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Análisis Noticiosos

«Un presidente que quiere el control, Danilo Medina. Sus primeros 100 días de gobierno»

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Por Lic. Juan Antonio Ovalles Pérez

Desde su juramentación el pasado 16 de agosto’12 como Presidente de la República y al completar recientemente sus primeros 100 días de su mandato presidencial, el Lic. Danilo Medina ha demostrado con sus acciones que es un Presidente que quiere el control y eso lo enaltece ante su pueblo como un presidente ejemplar con un estilo de gobernar parecido, guardando las diferencias de la época, al del Profesor Juan Bosch, cuando ocupó el solio presidencial a partir del  27 de febrero del año 1963.

Entre las medidas tomadas en los primeros 100 días por el Presidente Danilo Medina y que demuestran que es un Presidente que quiere el Control, se destacan entre otras las siguientes:

PUSO EN MARCHA EL “CODIGO DE PAUTAS ETICAS”

En uno de los primeros Consejo de Gobierno Ampliado que celebró el Presidente Danilo en el Palacio Nacional desde que asumió la presidencia de la República, fue la puesta en Marcha del “Código de Pautas Éticas”, afirmando que será una prioridad de su administración el manejo austero y transparente de los fondos públicos, y advirtió que será severo e implacable con los funcionarios que violen las layes y actúen deshonestamente

Con la puesta en marcha del Código de Pautas Éticas, el Presidente Danilo Medina delineó como Máxima Autoridad Ejecutiva de la Administración Pública, su filosofía para fomentar en todo el sector público un ambiente propicio para la operación del control interno, mediante la generación de una nueva cultura de administración y control para promover, entre las máximas autoridades ejecutivas de cada entidad pública, el reconocimiento del control como parte de sus responsabilidades para manejar y administrar los recursos de la nación.

El Código de Pautas Éticas, consta de 18 puntos y uno de los más relevante, el número 3, señala que el Presidente y los miembros de su gabinete se comprometen a administrar los bienes del Estado con honestidad, equidad, eficacia, transparencia y realizando un trabajo en armonía con los intereses estatales y la sociedad.

Según el Artículo 25 de la Ley 10-07 Que instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloria General de la República, establece que “el Titular de cada entidad u organismo bajo el ámbito de la presente ley, es el principal responsable del establecimiento y cumplimiento del control interno en la respectiva institución. Los servidores públicos en los diferentes niveles de responsabilidad de la entidad u organismo, responderán por el mantenimiento y cumplimiento del control interno de las operaciones o actividades a su cargo”.

EL DECRETO 486-12 QUE CREA LA DIRECCION GENERAL DE ETICA E INTEGRIDAD GUBERNAMENTAL

El Presidente Danilo Medina, emitió el  21 de agosto’12, el Decreto 486-12 que crea la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), en sustitución de la Comisión Nacional de Ética y Combate a la Corrupción (CNECC). Esta dirección será el órgano rector, en materia de ética, transparencia, gobierno abierto, lucha contra la corrupción, conflicto de interés y libre acceso a la informacion, en el ámbito administrativo gubernamental.

Esta nueva dependencia, está adscrita al Ministerio de la Presidencia de la República y sus planes deberán ser sometidos al Poder Ejecutivo para su conocimiento y aprobación. Será dirigida por un Director General que ha de ser designado por el Poder Ejecutivo. En esta entidad, fue designado el Dr. Marino Vinicio Castillo.

Entre las funciones de esta dirección, está la de investigar las actuaciones de los servidores públicos que transgredan el régimen ético y disciplinario establecido en la Ley 41-08, de Función Pública, cuando las autoridades a cargo no adopten las acciones correctivas oportunamente, y sin perjuicio de las funciones del Ministerio de Administración Pública.

Además, contribuir a desarrollar y fortalecer una cultura ética, de transparencia e integridad, promover los valores éticos y morales en la Administración Pública, así como dar seguimiento y asesorar a las Comisiones de Ética Pública para garantizar el adecuado cumplimiento de sus funciones y su participación activa en la dinámica institucional, entre otras.

EL DECRETO 499-12 QUE ESTABLECE MEDIDAS DE AUSTERIDAD.

Otra medida que tomó el Presidente de la República, Danilo Medina dentro sus primeros 100 días de su gobierno y que demuestra que quiere el control, lo ha sido la puesta en vigencia del Decreto 499-12 que establece medidas de austeridad.

Con este decreto el Presidente sostiene que “constituye una prioridad de la actual administración ajustar los gastos de los órganos y entes que conforman la administración pública, así como los organismos autónomos y descentralizados instituidos por leyes, a través de medidas dirigidas a racionalizar el gasto en el sector público y a mejorar el sistema de rendición de cuentas”

EL DECRETO 543-12 QUE ESTABLECE UN NUEVO REGLAMENTO DE LA LEY SOBRE COMPRAS Y CONTRATACIONES DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS Y CONCESIONES.

