Análisis Noticiosos
Un poco de esperanza para las víctimas de Baby Doc; ¿continuará Estados Unidos siendo un obstáculo a la justicia?
Por Dan Beeton, Alexander Main y Jake Johnston*
En Argentina, Guatemala, Perú y otros países en la región, exdictadores y algunos de los responsables por las violaciones de derechos humanos bajo regímenes autoritarios han sido, o están en el proceso de ser enjuiciados por sus crímenes. En Haití, por la primera vez parece haber una verdadera esperanza de que el exdictador Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier tendrá que hacer frente a acusaciones de violaciones de derechos humanos. Pero el camino de la justicia es todavía largo y escarpado y uno de los obstáculos podría ser el gobierno de Estados Unidos.
Después de que Duvalier se negó varias veces a presentarse para la audiencia sobre derechos humanos el 7 de febrero, un juez haitiano ordenó a que apareciera en una audiencia citada para el 28 de febrero. Esto significa que Duvalier debería ser escoltado a la corte por las autoridades. Si Duvalier finalmente se presenta en la corte, será la primera vez que será obligado a hablar del tema de la violencia política que ocurrió durante su dictadura, que duró 15 años (1871-1986), y que siguió la dictadura de su padre Francois “Papa Doc” Duvalier (1857-1971).
Actualmente, Duvalier está enfrentando cargos de corrupción en las cortes haitianas. Pero el 30 de enero de 2012, Juez Carves Jean rechazó los cargos de crímenes de derechos humanos en contra del exdictador, usando el argumento de que ya había pasado el estatuto de limitaciones. Las audiencias a las que se lo ha llamado a Duvalier recientemente han sido convocadas para abordar la apelación a la decisión del juez, por parte de los abogados de las víctimas.
La decisión del Juez Jean dejo la comunidad de derechos humanos consternada, ya que Duvalier ha sido considerado uno de los dictadores más nefastos y brutales del hemisferio, conocido por haber destrozado brutalmente la oposición con la asistencia de la policía secreta “Tonton Macoute” y las fuerzas armadas de Haití durante los 15 años que estuvo en el poder. Bajo su gobierno, miles fueron matados- muchos de ellos enterrados en fosas comunes- y miles torturados. Cientos de miles más huyeron del país, muchos obligados a volver al ser descubiertos por barcos estadounidenses que buscaban prevenir su llegada a las costas de Estados Unidos.
Amnistía Internacional condenó las tácticas dilatorias por parte del poder judicial haitiano, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “tortura, ejecuciones extrajudiciales, y desapariciones forzadas cometidas durante el régimen de Jean-Claude Duvalier son crímenes de lesa humanidad que, de tal manera, no son sujetos ni a un estatuto de limitaciones ni a leyes de amnistía.”
Un factor externo importante, concuerdan varios observadores, es la reacción callada de Estados Unidos al caso. Cuando le preguntaron sobre Duvalier, después de su retorno a Haití en enero de 2011, la entonces Secretaria de Estado Hillary Clinton indicó que los abusos de Duvalier eran viejas noticias, y que enjuiciarlo podría impedir los esfuerzos realizados para “estabilizar” el país, y que “fundamentalmente, una decisión sobre que hacer es decisión del gobierno y del pueblo de Haití,” una posición que ha sido repetida seguidamente en informes a la prensa y otros foros. Aún más inquietante es que el expresidente Bill Clinton llegó a darle la mano a Duvalier en un evento de alto perfil el año pasado, marcando el segundo aniversario del terremoto en Haití – como también lo hizo el presidente Michel Martelly.
Pero esta posición se encuentra en fuerte contraste a la posición de Estados Unidos en cuanto a otros exdictadores. Como describió Human Rights Watch en junio del año pasado, Hillary Clinton prometió “continuar a empujar vigorosamente acción por parte de Senegal para finalmente llevar [al exdictador de Chad Hissène] Habré a dar cuenta,” por ejemplo si, “no hubiese progreso en los esfuerzos a favor de su extradición o enjuiciamiento.”
Todavía peor, el gobierno de Estado Unidos podría estar obstruyendo la justicia al retener documentos que podrían ser usados como evidencia en contra de Duvalier, a pesar de que en situaciones similares Estados Unidos ha hecho público documentos sobre el exdictador chileno Augusto Pinochet y miembros de la Junta argentina, por ejemplo, antes que ocurrieran los juicios en esos países.
La postura tomada por los Estados Unidos podría señalar su renuencia a que Duvalier pague por sus crímenes, lo que no sería una sorpresa ya que el gobierno de Estados Unidos mostró mucho apoyo para Duvalier durante su régimen, con un apoyo significativo –incluyendo entrenamiento militar- que incrementó durante las décadas de los 1970s y 1980s. Cuando un levantamiento popular en 1986 finalmente lo forzó a huir, Estados Unidos lo sacó del país en un avión militar.
