Análisis Noticiosos
Un poco de esperanza para las víctimas de Baby Doc; ¿continuará Estados Unidos siendo un obstáculo a la justicia?
Por Dan Beeton, Alexander Main y Jake Johnston*
En Argentina, Guatemala, Perú y otros países en la región, exdictadores y algunos de los responsables por las violaciones de derechos humanos bajo regímenes autoritarios han sido, o están en el proceso de ser enjuiciados por sus crímenes. En Haití, por la primera vez parece haber una verdadera esperanza de que el exdictador Jean-Claude “Baby Doc” Duvalier tendrá que hacer frente a acusaciones de violaciones de derechos humanos. Pero el camino de la justicia es todavía largo y escarpado y uno de los obstáculos podría ser el gobierno de Estados Unidos.
Después de que Duvalier se negó varias veces a presentarse para la audiencia sobre derechos humanos el 7 de febrero, un juez haitiano ordenó a que apareciera en una audiencia citada para el 28 de febrero. Esto significa que Duvalier debería ser escoltado a la corte por las autoridades. Si Duvalier finalmente se presenta en la corte, será la primera vez que será obligado a hablar del tema de la violencia política que ocurrió durante su dictadura, que duró 15 años (1871-1986), y que siguió la dictadura de su padre Francois “Papa Doc” Duvalier (1857-1971).
Actualmente, Duvalier está enfrentando cargos de corrupción en las cortes haitianas. Pero el 30 de enero de 2012, Juez Carves Jean rechazó los cargos de crímenes de derechos humanos en contra del exdictador, usando el argumento de que ya había pasado el estatuto de limitaciones. Las audiencias a las que se lo ha llamado a Duvalier recientemente han sido convocadas para abordar la apelación a la decisión del juez, por parte de los abogados de las víctimas.
La decisión del Juez Jean dejo la comunidad de derechos humanos consternada, ya que Duvalier ha sido considerado uno de los dictadores más nefastos y brutales del hemisferio, conocido por haber destrozado brutalmente la oposición con la asistencia de la policía secreta “Tonton Macoute” y las fuerzas armadas de Haití durante los 15 años que estuvo en el poder. Bajo su gobierno, miles fueron matados- muchos de ellos enterrados en fosas comunes- y miles torturados. Cientos de miles más huyeron del país, muchos obligados a volver al ser descubiertos por barcos estadounidenses que buscaban prevenir su llegada a las costas de Estados Unidos.
Amnistía Internacional condenó las tácticas dilatorias por parte del poder judicial haitiano, mientras que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que “tortura, ejecuciones extrajudiciales, y desapariciones forzadas cometidas durante el régimen de Jean-Claude Duvalier son crímenes de lesa humanidad que, de tal manera, no son sujetos ni a un estatuto de limitaciones ni a leyes de amnistía.”
Un factor externo importante, concuerdan varios observadores, es la reacción callada de Estados Unidos al caso. Cuando le preguntaron sobre Duvalier, después de su retorno a Haití en enero de 2011, la entonces Secretaria de Estado Hillary Clinton indicó que los abusos de Duvalier eran viejas noticias, y que enjuiciarlo podría impedir los esfuerzos realizados para “estabilizar” el país, y que “fundamentalmente, una decisión sobre que hacer es decisión del gobierno y del pueblo de Haití,” una posición que ha sido repetida seguidamente en informes a la prensa y otros foros. Aún más inquietante es que el expresidente Bill Clinton llegó a darle la mano a Duvalier en un evento de alto perfil el año pasado, marcando el segundo aniversario del terremoto en Haití – como también lo hizo el presidente Michel Martelly.
Pero esta posición se encuentra en fuerte contraste a la posición de Estados Unidos en cuanto a otros exdictadores. Como describió Human Rights Watch en junio del año pasado, Hillary Clinton prometió “continuar a empujar vigorosamente acción por parte de Senegal para finalmente llevar [al exdictador de Chad Hissène] Habré a dar cuenta,” por ejemplo si, “no hubiese progreso en los esfuerzos a favor de su extradición o enjuiciamiento.”
Todavía peor, el gobierno de Estado Unidos podría estar obstruyendo la justicia al retener documentos que podrían ser usados como evidencia en contra de Duvalier, a pesar de que en situaciones similares Estados Unidos ha hecho público documentos sobre el exdictador chileno Augusto Pinochet y miembros de la Junta argentina, por ejemplo, antes que ocurrieran los juicios en esos países.
La postura tomada por los Estados Unidos podría señalar su renuencia a que Duvalier pague por sus crímenes, lo que no sería una sorpresa ya que el gobierno de Estados Unidos mostró mucho apoyo para Duvalier durante su régimen, con un apoyo significativo –incluyendo entrenamiento militar- que incrementó durante las décadas de los 1970s y 1980s. Cuando un levantamiento popular en 1986 finalmente lo forzó a huir, Estados Unidos lo sacó del país en un avión militar.
