Análisis Noticiosos
Un poco de esperanza para las víctimas de Baby Doc; ¿continuará Estados Unidos siendo un obstáculo a la justicia?
Por Dan Beeton, Alexander Main y Jake Johnston*
En Argentina, Guatemala, Perú y otros países en la región, exdictadores y algunos de los responsables por las violaciones de derechos humanos bajo regímenes autoritarios han sido, o están en el proceso de ser enjuiciados por sus crímenes. En Haití, por la primera vez parece haber una verdadera esperanza de que el exdictador Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier tendrá que hacer frente a acusaciones de violaciones de derechos humanos. Pero el camino de la justicia es todavía largo y escarpado y uno de los obstáculos podría ser el gobierno de Estados Unidos.
Después de que Duvalier se negó varias veces a presentarse para la audiencia sobre derechos humanos el 7 de febrero, un juez haitiano ordenó a que apareciera en una audiencia citada para el 28 de febrero. Esto significa que Duvalier debería ser escoltado a la corte por las autoridades. Si Duvalier finalmente se presenta en la corte, será la primera vez que será obligado a hablar del tema de la violencia política que ocurrió durante su dictadura, que duró 15 años (1871-1986), y que siguió la dictadura de su padre Francois “Papa Doc” Duvalier (1857-1971).
Actualmente, Duvalier está enfrentando cargos de corrupción en las cortes haitianas. Pero el 30 de enero de 2012, Juez Carves Jean rechazó los cargos de crímenes de derechos humanos en contra del exdictador, usando el argumento de que ya había pasado el estatuto de limitaciones. Las audiencias a las que se lo ha llamado a Duvalier recientemente han sido convocadas para abordar la apelación a la decisión del juez, por parte de los abogados de las víctimas.
La decisión del Juez Jean dejo la comunidad de derechos humanos consternada, ya que Duvalier ha sido considerado uno de los dictadores más nefastos y brutales del hemisferio, conocido por haber destrozado brutalmente la oposición con la asistencia de la policía secreta “Tonton Macoute” y las fuerzas armadas de Haití durante los 15 años que estuvo en el poder. Bajo su gobierno, miles fueron matados- muchos de ellos enterrados en fosas comunes- y miles torturados. Cientos de miles más huyeron del país, muchos obligados a volver al ser descubiertos por barcos estadounidenses que buscaban prevenir su llegada a las costas de Estados Unidos.
Amnistía Internacional condenó las tácticas dilatorias por parte del poder judicial haitiano, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “tortura, ejecuciones extrajudiciales, y desapariciones forzadas cometidas durante el régimen de Jean-Claude Duvalier son crímenes de lesa humanidad que, de tal manera, no son sujetos ni a un estatuto de limitaciones ni a leyes de amnistía.”
Un factor externo importante, concuerdan varios observadores, es la reacción callada de Estados Unidos al caso. Cuando le preguntaron sobre Duvalier, después de su retorno a Haití en enero de 2011, la entonces Secretaria de Estado Hillary Clinton indicó que los abusos de Duvalier eran viejas noticias, y que enjuiciarlo podría impedir los esfuerzos realizados para “estabilizar” el país, y que “fundamentalmente, una decisión sobre que hacer es decisión del gobierno y del pueblo de Haití,” una posición que ha sido repetida seguidamente en informes a la prensa y otros foros. Aún más inquietante es que el expresidente Bill Clinton llegó a darle la mano a Duvalier en un evento de alto perfil el año pasado, marcando el segundo aniversario del terremoto en Haití – como también lo hizo el presidente Michel Martelly.
Pero esta posición se encuentra en fuerte contraste a la posición de Estados Unidos en cuanto a otros exdictadores. Como describió Human Rights Watch en junio del año pasado, Hillary Clinton prometió “continuar a empujar vigorosamente acción por parte de Senegal para finalmente llevar [al exdictador de Chad Hissène] Habré a dar cuenta,” por ejemplo si, “no hubiese progreso en los esfuerzos a favor de su extradición o enjuiciamiento.”