El Presidente de la República, emitió el decreto 543-12 que establece un nuevo Reglamento de la Ley Sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, el cual  deroga y sustituye el Reglamento 490-07, de fecha 30 de agosto del 2007.

Este nuevo reglamento, contiene las normas generales, procedimientos especiales, registro de proveedores del Estado, sanciones, procedimientos de selección, condiciones, evaluación de propuestas, contenido y forma de los contratos, facultades y obligaciones, potestad y procedimientos de investigación, en materia de compras y contrataciones de bienes, servicios, obras y consultorías.

EL DECRETO 545-12 QUE DISPONE SUPRIMIR LAS ENTIDADES CONARE, CONAEJ, CARMJ

El Presidente de la República, Lic. Danilo Medina, emitió el decreto 545-12, con el cual dispuso que sean suprimidas las siguientes entidades públicas: el Consejo Nacional de Reforma del Estado (Conare), el Comisionado de Apoyo a la Reforma y Modernización de la Justicia (Carmj) y la Comisión Nacional de Ejecución de la Reforma Procesal Penal (Conaej).

Entre las justificaciones de los considerandos de este decreto dice que en lo relativo a dichas instituciones, las mismas eran estructuras transitorias, cuya razón de ser y objetivos se han cumplido.

EL DECRETO 569-12 QUE DISPONE EL TRASPASO A LA BOLSA AGROEMPRESARIAL, EL MECANISMO UTILIZADO PARA LA LICITACION DE LAS COMPRAS DE INSUMOS AGRICOLAS QUE DEMANDA EL PAIS.

Una medida también de suma transcendencia y de control, lo fue la disposición del Presidente de la República de traspasar mediante el decreto 569-12 a la Bolsa Agroempresarial de Republica Dominicana (BARD), organismo dependiente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), el mecanismo utilizado para la licitación de las compras de insumos agrícolas que demanda la nación. Con este decreto se pone en vigencia el reglamento que establece los procedimientos generales para la asignación de los contingentes arancelarios de la ratificación técnica.

La ratificación técnica es un régimen de arancel-cuota que permite la importación de ciertos productos hasta cierto volumen límite o cuota como el arroz, el azúcar refino y morena, así como la carne de pollo, el ajo, la cebolla, el maíz, las habichuelas y la leche en polvo.

Este decreto señala que los ingresos generados por concepto de arancel aplicado a las importaciones de los productos bajo contingentes arancelarios, serán enviados a la Tesorería Nacional a través de la Dirección General de Aduanas (DGA)

Con la puesta en vigencia de esta importante medida de control, el Gobierno entiende que es moralmente necesario establecer un procedimiento de asignación de los contingentes arancelarios que sea público, simple, transparente, abierto, competitivo, imparcial y que no constituya un obstáculo al comercio.

EL DECRETO 616-12 QUE ORDENA A LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA SUSPENDER TODO APORTE DE FONDOS PUBLICOS A LOS FONDOS DE PLANES COMPLEMENTARIOS DE PENSIONES

Una media muy directa de control tomada por el Presidente Danilo Medina, dentro de sus primeros 100 días de gobierno, lo fue el de ordenar mediante el decreto 616-12 a la Contraloría General de la República de suspender todo aporte de fondos públicos a los fondos y/o planes complementarios de pensiones.

Con esta disposición el nuevo gobierno busca evitar cualquier uso inapropiado por las instituciones públicas  para los planes de pensiones de sus funcionarios y empleados, al tiempo que envía una clara señal de su compromiso con el buen uso de los fondos públicos.

Este decreto dispone que la Contraloría General de la República, proceda a suspender todo aporte de Fondos Públicos que realicen la Administración Central del Estado, las instituciones autónomas y descentralizadas y autónomas y descentralizadas financieras y no financieras, instituidas por la ley, las instituciones públicas de la seguridad social, las empresas publicas financieras y no financieras, los Ayuntamientos de los Municipios y del Distrito Nacional, a los Fondos y Planes Complementarios de Pensiones existentes.

Indica que los fondos aportados por las instituciones públicas a los planes complementarios de pensiones deben ser retornados a las mismas, para el correcto uso en el marco de sus presupuestos de gastos correspondientes.

También señala que las instituciones públicas podrán crear fondos de pensiones complementarios, siempre y cuando los mismos se sustenten sobre la contribución definida realizada única y exclusivamente por los afiliados y fundamentados en la capitalización individual que asegure la sostenibilidad financiera y el equilibrio económico.

