Análisis Noticiosos
Un poco de esperanza para las víctimas de Baby Doc; ¿continuará Estados Unidos siendo un obstáculo a la justicia?
Por Dan Beeton, Alexander Main y Jake Johnston*
En Argentina, Guatemala, Perú y otros países en la región, exdictadores y algunos de los responsables por las violaciones de derechos humanos bajo regímenes autoritarios han sido, o están en el proceso de ser enjuiciados por sus crímenes. En Haití, por la primera vez parece haber una verdadera esperanza de que el exdictador Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier tendrá que hacer frente a acusaciones de violaciones de derechos humanos. Pero el camino de la justicia es todavía largo y escarpado y uno de los obstáculos podría ser el gobierno de Estados Unidos.
Después de que Duvalier se negó varias veces a presentarse para la audiencia sobre derechos humanos el 7 de febrero, un juez haitiano ordenó a que apareciera en una audiencia citada para el 28 de febrero. Esto significa que Duvalier debería ser escoltado a la corte por las autoridades. Si Duvalier finalmente se presenta en la corte, será la primera vez que será obligado a hablar del tema de la violencia política que ocurrió durante su dictadura, que duró 15 años (1871-1986), y que siguió la dictadura de su padre Francois “Papa Doc” Duvalier (1857-1971).
Actualmente, Duvalier está enfrentando cargos de corrupción en las cortes haitianas. Pero el 30 de enero de 2012, Juez Carves Jean rechazó los cargos de crímenes de derechos humanos en contra del exdictador, usando el argumento de que ya había pasado el estatuto de limitaciones. Las audiencias a las que se lo ha llamado a Duvalier recientemente han sido convocadas para abordar la apelación a la decisión del juez, por parte de los abogados de las víctimas.
La decisión del Juez Jean dejo la comunidad de derechos humanos consternada, ya que Duvalier ha sido considerado uno de los dictadores más nefastos y brutales del hemisferio, conocido por haber destrozado brutalmente la oposición con la asistencia de la policía secreta “Tonton Macoute” y las fuerzas armadas de Haití durante los 15 años que estuvo en el poder. Bajo su gobierno, miles fueron matados- muchos de ellos enterrados en fosas comunes- y miles torturados. Cientos de miles más huyeron del país, muchos obligados a volver al ser descubiertos por barcos estadounidenses que buscaban prevenir su llegada a las costas de Estados Unidos.
Amnistía Internacional condenó las tácticas dilatorias por parte del poder judicial haitiano, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “tortura, ejecuciones extrajudiciales, y desapariciones forzadas cometidas durante el régimen de Jean-Claude Duvalier son crímenes de lesa humanidad que, de tal manera, no son sujetos ni a un estatuto de limitaciones ni a leyes de amnistía.”
Un factor externo importante, concuerdan varios observadores, es la reacción callada de Estados Unidos al caso. Cuando le preguntaron sobre Duvalier, después de su retorno a Haití en enero de 2011, la entonces Secretaria de Estado Hillary Clinton indicó que los abusos de Duvalier eran viejas noticias, y que enjuiciarlo podría impedir los esfuerzos realizados para “estabilizar” el país, y que “fundamentalmente, una decisión sobre que hacer es decisión del gobierno y del pueblo de Haití,” una posición que ha sido repetida seguidamente en informes a la prensa y otros foros. Aún más inquietante es que el expresidente Bill Clinton llegó a darle la mano a Duvalier en un evento de alto perfil el año pasado, marcando el segundo aniversario del terremoto en Haití – como también lo hizo el presidente Michel Martelly.
Pero esta posición se encuentra en fuerte contraste a la posición de Estados Unidos en cuanto a otros exdictadores. Como describió Human Rights Watch en junio del año pasado, Hillary Clinton prometió “continuar a empujar vigorosamente acción por parte de Senegal para finalmente llevar [al exdictador de Chad Hissène] Habré a dar cuenta,” por ejemplo si, “no hubiese progreso en los esfuerzos a favor de su extradición o enjuiciamiento.”