Todavía peor, el gobierno de Estado Unidos podría estar obstruyendo la justicia al retener documentos que podrían ser usados como evidencia en contra de Duvalier, a pesar de que en situaciones similares Estados Unidos ha hecho público documentos sobre el exdictador chileno Augusto Pinochet y miembros de la Junta argentina, por ejemplo, antes que ocurrieran los juicios en esos países.
La postura tomada por los Estados Unidos podría señalar su renuencia a que Duvalier pague por sus crímenes, lo que no sería una sorpresa ya que el gobierno de Estados Unidos mostró mucho apoyo para Duvalier durante su régimen, con un apoyo significativo –incluyendo entrenamiento militar- que incrementó durante las décadas de los 1970s y 1980s. Cuando un levantamiento popular en 1986 finalmente lo forzó a huir, Estados Unidos lo sacó del país en un avión militar.
La posición de Estados Unidos es también irónica considerando que USAID ha gastado $150 millones en programas de “gobernanza y estado de derecho” en Haití desde que ocurrió el terremoto, y ayudó a crear el Consejo Judicial Superior –que ha sido perseguido por controversias durante su breve existencia. Ni debería haberlos sorprendido a los oficiales de Estados Unidos el retorno de Duvalier. Un cable de WikiLeaks muestra que el regreso posible de Duvalier fue una preocupación incluso en 2006. El cable no menciona ningún deseo por parte del gobierno de Estados Unidos de verlo enjuiciado a Duvalier, ni una mención de cargos de ningún tipo.
La comunidad internacional –incluyendo Estados Unidos- debe estar del lado de la justicia y del pueblo de Haití, y debe apoyar el enjuiciamiento de Duvalier. Si el ex dictador logra evadir la justicia, sería un triunfo para la diplomacia cínica de Estados Unidos y para los criminales de derechos humanos de Haití.
*Los autores son analistas con el Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic and Policy Research – CEPR) en Washington, D.C.
Un estudio revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones -2.500 millones de dólares- respaldan al sector de la soja, del azúcar y el ganadero a través de préstamos a bajo interés
Bogotá.-Cuando habla de deforestación en Bolivia, Matthew Hansen, científico y docente especializado en el mapeo del cambio de cobertura terrestre, define al país como “el lejano oeste” y los datos lo corroboran. Desde 2001 hasta 2022, Bolivia perdió 3,73 millones de hectáreas de bosque primario húmedo, lo que representa 51% de su pérdida total de cobertura arbórea. A pesar de que es uno de los países con mayor superficie de bosques primarios, también es el tercero de la región que más rápido la está perdiendo. Desde la pandemia, cada año ha ido rompiendo el lamentable récord del desmantelamiento. Y sólo en 2023, el país había perdido un 27% más de bosque que en 2022. La creciente presencia ganadera, los monocultivos y las políticas del Gobierno parecen subrayar lo que para muchos es ya una realidad: la deforestación vino para quedarse. Con todas estas cifras en mente, Stasiek Czaplicki Cabezas, periodista de datos y economista ambiental, se hizo una pregunta: ¿Quién financia esta devastación ambiental? Tres años de investigación después revelaron una parte de la respuesta: los ahorros de los bolivianos.
“Si América Latina fuera un salón de clase, los peores alumnos serían Bolivia y Brasil, la diferencia es que Brasil sí tiene políticas públicas. En Bolivia, el Gobierno está aprobando medidas que apoyan el sector agropecuario”, explica Czaplicki, el autor del estudio Las finanzas grises del agronegocio en Bolivia y su rol en la deforestación, realizado en colaboración con Alianza por la Solidaridad / Actionaid Bolivia y publicado a finales de agosto. Este informe revela que el 10,8% de las inversiones de los fondos de pensiones bolivianos, una suma de 2.569 millones de dólares, están financiando los sectores de la soja, el azúcar y la ganadería, los principales responsables de la deforestación en el país. Este monto equivale a casi el triple de la inversión realizada en 2024 a las universidades públicas del país.
Esta cifra, según cuenta el autor, es el resultado de una compleja red de inversiones directas e indirectas a través de la banca y fondos de inversión cerrados (FICs) que terminan financiando los principales sectores que generan la destrucción ecosistémica. “Estos préstamos que les dan no consideran el destino de esos fondos y sus implicaciones socio-ecológicas”, lamenta por teléfono.
