un Mercedes Benz por ahí; un Land Rover por allá, denotan lo acaudalado que era este barrio, ahora convertido en una escombrera de ruinas ennegrecidas.
Pacific Palisades ya no existe
Todavía arden mansiones en lo alto de las colinas que muestran entre los rescoldos cómo era vivir aquí antes de los incendios: un entorno familiar y acomodado, con ventanales frente al océano, unas calles hoy gobernadas por un toque de queda nocturno, pero donde era seguro caminar y los niños podían ir a la escuela andando.
«No había casa que no fuese rica en Palisades», admite Tatyana.
Desde su casa, Tatyana apreciaba todos los días el tranquilo atardecer con vistas al Pacífico, el famoso muelle de Santa Mónica y, a lo lejos, el lujo que derrocha Malibú, también parcialmente consumido por las llamas.
«Podías vivir la vida perfecta americana aquí: casas preciosas con patio, la perfecta ama de casa, tener tus perfectos hijos. Este barrio es muy caro y por eso se vive tan bien aquí», explica.
La Policía ya ha arrestado a varias personas acusadas de ingresar en propiedades consumidas por las llamas para hurtar las pocas posesiones que se habían salvado de las llamas, según informaron a EFE algunos vecinos de la zona.
«Es como si nada hubiese existido», se despide Tatyana mientras recorre la conocida carretera de la costa, una de las más bonitas de la Costa Oeste que hasta la semana pasada exhibía todo el esplendor con el océano Pacífico de fondo.
Y mientras se alejan de un barrio en el que no saben si podrán volver tras lo ocurrido, se preguntan cómo van a vivir los vecinos cuyas casas han sobrevivido a las llamas. «Aquí no ya no queda nada», concluyen.