Todavía peor, el gobierno de Estado Unidos podría estar obstruyendo la justicia al retener documentos que podrían ser usados como evidencia en contra de Duvalier, a pesar de que en situaciones similares Estados Unidos ha hecho público documentos sobre el exdictador chileno Augusto Pinochet y miembros de la Junta argentina, por ejemplo, antes que ocurrieran los juicios en esos países.
La postura tomada por los Estados Unidos podría señalar su renuencia a que Duvalier pague por sus crímenes, lo que no sería una sorpresa ya que el gobierno de Estados Unidos mostró mucho apoyo para Duvalier durante su régimen, con un apoyo significativo –incluyendo entrenamiento militar- que incrementó durante las décadas de los 1970s y 1980s. Cuando un levantamiento popular en 1986 finalmente lo forzó a huir, Estados Unidos lo sacó del país en un avión militar.
La posición de Estados Unidos es también irónica considerando que USAID ha gastado $150 millones en programas de “gobernanza y estado de derecho” en Haití desde que ocurrió el terremoto, y ayudó a crear el Consejo Judicial Superior –que ha sido perseguido por controversias durante su breve existencia. Ni debería haberlos sorprendido a los oficiales de Estados Unidos el retorno de Duvalier. Un cable de WikiLeaks muestra que el regreso posible de Duvalier fue una preocupación incluso en 2006. El cable no menciona ningún deseo por parte del gobierno de Estados Unidos de verlo enjuiciado a Duvalier, ni una mención de cargos de ningún tipo.
La comunidad internacional –incluyendo Estados Unidos- debe estar del lado de la justicia y del pueblo de Haití, y debe apoyar el enjuiciamiento de Duvalier. Si el ex dictador logra evadir la justicia, sería un triunfo para la diplomacia cínica de Estados Unidos y para los criminales de derechos humanos de Haití.
*Los autores son analistas con el Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic and Policy Research – CEPR) en Washington, D.C.
Por José Cabral
Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.
Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.
Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.
Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.
Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.
El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.
De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.
En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.
El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la satisfacción de necesidades sociales, que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.
Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.
Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.
Por José Cabral
Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.
Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.
No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.
El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.
Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.
El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.
No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.
El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.
Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.
En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.
¡Qué desastre!.
Por José Cabral
Estuvo profundamente convencido de que el presidente Luis Abinader observaría la Ley 13-26 que persigue anular una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.
Sin embargo, me equivoqué porque Abinader escogió la vía de la promulgación de lo que muy bien se puede calificar como un adefesio jurídico.
Pero hay otro elemento que me provoca muchas dudas y me refiero a cuál ha sido el papel jugado en este caso por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y quien ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.
La pregunta surge porque después de la promulgación sigue la publicación en la gaceta oficial de la nueva ley que pone en tela de juicio todo el sistema legal e institucional del país y precisamente ese último paso recae sobre Subero Isa.
Entonces, se impone preguntarse que si independientemente de que Subero Isa no haya compartido la sentencia TC/0788/24 y que incluso se oponga a las candidaturas independientes, tiene acaso otra opción que no sea respetar la jurisprudencia sentada en esta materia por la alta corte, sobre todo por tratarse de un jurisconsulto que nadie pone en tela de juicio su gran formación jurídica.
Considero que Subero Isa si por alguna razón tiene que cumplir con la decisión tomada por Abinader, la cual parece ser parte de un plan del PRM, entonces lo menos que puede ocurrir es que presente su renuncia de la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo.
Cualquier decisión que no se corresponda con respetar lo que ha sido su trayectoria como hombre de ley, coloca a Subero Isa en una contradicción que impacta muy negativamente el respeto que se ha ganado en el entorno de la justicia dominicana.
Subero Isa es uno de los mejores presidentes de la Suprema Corte de Justicia que ha tenido el país, pero no luce como razonable que juegue algún papel para atacar una jurisprudencia que cumple con todos los requerimientos del derecho constitucional moderno o del neo-constitucionalismo.
Todavía me asalta la duda si Subero Isa se ha sumado a un plan que en todo caso debe ser político para poner en cuestionamiento el proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, cuyos fines es preservar y promover los derechos fundamentales.
La verdad que me gustaría saber a ciencia cierta cuál es la posición de Subero Isa frente a la torpeza cometida por Luis Abinader, sin que haya una razón lógica que la explique.