Hace años que a Czaplicki le llamaban la atención las supuestas crisis del sector de la soja, así que decidió hacerle seguimiento a esas cuentas. “Hice lo que se conoce como ‘follow de money’ (seguir el dinero). Empecé a encontrar cosas sospechosas, pagos de impuestos muy bajos, utilidades casi inexistentes… ¿Entonces dónde está el negocio?”, se preguntó. “Me di cuenta de que hay dos mecanismos para hacer dinero en el agronegocio. El primero es la especulación comercial de la tierra en la que desmontas el terreno y lo revendes, pero no es tan común. Y la segunda, la especulación financiera. Tener tierras activas para conseguir préstamos. De ahí sale la principal ganancia del agro en Bolivia”.
En la última década, la participación de estos préstamos en la cartera bancaria nacional ha escalado del 11,7% al 18,2%, en un contexto donde el volumen total de créditos se ha cuadruplicado. Paralelamente, los fondos de pensiones han experimentado un crecimiento similar, con la obligación de invertir mayoritariamente en el sector formal boliviano, que representa apenas el 18% de la economía del país. “En otras palabras, a medida que los créditos bancarios e inversiones de los fondos de pensiones aumentaron, también creció la proporción y el volumen destinado al agronegocio”, dice.
Hay tres cosas que le preocupan seriamente al respecto. “Por un lado, lo ético. Ya que los fondos de pensión, siendo ahorros para el futuro, están siendo usados para destrozar los ecosistemas del futuro. Después, está el ámbito económico porque promueven la inequidad. Y por último, es que los fondos de pensiones sirven para alimentar la banca y el sector. Lo peor es que la gente ni lo imagina”, reconoce. De acuerdo con encuestas de WWF que coordinó el autor del estudio, entre el 45 y 55% de la poblacion entre los 18 y los 45 años de La Paz y Santa Cruz no concibe que la ganadería pueda generar deforestación.
Para Czaplicki, economista ambiental, otro de los puntos clave de la investigación es la concentración del capital. En el sector soyero, por ejemplo, sólo ocho empresas reciben el 63% de los créditos bancarios, mayoritariamente en pesos bolivianos y a tasas de interés anual máximas de 6% y, en general, mucho menores. “Esta concentración genera un endeudamiento cuestionable e incrementa el riesgo del sistema bancario y de nuestras pensiones”, critica.
Pese a estas facilidades de financiación, estos sectores son intervenidos y apoyados a menudo, según el estudio. El ejemplo más reciente fue la creación de un fondo público de unos 300 millones de dólares de apoyo a los productores de soja y palma a un 0,5% de interés anual. “Estas condiciones en comparación con las de los préstamos sociales son muy diferentes. Para la vivienda social, el interés anual está entre el 5,5 y el 6,5%”.
La deforestación no la generan (sólo) los incendios
El experto lamenta que siga existiendo una fuerte estigmatización alrededor de las comunidades indígenas y campesinas vinculada a la deforestación. Estas comunidades suelen usar quemas controladas para sus cosechas. Si bien algunas de ellas se han descontrolado y han causado daños en los ecosistemas, al ser estos muy visibles, la percepción boliviana es que son los principales responsables del desmantelamiento. Sin embargo, el 88% de la conversión de bosques es producto de una deforestación planificada y ejecutada, en gran medida, con maquinaria pesada, sin incendios.
Es por ello que el economista cree que hay que informar más y mejor a la población. “Como sociedad tenemos que exigir una mayor transparencia y empujar la desinversión de actividades de sectores extractivos de las pensiones”, dice. “El problema es que no hay muchos otros sectores donde invertir, tenemos que replantear el presente y el futuro. Estamos hipotecando nuestro futuro y el de las generaciones venideras”.