La posición de Estados Unidos es también irónica considerando que USAID ha gastado $150 millones en programas de “gobernanza y estado de derecho” en Haití desde que ocurrió el terremoto, y ayudó a crear el Consejo Judicial Superior –que ha sido perseguido por controversias durante su breve existencia. Ni debería haberlos sorprendido a los oficiales de Estados Unidos el retorno de Duvalier. Un cable de WikiLeaks muestra que el regreso posible de Duvalier fue una preocupación incluso en 2006. El cable no menciona ningún deseo por parte del gobierno de Estados Unidos de verlo enjuiciado a Duvalier, ni una mención de cargos de ningún tipo.
La comunidad internacional –incluyendo Estados Unidos- debe estar del lado de la justicia y del pueblo de Haití, y debe apoyar el enjuiciamiento de Duvalier. Si el ex dictador logra evadir la justicia, sería un triunfo para la diplomacia cínica de Estados Unidos y para los criminales de derechos humanos de Haití.
*Los autores son analistas con el Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic and Policy Research – CEPR) en Washington, D.C.
Por Robinson Lebrón Céspedes.
La mercantilización del sufragio: Compra de votos y pérdida de autonomía.
A pesar del blindaje garantista introducido por la reforma constitucional de 2010 y la modernización logística de la Junta Central Electoral (JCE), el mercado electoral dominicano durante el periodo 2006-2026 ha seguido condicionado por la persistencia del clientelismo sistémico. La práctica de la compra directa e indirecta de votos en las inmediaciones de los recintos electorales comúnmente operada a través de las denominadas «casas de campaña» informales o logísticas partidarias de último minuto constituye una de las agresiones más severas a la dignidad humana.
Desde una perspectiva ética y sociológica, la transacción monetaria o el intercambio del voto por bienes materiales (como raciones de alimentos, materiales de construcción o promesas de empleo público) despoja al ciudadano de su condición de agente político libre y deliberativo. Este fenómeno genera una «mercantilización del sufragio», donde el votante es percibido por las élites partidarias no como un depositario de la soberanía nacional, sino como un recurso transaccional cuantificable. La autonomía moral del individuo núcleo esencial de la dignidad según la doctrina constitucional queda subordinada a la coacción de sus necesidades materiales básicas, viciando el consentimiento político y erosionando la legitimidad moral de la representación democrática. El uso político-electoral del gasto social estatal.
La instrumentalización de los programas de asistencia social del Estado representa otra vulneración estructural a la dignidad de los sectores más vulnerables de la sociedad dominicana. Durante las últimas dos décadas, y a pesar de la introducción de legislaciones restrictivas como la Ley No. 33-18 de Partidos Políticos y la Ley No. 20-23 Orgánica del Régimen Electoral, la frontera entre la acción institucional del Gobierno y la promoción de las candidaturas oficialistas ha sido históricamente difusa.
El condicionamiento implícito o explícito de subsidios condicionados, tarjetas de ayuda social, programas de transferencias monetarias y planes de empleo coyunturales durante los meses previos a los comicios electorales lesiona gravemente la dignidad ciudadana. Al utilizar los recursos públicos —que constituyen un derecho colectivo— como un mecanismo de chantaje o de inducción del voto, el aparato político instrumentaliza la pobreza. Esta práctica reduce al ciudadano a una condición de dependencia y subordinación psicológica ante el gobernante de turno, transformando lo que constitucionalmente debe ser un ejercicio de libertad soberana en un acto de supervivencia económica forzada.
Desigualdad en el financiamiento y la exclusión de candidaturas idóneas.
La dignidad humana, en su vertiente política, no solo ampara el derecho a elegir en libertad, sino también el derecho a ser elegido en condiciones de equidad e igualdad de oportunidades (artículo 39 de la Constitución). Sin embargo, el ecosistema electoral dominicano ha operado bajo una profunda distorsión provocada por el alto costo de las campañas políticas y la insuficiencia de los mecanismos de fiscalización del financiamiento privado.
La irrupción de capitales no transparentes y el desborde de los topes de gastos permitidos por la ley generan una plutocratización fáctica de la política. Aquellos ciudadanos e intelectuales idóneos que aspiran a puestos de elección popular, pero que carecen de grandes fortunas personales, el patrocinio corporativo o el acceso a redes clientelares, quedan excluidos de facto de la competencia electoral. Esta asimetría económica no solo vulnera el derecho a la igualdad de los aspirantes, sino que limita la libertad de opción de los electores, quienes ven reducida su oferta política a opciones validadas por el poder económico y no por el mérito programático, consolidando una democracia de exclusión que lesiona la dignidad del debate público.
Las prácticas de clientelismo, la instrumentalización de los programas sociales y la desigualdad en el financiamiento electoral representan desafíos estructurales para la democracia dominicana, al comprometer la dignidad humana y la libertad del sufragio. Superar estas distorsiones requiere fortalecer la transparencia, la fiscalización y la educación cívica, garantizando procesos electorales más equitativos y respetuosos de los principios constitucionales y del Estado social y democrático de derecho.