EL DECRETO 626-12 QUE CREA LA VENTANILLA UNICA DE INVERSION

La creación de la Ventanilla Única de Inversión, puesta en vigencia por el Sr. Presidente de la Republica, mediante el decreto 626-12 es otra medida de control y tiene como finalidad de eficientizar y agilizar los procesos de inversión nacional y del exterior en el país.

Este decreto presidencial declara de interés nacional el fomento de la inversión, el aumento de los flujos de inversión y el mejoramiento del clima de negocios en la República Dominicana.

El Gobierno estima que con la creación de la ventanilla única contribuirá a la creación de más de 400 mil nuevos empleos.

LOS DECRETOS 647, 648 Y 649-12  QUE DISPONEN SUPRIMIR TRES NUEVAS ENTIDADES PUBLICA

El Presidente de la República, Lic. Danilo Medina, emitió tres decretos, con los cuales dispuso suprimir tres entidades más, se trata de la Oficina de Consultoría de Cooperación, Educación, Ciencia y Tecnología, adscrita a la Presidencia de la República; la Oficina Presidencial de Iniciativas Democráticas y la Comisión Presidencial sobre los Objetivos del Milenio y Desarrollo Sostenible.

Estas medidas de control y de ahorros están consignadas en los decretos números 647-12, 648-12 y el 649-12.

En cada uno de estos decretos el Presidente de la República fundamenta su decisión en que ya esas instituciones cumplieron con su cometido.

Todas estas medidas que ha tomado el Presidente de la República, Lic. Danilo Medina, en sus primeros 100 días de gobierno han sido valoradas  y muestran que la República Dominicana cuenta con un Presidente que quiere el control y que entre todos debemos seguir apoyando para que continúe  fomentado en todo el sector público dominicano “Una Nueva “Cultura de Administración y Control” para garantizar el buen manejo, la transparencia y la rendición de cuentas de los recursos públicos a cargo de los funcionarios y servidores de la Administración Pública.

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La falta de conciencia social.

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Por José Cabral

Los estudios de los fenómenos sociales ocurridos en la sociedad dominicana indican con toda claridad que adoleció del desarrollo de la fuerza productiva, lo que, naturalmente, genera una falta de conciencia social.

Este el fundamento de los que muchos sostienen, incluido yo, de que el sector empresarial amuela cuchillos para su propia garganta, porque no representa un foco de presión para que las cosas se hagan con el propósito de preservar sus intereses.

Pero es que esa conducta se deriva del hecho de que los que se suponen que deben procurar fortalecer el Estado mediante el combate de todas las distorsiones que sufre el sistema, lo que hacen es sumarse a las acciones que le quitan legalidad y legitimidad.

Yo he dicho y lo reitero en este artículo que el sector empresarial se ha sumado a la cadena de complicidad que comienza en el Palacio Nacional, entra a los medios de comunicación social y luego se convierta en un cometa, porque nadie sabe dónde termina, ya que todo el que se hace llamar inversionista no busca otra cosa que mediante una vocación mafiosa acumular fortunas sobre la base de la sombra del Estado.

Lo que pasa, según entiendo, es que ellos como son parte de lo que en sociología política se le llama clase social entre sí, les importa poco la desnaturalización del rol del Estado, aunque al final de la jornada sean los principales afectados porque son los que más tienen que perder frente a una revolución social.

El problema tiene una grave complejidad, ya que al no existir una clase social para sí, consciente de su papel, difícilmente tengan la iniciativa de exigir controles, como por ejemplo, del gasto público, sobre todo si el sector empresarial se suma en  complicidad a la corrupción que se promueve o es auspiciada por el sector oficial.

De manera, que resulta un problema con raíces muy profundos que solucionarlo resulta bastante difícil, porque además no se entiende la explicación del fenómeno.

En países pobres y con bajos niveles de institucionalidad, como el dominicano, el llamado empresario se suma a la fiesta de la corrupción, lo que constituye una razón para crear disgusto social y las condiciones para que se produzca una explosión social.

El llamado empresario dominicano, tanto el colocado en la pequeña, mediana o grandes empresas persigue más que seguridad jurídica y paz social y la  satisfacción de necesidades sociales,  que se le incorpore al contrabando, que se le entregue propiedades públicas y ser favorecidos por todas las travesuras del que tiene el control del Estado.

Sin embargo, la pregunta que me hago es si ciertamente en el país existe alguna propuesta para institucionalizar la nación, al margen del amor por el dinero y las cosas materiales, no importa su procedencia, pues penosamente tengo que decir que ese es un sueño utópico por el momento.

Sigo pensando que sólo un Estado que promueva valores más que antivalores podría ser la panacea a un mal integral que no permite que la gente haga una reflexión profunda y realista y actúe de modo diferente frente a un fenómeno que puede llevar al abismo a la sociedad dominicana.