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Las autoridades mexicanas reconocen que han ratificado esta herramienta de financiamiento en un entorno de incertidumbre e inestabilidad de los mercados financieros
México .-El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha ratificado su línea de crédito flexible a México por 35.000 millones de dólares. El financiamiento, a dos años, fue otorgado al país en 2023 y, ahora, es su evaluación a medio término, el organismo multilateral ha resaltado que el país mantiene los requisitos necesarios para acceder, en caso de que lo requiera a este fondeo. Las autoridades mexicanas han explicado que ante un entorno de riesgos externos y volatilidad han decidido mantener esta herramienta de financiamiento activa. “El entorno externo sigue presentando incertidumbre y riesgos. Entre ellos destacan los derivados de la dinámica de la economía global y de la volatilidad en los mercados financieros. Esta medida refuerza la posición del país frente a escenarios de volatilidad internacional”, indicaron por escrito. La Línea de Crédito Flexible es un instrumento disponible a algunos países del mundo que les permite fortalecer sus reservas y atender choques inesperados.
La Comisión de Cambios, integrada por el Banco de México y la Secretaría de Hacienda, han informado este viernes que México continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios para acceder a los recursos disponibles a través de este instrumento, en caso de requerirlo y sin condicionalidad por parte del FMI. “Las autoridades refrendan su compromiso con políticas macroeconómicas prudentes que contribuyan a la estabilidad financiera y al crecimiento económico sostenible e incluyente”, añaden.
El organismo admite que México tiene un historial sostenido en la implementación de políticas macroeconómicas sólidas y sigue contando con fundamentos económicos y marcos de política institucional muy fuertes; un nivel de reservas internacionales adecuado; un historial de acceso a los mercados de capitales en condiciones favorables y finanzas públicas sanas. Además, de un marco de política monetaria y cambiario sólido y un sistema financiero bien capitalizado que se mantiene sólido frente a los riesgos sistémicos del sector financiero.
Entre los riesgos y desafíos, el FMI, advierte de que se espera que el crecimiento económico del país se modere aún más en 2025, debido a la retirada del estímulo fiscal de este año y a la continua restricción monetaria. Se necesita una consolidación fiscal anticipada, respaldada por medidas creíbles y bien identificadas, para reducir la deuda pública a lo largo del tiempo y proporcionar un margen de maniobra en caso de shocks negativos. “Existe una necesidad crítica de fortalecer la gobernanza, combatir la corrupción y el delito, mejorar la infraestructura física y movilizar el ahorro privado para financiar inversiones privadas”, sugiere.
El monto del financiamiento renovado en esta ocasión es igual al de 2023, sin embargo, desde 2018, México ha venido reduciendo la línea de crédito con el FMI. En 2018, México decidió recortar la línea de 88.000 millones de dólares a 74.000 millones de dólares. Esta línea de crédito internacional es un instrumento de carácter precautorio frente a condiciones externas adversas que refuerza la reserva de activos internacionales y complementa las herramientas de las autoridades mexicanas para preservar la estabilidad económica y financiera.
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Análisis Noticiosos
Estudio asegura que jardines Suizos esconden toneladas de oro de sus propietarios
Agencia Efe
Ginebra.- Las familias suizas acumulan en total, a modo de inversión segura, unas 200 toneladas de oro valoradas en 15,000 millones de francos (16,000 millones de euros), y una parte de ellas han sido enterradas en los jardines de sus propiedades, revela un estudio publicado por la Universidad de San Galo (este del país).
A esta conclusión han llegado los autores del estudio del que se hace eco este jueves la televisión nacional RTS, realizado mediante encuestas a unos 3,000 residentes en el país, a los que se les preguntó si poseían reservas de oro y dónde las guardaban, lo que dio resultados inesperados.
Un 15 % indicaron que guardaban su oro en un lugar secreto de la vivienda y un 5 % enterrado en el jardín, lo que en este último caso equivaldría a 10 toneladas del metal precioso valoradas en 750 millones de francos (800 millones de euros).
El estudio se refiere únicamente al oro en lingotes o en monedas y excluye el utilizado en joyas y otros objetos.
Aunque dos tercios de los encuestados en el estudio consideran que el oro es un valor seguro para la inversión, son más los ciudadanos del país que invierten en el sector inmobiliario o en el bancario.
Los encuestados con reservas de oro aseguraron que no venderían estas peculiares fortunas más que en caso de absoluta necesidad, pese a que actualmente el precio del oro se encuentra en valores récord que se aproximan ya a los 2.800 dólares (2.600 euros) por onza (medida de peso de metales preciosos equivalente a unos 31 gramos).