La posición de Estados Unidos es también irónica considerando que USAID ha gastado $150 millones en programas de “gobernanza y estado de derecho” en Haití desde que ocurrió el terremoto, y ayudó a crear el Consejo Judicial Superior –que ha sido perseguido por controversias durante su breve existencia. Ni debería haberlos sorprendido a los oficiales de Estados Unidos el retorno de Duvalier. Un cable de WikiLeaks muestra que el regreso posible de Duvalier fue una preocupación incluso en 2006. El cable no menciona ningún deseo por parte del gobierno de Estados Unidos de verlo enjuiciado a Duvalier, ni una mención de cargos de ningún tipo.
La comunidad internacional –incluyendo Estados Unidos- debe estar del lado de la justicia y del pueblo de Haití, y debe apoyar el enjuiciamiento de Duvalier. Si el ex dictador logra evadir la justicia, sería un triunfo para la diplomacia cínica de Estados Unidos y para los criminales de derechos humanos de Haití.
*Los autores son analistas con el Centro de Investigación en Economía y Política (Center for Economic and Policy Research – CEPR) en Washington, D.C.
Por José Cabral
La elección presidencial en los países latinoamericanos envía un mensaje preocupante, el cual consiste en que mientras más vínculos con el bajo mundo se tenga, mayores son las posibilidades de salir triunfante.
Este meta mensaje lo hemos vivido en Colombia, Honduras, Perú, Panamá y ahora en Brasil, lo cual quiere decir que para ser un buen candidato presidencial hay que tener vínculos con el bajo mundo, porque parece que la conducta ética no es apreciada por el votante latinoamericano.
Flavio Bonsonaro es buen ejemplo de la tendencia en este sentido, quien en las elecciones celebradas este domingo 4 de octubre en Brasil ha logrado quedar en primer lugar con una votación que llega casi al 50 por ciento.
Sin embargo, será el próximo 25 del presente mes cuando se celebre la segunda vuelta de los referidos comicios, en los que una serie de pequeños partidos han obtenido algo más del siete por ciento de la votación general, lo que de alguna manera representa lo que podría darle el triunfo a Bolsonaro, un hombre de derecha e imputado de una serie de irregularidades,
En Brasil se ha repetido la misma historia de otros lugares de Latinoamérica, donde el apoyo de Donald Trump a gente vinculada al bajo mundo logran imponerse en las elecciones presidenciales.
Este cuadro plantea si lo que ocurre en Latinoamérica significa que la lucha en contra del crimen transnacional carece de sinceridad y que se valora más al que anda en ese mundo que al hombre serio.
Son muchos los discursos en contra del crimen transnacional, pero todo parece indicar que esa narrativa no luce que sea sincera.
En consecuencia, me parece que el real mensaje que se envía es que meterse al lavado de activo y negocios ilícitos es la mejor vía para hacer política.
El triunfo de Bolsonaro y de otros elegidos en Latinoamérica no deja dudas de que el bajo mundo ha ganado la batalla e incluso entre los que dicen combatirlo.
Parece que no tiene sentido escoger el camino de la ética en la política, porque si bien hay quienes dicen combatir el problema del no respeto de la ley, pero en la práctica hacen todo lo contrario y el votante al final de la jornada también se inclina por esta tendencia.
Todo anda al revés de como lo plantea gente que busca cambios profundos en los países latinoamericanos, donde la ética parece importar muy poco.
Les hablo desde la responsabilidad ciudadana, no desde la trinchera partidaria. Les hablo porque la democracia dominicana atraviesa un umbral peligroso y pretender que todo sigue igual es una irresponsabilidad histórica.Análisis Noticiosos
La República Dominicana entre las estadísticas y la realidad de la delincuencia en el pais.
Las cifras oficiales presentan una supuesta tendencia descendente en los homicidios durante 2026, pero los robos, los hechos violentos de alto impacto y el temor ciudadano son el pan de cada día.
Por la redacción
La delincuencia sigue ocupando un espacio central en la conversación pública dominicana, pese a que las estadísticas oficiales hablan de avances en algunos indicadores, especialmente en la reducción de los homicidios, pero los hechos y la percepción de inseguridad continúa presente en la mayoria de la población.
Al 11 de septiembre de 2026, la Fuerza de Tarea Conjunta reportó una tasa acumulada de 7.41 homicidios por cada 100,000 habitantes, inferior a los registros de 2025, 2024, 2023 y 2022. Además, pero lo que se se observa no parece corresponderse con esas estadisticas.
Ese dato muestra una aparente tendencia favorable en materia de violencia homicida. Sin embargo, por sí solo no permite concluir que la inseguridad haya dejado de ser un problema de primer orden en la preocupacion de la gente.