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Análisis Noticiosos

El afán por el poder.

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Por José Cabral

Observo con mucha preocupación el afán desmedido del Partido Revolucionario Moderno (PRM) por mantenerse en el poder cuando su obra de gobierno es tan pobre que no es comparable con ningún otro por malo que haya sido.

Lo digo por lo que veo que ocurre en Santiago y en todo el territorio nacional, donde el deterioro de los servicios públicos es tan preocupante que cualquiera se larga del país para no volver jamás.

No hay prácticamente servicio de agua potable, ni siquiera para descargar los baños de las casas y los negocios, lo que llena de bacterias los hogares y se propagan las enfermedades, sobre todo las infecto-contagiosas.

El servicio de energía eléctrica no puede ser peor, cuya distribuidora del Norte, EDENORTE y las demás Edes, se la pasan en confabulación con PROTECOM estafando a los usuarios con facturaciones falsas, inventadas y con medidores “arreglados” para buscar cubrir sus déficits con el engaño al ciudadano.

Ahora también se agrega que la recogida de basura en el municipio de Santiago es prácticamente nula, entonces, repito la pregunta, para qué el PRM quiere preservar el poder.

El gran problema de este partido es que no entiende de planificación ni de programar una gestión pública a corto, mediano y largo plazo.

No es que los demás partidos del sistema no tengan la misma visión y comportamiento, pero pienso que lo que ocurre con el PRM ya llega al colmo de la incapacidad para dirigir el país.

El sufrimiento de los dominicanos por la irresponsabilidad de los que van al Estado, principalmente a resolver sus problemas personales, no parece tener fin, ya que aquellos que ya pasaron por la administración pública tienen ojos para ver la irresponsabilidad y la vocación por la corrupción de los que ostentan hoy el poder, pero al final de cuentas todo se trata de una doble moral.

Sin embargo, creo que lo del PRM ya no tiene madre, para utilizar una expresión muy popular de la República Dominicana, por lo que cuando llegue al final de su gobierno es muy poco lo que va a quedar.

En conclusión, el PRM es una verdadera desgracia nacional, máxime porque ahora los dominicanos no tienen derechos ni para disfrutar de un buen servicio de agua potable y energía eléctrica, pero la incapacidad abarca todo lo demás, porque se trata de una deficiencia integral, general.

¡Qué desastre!.

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Análisis Noticiosos

El poder ciega la razón.

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Por José Cabral

Estuvo profundamente convencido de que el presidente Luis Abinader observaría la Ley 13-26 que persigue anular una jurisprudencia sentada por el Tribunal Constitucional sobre las candidaturas independientes.

Sin embargo, me equivoqué porque Abinader escogió la vía de la promulgación de lo que muy bien se puede calificar como un adefesio jurídico.

Pero hay otro elemento que me provoca muchas dudas y me refiero a cuál ha sido el papel jugado en este caso por el expresidente de la Suprema Corte de Justicia y quien ahora funge como consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Jorge Subero Isa.

La pregunta surge porque después de la promulgación sigue la publicación en la gaceta oficial de la nueva ley que pone en tela de juicio todo el sistema legal e institucional del país y precisamente ese último paso recae sobre Subero Isa.

Entonces, se impone preguntarse que si independientemente de que Subero Isa no haya compartido la sentencia TC/0788/24 y que incluso se oponga a las candidaturas independientes, tiene acaso otra opción que no sea respetar la jurisprudencia sentada en esta materia por la alta corte, sobre todo por tratarse de un jurisconsulto que nadie pone en tela de juicio su gran formación jurídica.

Considero que Subero Isa si por alguna razón tiene que cumplir con la decisión tomada por Abinader, la cual parece ser parte de un plan del PRM, entonces lo menos que puede ocurrir es que presente su renuncia de la posición de consultor jurídico del Poder Ejecutivo.

Cualquier decisión que no se corresponda con respetar lo que ha sido su trayectoria como hombre de ley, coloca a Subero Isa en una contradicción que impacta muy negativamente el respeto que se ha ganado en el entorno de la justicia dominicana.

Subero Isa es uno de los mejores presidentes de la Suprema Corte de Justicia que ha tenido el país, pero no luce como razonable que juegue algún papel para atacar una jurisprudencia que cumple con todos los requerimientos del derecho constitucional moderno o del neo-constitucionalismo.

Todavía me asalta la duda si Subero Isa se ha sumado a un plan que en todo caso debe ser político para poner en cuestionamiento el proceso de constitucionalización del derecho en la República Dominicana, cuyos fines es preservar y promover los derechos fundamentales.

La verdad que me gustaría saber a ciencia cierta cuál es la posición de Subero Isa frente a la torpeza cometida por Luis Abinader, sin que haya una razón lógica que la explique.

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