Robinson Jesús Lebrón Céspedes.
Abogado y Docente Universitario.
Análisis Noticiosos
Irresponsabilidad del Estado ante la posible ocurrencia de un terremoto en Santiago.
Por José Cabral
La indignación del ciudadano dominicano no tiene otra razón de ser que la irresponsabilidad, la negligencia y la complicidad de las autoridades edilicias de Santiago y de todo el Estado ante la posibilidad de que el país pueda ser afectado por un terremoto que supere los siete grados como ha ocurrido en Venezuela.
Ya Santiago muchas décadas atrás fue víctima de un fenómeno natural que prácticamente borró del mapa a la segunda ciudad en importancia del país.
Sin embargo, por las propias características de una ciudad que ya representa una gran metrópolis como lo es Santiago, sus residentes están expuestos a un gran peligro, a una tragedia nacional de magnitudes insospechadas.
Los grandes terremotos son cíclicos, ya que hay expertos que sostienen que se producen cada 60 ó 70 años, el cual no debe ser el punto de referencia para que las autoridades tomen las medidas pertinentes, no para que no ocurran, sino para que los daños no sean tan cuantiosos, sobre todo en lo que respecta a pérdida de vidas humanas.
Pero como el asunto tiene su base en una cultura como la improvisación y la falta de planificación estratégica de las autoridades que gobiernan el país, no sólo de las actuales, sino también de las pasadas, en Santiago, cuyo suelo no es recoso, han permitido la construcción de grandes torres que representan una gran amenaza ante la ocurrencia de este tipo de fenómeno natural.
Lo peor de todo es que nada les sirve de escarmiento y sólo el problema se aborda cuando surge una tragedia, como la que ha afectado a Venezuela, la cual luce que esperan tanto las autoridades municipales como las nacionales.
Un ejemplo de la irresponsabilidad y cómo opera el tráfico de influencia es que, por la propia naturaleza del tipo de suelo de Santiago, la ciudad tenia prohibida la construcción de edificios que superaran las cuatro plantas, pero de unos años para acá ha tolerado el levantamiento de altas torres en lugares como “La Trinitaria”, donde algunas alcanzan hasta casi los 30 pisos.
El tema ha sido puesto sobre el tapete ante los terremotos y la gran tragedia que se ha producido en Venezuela por causas parecidas a las que se concretan en Santiago, donde la llamada falla de la zona Septentrional atraviesa la cordillera del mismo nombre, cuyo desplazamiento horizontal parte del límite de la que se conocen como las placas de Norteamérica y del Caribe.
Esta falla atraviesa el norte del país por unos 228 kilómetros desde la bahía de Manzanillo en Montecristi y llega hasta la de Samaná, la cual tiene una gran cercanía a centros urbanos como Santiago y Puerto Plata, la cual es considerada la más peligrosa y con mayor potencial para generar grandes sismos en la región.
Lo más grave del asunto es que hay personas que se les ha ocurrido construir viviendas hasta en la falda de la Cordillera Septentrional, cuyo peligro tiene mucho que ver con la tolerancia, la ignorancia, pero sobre todo con la irresponsabilidad de las autoridades.
A Dios que reparta suerte.
Por Antonio Salcedo
El descredito de los partidos políticos en la República Dominicana ya deja la sensación de que en el 2028 cualquier cosa puede ocurrir.
Pero el hecho de que cualquiera se pueda encamarar en el poder es un fenómeno que ya ha ocurrido en más de una ocasión en el país y en otras naciones del hemisferio.
La República Dominicana ya ha tenido que soportar a varios presidentes que definitivamente no tienen bien puestas sus cabezas.
La cualquierización de que hablo podría representar un gran peligro para la nación, porque ello podría traer consigo una debacle nacional, tal vez el abismo total del país.
Sin embargo, a pesar de la fuerza que toma el fenómeno de que alguien venga desde fuera de la política tradicional y se encaramarse en el poder, es una posibilidad muy real, pero no luce que el país pueda fijarse en una figura vulgar y estrafalaria como Alofoque.
Aunque, repito, cualquier cosa puede ocurrir, ya que cuando una sociedad entra en crisis puede producirse lo que nadie se imagina.
No obstante, no me luce que Alofoke pueda capitalizar la crisis que impacta a los partidos políticos, porque muy difícilmente una figura de las redes sociales con las características de este personaje pueda tener éxito político.
De lo que sí hay que estar consciente es que en la República Dominicana las travesuras de los actores de la clase política no van a dejar nada bueno.
Pero me ratifico en la idea de que no será un Alofoke, un personaje de muy mala procedencia y con una pobre formación, quien capitalice la decepción del ciudadano con la partidocracia.
El tiempo hablará.