En el reporte correspondiente al corte del 31 de agosto, las autoridades contabilizaron 4,402 robos, junto con 91 homicidios y 183 personas heridas. Esto evidencia que la criminalidad no puede analizarse únicamente a través de las muertes violentas.
Una cosa es la estadística y otra la experiencia cotidiana
El ciudadano no mide la seguridad solamente por la tasa nacional de homicidios.
La mide cuando sale de su casa, cuando utiliza su teléfono en la calle, cuando deja un vehículo estacionado, cuando abre un negocio o cuando un familiar regresa tarde de trabajar.
Por eso, puede existir una aparente reducción de algunos delitos y, al mismo tiempo, mantenerse una percepción elevada de inseguridad.
El problema se vuelve aún más visible cuando ocurren hechos violentos de gran repercusión mediática. Casos de homicidios, atracos, ataques dentro de viviendas o enfrentamientos armados generan un impacto social que va más allá de las estadísticas.
En septiembre, por ejemplo, la Policía ha informado sobre varios operativos vinculados a robos, atracos y homicidios, incluyendo casos en Boca Chica y Santo Domingo Norte.
Los robos siguen siendo parte importante del problema
Uno de los puntos que merece mayor atención es el comportamiento de los delitos contra la propiedad.
En apenas una semana, con corte al 4 de septiembre, el reporte policial registró 563 robos.
Aunque ese número necesita ser interpretado dentro del total nacional y comparado con períodos equivalentes, refleja que miles de ciudadanos continúan enfrentándose a situaciones relacionadas con sustracción de bienes, atracos y otros delitos patrimoniales.
Las propias autoridades han informado que, durante el primer semestre de 2026, los robos mostraban una reducción interanual de alrededor de 27 % frente a igual período de 2025.
La conclusión, por tanto, no es que los robos estén aumentando necesariamente, sino que siguen siendo numerosos y visibles, aun dentro de una tendencia oficial de esgrimir una narrativa de reducción del fenómeno..
El reto no es solo detener, sino prevenir
Otro elemento central del debate es la estrategia de seguridad.
La Policía ha intensificado patrullajes, operativos, allanamientos y ejecución de órdenes de arresto. A junio de 2026, las autoridades reportaban más de 1.7 millones de acciones preventivas, 3,220 órdenes de arresto ejecutadas y 845 allanamientos.
Pero una política de seguridad pública sostenible necesita ir más allá de la reacción policial.
Debe incluir prevención comunitaria, inteligencia criminal, control de armas ilegales, investigación de redes delictivas, persecución financiera del crimen organizado y fortalecimiento de la justicia.
También requiere atender factores sociales que, sin ser una causa automática de la delincuencia, pueden crear contextos de mayor vulnerabilidad: abandono escolar, falta de oportunidades laborales, consumo problemático de drogas, violencia familiar y presencia de estructuras criminales en determinados sectores.
La confianza ciudadana es parte de la seguridad
Existe otro desafío menos visible: la confianza en las instituciones.
Cuando una víctima no denuncia porque considera que “no vale la pena”, cuando teme represalias o cuando piensa que el expediente no avanzará, el sistema de seguridad pierde información esencial.
La lucha contra la delincuencia también depende de que el ciudadano confíe en la Policía, el Ministerio Público y los tribunales.
Una investigación bien realizada, un proceso judicial transparente y una sanción conforme al debido proceso pueden tener un efecto preventivo tan importante como el patrullaje.
Una realidad con dos caras
Los datos actuales permiten identificar una realidad compleja.
Por un lado, la tasa de homicidios presenta una tendencia supuestamente descendente: pasó de niveles superiores a 13 por cada 100,000 habitantes en 2022 a alrededor de 7.4 en septiembre de 2026, según las estadísticas oficiales, pero en la práctica no parece ser esa la realidad.
Por otro, los robos, los delitos violentos de alto impacto y la constante difusión de hechos criminales mantienen viva la preocupación social.
La cuestion es que eso explica por qué puede existir una diferencia entre lo que muestran las cifras y lo que siente la gente.
El desafío: que la mejoría estadística llegue a las calles
La verdadera prueba para cualquier política de seguridad no será únicamente reducir una tasa.
Será conseguir que esa reducción se traduzca en una experiencia cotidiana diferente.
Que el comerciante pueda cerrar su negocio con menos temor.
Que una persona pueda caminar por su comunidad sin sentirse permanentemente vulnerable.
Que una familia pueda confiar en que, si ocurre un delito, habrá una investigación seria y una respuesta institucional.
La República Dominicana muestra, de acuerdo a los informes oficiales, supuestos avances en algunos indicadores, particularmente en homicidios, pero el desafío de la seguridad ciudadana continúa siendo mucho más amplio: reducir el delito, fortalecer la justicia y lograr que la población también perciba esa mejoría en su vida diaria.